{"id":99142,"date":"2026-06-25T17:58:13","date_gmt":"2026-06-25T17:58:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1254-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:13","slug":"stc1254-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1254-2017\/","title":{"rendered":"STC1254-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1254-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 70001-22-14-000-2016-00163-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Valderrama Hern\u00e1ndez, como agente oficioso de Mar\u00eda Teresa Hern\u00e1ndez y Mar\u00eda Regina Hern\u00e1ndez, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo y a los ciudadanos H\u00e9ctor Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Castillo, Margarita Mar\u00eda Hern\u00e1ndez de Mart\u00ednez, Sim\u00f3n Pedro Tinoco Yepes, Yiseth Alexandra Tinoco Salazar, Alfredo de Jes\u00fas Herrera Sierra, N\u00e9stor Jos\u00e9 Lara Barrios y Bertha Regina Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez.  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la protecci\u00f3n de las personas de la tercera edad, que considera vulnerados por la autoridades p\u00fablicas encausadas al tramitar y fallar el proceso declarativo de pertenencia promovido por Yiseth Alexandra Tinoco Salazar en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se ordene la cancelaci\u00f3n de todos los registros posteriores al registro del t\u00edtulo adquisitivo de dominio de las agenciadas sobre el inmueble objeto del proceso referido o, de forma subsidiaria, el embargo y secuestro de ese bien y el bloqueo de su folio de matr\u00edcula inmobiliaria.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En fallo de febrero 21 de 2001, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo adjudic\u00f3 el inmueble ubicado en la carrera 17 n.\u00b0 13-170 de la ciudad referida, a Mar\u00eda Teresa Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Regina Hern\u00e1ndez, Margarita Hern\u00e1ndez de Mart\u00ednez y H\u00e9ctor Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Castillo, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Bertha Isabel Hern\u00e1ndez (q.e.p.d.).  <\/span><\/p>\n

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2. En el a\u00f1o 2014, Yiseth Alexandra Tinoco Salazar promovi\u00f3 demanda declarativa de pertenencia contra los propietarios inscritos del bien citado atr\u00e1s y las personas indeterminadas, a fin de obtener la declaraci\u00f3n de adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 26 de septiembre de 2014 y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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4. Alfredo de Jes\u00fas Herrera Sierra fue nombrado curador ad l\u00edtem de Mar\u00eda Teresa Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Regina Hern\u00e1ndez, Margarita Hern\u00e1ndez de Mart\u00ednez y H\u00e9ctor Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Castillo, y N\u00e9stor Jos\u00e9 Lara Barrios fue designado como curador ad l\u00edtem de las personas indeterminadas, quienes contestaron la demanda sin oponerse a las pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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5. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 25 de febrero de 2015, declarando que el bien ra\u00edz hab\u00eda sido adquirido por la demandante.  <\/span><\/p>\n

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6. El 26 de marzo siguiente, la providencia anterior fue registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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7. El proceso fue asignado posteriormente al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, quien orden\u00f3 su archivo en el a\u00f1o 2016.  <\/span><\/p>\n

8. En criterio de las peticionarias de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que los entes acusados incurrieron en diversas irregularidades al tramitar y fallar favorablemente el proceso de pertenencia mencionado, en el que ellas no fueron citadas en debida forma ni tampoco se cumpli\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo, situaci\u00f3n que configura un perjuicio irremediable en su contra, puesto que el inmueble puede ser transferido a terceros y ellas son personas de la tercera edad con limitaciones mentales y f\u00edsicas. [Folios 1-7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1\u00b0 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades p\u00fablicas accionadas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de los ciudadanos H\u00e9ctor Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Castillo, Margarita Mar\u00eda Hern\u00e1ndez de Mart\u00ednez, Sim\u00f3n Pedro Tinoco Yepes y Yiseth Alexandra Tinoco Salazar. [Folio 23, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, Sim\u00f3n Pedro Tinoco Yepes indic\u00f3 que no ha ocupado el inmueble mencionado por las actoras, ni fue parte en el proceso de pertenencia censurado, por lo que no ha conculcado alg\u00fan derecho superior de esas personas. [Folios 32-34, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, Yiseth Tinoco Salazar se opuso a la prosperidad del resguardo deprecado, debido a que el agente oficioso de las quejosas pretende que se desconozca una sentencia dictada en un proceso, sin que se hayan utilizado los medios judiciales ordinarios a su alcance. [Folios 35-39, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la curadora de la accionante Mar\u00eda Teresa Hern\u00e1ndez, a saber, la se\u00f1ora Bertha Regina Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, inform\u00f3 que a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite de posesi\u00f3n de ese cargo y que coadyuva la presente acci\u00f3n de tutela. [Folio 44, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente, en prove\u00eddo de 11 de noviembre del a\u00f1o precedente, el a quo constitucional vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo y a Alfredo de Jes\u00fas Herrera Sierra, N\u00e9stor Jos\u00e9 Lara Barrios y Bertha Regina Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez. [Folios 51 y 55, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sincelejo inform\u00f3 que no ha trasgredido los derechos fundamentales de las accionantes, pues \u00fanicamente ha registrado los fallos judiciales emitidos por las autoridades competentes, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien ra\u00edz objeto de controversia. [Folios 57-58, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 15 de noviembre de 2016, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo neg\u00f3 el amparo, debido a que no se agotaron los medios de defensa judicial al alcance de las accionantes, puesto que ellas cuentan con la posibilidad de invocar la nulidad de la indebida o falta de notificaci\u00f3n de quien deb\u00eda hacerse parte en el proceso, e inclusive pueden interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, lo que les impide acudir a la presente v\u00eda constitucional. [Folios 76-81, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, las promotoras de la queja la impugnaron, para lo cual indicaron que solamente pretenden la suspensi\u00f3n de los efectos de la sentencia del proceso de pertenencia y su inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria respectivo, en atenci\u00f3n a su situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, ya que son personas de la tercera edad y tienen limitaciones mentales y f\u00edsicas. [Folios 94-103, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. La salvaguarda en el presente asunto no se aviene al principio de subsidiariedad, pues advierte la Sala que las accionantes tiene a su alcance otros medios de defensa id\u00f3neos para el pleno ejercicio de las garant\u00edas que estima conculcadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, las actoras, por medio de su agente oficioso, se duelen de la sentencia proferida el 25 de febrero de 2015 dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, dentro del proceso de pertenencia promovido en su contra por Yiseth Alexandra Tinoco Salazar, en el que se adjudic\u00f3 el inmueble ubicado en la carrera 17 n.\u00b0 13-170 de la ciudad mencionada a la demandante.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se tiene, que si las gestoras consideran que en el tr\u00e1mite y fallo del proceso referido se incurrieron en diversas irregularidades, como su falta de notificaci\u00f3n o incumplimiento de los requisitos para adquirir por prescripci\u00f3n aquel bien ra\u00edz, se observa que las peticionarias no han presentado los argumentos en los que fundan la presente acci\u00f3n constitucional ante el juez natural, para que se pronuncie concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende, mediante el recurso de revisi\u00f3n previsto por el legislador en la codificaci\u00f3n adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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Quiere ello decir, que contrario a lo aseverado por las reclamantes del amparo, la v\u00eda ordinaria id\u00f3nea para exponer su s\u00faplica es la consagrada en la referida normatividad. De ah\u00ed, que resulte ostensible, que si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que el amparo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como un mecanismo que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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