{"id":99126,"date":"2026-06-25T17:56:55","date_gmt":"2026-06-25T17:56:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1237-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:55","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:55","slug":"stc1237-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1237-2017\/","title":{"rendered":"STC1237-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1237-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02086-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 24 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Patricia Br\u00edgida del Socorro D\u00edaz contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de dicha ciudad, la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Aviadores Civiles \u2013CAXDAC, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        La promotora del amparo a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la vida digna, a la \u00abestabilidad familiar\u00bb y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por la Colegiatura jurisdiccional accionada, al resolver no casar la sentencia proferida el 31 de mayo de 2010 por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC \u2013CAXDAC-.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, solicita concretamente, que se ordene a la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n, dejar sin valor ni efecto la mentada decisi\u00f3n, con el fin que \u00abdicte una nueva sentencia que la reemplace, en la cual se ordene el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente, a [su] favor, [en su calidad de] esposa del capit\u00e1n FERNANDO DELGADO DIEZ (Q. E. P. D); teniendo en cuenta que la [determinaci\u00f3n] cuestionada es violatoria de los derechos fundamentales [invocados]\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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       2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que una vez declarada la muerte presunta por desaparecimiento de su c\u00f3nyuge, el Capit\u00e1n Fernando Delgado Diez, solicit\u00f3 ante la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Aviadores Civiles el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pedimento que le fue denegado el 15 de noviembre de 2006, hecho por el cual, acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n laboral para lograr tal cometido a trav\u00e9s de proceso ordinario, del que conoci\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de esta capital, quien mediante fallo del 9 de diciembre de 2008, conden\u00f3 al ente demandado a \u00abreconocer, liquidar y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de la se\u00f1ora PATRICIA BRIGIDA DEL SOCORRO DIAZ, a partir del 20 de febrero de 2006, junto con las mesadas adicionales y reajustes legales, aplicando el acuerdo 224 de 1996, aprobado por el Decreto 3041 del mismo a\u00f1o\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Que inconforme con tal decisi\u00f3n, la parte demandada la apel\u00f3, logrando su cometido, pues en sentencia del 31 de mayo de 2010, la Sala Laboral del Tribunal de esta ciudad la revoc\u00f3 \u00edntegramente, hecho por el cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n que no alcanz\u00f3 el \u00e9xito esperado, en tanto que, la Sala criticada, dice, pas\u00f3 por alto que la providencia recurrida \u00abdesconoci\u00f3 no solo la acertada selecci\u00f3n de normas, sino su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n, como lo hizo en cuidadoso estudio el juez de primera instancia sino que, en materia laboral se debe aplicar la analog\u00eda [de conformidad a lo dispuesto por el legislador]\u00bb, y contrario a ello, estableci\u00f3 que no exist\u00eda m\u00e9rito para casar la determinaci\u00f3n criticada, situaci\u00f3n que, en su sentir, vulnera las prerrogativas ius fundamentales invocadas (fls. 1 a 9, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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a.        La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a manifestar que el proceso objeto de la controversia \u00abfue remitido para su conocimiento y decisi\u00f3n a la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la cual profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el 31 de mayo de 2010\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abel 19 de septiembre de 2016, el expediente regres\u00f3 de la Sala de casaci\u00f3n Laboral, el siguiente d\u00eda 20, se emiti\u00f3 prove\u00eddo de obed\u00e9zcase y c\u00famplase, y el pasado 3 de octubre, los autos se devolvieron al juzgado de origen\u00bb (fls. 48 y 49, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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b.        La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo inquirido, tras exponer, en suma, que si decidi\u00f3 no casar la sentencia de segundo grado, fue porque consider\u00f3 que \u00abm\u00e1s que razonada, fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley por lo que no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno, tal y como puede advertirse de la razones, argumentos y fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en que la misma se soporta\u00bb; adem\u00e1s que la Corte \u00abha decantado sobre la imposibilidad de que por v\u00eda de queja constitucional se reabran y reexaminen procesos que ya fueron objeto de pronunciamiento definitivo como el que aqu\u00ed se discute, puesto que ello contraviene los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada; m\u00e1xime cuando, la solicitud de amparo se fundamenta \u00fanicamente en el descontento de la parte que lo invoca, pretendiendo que se revise nuevamente su caso y se adopte una decisi\u00f3n favorable a sus intereses\u00bb (fls. 50 y 51, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, resaltando que \u00ablos razonamientos planteados en el fallo cuestionado son ajustados a derecho, pues tienen soporte en las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables, el contraste de ese marco jur\u00eddico con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tras la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes, la Sala de casaci\u00f3n Laboral advirti\u00f3 que el asunto examinado no pod\u00eda definirse con fundamento en normas que entraron en vigencia con posterioridad al deceso del Capit\u00e1n Fernando Delgado Diez el 21 de julio de 1989, sino acorde con aquellas que tuvieron alcance y rigieron su relaci\u00f3n laboral, a saber, las Leyes 1015 de 1956 y 32 de 1961 y el Decreto Reglamentario 60 de 1993.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3 que dichos cuerpos normativos constituyen reglas de car\u00e1cter especial respecto de los afiliados a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Aviadores Civiles \u201cACDAC\u201d CAXDAC, cuya aplicaci\u00f3n, antes de la creaci\u00f3n del Sistema General de Pensiones, era exclusiva y excluyente.  <\/span><\/p>\n

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A la par, consider\u00f3 que la pensi\u00f3n de sobreviviente prevista en el Acuerdo 224 de 1996, \u00ab[p]or el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte\u00bb, solo es exigible por parte de los afiliados al referido instituto. En consecuencia, concluy\u00f3 que no puede ser reconocida respecto de quienes, como el causante, se encontraban vinculados a otras cajas de seguridad social.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, aclar\u00f3 que si bien con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 las prestaciones consagradas para el ISS se extendieron a los afiliados de los reg\u00edmenes especiales, esto ocurri\u00f3 despu\u00e9s de la muerte del causante y, por ello, no le es aplicable.  <\/span><\/p>\n

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Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida, que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque el accionante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los hechos probados y la normativa aplicable\u00bb (fls. 59 a 64, Cit).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La propuso la accionante, esgrimiendo similares argumentos a los de la demanda inicial (fls. 73 a 74, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es suficientemente conocido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares. Dicho instrumento de protecci\u00f3n no se puede constituir en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jur\u00eddico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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       Reiteradamente se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra actuaciones o providencias judiciales, pues \u00e9stas no pueden ser modificadas o sustituidas por un juez ajeno al competente para conocer del proceso, criterio derivado de la naturaleza de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia ya que, conforme a los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se trata de una atribuci\u00f3n que se cumple en forma independiente, desconcentrada y aut\u00f3noma, en cuanto s\u00f3lo est\u00e1 sometida al imperio del ordenamiento jur\u00eddico aplicable, con lo que se busca proteger y garantizar la seguridad jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a examen, la inconformidad de la accionante radica, en lo fundamental, en lo dispuesto en el prove\u00eddo adiado 10 de agosto de 2016, a trav\u00e9s del cual, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n dispuso \u00abNO CASA[R] la sentencia proferida el 31 de mayo de 2010, por la Sala Laboral del Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario que PATRICIA BRIGIDA DEL SOCORRO DIAZ, SERGIO GERMAN Y DIEGO FERNANDO DELGADO DIAZ adelantan contra la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC \u00abCAXDAC\u00bb\u00bb, pues seg\u00fan sus dichos, no se aplic\u00f3 la normativa existente sobre la materia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias permiten observar a la Sala, que tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la protecci\u00f3n reclamada se revela improcedente, si en cuenta se tiene lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Refulge patente, tal y como lo asever\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que contrario a lo manifestado por la aqu\u00ed interesada, el Tribunal de Bogot\u00e1 s\u00ed aplic\u00f3 la normatividad ajustable al asunto, esta es, la que obraba vigente al momento de la muerte del se\u00f1or Fernando Delgado Diez -21 de julio de 1989-, es decir, las Leyes 1015 de 1956 y 32 de 1961.  <\/span><\/p>\n

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3.2.         N\u00f3tese, adem\u00e1s, que como l\u00f3gico resulta, tampoco pod\u00eda aplicarse el r\u00e9gimen general de seguridad social (Ley 100 de 1993), ni el Acuerdo 224 de 1966, pues, tal y como lo anot\u00f3 la autoridad jurisdiccional convocada, \u00abesas disposiciones cubr\u00edan de manera exclusiva a sus afiliados o asegurados, bajo normas espec\u00edficas y concretas establecidas en los reglamentos del ISS, no as\u00ed a quienes se encontraban vinculados a otras cajas de seguridad social al amparo de otras disposiciones que algunas veces pod\u00edan ser m\u00e1s flexibles y en otras m\u00e1s exigentes pero en todo caso diferentes, a cargo de entidades distintas, unas bajo reglas de cotizaciones y otras simplemente cimentadas en tiempos servidos, etc.\u00bb (fls. 19 a 28, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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3.3.  Y ya frente al cargo segundo, atinente a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, se anot\u00f3 que \u00abla causa eficiente por la que el Tribunal neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada por Patricia Br\u00edgida del Socorro D\u00edaz, no est\u00e1 en el desconocimiento de la muerte presunta del causante, tampoco en la falta de acreditaci\u00f3n de su calidad como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, ni la omisi\u00f3n de tener en cuenta que Delgado Diez estuvo afiliado a Caxdac; su decisi\u00f3n a esa entidad, por lo menos hasta 1989, no consagraba la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, lo cual como se vio al desatar el primer ataque, no es equivocado\u00bb (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.  Por contera, el haber negado la pensi\u00f3n de sobreviviente a la que aspiraba la tutelante no puede calificarse como un razonamiento caprichoso o arbitrario, lo cual, como en p\u00e1rrafo precedente se anunci\u00f3, descarta el quebrantamiento de las garant\u00edas alegadas en la demanda de amparo, en tanto que, dicha hermen\u00e9utica no fue el resultado de un subjetivo criterio, haciendo improcedente el amparo en este caso, pues aun cuando se pudiera discrepar de dicha tesis, dicha divergencia en s\u00ed misma no es motivo suficiente para concluir que la decisi\u00f3n mencionada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas.  <\/span><\/p>\n

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En la materia, reiteradamente se ha pregonado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC9884-2015 y STC-2970 de 2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad. 00514-01, reiterada, entre otros en STC9884-2015 y STC2970-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        En consecuencia, como no se advierten motivos para la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional, es de concluir que el amparo no pod\u00eda abrirse paso, y en esa medida, como se anunci\u00f3, se hace menester mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC1237-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02086-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99126"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99126\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}