{"id":99147,"date":"2026-06-25T17:58:38","date_gmt":"2026-06-25T17:58:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1259-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:38","slug":"stc1259-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1259-2017\/","title":{"rendered":"STC1259-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1259-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00883-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete  (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Amelia Zuluaga Calero obrando como representante legal del Conjunto Residencial Guadalupe Real contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El Conjunto Residencial accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada al rechazar de plano por falta de competencia  la acci\u00f3n de cumplimiento  interpuesta pese a que de conformidad con el art\u00edculo 116 de la Ley 388 de 1997, los competentes para conocer de ese tipo de acciones son los jueces del circuito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se \u00abanule el Auto No. 1955 del 21 de noviembre de 2016 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito y en su lugar se ordene a ese despacho admitir la acci\u00f3n de cumplimiento de conformidad con lo ordenado en el art\u00edculo 116 de la Ley 388 de 1997.\u00bb [Folio 7, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Conjunto Residencial Guadalupe Real,  ahora accionante present\u00f3 demanda de acci\u00f3n de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal de Cali el 9 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, autoridad que el 21 de noviembre de 2016 rechaz\u00f3 de plano la demanda por falta de competencia y por consiguiente orden\u00f3 su remisi\u00f3n al juez administrativo de Cali \u2013 reparto para que asuma el conocimiento. [Folios 20-22, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho accionado decidi\u00f3 sin fundamento abstraerse de su conocimiento, determinaci\u00f3n contra la que no procede recurso alguno, siendo esta v\u00eda la \u00fanica con la que cuenta para que se deje sin efecto tal decisi\u00f3n. [Folios 1-8, c,1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 23 de noviembre  de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 24, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que por auto fechado 21 de noviembre de 2016 rechaz\u00f3 de plano la demanda por falta de competencia y orden\u00f3 su remisi\u00f3n al juez administrativo de Cali,  providencia que  fue notificada el 22 de noviembre siguiente, sin que el destinatario se haya pronunciado si es o no competente para conocer de dicho asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma manifest\u00f3 que ese despacho en  ning\u00fan momento ha flagelado derechos de estirpe constitucional por cuanto todas las actuaciones surtidas se encuentran ajustadas a derecho. [Folios 30-31, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 30 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Cali deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que no se satisface con el principio de subsidiaridad por cuanto se encuentra pendiente que el juez administrativo a quien la juez accionada le remiti\u00f3 el expediente para su conocimiento, se pronuncie sobre si es o no competente para conocer de la acci\u00f3n de cumplimiento interpuesta por la accionante, no siendo la acci\u00f3n de tutela un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que  deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario aunado a que no se vislumbra la existencia de un perjuicio irremediable. [Folios 35-38, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente conforme lo advirti\u00f3 el A Quo por cuanto el tutelante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, es evidente que si el Juzgado accionado  mediante auto fechado 21 de noviembre de 2016 rechaz\u00f3 la demanda interpuesta por el Conjunto Residencial ahora accionante por falta de competencia y dispuso la remisi\u00f3n del expediente para su conocimiento a los jueces administrativos de Cali \u2013 reparto, est\u00e1 pendiente que dicha autoridad se pronuncie si es o no competente para conocer del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Quiere ello decir, que si el juez administrativo no se ha pronunciado a\u00fan respecto a la competencia para asumir el conocimiento, el peticionario se apresura a solicitar que sea el juez de tutela quien defina si la decisi\u00f3n adoptada por el accionado se ajust\u00f3 o no a la ley, m\u00e1s no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de amparo, m\u00e1xime que  en el evento en que la autoridad a donde se orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n se declare incompetente, se suscitar\u00e1 el conflicto de competencia, etapa que se surtir\u00eda de conformidad con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que tampoco procede el amparo como mecanismo transitorio, en la medida que el  quejoso no acredit\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 00162-01, reiterada el 3 jul. 2012, rad. 00135-01, 18 oct. 2012, rad. 00213-01 y 7 mar. 2013, rad. 00581-01), de modo que ante esa orfandad probatoria el menoscabo denunciado qued\u00f3 reducido a meras conjeturas y suposiciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1259-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00883-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete  (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99147","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99147"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99147\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}