{"id":99135,"date":"2026-06-25T17:57:34","date_gmt":"2026-06-25T17:57:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1246-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:34","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:34","slug":"stc1246-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1246-2017\/","title":{"rendered":"STC1246-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1246-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02017-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Yam\u00edd Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, la Fiscal\u00eda Treinta y Ocho Seccional Caivas, y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambas de la citada ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas, al no darle el impulso procesal, dice, al recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 dentro de la causa penal que se adelanta en su contra por el delito de acceso carnal en concurso heterog\u00e9neo con actos sexuales abusivos, delitos agravados por recaer en menor de 14 a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a que dentro de la acci\u00f3n punitiva antes referida recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n el prove\u00eddo dictado el pasado 10 de agosto por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, a trav\u00e9s del cual le fue negada la pr\u00e1ctica de la \u00abprueba sobreviniente\u00bb, es decir, la declaraci\u00f3n de la menor presuntamente victimizada, a la fecha dicho recurso no ha sido resuelto, lo que, asegura, desconoce no s\u00f3lo los t\u00e9rminos legales previstos en las leyes \u00ab1760 y 1786\u00bb, sino adem\u00e1s, el \u00abprincipio de concentraci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que desde hace varios a\u00f1os se encuentra privado de la libertad debido a las \u00abconstantes dilaciones\u00bb de las autoridades accionadas para practicar las pruebas tendientes a aclarar los hechos que se le endilgan, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo excepcional en procura de obtener la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos. (fls. 1 a 5, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Fiscal\u00eda Seccional 38 Caivas de la ciudad de Cali, manifest\u00f3 que facultado por la sentencia C 177 de 2014, ese Despacho renunci\u00f3 a la pr\u00e1ctica de la prueba testimonial de la menor (presunta v\u00edctima), con el prop\u00f3sito de evitarle a \u00e9sta situaciones traum\u00e1ticas, pues han transcurrido 5 a\u00f1os desde la ocurrencia de los hechos objeto de investigaci\u00f3n (fl. 29, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        La Sala Penal del Tribunal Superior de la preanotada urbe, indic\u00f3 que contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, no ha existido una \u00abdilaci\u00f3n injustificada o inactividad procesal que viabilice\u00bb la salvaguarda rogada, toda vez que el impulso del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor en contra del auto dictado el 10 de agosto del a\u00f1o anterior, fue estudiado teniendo en cuenta la fecha en que conoci\u00f3 del mismo y los turnos de decisi\u00f3n, a lo que agreg\u00f3, que el d\u00eda 3 de noviembre de la misma anualidad puso en consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto que resuelve el asunto (fls. 30 a 32, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Titular del Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la precitada ciudad, se\u00f1al\u00f3 que no ha quebrantado prerrogativa fundamental alguna, puesto que es \u00abfacultativo del Fiscal renunciar a sus testimonios m\u00e1s aun cuando se trata de proteger a la menor v\u00edctima y no re victimizarla\u00bb (fls. 36 a 38, ib.)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras advertir, en lo fundamental, que el \u00abjuez de tutela no puede alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, en tanto ello implicar\u00eda lesionar los derechos de otras personas que tambi\u00e9n se encuentran a la espera de que su asunto sea decidido\u00bb, m\u00e1xime cuando el accionante no acredit\u00f3 la \u00abamenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb que lo justifiquen; de otro lado, en lo atinente a la petici\u00f3n de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, adujo que el quejoso \u00abcuenta con la posibilidad de solicitarla ante el funcionario judicial con funci\u00f3n de control de garant\u00edas (art. 317 C.P.P.)\u00bb, al ser \u00e9ste el juez natural (fls. 44 a 54, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El gestor impugn\u00f3 el anterior fallo, sin exponer sus razones de inconformidad.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.         En el caso que se somete a examen, se advierte que la censura del se\u00f1or Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez radica, puntualmente, en i) el supuesto incumplimiento por parte del Tribunal Superior de Cali, a los t\u00e9rminos perentorios para resolver la alzada formulada por aqu\u00e9l en contra del auto dictado el 10 de agosto de 2016, por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, mediante el cual se decidi\u00f3: \u00abno aceptar la solicitud de prueba sobreviniente para escuchar la menor v\u00edctima\u00bb (fls. 6 cdno. 1), dentro de la causa punible que enfrenta por el delito de acceso carnal en concurso heterog\u00e9neo con actos sexuales abusivos, ambos agravados por recaer presuntamente en menor de 14 a\u00f1os; y, en ii) la falta de declaratoria de libertad por vencimientos de t\u00e9rminos; pues a criterio del acusado, dicho proceso ha carecido del \u00abimpulso procesal\u00bb necesario para aclarar las conductas punibles que se le endilgan.  <\/span><\/p>\n

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3.  De entrada es necesario precisar, que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio, son aqu\u00e9llas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   Sin embargo en el presente asunto no se advierte que el Tribunal accionado hubiese incurrido en la falla alegada por el actor, comoquiera que ha dado el tr\u00e1mite correspondiente al recurso vertical interpuesto por \u00e9ste frente a la negativa del Juzgado convocado para practicar la denominada prueba sobreviniente, al punto que tras haber conocido del mismo el 29 de agosto de 2016, y teniendo en cuenta el turno asignado para su estudio, el 3 de noviembre siguiente puso en consideraci\u00f3n de la Sala de esa Corporaci\u00f3n el respectivo proyecto de decisi\u00f3n; luego entonces, no hay razones para considerar la existencia de una dilaci\u00f3n injustificada en el citado tr\u00e1mite, como para brindar la protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC 8809 – 2017).  <\/span><\/p>\n

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3.3.        De otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que no es viable ordenar en sede de tutela que se alteren los turnos para proferir la decisi\u00f3n reclamada, como al parecer lo pretende el aqu\u00ed interesado, pues ello desconocer\u00eda el derecho a la igualdad de quienes est\u00e1n en la misma situaci\u00f3n, es decir, a la espera de que se diriman sus conflictos.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora bien, en cuanto a la pretensi\u00f3n del accionante encaminada a que le sea concedida la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos dentro de la acci\u00f3n penal reprochada, la Sala considera tal y como lo estableci\u00f3 el a quo Constitucional, que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, pues desemboca en la hip\u00f3tesis de que trata el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que el asunto planteado debe ser resuelto en el escenario judicial dispuesto por el legislador para plantear las inconformidades que por v\u00eda de tutela expone, estos es, ante el juez con funciones de control de garant\u00edas, donde mediando el tr\u00e1mite respectivo debe acreditar el cumplimiento de las causales de que trata el articulo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.  <\/span><\/p>\n

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4.1.  Al punto ha sido reiterativa esta Corte en se\u00f1alar, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable (CSJ STC STC726-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.2.          Y al margen de lo discurrido en precedencia, el gestor no demostr\u00f3 hallarse frente a un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves, inminentes y urgentes, y con entidad suficiente para facultar la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia.  <\/span><\/p>\n

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5.        De este modo, las razones consignadas se estiman suficientes para mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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