{"id":99148,"date":"2026-06-25T17:58:42","date_gmt":"2026-06-25T17:58:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1260-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:42","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:42","slug":"stc1260-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1260-2017\/","title":{"rendered":"STC1260-2017"},"content":{"rendered":"

               <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1260-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.11001-02-04-000-2016-02057-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Isidro Andr\u00e9s Aperador Granados contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite donde se orden\u00f3 vincular a los Juzgados S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y, Cuarenta y Uno y, Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas por cuanto considera desproporcionado el monto de la pena privativa de la libertad que le fue impuesta producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las sanciones proferidas en su contra por varios juzgados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene al juzgado de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad efectuar nuevamente el estudio de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas y anular la decisi\u00f3n proferida. [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El accionante fue condenado el 19 de diciembre de 2012 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 por el delito de Tentativa de Hurto Calificado y Agravado a la pena de 33 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La vigilancia de la sanci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de  Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, autoridad ante la cual el actor solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas con la sentencia proferida el 29 de agosto de 2014 por el Juzgado 41 Penal del Circuito de esta urbe por el punible de Porte de Armas de Fuego de Defensa Personal, fijada en 54 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El citado juzgado ejecutor neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, autoridad que el 8 de abril de 2015 concedi\u00f3 el acopio punitivo con una pena de 74 meses de prisi\u00f3n. [Folios 7-19, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Posteriormente el tutelante solicit\u00f3 nuevamente la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas por las condenas emitidas por los Juzgados 3, 8 y 41 Penal del Circuito, como autor de los delitos de Hurto Calificado Agravado, Fabricaci\u00f3n, Tr\u00e1fico y Porte de Armas de Fuego, en donde se le impuso las penas de 100, 33 y 54 meses de prisi\u00f3n, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La ejecuci\u00f3n de estas sanciones le correspondi\u00f3 al Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 12 de junio de 2015, dicho despacho realiz\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, quedando como sanci\u00f3n 160 meses y 27 d\u00edas de prisi\u00f3n. [Folios 61-63, c.1]      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue confirmado por el Tribunal el 21 de octubre siguiente. [Folios 33-36,c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En criterio del gestor del amparo, con la decisi\u00f3n \u00faltima de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas se vulneraron sus derechos por cuanto en el procedimiento de dosificaci\u00f3n le era imperativo al juzgado ejecutor partir de los 74 meses de prisi\u00f3n y no de la pena que actualmente vigila al considerarla como la m\u00e1s gravosa, toda vez que al interpretarlo de esa manera contravino lo contemplado en el art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004, por cuanto la pena a aplicar a su juicio era 130 meses de prisi\u00f3n. [Folios 1-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 11 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 21-22, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, hizo un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso con radicado No.2012-01591-00, N.I.7050 adelantado contra el accionante, asunto donde neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas el 11 de septiembre de 2014, decisi\u00f3n que fue revocada por el superior el 8 de abril de 2015. [Folio 33, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad manifest\u00f3 que considera improcedente la acci\u00f3n de tutela pues \u00abdebe respetarse la interpretaci\u00f3n judicial hecha por los jueces naturales\u00bb m\u00e1xime cuando se respetaron los derechos de las partes, particularmente al tutelante. [Folios 49-50, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 29 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe manifest\u00f3 que por reasignaci\u00f3n le correspondi\u00f3 el proceso que ejecutaba su hom\u00f3logo Diecis\u00e9is, donde se concedi\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas el 12 de junio de 2015, quedando la sanci\u00f3n en 160 meses y 27 d\u00edas de prisi\u00f3n, prove\u00eddo que fue confirmado por el Tribunal Superior el 21 de octubre de ese a\u00f1o. [Folio 60,c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad se opuso a la prosperidad del amparo y  se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal regula lo relativo a la punibilidad en caso de concurso de hechos punibles, donde se faculta al juez para imponer como sanci\u00f3n la que establezca la pena m\u00e1s grave, aumentada hasta en otro tanto, siempre y cuando su quantum no supere la suma aritm\u00e9tica de las sanciones impuestas en los fallos. [Folios 84-87, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 41 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, indic\u00f3 que emiti\u00f3 sentencia contra el accionante  y otros por los delitos de Fabricaci\u00f3n, Tr\u00e1fico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, a una pena de 54 meses de prisi\u00f3n no siendo ese despacho el competente para pronunciarse sobre la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas censurada por el actor puesto que es de idoneidad de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. [Folios 135-136, c.1]  <\/span><\/p>\n

El Procurador 376 Judicial Penal I de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que no se vislumbra en el presente asunto la vulneraci\u00f3n de derechos o garant\u00edas fundamentales al sentenciado. [Folio 143, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Finalmente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 proceso contra el actor donde se emiti\u00f3 sentencia en los t\u00e9rminos del preacuerdo celebrado con la Fiscal\u00eda, sin tener participaci\u00f3n en la decisi\u00f3n de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas por no ser de su competencia. [Folios 147-149, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en sentencia del 6 de diciembre de 2016, neg\u00f3 el amparo tras se\u00f1alar que el accionante dej\u00f3 transcurrir para presentar la acci\u00f3n constitucional un lapso que ampliamente supera los seis meses estimado como razonable para tal efecto, lo que la hace improcedente aunado a que no encontr\u00f3 en las decisiones cuestionadas visos de arbitrariedad, capricho o fundamento inconstitucional. [Folios 162-174, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 con los mismos argumentos de su escrito inicial y expres\u00f3 que no hab\u00eda interpuesto acci\u00f3n de tutela con anterioridad debido a la \u00abignorancia que poseemos las personas privadas de la libertad\u00bb [Folio 59, c.1]  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es la inmediatez.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad de la misma, dicho presupuesto impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente al se\u00f1alado mecanismo excepcional, pues \u00e9ste no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos por el accionante, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque la petici\u00f3n elevada no atiende el postulado que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, de acuerdo con los argumentos en que se funda el reproche que formula el tutelante en esta sede, la alegada vulneraci\u00f3n de sus derechos deprecados tendr\u00eda origen en la decisi\u00f3n adoptada el 12 de junio de 2015 emitida por el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1  al realizar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas peticionada por el accionante, quedando una pena definitiva de 160 meses y 27 d\u00edas de prisi\u00f3n y la  adoptada por la Sala Penal del Tribunal de esta ciudad que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n, providencia que data de 21 de octubre de 2015, en tanto que la acci\u00f3n constitucional se impetr\u00f3 el 9 de noviembre de 2016, esto es, despu\u00e9s de que transcurriera alrededor de trece meses desde que se emiti\u00f3 el \u00faltimo  pronunciamiento referido.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el peticionario del amparo para interponer la tutela dej\u00f3 transcurrir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubiera alegado y menos a\u00fan, demostrado alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pese a lo anterior, si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, no logra advertirse que la negativa de sus pretensiones, se traduzca en la vulneraci\u00f3n al derecho invocado, toda vez que las decisiones censuradas  fueron el resultado de una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos que se sometieron a an\u00e1lisis y las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adopt\u00e1ndose unas decisiones coherentes, razonables y motivadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de decisiones proferidas por el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 la \u00faltima autoridad demandada, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

       Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Tribunal Superior accionado para confirmar la decisi\u00f3n adoptada por la primera instancia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, para confirmar la providencia emitida por el A Quo, manifest\u00f3 el Tribunal accionado que contrario a lo expuesto por el tutelante la pena impuesta al actor el 9 de mayo de 2012 por el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de Bogot\u00e1, esto es, 100 meses de prisi\u00f3n, resulta ser la m\u00e1s grave de las impartidas en su contra, por tanto se debe partir de ella e incrementarla hasta en otro tanto sin superar la suma aritm\u00e9tica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dosificaci\u00f3n que \u00abfue justamente la que realiz\u00f3 el a quo, pues adicion\u00f3 60 meses, 27 d\u00edas, discriminando dicho quantum as\u00ed: 23 meses, 3 d\u00edas por la pena impuesta por el Juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de esta ciudad,  de 33 meses y, 37 meses, 24 d\u00edas m\u00e1s por aquella se\u00f1alada en 54 meses por el Juzgado 41 de la misma especialidad\u00bb, sin que ello en manera alguna pueda suponer doble incriminaci\u00f3n, pues se trataba de tres hechos distintos y, contrario a lo afirmado por el gestor, al acumular las penas el actor resulta favorecido con un rublo menor al que tendr\u00eda que descontar si lo hiciera por separado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden, es palpable que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoraci\u00f3n del juzgador; lo cual, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto f\u00e1ctico ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                   ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado Ponente      STC1260-2017   Radicaci\u00f3n n.11001-02-04-000-2016-02057-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).             Decide la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99148","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99148"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99148\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99148"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}