{"id":99125,"date":"2026-06-25T17:56:51","date_gmt":"2026-06-25T17:56:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1236-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:51","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:51","slug":"stc1236-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1236-2017\/","title":{"rendered":"STC1236-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1236-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00525-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Giovanni Cort\u00e9s S\u00e1nchez y Ana Luc\u00eda S\u00e1nchez de Cort\u00e9s contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Los promotores del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia que, en tr\u00e1mite de alzada, revoc\u00f3 la del juez del conocimiento que hab\u00eda accedido parcialmente a las pretensiones por ellos elevadas contra Omar Castillo Zapata, William Alfonso Mendoza Ni\u00f1o y Seguros Comerciales Bol\u00edvar, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual promovida.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicitan de manera concreta, que se deje sin valor ni efecto la mentada providencia y, en su lugar, se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, proferir una nueva sentencia \u00abajustada a derecho\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.  Como fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo refieren, en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que el d\u00eda 18 de agosto de 2013,  Giovanni Cort\u00e9s, quien transitaba en motocicleta por la v\u00eda que de Bogot\u00e1 conduce a la ciudad de Armenia, choc\u00f3 con el tractocami\u00f3n de placas SRQ-123 al invadir este \u00faltimo el carril izquierdo, \u00abhecho que produjo en el motociclista un movimiento defensivo que le hizo perder el equilibrio y lo impuls\u00f3, desliz\u00e1ndose sobre el asfalto hasta quedar con sus extremidades superiores aplastadas debajo de las llantas traseras [del mentado veh\u00edculo]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aducen que en virtud de lo anterior, fue que promovieron el proceso declarativo referido en l\u00edneas anteriores, donde en primera instancia se acogieron parcialmente las pretensiones planteadas en contra del propietario y el conductor del automotor denunciado como causante del accidente; empero, apelada la decisi\u00f3n por ambos extremos de la litis, de un lado, por el quantum de las condenas impuestas (parte demandante) y, del otro, por la declaratoria de improsperidad de los medios exceptivos planteados (demandados), el Tribunal de Ibagu\u00e9, tras una evaluaci\u00f3n probatoria defectuosa, consider\u00f3 que \u00aboper\u00f3 como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb, en tanto que \u00abGIOVANNI CORTES SANCHEZ fue imprudente\u00bb al transitar por el carril izquierdo de la v\u00eda, aun cuando el C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre se\u00f1ala que los conductores de motocicletas, entre otros, deben transitar por el carril derecho de las v\u00edas, conclusi\u00f3n que, aseguran, carece de sustento f\u00e1ctico y, por ende, vulnera sus prerrogativas fundamentales (fls. 1 a 4, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Juez Sexta Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda pretendida, tras esgrimir que \u00abclaramente se desprende del escrito presentado por los tutelantes que su discusi\u00f3n se centra en la \u201cINTERPRETACI\u00d3N\u201d de las pruebas allegadas a un proceso ordinario, lo cual no puede ser materia de protecci\u00f3n por la v\u00eda constitucional por encontrarse fuera de su n\u00facleo esencial, tal y como claramente lo determina el art\u00edculo 86 de la Carta Magna\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00abno se vislumbra un ERROR JUDICIAL o una VIA DE HECHO JUDICIAL que permita la protecci\u00f3n tutelar deprecada, por cuanto la interpretaci\u00f3n de lo expresado en la acci\u00f3n de tutela es una inconformidad con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria [por ella aplicada]\u00bb (fls. 24 a 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

b.)        De otro lado, tanto el apoderado de Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., como el de los se\u00f1ores Omar Castillo Zapata y William Alfonso Mendoza, vinculados al presente tr\u00e1mite como demandados en el juicio objeto de an\u00e1lisis, coincidieron en afirmar que el amparo rogado resulta improcedente, pues no se vislumbra defecto alguno en la providencia censurada que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional (fls. 41 a 47 y 55 a 59, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.)        A su turno, el Juez Promiscuo Municipal de Cajamarca, se limit\u00f3 a remitir en calidad de pr\u00e9stamo el expediente contentivo de la actuaci\u00f3n censurada (fls. 50, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada, con sustento en que  <\/span><\/p>\n

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\u00abpuesto en escena el defecto que dicen los actores adolece la providencia judicial cuestionada y mirado con detenimiento su contenido, la Sala encuentra que la decisi\u00f3n que se dice vulneradora no arrastra vicio con entidad constitucional que imponga su protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que, rituado el proceso de responsabilidad civil extracontractual y concedidas parcialmente las pretensiones en primera instancia, se concede la alzada interpuesta por ambos extremos procesales, el activo, solicitando una mayor indemnizaci\u00f3n y el pasivo, pidiendo la exoneraci\u00f3n de responsabilidad, emitiendo entonces el juzgado tutelado el 7 de junio de 2016, sentencia que revoca la de primera instancia neg\u00e1ndose por tanto las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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Para ello, realiz\u00f3 una s\u00edntesis de los hechos de la demanda y su contestaci\u00f3n y al encontrar acreditados los presupuestos procesales y no existir causal de nulidad, prosigui\u00f3 con el estudio de la doctrina y l\u00ednea jurisprudencial aplicables a la figura de responsabilidad extracontractual, as\u00ed mismo, analiz\u00f3 en forma conjunta los elementos de juicio decretados y practicados en el juicio, concluyendo luego de ese estudio, que no hab\u00eda lugar a la declaratoria de responsabilidad toda vez que se hab\u00eda configurado un eximente de la misma como lo fue la culpa exclusiva de la v\u00edctima; decisi\u00f3n que en verdad, aunque pueda no compartirse, no se advierte arbitraria o caprichosa, esto es, que pueda achac\u00e1rsele al funcionario judicial haber desbordado la potestad de administrar justicia que le fue conferida en sede de segunda instancia en la acci\u00f3n tramitada, por el contrario, se verifica el respeto de las garant\u00edas sustanciales y del debido proceso en la acci\u00f3n incoada\u00bb (fls. 130 a 135, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La presentaron los accionantes, esgrimiendo, en suma,  argumentos similares a los expuestos en la demanda principal (fls. 145 y 146, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        Revisada la actuaci\u00f3n criticada, de entrada se anuncia la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la determinaci\u00f3n de segunda instancia dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que formularon los aqu\u00ed interesados contra Omar Castillo Zapata, William Alfonso Mendoza y Seguros Bol\u00edvar S.A., relacionada con la revocatoria del fallo de instancia proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad que hab\u00eda declarado no probados los medios de excepci\u00f3n planteados y accedido parcialmente a las pretensiones incoadas, tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, con independencia de si la Corte comparte o no tales argumentos, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.   Ciertamente. el juez plural natural al interior del referido proceso, luego de estudiar los supuestos f\u00e1cticos en que fue sustentada la demanda propuesta por los se\u00f1ores Giovanny Cort\u00e9s S\u00e1nchez y Ana Luc\u00eda S\u00e1nchez, y, analizar los pormenores del rese\u00f1ado juicio de manera conjunta con los medios de convicci\u00f3n recaudados, pudo concluir, que i) la presunci\u00f3n de culpabilidad que rige en materia de responsabilidad por actividades peligrosas, logr\u00f3 desvirtuarse en este caso, por la culpa exclusiva de la v\u00edctima, en tanto que, el se\u00f1or Cort\u00e9s S\u00e1nchez, contrario a lo por \u00e9l alegado, fue quien en un actuar imprudente invadi\u00f3 el carril izquierdo de la v\u00eda en que se produjo el accidente automovil\u00edstico donde result\u00f3 gravemente lesionado, contraviniendo con ello el precepto 94 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre, que concretamente establece que los motociclistas \u00abdeben transitar por la derecha de las v\u00edas a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla\u00bb; adem\u00e1s, ii) seg\u00fan lo militante en el informe de tr\u00e1nsito levantado por la respectiva autoridad en el lugar de los hechos, y lo testificado por el agente que lo realiz\u00f3, el aqu\u00ed quejoso \u00abperdi\u00f3 el equilibrio del automotor resbalando sobre el asfalto y en su trayectoria de ca\u00edda de impacto con eje del tr\u00e1iler del veh\u00edculo tracto cami\u00f3n de placas SRO-123 conducido por el se\u00f1or OMAR CASTILLO ZAPATA\u00bb; de este modo, entonces, iii) la hip\u00f3tesis planteada por los demandantes (aqu\u00ed accionantes), acerca de que el tractocami\u00f3n invadi\u00f3 el carril en el que motociclista estaba habilitado para transitar, \u00abse fue al traste pues volviendo a valorar la declaraci\u00f3n del policial Luna S\u00e1nchez, experto en accidentes de tr\u00e1nsito y reconstrucci\u00f3n de los mismos, afirm[\u00f3] que no hubo estrictamente una invasi\u00f3n de carril por cuanto: \u201cdebido a la topograf\u00eda de la v\u00eda y la curva que es cerrada, ya que estos remolques cuando toman una curva los ejes traseros no logran encausarse sobre su carril\u201d\u00bb (fls. 28 a 39, id.).  <\/span><\/p>\n

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4.  As\u00ed entonces, como los argumentos tra\u00eddos a colaci\u00f3n no revelan arbitrariedad o desmesura, en tanto que, se reitera, est\u00e1n basados en las particularidades f\u00e1cticas del caso y la legislaci\u00f3n vigente en la materia, ello impide sostener, como lo pretenden los tutelantes, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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5.   T\u00e9ngase presente, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que, el amparo s\u00f3lo se abre paso, si  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC728-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6  may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC728-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Lo anterior se considera suficiente, como se anunci\u00f3 delanteramente, para mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1236-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00525-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}