{"id":99128,"date":"2026-06-25T17:57:04","date_gmt":"2026-06-25T17:57:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1239-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:04","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:04","slug":"stc1239-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1239-2017\/","title":{"rendered":"STC1239-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC1239-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2016-00317-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lizeth Katherine Clavijo Carrasco, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su menor hija Valery Sof\u00eda Ram\u00edrez Clavijo, contra el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Comisar\u00eda Sexta de Familia de Bogot\u00e1 \u2013 Localidad Tunjuelito y la Defensor\u00eda de Familia adscrita al citado Despacho.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante en la calidad antes descrita,  reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su descendiente a la vida, al m\u00ednimo vital, a la salud, a la educaci\u00f3n, y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al inadmitir, y posteriormente rechazar, la demanda ejecutiva que instaur\u00f3 contra su progenitor, Franklin Yesid Ram\u00edrez Ch\u00e1vez.  <\/span><\/p>\n

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Por contera, requiere concretamente, que se ordene al Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio, \u00abadmit[ir] la respectiva demanda\u00bb, y como consecuencia de ello, que \u00abindique el valor de la cauci\u00f3n para decretar las medidas previas solicitadas garantizando as\u00ed los alimentos de [su] menor hija\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que con el \u00e1nimo de fijar la cuota alimentaria de la infante Valery Sof\u00eda Ram\u00edrez Clavijo, cit\u00f3 al se\u00f1or Franklin Yesid Ram\u00edrez Ch\u00e1vez a una audiencia de conciliaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda Sexta de Familia de esta capital, la cual se llev\u00f3 cabo el 14 de mayo de 2015, sin lograr convenio alguno.  <\/span><\/p>\n

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Que dada tal circunstancia, y una vez expedida la constancia de no acuerdo, el Comisario fij\u00f3 como asignaci\u00f3n provisional a costa del padre, la suma de $300.000.oo mensuales, m\u00e1s el 50% de los gastos escolares y de los que no cubra la afiliaci\u00f3n en salud a la que pertenece la ni\u00f1a, obligaciones que aqu\u00e9l ha incumplido, por lo que se vio obligada a incoar la respectiva acci\u00f3n ejecutiva para su cobro, la cual correspondi\u00f3 por reparto conocer al Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio (autoridad competente en vista del domicilio de la menor), quien mediante auto del 9 de junio de 2016 la inadmiti\u00f3, con fundamento en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, seg\u00fan el cual el prove\u00eddo expedido por un Comisario de Familia debe ir refrendado por un Juez de tal especialidad, para que se pueda reputar exigible, determinaci\u00f3n que aun atacada a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n, con fundamento en lo normado en el precepto 111 de la Ley 1098 de 2006 y el art\u00edculo 137 del Decreto 2737 de 1989, se mantuvo inc\u00f3lume.  <\/span><\/p>\n

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Expresa que ante la imposibilidad de subsanar la demanda en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la mentada providencia, la demanda coercitiva result\u00f3 rechazada, lo que a todas luces vulnera las prerrogativas ius fundamentales de su menor, y la obliga a hacer uso del presente mecanismo excepcional, como \u00fanico medio de defensa con el que cuenta en este momento para obtener la protecci\u00f3n que necesita la peque\u00f1a (fls. 1 a 8, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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a.)        La titular del Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio, luego de narrar el acontecer procesal surtido con ocasi\u00f3n del litigio objeto de an\u00e1lisis, solicit\u00f3 denegar el amparo reclamado, aduciendo para el efecto que seg\u00fan la jurisprudencia existente sobre la materia, \u00abla decisi\u00f3n adoptada por el despacho se encuentra ajustada a derecho por cuanto si bien es cierto el acta mediante la cual se fijan alimentos provisionales es un t\u00edtulo ejecutivo no lo es menos que para que sea exigible se requiere que sea refrendada por un Juez de Familia, toda vez que su exigibilidad solo est\u00e1 vigente por el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas\u00bb, de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001 (fls. 28 y 29, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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b.)        A su turno, la Defensora de Familia de la Regional Meta, indic\u00f3 que la Juez convocada \u00abno tuvo en cuenta los principios de que trata la Ley 1098 de 2008, en el procedimiento para la fijaci\u00f3n de cuota de alimentos en concordancia con el Decreto 2737 de 1989, evitando de esta manera exigencias para la admisi\u00f3n de la demanda ya que le corresponde al juez adoptar todas las medidas necesarias para que el obligado cumpla con lo dispuesto en el auto que fija la cuota provisional de alimentos, decretando as\u00ed las medidas cautelares para garantizarle a la ni\u00f1a su derecho a los alimentos y su protecci\u00f3n integral\u00bb (fl. 52, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.) Finalmente, el Comisario Sexto de Familia de Tunjuelito \u2013Bogot\u00e1, expuso en lo fundamental, que \u00abes[e] Despacho no ha vulnerado el derecho que a la alimentaci\u00f3n tiene la ni\u00f1a VALERY SOFIA RAMIREZ CLAVIJO, pues se impuso en su favor una cuota provisional de alimentos y de la misma forma se expidi\u00f3 documento original de las actas all\u00ed celebradas en aras de que las partes, como lo ha efectuado en debida forma la se\u00f1ora LIZETH KATHERINE CLAVIJO CARRASCO, adelantaran las acciones legales y judiciales del caso\u00bb (fls.58 y 59, Id).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo rogado, con sustento en que la Juez de Familia encartada \u00abal resolver el recurso de reposici\u00f3n que se interpuso contra la providencia que inadmiti\u00f3 la demanda de alimentos antes referenciada, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis y fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de su decisi\u00f3n, citando la normatividad y precedente jurisprudencial, desplegando el an\u00e1lisis del caso concreto y concluyendo que no le asiste raz\u00f3n a la recurrente respecto de la exigencia por la v\u00eda ejecutiva del cumplimiento de la cuota alimentaria fijada de manera provisional al carecer de ratificaci\u00f3n de la autoridad judicial competente.  <\/span><\/p>\n

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La anterior revisi\u00f3n da cuenta que el amparo de tutela solicitado no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por cuanto la decisi\u00f3n del 19 de julio de 2016 proferida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Villavicencio, se dio dentro del \u00e1mbito de sus competencias e independencia judicial, que tambi\u00e9n hacen parte del debido proceso; se encuentra soportada en la Ley, es fruto de la libertad interpretativa de la cual goza el accionado, la que no se advierte desmesurada o irrazonable. Bajo tal entendimiento, no se observa entonces, que el juzgado se hubiere apartado de la normatividad sustancial que regula la materia, raz\u00f3n suficiente para predicar que el Despacho encartado, no ha vulnerado derechos fundamentales de la tutelante\u00bb (fls. 65 a 69, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante inconforme con tal decisi\u00f3n la impugn\u00f3, exponiendo similares planteamientos a aqu\u00e9llos en los que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 85 a 90, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se examina, los documentos allegados al tr\u00e1mite permiten observar a la Sala lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.2.          El Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio mediante auto del 7 de junio de 2016, resolvi\u00f3 inadmitir dicha demanda, con el fin de que se aportara la providencia de refrendaci\u00f3n de la cuota provisional fijada por el Comisario de Familia, emitida por el respectivo Juez de Familia, en atenci\u00f3n a lo normado en el precepto 32 de la Ley 640 de 2001, que a la letra reza:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[s]i fuere urgente los defensores y los comisarios de familia, los agentes del ministerio p\u00fablico ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y los jueces civiles o promiscuos municipales podr\u00e1n adoptar hasta por treinta (30) d\u00edas, en caso de riesgo o violencia familiar, o de amenaza o violaci\u00f3n de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o de sus integrantes, las medidas provisionales previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su mantenimiento deber\u00e1n ser refrendadas por el juez de familia\u00bb (fls. 14, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.3.          Inconforme con tal decisi\u00f3n, la gestora del amparo la atac\u00f3 mediante reposici\u00f3n, el cual fue desatado en auto del 19 de julio siguiente, manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n criticada, tras esgrimir la autoridad accionada, que conforme a la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil1, y al precepto anotado en el numeral inmediatamente anterior, \u00abla convalidaci\u00f3n del acta de conciliaci\u00f3n es requisito indispensable para ser exigible, si bien es cierto se trata de alimentos para menor de edad, no puede entonces obviarse el debido proceso\u00bb (fls. 17 y 18, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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2.4. Y ante la imposibilidad de la subsanaci\u00f3n ordenada, en tanto que no se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de refrendaci\u00f3n de la decisi\u00f3n del Comisario de Familia que se present\u00f3 como t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, el cual ech\u00f3 de menos la autoridad de conocimiento, mediante prove\u00eddo del 29 de agosto siguiente, se rechaz\u00f3 el juicio coercitivo memorado.  <\/span><\/p>\n

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3.        Conforme a lo anteriormente expuesto, varias precisiones deben hacerse, conforme pasa a explicarse:  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Es cierto que la Juzgadora encartada cit\u00f3 como sustento de la decisi\u00f3n atacada, el fallo emitido por esta Colegiatura el 26 de noviembre de 20152, en el que se reiter\u00f3 la postura acogida en sentencia adiada 23 de mayo anterior3, a trav\u00e9s del cual, en un caso de similares perfiles, se acot\u00f3 en esa oportunidad:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el caso que se examina, no cabe duda que el Juzgado Segundo de Familia de Tunja incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n caprichosa, al desconocer lo normado en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, al momento de proferir el mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido por C. J. V. P., en representaci\u00f3n de sus hijas XXX, YYY y ZZZ, en contra del accionante, pues no se percat\u00f3 que la cuota provisional de alimentos fijada en el acta de 28 de noviembre de 2013 por la Procuradora Veintiocho Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Familia de la misma ciudad (fls. 15 y 16, cdno. 1), no era exigible a la luz de dicho precepto, en raz\u00f3n a que este tipo de medidas provisionales solo podr\u00e1n ser adoptadas hasta por 30 d\u00edas, las cuales \u00abpara su mantenimiento deber\u00e1n ser refrendadas por el juez de familia\u00bb, tal y como lo ha dicho la Sala en casos de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al que se estudia4, por lo que si ya hab\u00edan trascurrido un poco m\u00e1s de ese tiempo desde que aqu\u00e9lla se estableci\u00f3, y \u00e9sta nunca fue revalidada por un juez de familia antes de ser recaudada, mal hizo dicho funcionario en librar la orden de apremio solicitada por la parte demandante con base en un t\u00edtulo que, se itera, no era exigible, as\u00ed como en decretar las medidas cautelares que se pidieron con fundamento en \u00e9ste, las cuales le est\u00e1n irrogando un perjuicio al actor.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, dicha posici\u00f3n fue recogida por la Sala en sentencia del 9 de septiembre de 20165, momento en el cual se advirti\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se observa que el tutelante hubiese reprochado la ausencia de \u201crefrendaci\u00f3n\u201d judicial del valor dispuesto por la funcionaria mencionada, a trav\u00e9s de las excepciones de fondo planteadas o de la reposici\u00f3n propuesta frente a esa orden de pago, por el contrario, se encuentra que acept\u00f3 la existencia del t\u00edtulo y s\u00f3lo lo controvirti\u00f3 alegando la cancelaci\u00f3n de las cuotas.  <\/span><\/p>\n

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Es preciso acotar que no resulta arbitrario el mandamiento librado y las consideraciones vertidas en la sentencia de 4 de abril de 2016, mediante la cual se dispuso seguir adelante el compulsivo, relativas a la ejecutabilidad del t\u00edtulo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior porque la constancia rese\u00f1ada serv\u00eda como base para obtener el recaudo de lo adeudado, seg\u00fan lo prev\u00e9 el a\u00fan vigente art\u00edculo 137 del C\u00f3digo del Menor6 y en concordancia con lo normado en el numeral 2\u00b0 del canon 111 de la Ley 1098 de 20067, pues dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a esa diligencia, ning\u00fan disentimiento manifest\u00f3 la progenitora de la menor sobre el monto fijado, a pesar de comunic\u00e1rsele la decisi\u00f3n adoptada, conforme se orden\u00f3 en el acta referenciada.\u00bb  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora bien, la sentencia de esta Corporaci\u00f3n, referida por el tutelante en su demanda8, no se ajusta al presente asunto, por cuanto, de un lado, la cuota no fue determinada en virtud del ofrecimiento del obligado como aqu\u00ed acontece y, de otra, all\u00ed el alimentante s\u00ed adujo su inconformidad con el valor decretado por la autoridad administrativa competente. Con todo, surge imprescindible se\u00f1alar que esta Sala debe recoger la postura inserta en la decisi\u00f3n aducida por el censor, pues resulta inviable imponer la \u201crefrendaci\u00f3n\u201d contenida en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001 a las cuotas provisionales fijadas por los funcionarios administrativos.  <\/span><\/p>\n

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Lo anotado porque las normas especiales del juicio de alimentos (arts. 136 y ss. del C.M., a\u00fan vigentes conforme al art. 627 del C.G.P., y art. 111 del C.I.A.) prescriben, como antes se anunci\u00f3, el m\u00e9rito ejecutivo de la prestaci\u00f3n provisional y la remisi\u00f3n del asunto a las autoridades judiciales s\u00f3lo en caso de oposici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.2.          Ahora bien, en el caso particular que ahora analiza la Corte, se advierte que pese a no darse cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 32 de la Ley 640 de 2001, se itera, acerca de la refrendaci\u00f3n del auto a trav\u00e9s del cual el Comisario Sexto de Familia de Tunjuelito fij\u00f3 cuota alimentaria provisional a favor de la menor Valery Sof\u00eda Ram\u00edrez Clavijo, y a cargo de su progenitor, tal prove\u00eddo s\u00ed tiene fuerza ejecutiva y se reputa exigible, en tanto que, el mismo fue emitido bajo el imperio de lo dispuesto en el art\u00edculo 111 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en concordancia con lo normado en el canon 137 del C\u00f3digo del Menor, normas que se encontraban vigentes al momento de la fijaci\u00f3n de la mentada asignaci\u00f3n que se reclam\u00f3 ejecutivamente (14 de mayo de 2015), aun cuando fueron derogadas por el art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012, a partir de su entrada en vigencia -1\u00ba de enero de 2016-, tal como tambi\u00e9n se dej\u00f3 sentado en el \u00faltimo de los precedentes jurisprudenciales que sobre la materia dispuso esta Colegiatura.  <\/span><\/p>\n

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3.3.   S\u00famese a lo anterior, que ning\u00fan descontent\u00f3 manifest\u00f3 el se\u00f1or Ram\u00edrez Ch\u00e1vez \u2013ejecutado-, ni en la audiencia en la que se fijaron los alimentos provisionales, a la que efectivamente asisti\u00f3 (fl. 76, cdno. 1), ni dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su celebraci\u00f3n, seg\u00fan lo dispon\u00eda el numeral 2\u00b0 del canon 111 de la Ley 1098 de 2006.  <\/span><\/p>\n

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3.4.        No sobra advertir, que en la actualidad otro es el panorama que sobre la tem\u00e1tica tra\u00edda a colaci\u00f3n se vislumbra, pues como ya se especific\u00f3 en l\u00edneas anteriores, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, derogadas quedaron las normas del C\u00f3digo del Menor y del de la Infancia y la Adolescencia por virtud de las cuales, al no existir oposici\u00f3n por el alimentante, al momento de la fijaci\u00f3n de cuota provisional, exigible resultaba la misma a trav\u00e9s de la v\u00eda ejecutiva, sin necesidad de la refrendaci\u00f3n de la que trata el precepto 32 de la Ley 640 de 2001, el cual s\u00ed contin\u00faa vigente.  <\/span><\/p>\n

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4.        Siendo as\u00ed las cosas, concluye la Sala que dadas las especificas circunstancias acaecidas en el sub lite, la Juez Tercera de Familia de Villavicencio incurri\u00f3 en causal de procedencia que amerita la intervenci\u00f3n excepcional del Juez Constitucional, si se tiene en cuenta que el motivo por el cual inadmiti\u00f3 y, en \u00faltimas, rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva referenciada, no es atendible en aplicaci\u00f3n de los preceptos 137 del C\u00f3digo del Menor y 111 del Estatuto de la Infancia y la Adolescencia, tal y como bien se explic\u00f3 en el precedente jurisprudencial al que se hizo alusi\u00f3n en p\u00e1rrafos anteriores (STC12777-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        En definitiva, como el amparo solicitado deb\u00eda concederse, necesaria se hace la revocatoria del fallo constitucional de primera instancia, para que tras invalidar las actuaciones a que haya lugar, el Juzgado atacado resuelva sobre el medio de impugnaci\u00f3n horizontal que la se\u00f1ora Lizeth Katherine Clavijo Carrasco elev\u00f3 contra el auto que inadmiti\u00f3 la demanda ejecutiva que en representaci\u00f3n de su menor hija, instaur\u00f3 contra Franklin Yesid Ram\u00edrez Ch\u00e1vez, conforme a las consideraciones aqu\u00ed anotadas.  <\/span><\/p>\n

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       DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso reclamado por la accionante.  <\/span><\/p>\n

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Por contera, SE DEJAN SIN VALOR NI EFECTO los autos de 19 de julio y 29 de agosto de 2016, a los que se ha hecho referencia en las consideraciones, y se ORDENA al Juzgado Tercero de Familia del Circuito Judicial de Villavicencio, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la ejecutante (gestora de la salvaguarda), en contra del prove\u00eddo inadmisorio de la demanda coercitiva adiado 7 de junio de 2016, conforme a los criterios expuestos en la parte motiva del presente fallo.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Sentencia de Tutela, Exp. 15001-22-13-000-2015-00473-02.    <\/span><\/p>\n

2 STC16350-2015.    <\/span><\/p>\n

3 STC6260-2015    <\/span><\/p>\n

4 CSJ STC6260-2015.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ STC12777-2016    <\/span><\/p>\n

6 \u00abSi citada en dos oportunidades la persona se\u00f1alada como obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, habi\u00e9ndosele dado a conocer el contenido de la petici\u00f3n, o si fracasare la conciliaci\u00f3n, el funcionario fijar\u00e1 prudencial y provisionalmente los alimentos (\u2026)\u00bb. El auto que se\u00f1ale la cuota provisional prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo (\u2026)\u00bb (subraya fuera de texto).    <\/span><\/p>\n

7 \u00ab(\u2026) 2. Siempre que se conozca la direcci\u00f3n donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citar\u00e1 a audiencia de conciliaci\u00f3n. En caso contrario, elaborar\u00e1 informe que suplir\u00e1 la demanda y lo remitir\u00e1 al Juez de Familia para que inicie el respectivo proceso. Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliaci\u00f3n, fijar\u00e1 cuota provisional de alimentos, pero s\u00f3lo se remitir\u00e1 el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) 4. Lo dispuesto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n al ofrecimiento de alimentos a ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes (\u2026)\u00bb (subraya fuera de texto).    <\/span><\/p>\n

8 CSJ. STC de 22 de mayo de 2015, exp. 15001-22-13-000-2015-00163-01; reiterada el 26 de noviembre de 2015, exp. 15001-22-13-000-2015-00473-02      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO      STC1239-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2016-00317-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}