{"id":99131,"date":"2026-06-25T17:57:21","date_gmt":"2026-06-25T17:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1242-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:21","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:21","slug":"stc1242-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1242-2017\/","title":{"rendered":"STC1242-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1242-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02645-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Carlos Augusto Motta Andrade contra la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la instituci\u00f3n convocada, al haber registrado un llamado de atenci\u00f3n sobre su formulario de seguimiento y evaluaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de la aludida prerrogativa, que se ordene a la Polic\u00eda Nacional \u00abeliminar de [su] formulario de seguimiento y evaluaci\u00f3n el registro de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 27 de la ley 1015 de 2006, realizado (\u2026) el 8 de noviembre de 2016\u00bb, y, que \u00abse [l]e proteja (\u2026) de alguna retaliaci\u00f3n laboral o traslado injustificado por parte de sus superiores jer\u00e1rquicos\u00bb (fl. 29 y 29 reverso, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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Asevera que por lo anterior, y al darse cuenta que dicha anotaci\u00f3n presentaba otras inconsistencias, ingres\u00f3 al aplicativo para realizar la correspondiente reclamaci\u00f3n; sin embargo, afirma, el sistema no lo permiti\u00f3, pues arroj\u00f3 un mensaje que dec\u00eda que \u00abesta anotaci\u00f3n no procede recurso de reclamaci\u00f3n por cuanto fue aplicada conforme [a la citada normatividad]\u00bb, lo cual, sostiene, constituye una transgresi\u00f3n a la garant\u00eda superior invocada, pues a m\u00e1s que no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho a la defensa, tal amonestaci\u00f3n se hizo en contrav\u00eda del mencionado canon, en la medida que \u00e9ste dispone que \u00ab[l]os medios preventivos hacen referencia al ejercicio del mando con el fin de orientar el comportamiento de los subalternos a trav\u00e9s de llamados de atenci\u00f3n verbal, tareas tales como acciones de tipo pedag\u00f3gico, asistencia a cursos de formaci\u00f3n \u00e9tica, trabajos escritos, como medios disuasivos de aquellas conductas que no trascienden ni afectan la funci\u00f3n p\u00fablica, sin que ello constituya antecedente disciplinario\u00bb, m\u00e1s no registros en los informes de seguimiento y evaluaci\u00f3n de los miembros policiales, raz\u00f3n por la que considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 25 a 30, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       a.  El Director de Carabineros y Seguridad Rural de la Polic\u00eda Nacional, se opuso al \u00e9xito del presente resguardo, tras manifestar que el procedimiento realizado por la referida Capitana Riascos Montenegro, Jefe de la Oficina de Atenci\u00f3n al Ciudadano de esa dependencia, fue conforme al \u00abInstructivo 018 DIPON INSGE del 6 de julio de 2016\u00bb, cuyo prop\u00f3sito esencial es orientar oportunamente aquellas conductas que si bien alteran la disciplina no alcanzan la identidad de falta disciplinaria, sumado a que \u00ablos registros realizados en el Sistema de Evaluaci\u00f3n del Desempe\u00f1o Policial EVA, en nada inciden, afectan o disminuyen la evaluaci\u00f3n de un policial\u00bb, ya que \u00abello corresponde a un simple registro que no genera afectaci\u00f3n cuantitativa o tasable al momento de la evaluaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo indic\u00f3, que el art\u00edculo 27 de la Ley 1015 de 2006, \u00abno determina la existencia de ning\u00fan tipo de recurso o reclamaci\u00f3n en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los medios preventivos utilizados para encauzar la disciplina\u00bb (fls. 35 a 38, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia, luego de transcribir cierta jurisprudencia relacionada con la prerrogativa fundamental invocada, concedi\u00f3 el amparo suplicado, al advertir que  <\/span><\/p>\n

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\u00abcon el actuar de la entidad accionada de consignar por escrito en el Portal de Servicios Internos del tutelante (\u2026) el llamado de atenci\u00f3n por llegar tarde a la capacitaci\u00f3n programada para el d\u00eda 8 de noviembre de 2016 le vulner\u00f3 [al actor] el debido proceso que le asiste, pues de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 27 citado l\u00edneas atr\u00e1s, los llamados de atenci\u00f3n s\u00f3lo pueden hacerse de manera verbal y en ning\u00fan momento debe dejarse constancia escrita y mucho menos con la advertencia que su reiteraci\u00f3n genera la apertura de una investigaci\u00f3n disciplinaria, como se dej\u00f3 consignado en la anotaci\u00f3n donde a pesar de que se le informa que el registro no genera antecedente disciplinario, no obstante se advierte que \u201csu reincidencia podr\u00e1 generar las acciones disciplinarias de Ley\u201d (fl. 20 c. 1).  <\/span><\/p>\n

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Proceder que no resulta acorde con la ley ni la Constituci\u00f3n, pues como lo indic\u00f3 nuestro m\u00e1ximo Tribunal de Justicia Constitucional en la sentencia citada, \u201c\u2026el fundamento de la instituci\u00f3n del llamado de atenci\u00f3n est\u00e1 constituido por la comisi\u00f3n de una conducta que contrar\u00eda en menor grado el orden administrativo interno sin llegar nunca a afectar los deberes funcionales del servidor, es manifiesta la inconstitucionalidad de una regla de derecho seg\u00fan la cual la reiteraci\u00f3n en tal conducta genera formal actuaci\u00f3n disciplinaria\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no basta, conforme lo manifiesta la accionada, que el registro del llamado de atenci\u00f3n en el portal de servicios interno no constituya un antecedente disciplinario, pues acorde a lo preceptuado en el art\u00edculo [en ciernes], tales requerimientos s\u00f3lo pueden hacerse de manera verbal, amen que ello pugna con lo dicho en la sentencia C-1076 por la Corte Constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, orden\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional, \u00aben cabeza de la CT. KATALINA RIASCOS MONTENEGRO, (\u2026) suprim[ir] en forma absoluta del Portal de Servicios Interno correspondiente al [tutelante], la anotaci\u00f3n del llamado de atenci\u00f3n efectuada el 8 de noviembre [pasado]\u00bb (fls. 54 a 59, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la instituci\u00f3n tutelada, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos que expuso al replicar la queja constitucional (fls. 61 a 65, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, de entrada se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que habr\u00e1 de revocarse el fallo constitucional de instancia, pues contrario a lo observado por el a quo constitucional, no aprecia la Sala amenaza o lesi\u00f3n alguna al debido proceso del accionante con el llamado de atenci\u00f3n que le fue registrado en el formulario de seguimiento y evaluaci\u00f3n, en tanto que, como bien lo manifest\u00f3 la Polic\u00eda Nacional al contestar la demanda de amparo, dicha anotaci\u00f3n \u00abno genera afectaci\u00f3n cuantitativa o tasable al momento de la evaluaci\u00f3n\u00bb, aspecto que es el real motivo de preocupaci\u00f3n del aqu\u00ed interesado, lo que se traduce, entonces, en un agravio inexistente, que seg\u00fan el temor de \u00e9ste, ser\u00eda eventual, circunstancia que descarta, por obvias razones, la intromisi\u00f3n del Juez de tutela en este particular asunto.  <\/span><\/p>\n

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3.    Ahora, si bien el art\u00edculo 27 de la Ley 1015 de 20061, mencion\u00f3 \u00fanicamente al \u00abllamado de atenci\u00f3n verbal\u00bb, como uno de los medios preventivos de orientaci\u00f3n del comportamiento en ejercicio del mando2 y, al final de la observaci\u00f3n cuestionada, se le advirti\u00f3 al actor que \u00absu reincidencia podr\u00e1 generar las acciones disciplinarias de ley\u00bb (fl. 20, cdno. 1); de este modo, tales realidades no generan per se afectaci\u00f3n alguna a las garant\u00edas superiores del se\u00f1or Motta Andrade, pues aunque aqu\u00e9lla se hubiere efectuado de manera escrita, ello no la convierte autom\u00e1ticamente en un registro perjudicial para el tutelante, situaci\u00f3n que igualmente ocurre con dicha insinuaci\u00f3n, en la medida que la misma resulta inane por efecto de la citada norma, la cual claramente determina, que el llamado de atenci\u00f3n no puede \u00abconstitu[ir] antecedente disciplinario\u00bb y, por ende, tema objeto de evaluaci\u00f3n, hip\u00f3tesis que difiere del original art\u00edculo 51 de la Ley 734 de 20023, analizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1076 de 2002, y referida por el Tribunal de instancia, en el que pese a se\u00f1alar en su inciso 2\u00ba el mismo supuesto, en el siguiente indic\u00f3, que \u00abel servidor p\u00fablico respectivo incurra en reiteraci\u00f3n de tales hechos habr\u00e1 lugar a formal actuaci\u00f3n disciplinaria\u00bb, incongruencia que se corrigi\u00f3 con la declaratoria de inexequibilidad de algunos apartes por parte de esa Alta Corporaci\u00f3n en la demarcada decisi\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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4.   Por lo anterior, conviene recordar que para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de protecci\u00f3n debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza, carece de sentido hablar de la necesidad de amparo, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abes indispensable un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Por consiguiente, quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u00bb (C.C. T-864\/99, reiterado en T-088\/08).  <\/span><\/p>\n

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5.   Finalmente, y para ahondar en razones de la improcedencia del reclamo, basta decir, que aunque en gracia de discusi\u00f3n se soslayara lo anterior, \u00e9ste no atender\u00eda el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como el susodicho registro se fundamenta en el Instructivo 018 DIPON-INSGE del 6 de julio de 2016, acto administrativo de car\u00e1cter general e impersonal, las controversias en torno a su legalidad deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde puede el accionante allegar los elementos demostrativos que aqu\u00ed aporta y exponer sus argumentos, entre ellos, el de ausencia de recursos, sin que este camino pueda convertirse en una senda paralela a los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para tal fin, los mismos que podr\u00e1 ejercer, en el remoto caso de que se cumpla su temor, contra el acto de evaluaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6.   Corolario de lo discurrido en precedencia, como delanteramente se dijo, se impone revocar la sentencia controvertida, para en su lugar, negar la protecci\u00f3n suplicada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la protecci\u00f3n solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cPor medio de la cual se expide el R\u00e9gimen Disciplinario para la Polic\u00eda Nacional.\u201d    <\/span><\/p>\n

2 Es decir, no hizo menci\u00f3n del escrito.    <\/span><\/p>\n

3 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico.\u201d      <\/span><\/p>\n

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