{"id":99139,"date":"2026-06-25T17:57:58","date_gmt":"2026-06-25T17:57:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1251-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:57:58","modified_gmt":"2026-06-25T17:57:58","slug":"stc1251-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1251-2017\/","title":{"rendered":"STC1251-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1251-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 105001-22-10-000-2016-00404-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sala de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y la dignidad humana, los cuales considera vulnerados con la sentencia emitida dentro del proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria que promovi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la referida decisi\u00f3n y se ajuste la cuota de alimentos conforme a las tasas de conversi\u00f3n \u00aba pesos colombianos referidas para tal fin por el Banco de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de diciembre de 2015 Yuber Antonio Mosquera Perea y Ruth Elena Vahos Monsalve, padres de Juliana Mosquera Vahos, suscribieron acuerdo conciliatorio en el que se estableci\u00f3 que el padre de la menor cancelar\u00eda mensualmente la suma de $2\u2019500.000, por concepto de cuota de alimentos y una cuota adicional en el mes de diciembre de cada a\u00f1o de $1\u2019000.000. [Folio 29, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 13 de abril de 2016 el padre de la menor formul\u00f3 demanda para lograr la reducci\u00f3n de la referida obligaci\u00f3n.  Para el efecto manifest\u00f3 que se encuentra domiciliado en Venezuela, lugar donde se desempe\u00f1a como jugador profesional en el Deportivo T\u00e1chira Futbol Club, sin embargo debido a la crisis econ\u00f3mica por la que atraviesa el vecino pa\u00eds, sus finanzas han variado y no le es posible asumir el valor pactado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Bello, quien admiti\u00f3 la demanda el 10 de mayo siguiente. [Folio 33, c. copias]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Enterada de la actuaci\u00f3n, la progenitora formul\u00f3 excepciones de incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria y capacidad econ\u00f3mica efectiva del accionante, \u00faltima que fund\u00f3 en la asignaci\u00f3n mensual del padre, la que seg\u00fan su manifestaci\u00f3n, equivale a $54\u2019000.000 de pesos colombianos aproximadamente. As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que aquel tiene un patrimonio que est\u00e1 integrado por lo menos por tres inmuebles. [Folio 46]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 7 de octubre de 2016 se dio inici\u00f3 a la diligencia establecida en el art\u00edculo 392 del CGP y una vez evacuadas las etapas pertinentes se profiri\u00f3 sentencia en la que se accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del demandante y se redujo la cuota mensual a un monto de $1\u2019500.000 y se estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de dos cuotas adicionales por la misma cantidad en los meses de junio y diciembre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El accionante acude al amparo constitucional por considerar que la referida decisi\u00f3n vulner\u00f3  sus derechos, pues aduce que la misma se bas\u00f3 en el conocimiento generalizado que existe en la sociedad colombiana, seg\u00fan la cual un jugador de futbol profesional tiene una remuneraci\u00f3n econ\u00f3mica elevada, pero no atendi\u00f3 la crisis que se presenta en Venezuela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 11 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la tutela se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso para que ejercieran su derecho a la defensa. As\u00ed mismo, se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Defensor de Familia y Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al despacho accionado [Folio 41, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Bello manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada se emiti\u00f3 con fundamento en el material probatorio que se alleg\u00f3 al expediente, sin que pueda considerarse que el mismo d\u00e9 lugar a la vulneraci\u00f3n alegada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ruth Elena Vahos Monsalve se opuso a las pretensiones del accionante, manifestando que el padre de la menor cuenta con suficiente solvencia econ\u00f3mica para asumir el valor de la cuota que fue fijada, sin que sea cierto que no se valor\u00f3 su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues fue precisamente esa circunstancia la que motiv\u00f3 la reducci\u00f3n que aleg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 25 de noviembre de 2016, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, deneg\u00f3 el amparo de atender que el despacho accionado realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n del material probatorio y, por tal raz\u00f3n, consider\u00f3 oportuna la reducci\u00f3n solicitada por el accionante, sin que pueda considerarse que la decisi\u00f3n vulnera sus derechos, m\u00e1xime cuando seg\u00fan la conversi\u00f3n oficial del Bol\u00edvar, la remuneraci\u00f3n econ\u00f3mica del tutelante es bastante elevada.      <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el padre de la menor manifest\u00f3 que la afirmaci\u00f3n del Tribunal torna m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n, pues pierde de vista las diferentes tasas de cambio que se manejan respecto a los Bol\u00edvares.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2. Atendidos los argumentos en que se funda la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Juzgado Segundo de Familia de Buga para resolver la solicitud de reducci\u00f3n de cuota de alimentos que formul\u00f3 el accionante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se advierte que la reducci\u00f3n de la cuota de alimentos que orden\u00f3 el juzgado y que favoreci\u00f3 al accionante, fue producto de la valoraci\u00f3n de los medios probatorios que obraban en el proceso, los cuales de acuerdo con el criterio del juzgador, evidenciaban la variaci\u00f3n de las circunstancias econ\u00f3micas del demandante y por tanto era necesario acceder a su solicitud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para soportar su determinaci\u00f3n,  inici\u00f3 el despacho accionado por recordar la prevalencia del derecho de los menores y advirti\u00f3 que pese a que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n de adoptar decisiones que garanticen la efectividad de sus prerrogativas constitucionales, la \u00ab\u2026obligaci\u00f3n alimentaria de ninguna manera puede constituir una fuente de enriquecimiento, y el alimentante debe proveerla hasta el monto de lo indispensable del alimentario y en la medida de la capacidad econ\u00f3mica de aqu\u00e9l; lo que en ocasiones significa que el alimentario no reciba lo necesario por la falta de capacidad econ\u00f3mica total o parcial del alimentante y tendr\u00e1 que conformarse con los alimentos necesarios\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, precis\u00f3 que en el caso que estudiaba le correspond\u00eda al demandante probar los supuestos en que fundamentaba su petici\u00f3n y, entonces,  procedi\u00f3 a valorar los documentos que aquel aport\u00f3 para tal fin.  <\/span><\/p>\n

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Frente a ellos manifest\u00f3, que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) de la declaraci\u00f3n \u2026 que hace el apoderado judicial de la asociaci\u00f3n civil deportiva T\u00e1chira Futbol Club, \u2026 se precisa que el profesional colombiano Yuber Antonio Mosquera Perea formaliz\u00f3 desde el mes de enero de 2014 un contrato de trabajo conforme a la ley venezolana, contrato que se extendi\u00f3 hasta diciembre de 2015, en el cual se estableci\u00f3 como forma de pago la cantidad de bol\u00edvares calculados al valor oficial del d\u00f3lar en Venezuela, por normativa cambiaria venezolana que impiden negociaciones en cualquier tipo de moneda extranjera\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que \u00aben dicho documento (\u2026.) igual se hace la manifestaci\u00f3n que el 2 de agosto de 2013 se elev\u00f3 propuesta de trabajo\u2026 la cual no se pudo materializar por cuanto la legislaci\u00f3n venezolana prohibi\u00f3 y penaliz\u00f3 negociaciones en cualquier moneda diferente al bol\u00edvar\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego de lo cual, procedi\u00f3 a valorar un documento expedido por la Presidenta de la asociaci\u00f3n deportiva suscrita el \u00ab\u20264 de enero de 2015, en la que se hace la manifestaci\u00f3n que si bien para la fecha del 2 de agosto de 2013 se hizo una oferta de trabajo para el demandante, la misma debi\u00f3 haber sido reacomodada atendiendo la econom\u00eda del pa\u00eds venezolano y la imposibilidad de contratar jugadores de futbol extranjeros cuyos servicios se pagaran con moneda distinta al Bol\u00edvar\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a la remuneraci\u00f3n percibida por el accionante, estableci\u00f3 de las pruebas adjuntas a la demanda, que aquel recib\u00eda como \u00abcontraprestaci\u00f3n por los servicios prestados\u2026 la suma de 180.000 bol\u00edvares entre enero y diciembre de 2016; 200.000 entre enero y diciembre de 2017 y la suma de 230.000 bol\u00edvares entre enero y diciembre de 2018 pagaderos mensualmente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

As\u00ed, valoradas las pruebas aportadas por el padre, procedi\u00f3 a hacer lo propio respecto de la documentaci\u00f3n allegada por la progenitora, y estableci\u00f3 que si bien aquella acreditaba \u00abque el demandante es propietario de bienes … que corresponde a dos inmuebles \u2026  a un apartamento con su parqueadero, adquiridos a trav\u00e9s de una fiducia mercantil para el 19 de diciembre de 2013, igual se anuncia un contrato de administraci\u00f3n del apartamento \u2026 del mes de noviembre de 2014 con una renta mensual de $850.000 \u2026 ; constancia de un encargo fiduciario de inversi\u00f3n de recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica \u2026 celebrado por el demandante; igual otro encargo fiduciario celebrado el 5 de febrero de 2014\u2026\u00bb lo cierto es que dichos bienes en el momento \u00abrepresentan obligaciones para el demandante, sin que obre prueba alguna que demuestre que tales inversiones \u2013actualmente – le est\u00e9n generando benefici\u00f3 econ\u00f3mico alguno.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn lo que respecta a los extractos de las cuentas bancarias que corresponden al demandante que aporta la demandada\u2026 efectivamente se evidencian los movimientos de dinero para el periodo anterior a lo que fue la fecha del acuerdo en materia de alimentos para la ni\u00f1a \u2026, en la actualidad no hay un fiel reflejo en el plenario del estado de balance real que tiene el demandante en dichas cuentas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n es claro en el proceso que el demandante no ha cumplido   con la cuota alimentaria transada no solo por lo confeso que es en la demanda, sino tambi\u00e9n por cuanto (\u2026) en contra del se\u00f1or Yuber Antonio Mosquera Perea cursa proceso ejecutivo por alimentos (\u2026) promovido por la se\u00f1ora Ruth Elena Vahos Monsalve (\u2026) lo que evidencia que la capacidad econ\u00f3mica del demandado se ha modificado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, recalc\u00f3 y concluy\u00f3 que en asunto estudiado era \u00abevidente que no se alega por el demandante que no reciba ingresos econ\u00f3micos o que no tenga patrimonio, se alega que se han modificado sus condiciones de trabajo desde la fecha en la cual pact\u00f3 por transacci\u00f3n la cuota alimentaria en favor de su hija, por cuanto por pol\u00edticas econ\u00f3micas en Venezuela se le han cambiado al demandante las condiciones de sus servicios prestados lo que es evidente no s\u00f3lo con los documentos aportados como prueba y que se han rese\u00f1ado atr\u00e1s, que no fueron controvertidos por la parte demandada en la oportunidad procesal correspondiente, (\u2026) lo que nos lleva a concluir que se hace necesaria la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria que debe aportar el demandante en favor en su hija, de quien tampoco se evidencia en el plenario sus gastos alimentarios toda vez que en este sentido no supo indicar la demandada la relaci\u00f3n de gastos de su hija, haciendo menci\u00f3n solo al estudio y gastos de trasporte y al rubro de vivienda agregando que con parte de dicha cuota le colabora a su madre\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, con independencia de las conversiones que el Tribunal en sede de primera instancia constitucional hubiese realizado, es evidente que la motivaci\u00f3n expuesta por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Buga en la providencia contra la cual se enfil\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, no comportan la vulneraci\u00f3n alegada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab (\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Como ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, que configurar\u00edan v\u00eda de hecho por error en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios de prueba se advierten en la apreciaci\u00f3n del accionado, no puede la Corte interferir en la labor que acometi\u00f3 con respaldo en la independencia reconocida por la Carta Pol\u00edtica.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ning\u00fan momento la tutela puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado competencia para resolver las controversias judiciales, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar el texto constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En ese orden, se concluye que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional estaba destinada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencias de tutela de 24 de junio de 2004, exp. 00142-01; 27 de junio de 2007, exp. 00911-00; 3 de noviembre de 2009, exp. 01371-01; 16 de junio de 2011, exp. 01192-00; 25 de enero de 2012, exp. 00001-00, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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