{"id":99136,"date":"2026-06-25T17:57:38","date_gmt":"2026-06-25T17:57:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1247-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:38","slug":"stc1247-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1247-2017\/","title":{"rendered":"STC1247-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1247-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01092-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela, as\u00ed como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Santander, y, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Floridablanca.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al declarar, por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado No. 2014-00150 que promovi\u00f3 en contra de la Fundaci\u00f3n de la Mujer.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, i) que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, \u00abcontinuar con el tr\u00e1mite de [la referida] acci\u00f3n [constitucional]\u00bb, dando \u00abinmediata aplicaci\u00f3n [a los art\u00edculos] 84 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C.G.P\u00bb; ii) que se le suministre \u00abun listado completo (\u2026) de todas las acciones populares (\u2026)  [que se] hayan terminado por desistimiento t\u00e1cito, [aplicando el] C.G.P, (\u2026) consigna[ndo] las partes, pretensiones y fechas de los autos\u00bb; iii) que se requiera al delegado del Ministerio P\u00fablico a fin de que se pronuncie sobre los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C.G.P; y, finalmente, iv) que se solicite a la Corte Constitucional indicar si pese a lo dispuesto en la ley 472 de 1998, es posible dar por terminada una acci\u00f3n judicial de la estirpe de la aqu\u00ed criticada, por desistimiento t\u00e1cito (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, el Despacho citado finiquit\u00f3 el tr\u00e1mite constitucional referido en l\u00edneas anteriores por desistimiento t\u00e1cito, ello aun cuando, dice, \u00abexiste la informaci\u00f3n a la comunidad\u00bb, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo excepcional en procura de salvaguardar las prerrogativas fundamentales invocadas (ib.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su Secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas en el marco del proceso objeto de inconformidad  (fl. 14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir \u00abla falta de agotamiento del supuesto de subsidiariedad\u00bb, pues si bien el inconforme interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra de la determinaci\u00f3n que por esta v\u00eda cuestiona, lo cierto es que \u00e9ste \u00abtodav\u00eda no ha sido decidido por el Juzgado accionado, mecanismo ordinario que (\u2026) debe agotarse previ[a] la promoci\u00f3n del amparo constitucional\u00bb (fls. 16 a 22, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin ampliar las razones de su inconformidad (fl. 25, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida, contra el prove\u00eddo dictado el 24 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 en contra de la Fundaci\u00f3n de la Mujer, en aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 317 del C.G del P. (fl. 15, cdno. 1); pues en sentir del actor, dicha autoridad jurisdiccional omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998, y, 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo esa perspectiva, y una vez revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias,   se observa que la protecci\u00f3n reclamada deviene presurosa, como quiera que, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n en contra de la determinaci\u00f3n que por esta v\u00eda cuestiona, los cuales a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, se encontraban a la espera de ser estudiados, por lo que el interesado deber\u00e1 aguardar dicha resoluci\u00f3n, pues no es \u00e9ste el escenario para adoptar pronunciamientos sobre aspectos que debe zanjar el administrador de justicia a quien por competencia le corresponde pronunciarse, pues al juez constitucional le est\u00e1 vedado actuar paralelamente con el juez natural de la causa.  <\/span><\/p>\n

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En la materia, se ha puntualizado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 03 jul. 2015, rad. 00229-01, reiterado, entre otros, en STC2985-2016 ).  <\/span><\/p>\n

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4.   En cuanto a la solicitud dirigida a que se emita un listado de todas las acciones populares que han sido promovidas por el se\u00f1or \u00c1rias Id\u00e1rraga, en las que el Juez de conocimiento haya dispuesto su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, se advierte que no solo ello ninguna relaci\u00f3n tiene con el quebrantamiento de las garant\u00edas que alega, sino que tal informaci\u00f3n puede ser directamente consultada por \u00e9ste en el portal web de la rama judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, todas las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI.  <\/span><\/p>\n

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5.  Por las razones anteriormente expuestas, se mantendr\u00e1 el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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