{"id":99146,"date":"2026-06-25T17:58:27","date_gmt":"2026-06-25T17:58:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1258-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:27","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:27","slug":"stc1258-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1258-2017\/","title":{"rendered":"STC1258-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1258-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02062-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Franceny Le\u00f3n Angulo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la libertad personal, igualdad y debido proceso, que estima conculcados por las autoridades judiciales cuestionadas, al negar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas que le fueron impuestas, cuando en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, ello es procedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a los accionados acceder a sus peticiones. [Folios 1-26, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 30 de agosto de 1994, con ocasi\u00f3n de los hechos ocurridos el 11 de agosto del a\u00f1o anterior, el Juzgado Penal del Circuito de La Palma (Cundinamarca), conden\u00f3 al actor a la pena principal de 41 a\u00f1os de prisi\u00f3n, como responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. La decisi\u00f3n fue objeto de confirmaci\u00f3n por el Tribunal Superior de Cundinamarca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 27 de septiembre de 2001, el Juzgado 10\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, redosific\u00f3 la pena impuesta en 25 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por hechos ocurridos el 17 de enero de 2004, mientras el penado disfrutaba de un permiso administrativo de 72 horas, el actor fue nuevamente sentenciado el 28 de enero de 2005, esta vez por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, como coautor de las conductas punibles de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado, en el grado de tentativa, a una pena principal de 27 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Tras ser apelada, la anterior decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en providencia de 25 de noviembre del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

6. En auto de enero 9 de 2015, el Juez ejecutor deneg\u00f3 el pedimento, debido a que los hechos que originaron la segunda sentencia, ocurrieron con posterioridad a la emisi\u00f3n de la primera, circunstancia que por prohibici\u00f3n expresa del legislador, impide acceder a lo pedido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme, el tutelante recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 25 de mayo siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ratific\u00f3 lo resuelto por su inferior funcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El promotor del amparo acude a este excepcional mecanismo, por considerar que la decisi\u00f3n adversa a su pretensi\u00f3n, vulnera sus garant\u00edas fundamentales, pues en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, es jur\u00eddicamente viable ordenar el acopio punitivo anhelado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pide la concesi\u00f3n del amparo, en la forma vista. [Folios 1-26, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

       1. Por auto de 15 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 111-112, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que esa sede plural no vulner\u00f3 prerrogativa alguna al sentenciado, en tanto que su providencia fue suficientemente motivada y en virtud de la autonom\u00eda de los funcionarios en la administraci\u00f3n de justicia, no es dable revisar sus argumentos por v\u00eda de tutela. [Folios 50-51, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 24 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo invocado, al no evidenciar irrazonabilidad ni capricho en la decisi\u00f3n que el quejoso considera lesiva a sus derechos. [Folios 63-75, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo, el quejoso impugn\u00f3 el fallo, sin explicitar los motivos de su inconformidad. [Folio 78, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con los principios de inmediatez y subsidiaridad.    <\/span><\/p>\n

       El primero de los mencionados, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y , tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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2. De cara a la primera de las inconformidades planteadas por el tutelante, esto es, el hecho de que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en providencia del 25 de mayo de 2005 hubiese confirmado la negativa del juez ejecutor de sus penas a ordenar su acopio punitivo, la Sala observa que la solicitud de amparo no satisface el requisito que viene de comentarse, pues desde la emisi\u00f3n de la referida providencia, que fue la que defini\u00f3 el asunto, han transcurrido cerca de dos (2) a\u00f1os, lapso que obviamente, supera el establecido por esta Corporaci\u00f3n como razonable para para acudir a este mecanismo constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ahora bien, conviene recordar que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Atendidos los argumentos en que se funda la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas al reclamante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

En efecto, el ad quem resolvi\u00f3 confirmar la providencia a trav\u00e9s de la cual el juzgado que vigila la ejecuci\u00f3n de su condena –  3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 -, neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las sanciones punitivas impuestas, mediante sentencias de segundo grado del 24 de noviembre de 1994 (41 a\u00f1os de prisi\u00f3n, posteriormente redosificados en 25 a\u00f1os y 6 meses) y del 25 de noviembre de 2005 (27 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n), por hechos ocurridos el 17 de enero de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para soportar la determinaci\u00f3n que por esta v\u00eda se reprocha, la Sala cuestionada, luego de realizar un breve repaso a la normatividad que rige la figura jur\u00eddica cuya aplicaci\u00f3n se solicitaba y confrontarla con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en el asunto concreto, concluy\u00f3 que no estaba satisfecho uno de los presupuestos legales para admitir el pedimento, toda vez que el hecho delictivo por el que el tutelante fue juzgado en una segunda oportunidad (17 de enero de 2004), tuvo lugar despu\u00e9s de que se profiriera la sentencia a la cual se pretend\u00eda acumular la pena all\u00ed impuesta (24 de noviembre de 2004).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, explic\u00f3 el fallador:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026para que resulte precedente la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas y que se impusieron en procesos separados, es necesario que no se den las limitantes de la norma. En efecto, prescribe el art\u00edculo 460 del CPP que no opera la figura en menci\u00f3n trat\u00e1ndose de penas ejecutadas o impuestas por delitos cometidos durante el tiempo de privaci\u00f3n de la libertad, y, que la sanci\u00f3n no ha de corresponder a delito cometido con posterioridad al proveimiento de sentencia en cualquiera de los procesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, claro es que en cuanto la primera sentencia se emiti\u00f3 en segunda instancia el 24 de noviembre de 1994, la segunda condena impuesta por hechos acaecidos el 17 de enero de 2004 queda por fuera de las previsiones legales para la procedencia de la figura en menci\u00f3n. Y como tal condicionamiento responde al poder de configuraci\u00f3n legislativo, no merece reproche ni puede desobedecerse. Como tampoco valen consideraciones de tipo constitucional frente a normas que no se han declarado en contra de la Carta Pol\u00edtica o han sido retiradas del ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Siendo pertinente precisar que la situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad a que se ve enfrentado el procesado, obedece a su \u00fanica y exclusiva voluntad, al determinarse a contrariar el ordenamiento jur\u00eddico y atentar contra derechos ajenos.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Luego, la motivaci\u00f3n rese\u00f1ada no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del tutelante, pues se sustent\u00f3 en un razonado an\u00e1lisis del principio de legalidad y de los art\u00edculos 470 de la Ley 600 de 2000 y 460 de la Ley 906 de 2004, que disponen que no podr\u00e1n acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de la sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que sea evidente que la pretensi\u00f3n del promotor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el Tribunal accionado se apoy\u00f3 para adoptar su determinaci\u00f3n, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, con independencia de que la Corte comparta o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En torno a la garant\u00eda del derecho a la igualdad que reclama el actor, la m\u00e1s elemental l\u00f3gica exige que para establecer si un determinado evento vulnera esa prerrogativa fundamental, debe previamente analizarse en comparaci\u00f3n con otra circunstancia, tambi\u00e9n determinada.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es necesario por lo menos un elemento a partir del cual pueda mediar equiparaci\u00f3n, para de all\u00ed extraer si existe o no un trato desigual, pues la ruptura de la equidad s\u00f3lo puede derivarse del exacto conocimiento de las situaciones e hip\u00f3tesis materia de comparaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto se advierte que no existen dentro del expediente pruebas que conduzcan a tener certeza sobre que el accionante recibiera un trato desigual en relaci\u00f3n con otros sentenciados que se encuentren en id\u00e9ntica situaci\u00f3n jur\u00eddica, de parte de las autoridades demandadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En ese orden, se concluye que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional estaba destinada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1258-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02062-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}