{"id":99150,"date":"2026-06-25T17:58:48","date_gmt":"2026-06-25T17:58:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1262-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:48","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:48","slug":"stc1262-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1262-2017\/","title":{"rendered":"STC1262-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1262-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00397-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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De la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida el quince de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se advierte que se ha incurrido en un vicio con alcance de nulidad insubsanable, el cual est\u00e1 llamado a ser declarado.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante inicio proceso de restablecimiento de derechos contra Mar\u00eda del Pilar Franco y su compa\u00f1ero Raimundo de la Espriella del Valle por el presunto maltrato f\u00edsico a su hijo XXX.  <\/span><\/p>\n

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2. Tras el impedimento del Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, el asunto se remiti\u00f3 al hom\u00f3logo Cuarto de esa especialidad.  <\/span><\/p>\n

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3. El 24 de agosto de 2016, el juzgado accionado decret\u00f3 de oficio, la pr\u00e1ctica de pruebas a fin de esclarecer los hechos ventilados.  <\/span><\/p>\n

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4. El 15 de septiembre de 2016 se llev\u00f3 a cabo una entrevista social al infante hijo de las partes en contradicci\u00f3n, en presencia de la Defensora de Familia Dra. Ludys Anais Garc\u00eda y la Procuradora de Familia Dra.  Alicia Mu\u00f1oz Mendoza.  <\/span><\/p>\n

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5. La oficina judicial cit\u00f3 a las partes a audiencia con el prop\u00f3sito de definir la custodia y cuidado del menor, por auto de 21 de octubre del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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6. Ante la inasistencia del demandante \u2013en su criterio, justificada-, el 26 de octubre de 2016, el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena dict\u00f3 medida provisional de restablecimiento de derechos del menor XXX, en la que se orden\u00f3, entre otras cosas, la ubicaci\u00f3n inmediata de aquel al medio familiar materno, y regul\u00f3 las visitas del padre.  <\/span><\/p>\n

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7. La apoderada judicial del progenitor ausente, interpuso recurso de reposici\u00f3n, que para la fecha de la formulaci\u00f3n de la tutela, no hab\u00eda sido resuelto.  <\/span><\/p>\n

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8. El accionante acude al amparo constitucional, por considerar que con la medida provisional adoptada el 26 de octubre de 2016, se vulneran sus derechos fundamentes y los de su menor hijo, pues afirma que la madre del menor renunci\u00f3 a la custodia y cuidado personal de \u00e9l, por tanto, no puede dictarse como medida provisional, reintegrarlo a n\u00facleo familiar materno cuando es \u00e9l quien lo viene cuidando y est\u00e1 en capacidad de ejercer la custodia mientras se resuelve de fondo el asunto.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se prev\u00e9 la perentoria obligaci\u00f3n de notificar las providencias proferidas en su tr\u00e1mite, a las partes o intervinientes, seg\u00fan lo disponen el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992.   <\/span><\/p>\n

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Dentro de aquellos sujetos a las que se deben comunicar las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los terceros determinados o determinables que pueden recibir provecho o perjuicio de las resultas de la acci\u00f3n, as\u00ed como a los funcionarios p\u00fablicos que deban actuar como garantes de los derechos de las personas a las cuales la ley les otorga una especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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A todos ellos, es imperativo enterar del inicio del tr\u00e1mite, con el fin de que tengan la oportunidad de ejercer su defensa a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n que autoriza el art\u00edculo 13 del decreto que sirve de marco a la regulaci\u00f3n del recurso excepcional de amparo, cuando determina lo siguiente: \u00abQuien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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El criterio que se expone ha sido reiterado por la Corte, pues lo que se involucra es la efectividad material de las garant\u00edas de contradicci\u00f3n y debido proceso de quienes pueden resultar afectados al proveer sobre la petici\u00f3n de amparo. (CSJ SC autos de 29 de mayo de 2008, exp.0079-01; 18 de septiembre de 2008, exp. 00167-01; 8 de julio de 2009, exp. 00048-01; 1\u00ba de noviembre de 2012, exp. 2012-00001-01.)   <\/span><\/p>\n

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2. Aplicadas las anteriores premisas a la actuaci\u00f3n de la que ahora se ocupa esta instancia, emerge que el reproche formulado por el tutelante recae sobre determinaciones adoptadas dentro de un proceso de restablecimientos de derechos de un menor de edad, de ah\u00ed que la Defensora de Familia adscrita al Juzgado de conocimiento, deb\u00eda ser vinculada a la acci\u00f3n de tutela para tener la posibilidad cierta de ejercer el derecho de defensa frente a la solicitud de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en el expediente no se tiene evidencia acerca de que se hubiere surtido la vinculaci\u00f3n de la citada interviniente, m\u00e1s a\u00fan cuando se vislumbra que actu\u00f3 activamente dentro del tr\u00e1mite procesal que se le viene imprimiendo al asunto, tanto as\u00ed que compareci\u00f3 a la audiencia programada para el 26 de octubre de 2016 en la que se dict\u00f3 la medida provisional de la que se queja el promotor de este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

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Es necesario comprender que en tanto la reclamaci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda involucra los derechos de un ni\u00f1o, es imprescindible que a trav\u00e9s de medios id\u00f3neos y efectivos se procure vincular no s\u00f3lo al progenitor de aquel, sino al Defensor de Familia que act\u00fae ante el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, a quienes la ley faculta para intervenir en tr\u00e1mites judiciales como el que es objeto de estudio en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el art\u00edculo 82, numeral 11 de la Ley 1098 de 2006 asigna al Defensor de Familia la funci\u00f3n de \u00abpromover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si el citado funcionario p\u00fablico tiene el deber de velar por los derechos de los ni\u00f1os y adolescentes en las actuaciones judiciales que les ata\u00f1en, es claro que deb\u00eda ser citado para que interviniera en el tr\u00e1mite de tutela como garante de las prerrogativas superiores del menor cuya custodia y restablecimientos de derechos no se ha definido.  <\/span><\/p>\n

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Y si bien, en auto de 28 de octubre de 2016, el Tribunal Superior de Cartagena, vincul\u00f3 al Procurador 10 Judicial II de Familia de Cartagena, este proceder, no lo exonera de la vinculaci\u00f3n del Defensor de Familia, que ha venido interviniendo dentro del referido proceso.  <\/span><\/p>\n

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4. Imponen las razones consignadas, la declaraci\u00f3n de la nulidad de lo actuado para que el Tribunal efect\u00fae las notificaciones de forma que se garantice efectivamente la defensa del menor respecto del cual aqu\u00ed se solicita el amparo, dejando constancia de las gestiones realizadas y de su resultado, comunicando efectivamente la admisi\u00f3n de la tutela al Defensor de Familia que ejerza sus funciones ante el juzgado accionado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO. Declarar la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de tutela, a partir de la sentencia de quince de noviembre de 2016, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con el fin de que se rehaga la actuaci\u00f3n atendiendo los par\u00e1metros se\u00f1alados en esta decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Las pruebas recaudadas conservan validez en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito posible.  <\/span><\/p>\n

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C\u00famplase  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

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