{"id":99145,"date":"2026-06-25T17:58:22","date_gmt":"2026-06-25T17:58:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1257-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:22","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:22","slug":"stc1257-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1257-2017\/","title":{"rendered":"STC1257-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1257-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02124-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintinueve de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Pechen\u00e9 contra la Fiscal\u00eda Cuarenta Delegada ante la Sala de Justicia Transicional del Tribunal Superior de Cali, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas Especializadas de Justicia Transicional y la Oficina Jur\u00eddica del Establecimiento Penitenciario de Palmira.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, favorabilidad y petici\u00f3n, que estima vulnerados por la autoridad p\u00fablica accionada con ocasi\u00f3n de la falta de contestaci\u00f3n a la solicitud formulada el 27 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene al organismo querellado emitir la respuesta de fondo a la petici\u00f3n por \u00e9l interpuesta.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Rodrigo Pechen\u00e9 pidi\u00f3, mediante escrito fechado el 27 de septiembre de 2016, a la Fiscal\u00eda Cuarenta Delegada ante la Sala de Justicia Transicional del Tribunal Superior de Cali que le informara el estado actual de las investigaciones que cursan en su contra, que se profieran las decisiones correspondientes y que se remitan a la Justicia Transicional los procesos que cursan en la Justicia Ordinaria.  <\/span><\/p>\n

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2. El peticionario radic\u00f3 la solicitud anterior el 4 de octubre siguiente en la oficina jur\u00eddica del centro penitenciario en el que se encuentra recluido.  <\/span><\/p>\n

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3. Hasta la fecha de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, el actor no hab\u00eda recibido respuesta alguna.  <\/span><\/p>\n

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4. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la entidad acusada no ha emitido la contestaci\u00f3n respectiva que cumpla los requisitos legales y jurisprudenciales, m\u00e1xime que \u00abdesde agosto de 2013 todo est[\u00e1] confesado\u00bb. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 23 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad p\u00fablica accionada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas Especializadas de Justicia Transicional y la Oficina Jur\u00eddica del Establecimiento Penitenciario de Palmira, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 9, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Fiscal\u00eda Cuarenta Delegada ante la Sala de Justicia Transicional del Tribunal Superior de Cali inform\u00f3 que el 20 de octubre del a\u00f1o precedente recibi\u00f3 la solicitud del quejoso, la cual fue atendida el 24 de noviembre siguiente. [Folios 3-4, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 29 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, debido a que se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado, pues durante el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional el ente fiscal emiti\u00f3 una respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado por el peticionario, la cual fue puesta en su conocimiento. [Folios 16-21, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que \u00e9l \u00ab[va] a cumplir ocho a\u00f1os y no [h]an dictado [s]entencia\u00bb. [Folio 26, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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2. De otra parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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3. Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, la Corte ha reiterado, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. (CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, exp. T.4822 y T.4867, respectivamente, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se ha precisado, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso. (CSJ STC, 2 ag. 2002, exp. T-00199-01).  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por la normatividad procedimental, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

4. En el caso sub judice, advierte la Corte que, mediante la solicitud de fecha 27 de septiembre de 2016, el actor solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda Cuarenta Delegada ante la Sala de Justicia Transicional del Tribunal Superior de Cali que le informara el estado actual de las investigaciones que cursan en su contra, que se profieran las decisiones correspondientes y que se remitan a la justicia transicional los procesos que cursan en la justicia ordinaria. (Folios 2-3, c. 1).  <\/span><\/p>\n

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Siendo esto as\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de que el tutelante reclamara esa actuaci\u00f3n por v\u00eda de derecho de petici\u00f3n, lo cierto es que se trata de un tr\u00e1mite expresamente regulado en la normatividad adjetiva, lo que conlleva a la improcedencia de la v\u00eda utilizada, no obstante, como se expondr\u00e1 a continuaci\u00f3n, en cualquier caso la solicitud ya fue atendida por el organismo encausado.  <\/span><\/p>\n

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5. En efecto, revisado el plenario esta Corporaci\u00f3n advierte que, por medio del oficio n.\u00b0 2844, adiado el 24 de noviembre del a\u00f1o precedente, remitido a la Oficina Jur\u00eddica del Establecimiento Penitenciario de Palmira, la entidad accionada inform\u00f3 al peticionario que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) revisadas las bases de datos que reposan en esta oficina, se pudo establecer que tal como lo registra su misiva, usted efectivamente acepto (sic) y\/o confeso (sic) varios hechos en las sesiones de Versiones Libres adelantadas en su momento por los Despachos adscritos a esta Unidad con sede en Cali Valle en el a\u00f1o 2012; los mismos fueron objeto de Imputaci\u00f3n de Cargos e Imposici\u00f3n de Medida de Aseguramiento, diligencias que se surtieron en esa anualidad (06-07-2012), ante los Honorables Magistrados de la Sala de Justicia y Paz de la ciudad de Bogot\u00e1, D.C.  <\/span><\/p>\n

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Es de anotar que el d\u00eda 17 de agosto del 2012 se radico (sic) la solicitud para la Audiencia de Formulaci\u00f3n de Cargos, aclarando que al d\u00eda de hoy dicha Corporaci\u00f3n no ha se\u00f1alado fecha para agotar esta etapa.  <\/span><\/p>\n

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En la actualidad esta delegada desconoce de (sic) requerimientos de las Fiscal\u00edas de la Justicia Ordinaria o Permanente, donde se siguen investigaciones de los hechos cometidos por usted con ocasi\u00f3n a su pertenencia al Grupo Ilegal del cual es postulado, una vez enterados de estos, se realizar\u00e1n los tr\u00e1mites respectivos de los cuales se le notificaran a usted por los medios m\u00e1s expeditos.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo recordarle (sic) que la unica (sic) autoridad competente para emitir una sentencia dentro de los par\u00e1metros de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y por ende definir su Situaci\u00f3n Jur\u00eddica, son los Honorables Magistrados de las Salas de Justicia y Paz, pero para llegar a esa instancia faltan agotar algunas fases dentro de este Proceso Especial, entre estos el anotado anteriormente. (Folios 5-6, c. 2).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, con la referida comunicaci\u00f3n se atendieron los requerimientos del accionante, porque se decidi\u00f3 de manera clara y precisa sobre la materia discutida, que fue puesta en su conocimiento mediante mensaje de datos enviado al centro penitenciario en donde se encuentra privada de la libertad esa persona, de lo que se colige que al momento de proferirse la providencia impugnada, no exist\u00eda una conculcaci\u00f3n actual por parte del organismo estatal acusado del derecho fundamental invocado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, como en aquellos casos en que el juez, dentro del tr\u00e1mite de la tutela, comprueba que la vulneraci\u00f3n o la amenaza a los derechos fundamentales enunciados en la solicitud de protecci\u00f3n desapareci\u00f3, es plausible que se est\u00e1 en presencia de un \u00abhecho superado\u00bb, concepto desarrollado por la doctrina constitucional para eventos en los que el supuesto f\u00e1ctico que amenazaba la garant\u00eda superior ya no existe, y bajo esa hip\u00f3tesis no es posible impartir una orden de protecci\u00f3n, ni un perjuicio que evitar, motivo por el que el amparo pierde su raz\u00f3n de ser. (CSJ STC, 7 may. 2009, rad. 00130-01, reiterada en CSJ STC, 24 feb. 2010, rad. 00190-01).   <\/span><\/p>\n

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6. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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