{"id":99132,"date":"2026-06-25T17:57:25","date_gmt":"2026-06-25T17:57:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1243-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:25","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:25","slug":"stc1243-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1243-2017\/","title":{"rendered":"STC1243-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1243-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01890-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 27 de octubre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Libardo Ortega Jim\u00e9nez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de los autos de 17 de febrero y 22 de septiembre, ambos de 2016, mediante los cuales le negaron el permiso administrativo de hasta 72 horas que invoc\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita, en suma, que se ordene a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, \u00abconced[er] el beneficio administrativo [referido] por haber cumplido a cabalidad con los factores objetivos y subjetivos del tratamiento penitenciario y por reunir todos los requisitos exigidos\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que en fallo del 31 de marzo de 2008, el Juzgado Penal del Circuito de Garz\u00f3n lo conden\u00f3 a la pena principal de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n como \u00abcoautor material\u00bb del delito de \u00abhomicidio y tentativa de homicidio\u00bb, decisi\u00f3n que apelada, fue modificada por la Colegiatura convocada, en el sentido de imponerle un castigo equivalente a 28 a\u00f1os de c\u00e1rcel.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegura que se encuentra privado de la libertad desde el 26 de mayo de 2007, tiempo dentro del cual ha participado en actividades \u00ablaborales y educativas\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 un permiso de hasta 72 horas para salir del centro penitenciario; sin embargo, en auto del 17 de febrero de 2016, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia le neg\u00f3 dicho beneficio, tras considerar que no se satisfac\u00edan los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, en lo tocante a \u00abhaber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n, toda vez que del 31 de enero al 20 de abril de 2012, no se reportan tales actividades\u00bb; determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 infructuosamente, pues el ad quem querellado la ratific\u00f3 en prove\u00eddo del 22 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que con lo resuelto los Despachos acusados incurrieron en causal de procedencia del amparo, toda vez que, asegura, omitieron valorar la certificaci\u00f3n expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garz\u00f3n, Huila, seg\u00fan la cual no pudo realizar las actividades de trabajo, estudio y ense\u00f1anza durante el periodo aludido, porque ostentaba la condici\u00f3n de \u00absindicado\u00bb, existiendo prioridad para los \u00abcondenados\u00bb, motivo por el cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 13, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, aleg\u00f3 que las providencias aqu\u00ed cuestionadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la que es inexistente la vulneraci\u00f3n alegada por el accionante (fl. 58, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. A su turno, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha localidad, expres\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite de la solicitud de concesi\u00f3n del beneficio administrativo de 72 horas que reclama el accionante, y que dio lugar al presente diligenciamiento, se surti\u00f3 acorde con las reglas procesales pertinentes, se adoptaron las determinaciones a que hubo lugar mediante providencias que se ajustan en un todo a derecho, garantiz\u00e1ndose el debido proceso y el derecho de defensa\u00bb (fl. 59, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00ab[L]a conclusi\u00f3n negativa sobre la concesi\u00f3n del beneficio administrativo pretendido bajo la consideraci\u00f3n de no encontrarse acreditado que el actor haya trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante la totalidad del tiempo de reclusi\u00f3n, pues existen sendos per\u00edodos en los que no fueron allegados los certificados respectivos; no se advierte que sea contraria a mandatos constitucionales y legales, o quebrantadora de derechos fundamentales, pues obedece al estudio de los presupuestos previstos en la normatividad aplicable y se fundament\u00f3 en una argumentaci\u00f3n jur\u00eddica plenamente atendible, de suerte que, infundada surge su pretensi\u00f3n al aspirar con ello a imponer sus razones frente a la interpretaci\u00f3n efectuada, por tanto resulta claro que conforme con el principio de legalidad se adopt\u00f3 una determinaci\u00f3n que resulta adecuada al marco normativo pertinente y que por ende, no es susceptible de enmienda alguna a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional. M\u00e1xime, que contrario a lo aseverado en el libelo, no se advierte que el actor haya llevado al conocimiento del ad quem mediante su aporte la certificaci\u00f3n del Director del Establecimiento Penitenciario de Garz\u00f3n, Huila cuya valoraci\u00f3n echa de menos, de modo que pudiera sostenerse que, de manera caprichosa, omiti\u00f3 su estudio\u00bb (fls. 60 a 69 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 74 a 80, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En este caso, el accionante cuestiona los autos de 17 de febrero y 22 de septiembre, ambos de 2016, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas le denegaron el permiso administrativo de hasta 72 horas que solicit\u00f3, pues, en su opini\u00f3n, s\u00ed cumple con los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 para el otorgamiento de dicho beneficio; no obstante, para la Corte las determinaciones criticadas estuvieron soportadas en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa, entonces, el fracaso de lo reclamado.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En efecto, para desestimar la aspiraci\u00f3n del aqu\u00ed interesado tendiente a obtener el referido privilegio, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia consider\u00f3 lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, al tenor de las normas rese\u00f1adas, advierte la Sala que el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad neg\u00f3 el beneficio solicitado, por no encontrar acreditado que el interno haya trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n, espec\u00edficamente, en lo que respecta a los periodos comprendidos del 26 de mayo al 13 de diciembre de 2007 y del 21 de abril al 31 de mayo de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Revisado el expediente, se tiene que, el se\u00f1or LIBARDO ORTEGA JIM\u00c9NEZ fue capturado el 26 de mayo de 2007; no obstante, de acuerdo a la cartilla biogr\u00e1fica del interno (folio 327), reporta certificaciones de horas correspondientes a trabajo, estudio y\/o ense\u00f1anza, \u00fanicamente a partir del 13 de diciembre de 2007, de igual manera, tampoco se reporta certificaci\u00f3n por el periodo comprendido entre el 21 de abril y el 31 de mayo de 2012; esto es, que por 242 d\u00edas de reclusi\u00f3n no se acredita el requisito contemplado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 232 de 1998, para hacerse acreedor al permiso administrativo de hasta 72 horas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo que permiti\u00f3 concluir con facilidad, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abno era posible para la Juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, impartir aprobaci\u00f3n del beneficio administrativo solicitado, dada la ausencia integral de los requisitos consagrados en la legislaci\u00f3n que rige la materia, raz\u00f3n por la cual, se impone confirmar la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A lo que agreg\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abque, aun cuando el recurso de alzada presentado por este penado, gir\u00f3 en torno a establecer que s\u00ed hab\u00eda redimido pena por el per\u00edodo comprendido entre el 31 de enero y el 30 de abril de 2012, lo que efectivamente se verific\u00f3 desde el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, en esa misma oportunidad, al ser estudiado con detenimiento por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, se estableci\u00f3 el tiempo en que ciertamente no present\u00f3 actividad para la redenci\u00f3n, situaci\u00f3n que fue objeto de estudio dentro del sublite\u00bb (CD fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. De este modo, la Corporaci\u00f3n endilgada estim\u00f3 que el accionante no ten\u00eda derecho al permiso reclamado, al no estar acreditado que trabaj\u00f3, estudi\u00f3 o imparti\u00f3 ense\u00f1anza durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n, tal y como lo dispone el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 232 de 19981  <\/span><\/p>\n

2. , pues se verific\u00f3 que el condenado no realiz\u00f3 dichas actividades en los periodos comprendidos entre el 26 de mayo y el 13 de diciembre de 2007; y entre el 21 de abril y el 31 de mayo de 2012, desatendiendo as\u00ed lo dispuesto en el mandato legal aludido.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.   Luego se desprende de lo expuesto, que las decisiones que se reprochan por esta v\u00eda se motivaron adecuadamente, y se soportaron en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por la parte accionante, se itera, no se muestra irrazonable y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarla, pues a \u00e9ste  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar la sentencia de tutela de primera instancia.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Cuando se trate de condenas superiores a diez (10) a\u00f1os, deber\u00e1n tener en cuenta, adem\u00e1s de los requisitos a que se refiere el inciso anterior, los siguientes par\u00e1metros:  <\/span><\/p>\n

1. Que el solicitante no se encuentre vinculado formalmente en calidad de sindicado en otro proceso penal o contravencional.  <\/span><\/p>\n

2. Que no existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que vinculen al solicitante del permiso, con organizaciones delincuenciales.  <\/span><\/p>\n

3. Que el solicitante no haya incurrido en una de las faltas disciplinarias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 121 de la Ley 65 de 1993.  <\/span><\/p>\n

4. Que haya trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

5. Haber verificado la ubicaci\u00f3n exacta donde el solicitante permanecer\u00e1 durante el tiempo del permiso.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1243-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01890-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}