{"id":99144,"date":"2026-06-25T17:58:20","date_gmt":"2026-06-25T17:58:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1256-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:20","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:20","slug":"stc1256-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1256-2017\/","title":{"rendered":"STC1256-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1256-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02011-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el diez de noviembre de dos mil diecisiete, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Guillermo Arbel\u00e1ez Romero, frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado 14 Laboral del Circuito de aquella ciudad y el Banco Popular S.A.; actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a los intervinientes en el proceso laboral donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y dem\u00e1s prerrogativas de los trabajadores, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al no ordenar el reconocimiento y pago de su mesada pensional debidamente indexada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se dejen sin valor ni efecto las sentencias emitidas en su caso, \u00fanicamente en lo tocante con el monto de su mesada pensional, para que se practique en forma correcta la respectiva liquidaci\u00f3n y se ordene a la entidad bancaria accionada, cancelarle las respectivas diferencias, as\u00ed como ajustar el valor mensual de su prestaci\u00f3n laboral.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El tutelante promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Banco Popular con miras a lograr el reconocimiento de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, por haber prestados sus servicios en esa entidad desde el 5 de mayo de 1971 hasta el 30 de enero de 1993.    <\/span><\/p>\n

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1. Mediante sentencia del 12 de junio de 2005, el Juzgado 1\u00ba Laboral del Circuito de Manizales, conden\u00f3 al empleador al pago de dicha prestaci\u00f3n, a partir del 12 de junio de 2005, teniendo como base para la liquidaci\u00f3n de la primera mesada pensional, el promedio de lo cotizado entre el 1\u00ba de abril de 1994 el 12 de junio de 2005, actualizado anualmente con base en el IPC.    <\/span><\/p>\n

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1. Recurrida la anterior determinaci\u00f3n \u00fanicamente por el Banco Popular, fue integralmente confirmada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, en fallo del 27 de junio de 2007, que la aclar\u00f3, \u00fanicamente en el sentido de precisar, que no estaba acreditada la excepci\u00f3n de cosa juzgada propuesta por la demandada.    <\/span><\/p>\n

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1. En desacuerdo con aquella providencia, el extremo pasivo la impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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1. En prove\u00eddo de 11 de junio de 2008, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, decidi\u00f3 no casar la sentencia impugnada.    <\/span><\/p>\n

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1. En cumplimiento de la decisi\u00f3n judicial, el Banco Popular reconoci\u00f3 al actor una pensi\u00f3n equivalente al salario m\u00ednimo para el a\u00f1o 2005, que posteriormente fue asumida por el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones.    <\/span><\/p>\n

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1. En sentir del peticionario del amparo sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el Alto Tribunal accionado y los jueces de instancia, pues omitieron el deber de pronunciarse oficiosamente sobre derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables en materia laboral, pese a que \u00e9l cumpl\u00eda con los requisitos para ser pensionado bajo el r\u00e9gimen especial de la Ley 62 de 1985 y el de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1994. Luego, estima que su primera mesada pensional debi\u00f3 ser indexada de conformidad con la normatividad y jurisprudencia que regula la materia. [Folios 1-16, c.1]    <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1o de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se orden\u00f3 comunicar a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 100-101, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La hom\u00f3loga Laboral, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, por considerar que la decisi\u00f3n objeto de reproche se ajusta a la legalidad y que, en todo caso, no es susceptible de amparo constitucional, en virtud del incumplimiento del requisito de inmediatez. [Folio 110, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El Banco Popular S.A., por su parte, solicit\u00f3 rechazar la queja por improcedente e infundada, dada la inexistencia de vulneraci\u00f3n alguna a los derechos del quejoso e insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez. [Folios 112-119]  <\/span><\/p>\n

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3. El 10 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por encontrar que el lapso transcurrido entre la \u00faltima decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de interposici\u00f3n de la solicitud de resguardo, es muy superior al que esta Corporaci\u00f3n ha considerado como razonable para acudir al amparo; por otra parte, estim\u00f3 que el tutelante no agot\u00f3 los mecanismos judiciales que ten\u00eda a su alcance para controvertir las decisiones que, considera, lo desfavorecieron. [Folios 124-130, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el tutelante impugn\u00f3 el fallo, para lo cual hizo referencia a los argumentos expuestos en su libelo introductor. [Folio 136, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre otros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad.  <\/span><\/p>\n

       Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primer principio impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y , tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, de cara a los diversos reparos que por esta v\u00eda excepcional expone el libelista, no se cumple con el comentado principio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala advierte que desde la emisi\u00f3n de la sentencia de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, que es la que pone fin a la controversia planteada, ha transcurrido con amplitud el lapso que la jurisprudencia nacional ha considerado razonable para acudir al amparo en busca de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que dicha determinaci\u00f3n fue proferida el 11 de junio de 2008, esto es, hace m\u00e1s de 8 a\u00f1os y medio, circunstancia que deja en evidencia la improcedencia de esta queja para cuestionar tal actuaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando de las diligencias adosadas a este tr\u00e1mite, se extrae que no fueron controvertidas oportunamente.  <\/span><\/p>\n

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3. A este respecto, de la rese\u00f1a procesal efectuada en el ac\u00e1pite correspondiente de esta providencia, se extrae que la petici\u00f3n constitucional tambi\u00e9n desatiende el principio de subsidiariedad, pues es evidente que el libelista no interpuso recurso alguno contra las providencias que pretende cuestionar en esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que resulte ostensible que si el peticionario del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brindaba el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, por medio de la acci\u00f3n de tutela no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir, inicialmente, a los jueces naturales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, si el accionante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de las determinaciones emitidas por las autoridades accionadas, no puede ahora aspirar a que el juez constitucional, le brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ STC, 26 en. 2011, rad. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales.  <\/span><\/p>\n

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En este punto, valga precisar, que aunque el tutelante aduzca que no promovi\u00f3 la apelaci\u00f3n en contra del fallo de primera instancia ni el de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de segundo grado, debido a la desatenci\u00f3n en la que incurri\u00f3 su apoderado judicial, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en establecer que \u00abla contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u00bb. (CSJ CS 9 Jun 2004, Exp.  No. 00448; 26 Jul 2005, Exp. No. 00097; 27 Ene. 2006, Exp. No. 00014; y, 18 Ago. 2010, Exp. No. 00045-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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