{"id":99134,"date":"2026-06-25T17:57:31","date_gmt":"2026-06-25T17:57:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1245-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:31","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:31","slug":"stc1245-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1245-2017\/","title":{"rendered":"STC1245-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1245-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00380-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Colpensiones frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Esned Ram\u00edrez y Jos\u00e9 Holiwer Ortiz Giraldo, y los dem\u00e1s intervinientes de los asuntos constitucionales a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La entidad promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de las providencias trav\u00e9s de las cuales deneg\u00f3 la modulaci\u00f3n de los fallos de tutela en que se reconoci\u00f3 el derecho pensional a favor de Esned Ram\u00edrez y Jos\u00e9 Holiwer Ort\u00edz Giraldo.    <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda la protecci\u00f3n deprecada, ordenando \u00abdej[ar] sin efectos los autos 344 y 345 del 7 de septiembre de 2016, proferidos dentro de los procesos 2015 \u2013 115 y 2015 \u2013 113 respectivamente, para que el despacho accionado proceda a resolver con su debida motivaci\u00f3n las solicitudes (\u2026) tendientes a modular los fallos de tutela del 10 de diciembre de 2015 y del 16 de enero de 2016\u00bb; y en subsidio, que se declare la nulidad de esas acciones de tutela, \u00abtoda vez que el despacho accionado ha actuado sin competencia legal y constitucional\u00bb (fl. 15, vto., cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que tras negar con resoluci\u00f3n No. 0000913 de 2005, la pensi\u00f3n que como sobreviviente de Juan Alberto Grajales Giraldo solicit\u00f3 Esned Ram\u00edrez Ram\u00edrez, y mantener en sede de apelaci\u00f3n esa decisi\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n No. 0092 del 27 de mayo de 2005, esta \u00faltima present\u00f3 el 17 de noviembre de 2011, acci\u00f3n de tutela en su contra ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchin\u00e1, Caldas, con que solicit\u00f3 nuevamente tal reconocimiento, la cual fue negada por esa sede judicial, y confirmada por el Tribunal Superior de Caldas.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que el 6 de marzo de 2012, la se\u00f1ora Ram\u00edrez Ram\u00edrez present\u00f3 demanda laboral ante el Juzgado Tercero Laboral del Pereira con el fin de obtener tal declaraci\u00f3n, pedimento que le fue negado en primera instancia el 4 de junio de 2012, y en segunda instancia por el Tribunal Superior de la misma ciudad, en fallo del 2 de mayo de 2013.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que no obstante lo anterior, el 5 de octubre de 2015, la se\u00f1ora Ram\u00edrez Ram\u00edrez elev\u00f3 una nueva solicitud de amparo con la misma pretensi\u00f3n, m\u00e1s no contra el mentado fallo emitido por la jurisdicci\u00f3n laboral, de la cual conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, radicado No. 2015-00113-00 (406-11), sede judicial que mediante sentencia del 10 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, \u00absorpresivamente\u00bb concedi\u00f3 el resguardo deprecado, incurriendo con ello, dice, en imprecisiones, pues se orden\u00f3 a Colpensiones reconocer la pensi\u00f3n a la all\u00ed accionante desde el momento del fallecimiento de su c\u00f3nyuge, \u00absin los criterios b\u00e1sicos de prescripci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, se impuso \u00abpago doble\u00bb debido al reconocimiento simult\u00e1neo de intereses de mora e indexaci\u00f3n; y, se desconoci\u00f3 lo decidido en el aludido proceso ordinario, donde no se conden\u00f3 al Fondo.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que debido al \u00abgrave detrimento patrimonial\u00bb que se genera con esas \u00f3rdenes, solicit\u00f3 a la autoridad jurisdiccional accionada modular dicha sentencia de tutela, lo cual fue denegado con auto No. 345 del 7 de septiembre de 2016, bajo el argumento que \u00abla misma se encuentra en firme y fue remitida a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

De otro lado, narra que con Resoluci\u00f3n No. VPC 14691 de 3 de septiembre de 2014, se reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n que como sobreviviente de Zoraida Sandoval Jaramillo, solicit\u00f3 Jos\u00e9 Holiwer Ortiz Giraldo, y, con resoluci\u00f3n GNR 220965 de 23 de julio de 2015, se neg\u00f3 la reliquidaci\u00f3n que a la luz del Decreto 546 de 1971, \u00e9ste le solicit\u00f3, decisi\u00f3n que no fue recurrida, ni debatida ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria; empero, el 9 de diciembre de esa anualidad, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado No. 2015-00116-00 (409-11), que el mentado se\u00f1or Jos\u00e9 Holiwer present\u00f3 en su contra con el objeto de obtener dicha reliquidaci\u00f3n, pese a que \u00abno pod\u00eda ser admitida toda vez que el domicilio del accionante es Cartago \u2013 Valle y por ende el Despacho carec\u00eda de competencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que \u00absorpresivamente\u00bb, el 15 de enero de 2016 dicha sede judicial concedi\u00f3 reclamada a aqu\u00e9l, orden\u00e1ndole realizar la reliquidaci\u00f3n mencionada, siendo que el all\u00ed accionante gozaba para ese momento de una asignaci\u00f3n pensional de m\u00e1s de $3\u00b4000.000; hab\u00eda recibido un retroactivo por m\u00e1s de $50\u00b4000.000,oo; su c\u00f3nyuge fallecida no hizo parte del r\u00e9gimen pensional de transici\u00f3n; y adem\u00e1s, en dicho fallo se le orden\u00f3 \u00abpago doble\u00bb por concepto de intereses moratorios e indexaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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Refiere que debido al \u00abgrave detrimento patrimonial\u00bb que se genera con esas \u00f3rdenes, solicit\u00f3 a la autoridad jurisdiccional accionada modular dicha sentencia de tutela, lo que fue negado con auto No. 344 del 7 de septiembre de 2016, \u00abaduciendo escuetamente y sin la m\u00e1s m\u00ednima fundamentaci\u00f3n que el fallo se encuentra en firme y el expediente de tutela fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb, siendo que toda esa actuaci\u00f3n, dice, se encuentra viciada de nulidad.  <\/span><\/p>\n

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Tras ese relato, asegura que la autoridad jurisdiccional accionada adelanta en su contra los respectivos incidentes de desacato por el incumplimiento a las \u00f3rdenes proferidas en los aludidos fallos, los que adem\u00e1s de las irregularidades que presentaron en su tr\u00e1mite, asegura, no le es posible cumplir, debido a la lesi\u00f3n que involucran al patrimonio p\u00fablico, motivos por los que considera vulneradas sus prerrogativas fundamentales (fls. 1 a 18, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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       a).        El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, manifest\u00f3 que la promotora del amparo no impugn\u00f3 ninguno de los fallos de cuyo resultado se duele; que en el tr\u00e1mite de acciones de tutela \u00abel Juez presume la buena fe de los accionantes y asume que la vulneraci\u00f3n de sus derechos ocurre en el lugar donde presenta la acci\u00f3n constitucional, sin que la ley lo obligue a constatar dicho domicilio\u00bb; y, que el pago de intereses moratorios sobre las pensiones reconocidas, se orden\u00f3 en aplicaci\u00f3n de lo contemplado en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, y la indexaci\u00f3n con base en jurisprudencia de la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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       Refiri\u00f3 adem\u00e1s, que no es posible atacar decisiones de tutela a trav\u00e9s de similar acci\u00f3n, y que la actora tampoco ejerci\u00f3 el recurso de insistencia ante la Corte Constitucional para que se revisaran las decisiones objeto de reproche, y en todo caso, el fallo de la se\u00f1ora Esned Ram\u00edrez Ram\u00edrez s\u00ed fue revisado y confirmado por esa Alta Corporaci\u00f3n (fls. 75 a 85, ib\u00edd.),  <\/span><\/p>\n

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       b).        Jos\u00e9 Holiwer Ortiz Giraldo se\u00f1al\u00f3, que aunque inicialmente tuvo como \u00abcentro principal de sus negocios\u00bb la ciudad de Cartago, Valle, su domicilio por varios a\u00f1os fue la ciudad de Cali, pero tras el fallecimiento de su c\u00f3nyuge, lo traslad\u00f3 a la ciudad de Buenaventura desde el mes de septiembre de 2015, y, desde el mes de enero de 2016 est\u00e1 domiciliado en la ciudad de Bogot\u00e1 (fls. 86 y 87, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que \u00abel juez accionado al proferir los autos 344 y 345 del 7 de septiembre de 2016, mediante los cuales despach\u00f3 desfavorablemente las solicitudes que Colpensiones impetr\u00f3 con el fin de lograr la modulaci\u00f3n de dos \u00f3rdenes constitucionales, no incurri\u00f3 en ninguna de las causales especiales que la jurisprudencia ha establecido para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales\u00bb, m\u00e1xime porque esas decisiones no fueron impugnadas.  <\/span><\/p>\n

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       Agreg\u00f3 que como las \u00f3rdenes dadas en esos fallos a la accionante consist\u00edan en el reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobreviviente y la reliquidaci\u00f3n de otra, respectivamente, la solicitud de modulaci\u00f3n en la forma realizada por \u00e9sta era improcedente, porque con ella lo pretendido era cambiar absolutamente las \u00f3rdenes impartidas, m\u00e1s no garantizar el goce efectivo del derecho amparado, en contrav\u00eda con el fen\u00f3meno de la cosa juzgada (fls. 93 a 97, \u00eddem.).    <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 Colpensiones, alegando similares argumentos a los expuestos en su escrito inicial, a m\u00e1s de agregar, que no impugn\u00f3 en t\u00e9rmino las aludidas sentencias de tutela por \u00abla falla estructural causada por el traslado de informaci\u00f3n y expedientes entre el extinto Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones\u00bb, respecto del cual la Corte Constitucional declar\u00f3 el estado de cosas inconstitucional, que \u00abse encontraba en su apogeo para el mes de diciembre de 2015\u00bb, y que fue declarado superado mediante sentencia T-144 del 18 de diciembre de ese mismo a\u00f1o (fl. 102 a 108, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha dicho la Sala que es improcedente la salvaguarda cuando con ella se pretende cuestionar decisiones proferidas por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, pues, de no ser as\u00ed, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo; o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para reclamar contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos tr\u00e1mites \u00abno se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional\u2026 Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia T-482 de 2013, indic\u00f3 que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo, si \u00abse logra acreditar la existencia de una v\u00eda de hecho\u2026 por cuanto es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes\u00bb, pero dicha salvedad a la regla general, tiene unos l\u00edmites, pues el fallador de tutela debe tener presente que en el tr\u00e1mite del incidente no se puede \u00abventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisi\u00f3n que con base en \u00e9sta se adopt\u00f3 en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato\u00bb, pues la labor del juez dentro de dicha actuaci\u00f3n est\u00e1 condicionada por lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo correspondiente, raz\u00f3n por la cual, se encuentra obligado a \u00abverificar en el incidente de desacato (1) a qui\u00e9n estaba dirigida la orden; (2) cu\u00e1l fue el t\u00e9rmino otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma\u201d1. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumpli\u00f3 de forma oportuna y completa. As\u00ed, de existir un incumplimiento \u201cdebe[r\u00e1] identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existi\u00f3 o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada\u201d2 hip\u00f3tesis en la cual proceder\u00e1 la imposici\u00f3n del arresto y la multa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De manera que, es claro que el an\u00e1lisis de una petici\u00f3n de amparo contra las providencias proferidas en \u00e9ste, debe circunscribirse a la conducta desplegada por el juez durante el mismo, sin consideraci\u00f3n alguna del fallo que le sirve de fundamento. Lo anterior, porque de hacerlo, se estar\u00eda reviviendo un asunto debatido que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

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1. En el caso que se somete a examen, se advierte que la inconformidad de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, es concretamente, la supuesta imposibilidad de cumplir con los fallos de tutela de 10 de diciembre de 2015 y 16 de enero de 2016, mediante los cuales, en su orden, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura le orden\u00f3 reconocer a favor de Enid Ram\u00edrez Ram\u00edrez la pensi\u00f3n de sobreviviente; y la reliquidaci\u00f3n a la pensi\u00f3n de sobreviviente que ya se hab\u00eda reconocido a Jos\u00e9 Holiwer Ort\u00edz Giraldo, pues en opini\u00f3n de la entidad, \u00e9stos no contaban con los requisitos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para acceder a dichas resoluciones.    <\/span><\/p>\n

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1. Bajo esa perspectiva, para la Corte la solicitud de protecci\u00f3n no puede salir avante, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian.    <\/span><\/p>\n

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4.1.          En primer lugar, si Colpensiones consideraba que Diego Javier Posada Lopera no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder al reconocimiento pensional, ha debido hacer uso de los recursos de impugnaci\u00f3n o de insistencia para revisi\u00f3n de que tratan los art\u00edculos 31 y 33 del Decreto 2591 de 1991, frente a la sentencia de tutela referida, circunstancia que no ocurri\u00f3; luego entonces, ante tal panorama, inexorablemente deb\u00eda dar cumplimiento a la orden constitucional en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la parte resolutiva de dicho fallo, sin que esa orden admita duda o pueda estar sujeta a una interpretaci\u00f3n diferente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, para la Sala los autos de 31 de agosto y 15 de septiembre, ambos de la presente anualidad, mediante los cuales los Juzgados Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar y Promiscuo de Familia de Roldanillo sancionaron con arresto y multa, respectivamente, al representante legal de Colpensiones, no desatienden el ordenamiento jur\u00eddico, puesto que concluyeron que dicha entidad no hab\u00eda cumplido con el fallo de tutela de 3 de marzo de 2014, en el que, iterase, se dispuso el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a favor de Diego Javier Posada Lopera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto cabe mencionar, que la Corte Constitucional indic\u00f3 en sentencia T-511 de 30 de junio de 2011, que: \u00abla jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato, con la finalidad de asegurar la protecci\u00f3n efectiva del derecho, puede proferir \u00f3rdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se respete el alcance de la protecci\u00f3n y el principio de la cosa juzgada, se\u00f1alando los lineamientos que han de seguirse para tal efecto\u00bb (Subraya la Corte).  <\/span><\/p>\n

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Y al punto, esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00aben virtud de lo estatuido por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, el \u00e1mbito de esta decisi\u00f3n ata\u00f1e con determinar si debe mantenerse o revocarse la sanci\u00f3n impuesta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el t\u00e9rmino temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumpli\u00f3 la orden impartida mediante la sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si de este an\u00e1lisis concluye en la inobservancia del fallo, le compete determinar si fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado, para finalmente, si \u00e9sta existe, imponerle la sanci\u00f3n y para esto, obviamente, es necesario darle tr\u00e1mite al incidente propuesto.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la actividad que la Corte debe realizar se ci\u00f1e, a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta, calificada como indiferente, negligente o insuficiente, que se reprocha\u00bb (ver entre otras, CSJ ATC168-2016; ATC4109-2016).  <\/span><\/p>\n

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1.   Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que tampoco se est\u00e1 obligando a Colpensiones al cumplimiento de un imposible, pues como lo ha precisado esta Sala en casos de contornos similares al presente, en el que precisamente las administradoras de pensiones se ven avocadas al reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de vejez por virtud de sentencias de tutela, a pesar de considerar que los accionantes o beneficiarios no re\u00fanen los requisitos para tal efecto, se destaca que \u00e9sta tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para debatir la legalidad de dicho acto, a trav\u00e9s de la denominada \u00abacci\u00f3n de lesividad\u00bb, es decir, la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art. 138 de la ley 1437 de 20113.    <\/span><\/p>\n

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1. Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el fallo confutado habr\u00e1 de mantenerse.    <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencias T-553\/02 y T-368\/05.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia T-1113 de 2005.    <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1245-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00380-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99134","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99134"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99134\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}