{"id":99149,"date":"2026-06-25T17:58:45","date_gmt":"2026-06-25T17:58:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1261-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:45","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:45","slug":"stc1261-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1261-2017\/","title":{"rendered":"STC1261-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1261-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-002-2016-00275-01  <\/span><\/p>\n

(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el siete de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Andrea Moreno Calder\u00f3n, contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona; tramite al que fueron vinculados los participantes del concurso de m\u00e9ritos para la conformaci\u00f3n del Registro  Nacional de Elegibles para los cargos de funcionarios de la rama judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, petici\u00f3n, buena fe, confianza leg\u00edtima, publicidad, transparencia y moralidad que considera vulnerados por las entidades  accionadas al interior del concurso para el cual se present\u00f3 por cuanto al excluir algunas preguntas de la prueba de conocimiento desconoci\u00f3 las reglas de la convocatoria; no se permiti\u00f3 por v\u00eda administrativa controvertir la Resoluci\u00f3n No. CJRES 16-448 del 28 de septiembre de 2016 y, revivi\u00f3 decisiones y t\u00e9rminos pasados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, se transgredi\u00f3 el derecho de petici\u00f3n toda vez que no se le ofreci\u00f3 respuesta sobre la procedencia del recurso en contra de la Resoluci\u00f3n CJRES 16-448 de 2016  y se le dio un trato diferente por cuanto en casos similares a otros concursantes se les recalific\u00f3 algunas preguntas, lo que le impidi\u00f3 continuar con las dem\u00e1s etapas del concurso.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene a los accionados proceda a \u00abcalificar las preguntas excluidas del componente com\u00fan y del componente especifico de la prueba correspondiente al cargo de Magistrado del Tribunal Superior \u2013 Sala Civil \u2013 Familia, que corresponde a un total de 7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Se ordene\u2026que en el mismo t\u00e9rmino se sume la calificaci\u00f3n de las preguntas contestadas correctamente al puntaje inicial y se asigne el puntaje que corresponda para el caso, conforme con la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-355 del 25 de julio de 2016, se sabe que es de 804.79 puntos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026habilite a la suscrita para inscribirse al VII Curso de Formaci\u00f3n Judicial inicial que comenz\u00f3 con inducci\u00f3n el pasado 19 de noviembre de 2016, la autorice para asistir a las sesiones del Curso de Formaci\u00f3n Judicial y avanzar en el mismo en igualdad de condiciones que el resto de concursantes que superaron las pruebas de conocimiento, y disponga y emita las ordenes que sean del caso para que sea incluida en los listados correspondientes, se me entregue el material que sea del caso, me pueda actualizar en los contenidos vistos y pueda asistir a las sesiones a llevarse a cabo en la ciudad de Tunja (Boyac\u00e1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Solicit\u00f3 que en caso de no proceder a incluir y calificar todas las preguntas del examen, o en caso de no efectuarse ning\u00fan incremento en mi calificaci\u00f3n, o en caso de no superar el umbral de los 800 puntos pese a la recalificaci\u00f3n, se ordene a las accionadas \u2026para amparar mi derecho al debido proceso y a la igualdad toda vez que me encuentro en similares circunstancias a los accionantes mencionados en las consideraciones, la exhibici\u00f3n de los cuadernillos de preguntas y respuestas correspondientes al examen presentado por la suscrita para el cargo de Magistrada del Tribunal Superior Sala Civil- Familia, con la seguridad que se estime pertinente, a efectos de establecer cuantas y cu\u00e1les de las preguntas del cuestionario fueron correctamente contestadas, y si estas son v\u00e1lidas como debe ser.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo de tutela de respuesta clara, de fondo y congruente con lo  pedido al recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la suscrita el d\u00eda 18 de octubre de 2016 en contra de la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-488 del 28 de septiembre de 2016.\u00bb [Folio 22, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante se inscribi\u00f3 como aspirante al cargo de magistrada del Tribunal Superior, Sala Civil \u2013 Familia dentro de la convocatoria n\u00famero 22 adelantada en virtud de lo establecido en el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Que mediante  resoluci\u00f3n No. CJRES15-20 del 12 de febrero de 2015, se publicaron los resultados de la prueba de conocimiento asign\u00e1ndole un puntaje de 788.51, sin embargo, debido a los innumerables recursos, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial emiti\u00f3 el acto administrativo CJRES15-252 del 24 de noviembre de ese a\u00f1o, confirmando la decisi\u00f3n anteriormente adoptada y se precis\u00f3 que para el cargo al que aspira la actora se excluyeron 7 preguntas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 15 de marzo de 2016, emiti\u00f3 fallo de tutela en el que ampar\u00f3 los derechos de una participante al considerar desproporcionado el actuar de las accionadas, al cambiar las variables de calificaci\u00f3n y orden\u00f3 que la Universidad de Pamplona certificara a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial el contenido de las preguntas eliminadas y cuales se hab\u00edan contestado correctamente a efectos de recalificar la prueba.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Que la anterior decisi\u00f3n fue confirmada parcialmente por el Consejo de Estado el 1\u00ba de junio siguiente, donde se dispuso que la Universidad deb\u00eda proceder a incluir los \u00edtems calificables de la prueba de conocimiento que hubieren sido retirados por ausencia de posibilidad de respuesta, mala redacci\u00f3n, errores ortogr\u00e1ficos y ambig\u00fcedad, para nuevamente recalificar a todos los participantes y as\u00ed la referida Unidad de Administraci\u00f3n procediera a emitir el respectivo acto administrativo de recalificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Dando cumplimento a lo ordenado, se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-355 del 25 de julio de 2016, revocando las resoluciones CJRES15-20  del 12 de febrero de 2015, CJRES16-39 del 22 de febrero de 2016 y, CJRES16-321         del 30 de junio de ese a\u00f1o, que hab\u00edan publicado los resultados de la prueba de conocimiento y orden\u00f3 recalificar a todos los participantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Que una vez que se realiz\u00f3 la recalificaci\u00f3n, la tutelante obtuvo un puntaje de 804.79 puntos, superando la prueba.   <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

8. En obedecimiento por medio de la Resoluci\u00f3n CJRES16-488 del 28 de septiembre de 2016, publicada el 3 de octubre de ese a\u00f1o, dej\u00f3 sin efecto la Resoluci\u00f3n CJRES16-355 del 25 de julio de ese a\u00f1o y precis\u00f3 que cobran vigencia las Resoluciones No. CJRES15-20 y CJRES15-252 de 2015, en donde se sostiene que la Universidad de Pamplona certific\u00f3 que el \u00fanico motivo de exclusi\u00f3n de las preguntas fue el bajo \u00edndice de respuestas correctas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Que el Consejo Superior de la Judicatura, adopt\u00f3 el cronograma de la convocatoria No. 22 y estableci\u00f3 como fechas para la inscripci\u00f3n al curso de formaci\u00f3n judicial del 3 al 10 de octubre de 2016 y fechas de desarrollo del 5 de noviembre de ese a\u00f1o al 30 de julio de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Manifiesta la tutelante que fue inhabilitada para inscribirse al curso concurso y dentro del t\u00e9rmino legal, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n en contra de la Resoluci\u00f3n CJRES16-488 del 28 de septiembre de 2016, que revoc\u00f3 la recalificaci\u00f3n, as\u00ed mismo, peticion\u00f3 que en caso de no prosperar la impugnaci\u00f3n la dirig\u00eda contra la Resoluci\u00f3n CJRES15-252 del 24 de septiembre de 2015 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y la CJRES15-20 del 12 de febrero de 2015, que public\u00f3 los primeros resultados de la prueba de conocimientos, bajo el entendido que conforme a la actuaci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura  cobraban vigencia las resoluciones objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. Refiere la actora que por respuesta enviada a su correo electr\u00f3nico el 27 de octubre de 2016, la Directora de la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial le precis\u00f3 que contra las resoluciones de 2015 no proceden recursos porque ya se encontraban en firme, sin indicar nada respecto de la resoluci\u00f3n CJRES16-488 del 28 de septiembre de ese a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. La peticionaria del amparo considera que con las anteriores decisiones se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable por cuanto ya se inici\u00f3 el curso de formaci\u00f3n judicial y de no participar en el mismo, no podr\u00e1 obtener las calificaciones de cada fase, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la asistencia a las sesiones es imperativa. [Folios 1-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 25 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 81, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Director de Interacci\u00f3n Social de la Universidad de Pamplona se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la accionante tras considerar que no se evidencia la existencia de un da\u00f1o irreparable en raz\u00f3n a que en la actualidad se encuentran vigentes las Resoluciones CJRES 15-20 y la CJRES15-252 de 2015, no siendo  de recibo que la gestora pretenda que una vez establecido los criterios de la calificaci\u00f3n de la prueba de conocimiento, se le realice una calificaci\u00f3n distinta a ella, m\u00e1xime que esa entidad actu\u00f3 en cumplimiento de la orden judicial fechada 23 de agosto de 2016.[Folios 86-89, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 no amparar los derechos invocados por cuanto la actora puede acudir  a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para atacar las resoluciones que a su juicio vulneran sus derechos y solicitar como medida provisional la suspensi\u00f3n de sus efectos.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n de esa entidad se limit\u00f3 a \u00abemitir el acto administrativo que da cumplimiento a una orden judicial\u00bb y de no haberse atendido el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, estar\u00eda incursa en desacato. [Folios 162-166, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, los coadyuvantes Camilo Ernesto Fidel Orlando Espinel Rico y Andrea Margarita Due\u00f1as Vaca manifestaron que las actuaciones de las accionadas vulneraron sus derechos por cuanto existen preguntas  excluidas que tienen clave de respuesta err\u00f3nea y tal falta fue reconocida por parte de la Universidad de Pamplona, como es el caso de la pregunta 4 del componente com\u00fan que fue eliminada y en virtud del cual se realiz\u00f3 la recalificaci\u00f3n de varios aspirantes, lo que afect\u00f3 el porcentaje, hecho que es atribuible exclusivamente al constructor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, estimaron que se les caus\u00f3 un perjuicio irremediable atendiendo que se encuentran agotadas las inscripciones al curso de formaci\u00f3n judicial y ya se ha dado apertura al mismo.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, advirtieron que no se puede hablar de cosa juzgada, atendiendo el efecto inter-comunis de la sentencia de tutela del 1\u00ba de junio de 2016, aclarada en providencia de fecha 23 de agosto de ese a\u00f1o, orden judicial frente a la cual la Unidad de Carrera Judicial emite el acto administrativo CJRES16-488 de fecha 28 de septiembre de 2016, sin embargo el hecho nuevo y desconocido en esa instancia judicial es que en el proceso de evaluaci\u00f3n o calificaci\u00f3n por parte de la Unidad de Carrera \u00abEXISTE UN ERROR DE LA LECTURA de la CLAVE CORRECTA\u00bb lo que genera que todos los an\u00e1lisis, evaluaciones de correcci\u00f3n y decisi\u00f3n de eliminaci\u00f3n exista una falta de motivaci\u00f3n y por tanto tal irregularidad puede ser objeto de amparo. [Folios 99-109 y 162-166, c.1]    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Yopal, en fallo de 7 de diciembre de 2016, neg\u00f3 la tutela solicitada por cuanto la actora no hizo uso de los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance frente a la Resoluci\u00f3n CJRES15-20 del 12 de febrero de 2015 para cuestionar lo relativo a la calificaci\u00f3n y puntaje de la prueba de conocimientos, luego no es admisible que transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o se pretenda revivir t\u00e9rminos ya fenecidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que es evidente que la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-488 del 28 de septiembre de 2016 por medio de la cual se da cumplimiento a la providencia del 23 de agosto de ese a\u00f1o emanada por el Consejo de Estado que dispuso dejar sin efecto la resoluci\u00f3n CJRES16-355 a trav\u00e9s de la cual la accionada procedi\u00f3 a realizar la recalificaci\u00f3n de la prueba de conocimiento, decisi\u00f3n que no es susceptible de recursos, por cuanto es una actuaci\u00f3n que se emite en estricto cumplimiento de la orden proferida por el juez de tutela, luego no se puede entender que al emitir el acto cuestionado se haya incurrido en una conducta caprichosa o desproporcionada por parte de las demandadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente no advirti\u00f3 la transgresi\u00f3n al derecho de petici\u00f3n por cuanto de la lectura de la respuesta que la actora reconoce le fue remitida, se advierte que s\u00ed se hizo pronunciamiento a lo requerido. [Folios 173-178, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La tutelante impugn\u00f3 la providencia, reiterando los hechos expuestos en su libelo, y adujo que en su caso se le caus\u00f3 un perjuicio irremediable toda vez que fue inhabilitada por parte del Consejo Superior de la Judicatura  para inscribirse en el curso concurso por haberse dejado sin efectos la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-355 del 25 de julio de 2016 que le hab\u00eda dado un puntaje de 804.79.  <\/span><\/p>\n

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De igual forma manifest\u00f3 que no interpuso recurso alguno contra la Resoluci\u00f3n CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015 que public\u00f3 los primeros resultados de la prueba de conocimiento en virtud de la confianza leg\u00edtima y su concepto que \u00abel administrador del concurso actuaba apegado a la ley y a la norma que los rige\u00bb. [Folios 184-198, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando a trav\u00e9s del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica se cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario para que los particulares reclamaran la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, se parti\u00f3 del supuesto de que el titular del derecho no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb. A menos que la acci\u00f3n se utilizara como \u00abmecanismo transitorio\u00bb para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debe recordarse entonces que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad; pues s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho fundamental conculcado. As\u00ed, no se puede considerar la tutela como un mecanismo alternativo o adicional a favor del particular, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de otros derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, fij\u00f3 las causales de improcedencia, entre las que se resalta la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues la accionante cont\u00f3 con otros medios de defensa judicial para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el cuestionamiento y debate de los actos administrativos adoptados al interior del concurso de m\u00e9ritos al que se inscribi\u00f3 la actora, y en virtud del cual aduce se quebrantaron sus garant\u00edas fundamentales, debi\u00f3 suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones correspondientes, como la de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto y tal como lo se\u00f1al\u00f3 el A Quo aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violaci\u00f3n patente de los derechos fundamentales invocados, en el presente asunto, no se colige la existencia de dicho presupuesto, puesto que como se observa del escrito de tutela presentado por la accionante que contra la Resoluci\u00f3n No. CJRES15-20 del 12 de febrero de 2015 que public\u00f3 los primeros resultados de la prueba de conocimiento, en el que la actora obtuvo un puntaje de 788.51 puntos, no materializ\u00f3 su inter\u00e9s de refutar tal determinaci\u00f3n y en su lugar opt\u00f3 por guardar silencio, decisi\u00f3n  que de resultar errada o contraria a derecho, s\u00f3lo podr\u00eda ser censurada por el juez natural, esto es, por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, conceder la protecci\u00f3n deprecada en estas circunstancias implicar\u00eda emplear la acci\u00f3n de tutela como un medio para revivir los t\u00e9rminos que la tutelante, por descuido, ha dejado vencer, con el inaceptable resultado de alterar las reglas del concurso, en desmedro de los derechos fundamentales de los dem\u00e1s aspirantes que se atuvieron a las normas del proceso de selecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De otra parte, es indudable que la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-488 de 28 de septiembre de 2016, tambi\u00e9n cuestionada por la actora, en la que el Consejo Superior de la Judicatura da cumplimiento a la sentencia de tutela de fecha 23 de agosto de ese a\u00f1o emitida por el Consejo de Estado que dispuso dejar sin efecto la Resoluci\u00f3n CJRES16-355 en la que se  hab\u00eda realizado la recalificaci\u00f3n de la prueba de conocimiento, obteniendo la accionante el puntaje de 804.79, tal determinaci\u00f3n no se observa caprichosa o arbitraria por cuanto se profiri\u00f3 en obedecimiento de una orden judicial en la que se se\u00f1al\u00f3 la inviabilidad de realizar la recalificaci\u00f3n en cuanto el \u00fanico factor de exclusi\u00f3n de las preguntas fue el bajo \u00edndice de respuestas correctas y por tanto la entidad accionada s\u00f3lo deb\u00eda proferir un acto informando tal situaci\u00f3n y el mismo no ser\u00eda susceptible de recursos, no siendo por tanto de recibo la r\u00e9plica de la tutelante en el sentido que se le vulner\u00f3 el debido proceso por no permit\u00edrsele impugnar tal decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De igual modo, no se observa quebrantamiento al derecho de petici\u00f3n en la respuesta ofrecida por la Directora de la Unidad de Carrera Judicial mediante oficio No. CJOFI16-4239 de fecha 27 de octubre de 2016 en donde la quejosa censura que nada se le dijo si la Resoluci\u00f3n  CJRES16-488 de septiembre de 2016 era susceptible de recursos, toda vez que se evidencia en el plenario que s\u00ed se le inform\u00f3 en dicha comunicaci\u00f3n que el referido acto administrativo en cumplimiento del juez constitucional,  no ser\u00eda  objeto de recurso \u00abpuesto que tendr\u00eda la naturaleza  de un acto de ejecuci\u00f3n\u00bb. [Folios 77-78, c.1]  <\/span><\/p>\n

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7. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado Ponente      STC1261-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-002-2016-00275-01   (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}