{"id":99133,"date":"2026-06-25T17:57:28","date_gmt":"2026-06-25T17:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1244-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:28","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:28","slug":"stc1244-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1244-2017\/","title":{"rendered":"STC1244-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1244-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2016-00663-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Efra\u00edn Gonz\u00e1lez Santiago contra el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2016, dentro del juicio ejecutivo de alimentos que en su contra promovi\u00f3 Mar\u00eda Arcelia Su\u00e1rez Su\u00e1rez en nombre y representaci\u00f3n de sus menores hijas Rosa Mar\u00eda y Anyi Paola Gonz\u00e1lez Su\u00e1rez.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Tercero de Familia de Tunja, \u00abtenga en cuenta las pruebas [que aport\u00f3 dentro del proceso referido]\u00bb y, en consecuencia, \u00abrevo[que]\u00bb el fallo memorado (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que se adelant\u00f3 en su contra el asunto referido en l\u00edneas anteriores, con el fin de obtener la cancelaci\u00f3n de las cuotas alimentarias causadas desde el 1\u00b0 de noviembre de 2012 a favor de sus hijas, aportando como t\u00edtulo ejecutivo un acta de conciliaci\u00f3n celebrada en dicha fecha ante el Centro de Conciliatorio de la Universidad de Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegura que en sentencia del 10 de noviembre pasado, el Despacho accionado declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de pago que propuso frente al mandamiento ejecutivo, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por los alimentos adeudados a favor de sus descendientes a partir del 1\u00b0 de septiembre de 2013, incurriendo as\u00ed en causal de procedencia de amparo con lo resuelto, toda vez que i) omiti\u00f3 valorar los \u00abrecibos de pago\u00bb que alleg\u00f3 al pleito cuestionado para acreditar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n motivo de recaudo; ii) desatendi\u00f3 que careci\u00f3 de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, pues actu\u00f3 en nombre propio durante el tr\u00e1mite del litigio censurado; y, iii) no tuvo en cuenta que es agricultor y su subsistencia depende de la explotaci\u00f3n agr\u00edcola del inmueble que fue embargado dentro de la causa objeto de revisi\u00f3n constitucional (fls. 1 a 3, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, la Procuradur\u00eda 28 Judicial para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia argument\u00f3, que \u00abno es la sentencia donde se sabe cu\u00e1nto es el saldo a favor o en contra, sino la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el momento procesal pertinente que tiene el accionante para controvertir lo que ahora controvierte en sede de tutela, por lo que la acci\u00f3n carece de fundamento al tratarse de una acci\u00f3n ex ante y por ende si la decisi\u00f3n a\u00fan no se ha producido, no hay sustrato jur\u00eddico v\u00e1lido para impetrar el amparo constitucional\u00bb (fls. 23 y 24, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que,  <\/span><\/p>\n

       \u00abLa decisi\u00f3n de la funcionaria judicial se respalda en la valoraci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo base de la acci\u00f3n y pruebas aportadas, con lo cual funda las conclusiones a que llega luego de ese proceso intelectivo y que edifican la decisi\u00f3n que ha tomado en acoger la excepci\u00f3n de pago parcial, para cuyo efecto, se reitera, atendi\u00f3 los documentos aportados como prueba por el aqu\u00ed accionante, con la advertencia que las pretensiones parten de lo definido en la fijaci\u00f3n del litigio, y descontando los pagos que a partir del 1\u00b0 de septiembre de 2013 efectu\u00f3 el ejecutado, seg\u00fan los recibos que alleg\u00f3. Y no puede pretender el quejoso constitucional que por su solo dicho, sin prueba que lo respalde, se le tenga por satisfecha toda la obligaci\u00f3n cobrada, pues las decisiones de los jueces han de fundarse en las pruebas oportunamente tra\u00eddas al proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, estim\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[No] encuentra la Sala que el ejecutado hubiera estado desprovisto de defensa t\u00e9cnica, pues aunque compareci\u00f3 al rito sin estar asistido de apoderado judicial, es lo cierto que su oposici\u00f3n fue exitosa en la medida en que prosper\u00f3 parcialmente, indicativo de lo t\u00e9cnico de sus planteamientos y bien pod\u00eda hacer uso del derecho de nombrar o no apoderado judicial o en su defecto, si reun\u00eda las condiciones, pedir un amparo de pobreza\u00bb (fls. 26 a 36 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 44 a 46, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, el accionante cuestiona la sentencia del 10 de noviembre pasado, mediante la cual el Juzgado Tercero de Familia de Tunja declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de pago que \u00e9ste propuso frente a la orden de apremio librada en su contra por la obligaci\u00f3n alimentaria pendiente para con sus menores hijas, y entonces, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por los alimentos adeudados a partir de 1\u00b0 de septiembre de 2013; no obstante, para la Corte la determinaci\u00f3n censurada estuvo soportada en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa entonces, el fracaso de lo reclamado.  <\/span><\/p>\n

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1. En efecto, en la determinaci\u00f3n referida, el Juzgado convocado indic\u00f3 lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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\u00abes cierto que con la demanda se presenta el acta de conciliaci\u00f3n y se liquidan las obligaciones desde el mismo d\u00eda 1\u00b0 de noviembre del a\u00f1o 2012, debemos advertir que en esta oportunidad la se\u00f1ora demandante ha aceptado que la obligaci\u00f3n no es por el cien por ciento desde el d\u00eda 1\u00b0 de noviembre del a\u00f1o 2012, y como se ha dicho de acuerdo a las pruebas presentadas el se\u00f1or Jos\u00e9 Efra\u00edn Gonz\u00e1lez Santiago se encuentra a paz y salvo por el pago de esta obligaci\u00f3n a 30 de agosto del a\u00f1o 2013.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, deber\u00e1 procederse a liquidarse la obligaci\u00f3n a partir de esta fecha y se tendr\u00e1n como pagos, los realizados desde esa fecha, y como se ha manifestado en el interrogatorio de parte por el mismo demandado teniendo en cuenta que all\u00ed la se\u00f1ora fiscal le advirti\u00f3 que para efectos de no tener dificultad frente a que no se le reconocieran los pagos que hab\u00eda realizado deb\u00edan abrir una cuenta de ahorros, lo cual dieron cumplimiento a trav\u00e9s de una cuenta de Comultrasan a nombre de la aqu\u00ed demandante Mar\u00eda Arcelia Su\u00e1rez Su\u00e1rez, donde se han realizado algunos pagos de los que se est\u00e1n cobrando, en consecuencia a estos pagos y las dem\u00e1s recibos que fueron reconocidos por la demandante en la audiencia deber\u00e1n ser tenidos en cuenta al momento de practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la forma como lo ordena el C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia debemos decir que en esta oportunidad se deber\u00e1 declarar probada la excepci\u00f3n de pago parcial, mas no las excepciones que ha presentado el se\u00f1or demandado, de excepci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, porque si bien es cierto, se present\u00f3 la demanda con la totalidad de los hechos de las obligaciones que corresponden de acuerdo al acta de conciliaci\u00f3n, en audiencia se acept\u00f3 y bajo juramento en el mismo interrogatorio de parte la se\u00f1ora demandante acepta que se han hecho algunos pagos y que se deben tener en cuenta y descontar de la obligaci\u00f3n como corresponde, tampoco hay abuso del derecho en la medida en que la demandante lo que busca es que se garanticen los derechos de sus menores hijas ni tampoco hay cumplimiento de la obligaci\u00f3n porque igualmente el se\u00f1or demandado en interrogatorio de parte manifiesta que, si bien no est\u00e1 de acuerdo con que el valor de la obligaci\u00f3n no sea el que realiz\u00f3 en audiencia de conciliaci\u00f3n y que qued\u00f3 establecido, si debe alg\u00fan dinero al respecto que no es todo ese valor. Como se ha manifestado anteriormente el C\u00f3digo General del Proceso, ordena que se realice la liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito por parte de cada una de las partes, y se presente al juzgado para efectos de su estudio y aprobaci\u00f3n, y que como hemos dicho se tendr\u00e1n en cuenta los recibos aportados y que fueron reconocidos por la demandante, en consecuencia se ordenar\u00e1 seguir adelante la obligaci\u00f3n por el saldo insoluto y que fue dado de que existe una deuda y que fueron aceptados tambi\u00e9n los pagos parciales\u00bb (CD fl. 9, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

1. Como se observa, luego de ponderar las pruebas documentales y los interrogatorios de parte practicados en el tr\u00e1mite censurado, el Despacho atacado declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de pago, tras advertir que el propio ejecutado acredit\u00f3 adeudar alimentos a favor de sus menores hijas a partir del 1\u00b0 de septiembre de 2013, y no desde el 1\u00b0 de noviembre de 2012, como lo pretendi\u00f3 inicialmente la ejecutante. De otro lado, le advirti\u00f3 al deudor que los valores cancelados con posterioridad a la primera de las fechas referidas se tendr\u00edan en cuenta al practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, de tal manera que, contrario a lo afirmado por el gestor, s\u00ed hubo una apreciaci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente del juicio objeto de amparo que conllev\u00f3 a que se estimaran en parte sus defensas.    <\/span><\/p>\n

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5.   Luego se desprende de lo expuesto, que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y se soport\u00f3 en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por el accionante, se itera, no se muestra irrazonable y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarla, pues a \u00e9ste  <\/span><\/p>\n

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\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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1. Por otra parte, la Corte observa que dentro del juicio cuestionado, al gestor se le garantiz\u00f3 su derecho a la defensa aun cuando no estuvo representado por un profesional del derecho, pues el estrado judicial accionado valor\u00f3 los documentos que aquel aport\u00f3 para acreditar el pago de los alimentos debidos a sus descendientes; entonces, carece de trascendencia el reparo expuesto en la demanda de amparo seg\u00fan el cual no tuvo defensa t\u00e9cnica, m\u00e1xime cuando pudo el promotor solicitar el amparo de pobreza a voces de lo establecido en los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, con el prop\u00f3sito de que se le designara un abogado de oficio, y pese a ello, no lo hizo.  <\/span><\/p>\n

2. Por \u00faltimo, si Jos\u00e9 Efra\u00edn Gonz\u00e1lez Santiago consideraba que la medida de embargo decretada sobre el \u00ab\u00fanico inmueble\u00bb de su propiedad al interior de la ejecuci\u00f3n criticada, afectaba sus prerrogativas, tuvo la posibilidad no solo de cuestionar a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n el auto de 25 de mayo de 2016, sino tambi\u00e9n de solicitar el levantamiento de dicha cautela, conforme lo prev\u00e9 los art\u00edculos 599 y siguientes de la nueva ley de enjuiciamiento civil, circunstancia que choca con los dictados de la doctrina constitucional, en cuanto a que la acci\u00f3n de tutela,    <\/span><\/p>\n

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\u00abtiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su improcedencia cuando se dispone de medios de defensa judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC 6 feb. 2003, Rad. 23243, reiterada en STC14067-2014, STC14071-2014, STC14075-2014, STC191-2015 y STC612-2016, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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1. Las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar  el fallo de tutela de primera instancia.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1244-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2016-00663-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99133","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99133"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99133\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99133"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99133"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}