{"id":99152,"date":"2026-06-25T17:58:54","date_gmt":"2026-06-25T17:58:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1365-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:54","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:54","slug":"stc1365-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1365-2017\/","title":{"rendered":"STC1365-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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STC1365-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00179-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mis diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Acociviles S. A. contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y \u00ablos derechos constitucionales de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia del 12 de octubre de 2016, a efectos de que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelva nuevamente el recurso de casaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        La accionante adquiri\u00f3, a trav\u00e9s de diferentes operaciones comerciales, una serie de acciones de Superview S. A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Adujo la quejosa que pesar de haber cancelado el valor de los paquetes accionarios, la revisora fiscal y el representante legal de Superview S. A., reversaron, sin autorizaci\u00f3n judicial, una de las compras realizadas, por lo que \u00abqued\u00f3 como si nunca hubiese suscrito las acciones y por ende pas\u00f3 de tener el 27.5524[%] de las acciones de SUPERVIEW S. A. para ahora \u00fanicamente ostentar el 8.6654%\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Agreg\u00f3 que la disminuci\u00f3n de sus acciones fue correlativo al aumento de las acciones de Benier Internacional Corporation, otra de las socias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Al verificarse la ocurrencia de las aludidas irregularidades, el 24 de julio de 2002, la promotora del amparo \u00abinterpuso denuncia penal\u00bb contra Carlos Humberto Isaza (representante legal de Superview S. A.), Martha Liliana Guevara (revisora fiscal de esa misma empresa) y Luis Alfredo Baena Riviere (socio de la mencionada persona jur\u00eddica).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Adelantado el proceso penal, en el que la gestora se constituy\u00f3 como parte civil, tras una serie de eventualidades, el Juzgado 21 Penal del Circuito Adjunto de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de sentencia calendada 5 de diciembre de 2013, absolvi\u00f3 a los procesados, decisi\u00f3n que fue impugnada por la hoy accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, mediante providencia del 17 de septiembre de 2014, revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y, en su lugar, conden\u00f3 a Carlos Humberto Isaza y Luis Alfredo Baena Riviere \u00abpor el delito de HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA Y LA CUANT\u00cdA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Contra esa determinaci\u00f3n, los condenados interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que fue resuelto por el estrado convocado, con fallo del 12 de octubre de 2016, disponiendo \u00abCASAR PARCIALMENTE la sentencia del 17 de septiembre de 2014 para en su lugar decretar LA PRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N PENAL Y DE LA ACCI\u00d3N CIVIL\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Indic\u00f3 el querellante que la autoridad accionada omiti\u00f3 pronunciarse \u00abrespecto de aspectos sustanciales trascendentes que fueron planteados por la parte civil para oponerse a la prosperidad de las demandas de casaci\u00f3n\u00bb, como que el cargo hallado pr\u00f3spero fue planteado por la v\u00eda incorrecta; desconoci\u00f3 que \u00abla prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal acaecida con anterioridad a que se profiera la sentencia de segunda instancia debe alegarse, en sede de casaci\u00f3n, por (\u2026) la causal tercera\u00bb y no por la primera, como aconteci\u00f3 en el tr\u00e1mite censurado; y no tuvo en cuenta \u00abla realidad probatoria\u00bb, seg\u00fan la cual se reun\u00edan los presupuestos necesarios para la agravaci\u00f3n punitiva que se endilg\u00f3 a los sindicados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 27 de enero de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

1.        La Fiscal\u00eda 335 Seccional expres\u00f3 que como quiera que la acci\u00f3n de tutela se dirigi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00ablo cual significa que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no tiene ninguna relaci\u00f3n sobre los aspectos alegados, lo cual inhibe cualquier manifestaci\u00f3n por ausencia de materia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que, como quiera que la providencia criticada \u00abse halla debidamente ejecutoriada y ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, pues \u00abla Corporaci\u00f3n ha entendido que cuando act\u00faa en la condici\u00f3n de \u00f3rgano l\u00edmite o de cierre de la justicia ordinaria (\u2026), sus decisiones son intangibles, y no pueden ser modificadas por ninguna autoridad\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Luis Alfredo Baena Riviere expres\u00f3 que \u00abno existe v\u00eda de hecho imputable a la Sala de Casaci\u00f3n Penal sino una simple disparidad de criterios\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Carlos Humberto Isaza Rodr\u00edguez manifest\u00f3 que la sentencia criticada \u00abaparej\u00f3 el cierre de la actuaci\u00f3n penal, raz\u00f3n por la cual no puede controvertirse por v\u00eda de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la autoridad judicial acusada, en la providencia de 12 de octubre de 2016, que cas\u00f3 parcialmente el fallo condenatorio dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 16 de septiembre de 2014, indic\u00f3 las razones por las cuales hab\u00eda de prosperar parcialmente la demanda de casaci\u00f3n y, como consecuencia, se impon\u00eda declarar la prescripci\u00f3n tanto de la acci\u00f3n penal, como de la civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que, en lo que concierne a los cargos planteados, el despacho judicial accionado precis\u00f3, al inicio de sus consideraciones, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los casacionistas sostienen, en lo fundamental, que el Tribunal viol\u00f3 de manera indirecta la ley sustancial, a consecuencia de incurrir en errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, que determinaron la falta de aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n sustancial que define el principio del in dubio pro reo, y que ello dio lugar a la indebida aplicaci\u00f3n de la norma que prev\u00e9 que el delito de hurto se agrava cuando se lleva a cabo <<aprovechando la confianza depositada por el due\u00f1o, poseedor o tenedor de la cosa en el agente>> a que alude el art\u00edculo 241.2 de la Ley 599 de 2000. (Resaltado y subrayado ajeno al texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese entendimiento, emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis del \u00absentido y alcance del agravante de la confianza\u00bb, destacando sobre ese particular lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 241.2 del C\u00f3digo Penal de 2000 agrava la pena para el delito de hurto cuando la conducta de apoderamiento de bien mueble ajeno se lleva a cabo \u00abaprovechando la confianza depositada por el due\u00f1o, poseedor o tenedor de la cosa en el agente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para que se configure la referida circunstancia agravante, se requiere que se cumplan las siguientes condiciones, (i) que exista una relaci\u00f3n personal de confianza entre el propietario, poseedor o tenedor de la cosa mueble y el sujeto agente, (ii) que el autor de la conducta entre en contacto material con la cosa o cuente con disponibilidad jur\u00eddica sobre ella, en virtud de esa relaci\u00f3n de confianza y; (iii) que aprovechando esa relaci\u00f3n de confianza la persona se apodere de la cosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora  bien, la confianza requerida para la estructuraci\u00f3n de la agravante, que como viene de ser visto, debe ser de car\u00e1cter personal, es distinta de la \u00abconfianza en el sistema financiero\u00bb, o de la que pueda tenerse frente a una determinada instituci\u00f3n o persona jur\u00eddica p\u00fablica o privada, por el buen prestigio de que goce, o los buenos resultados de su gesti\u00f3n en el cumplimiento de su objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cabe precisar, de igual modo, que confianza no es sin\u00f3nimo de amistad, familiaridad o afecto, pudiendo incluso no coexistir, pues se trata tan s\u00f3lo de un situaci\u00f3n subjetiva que anima al propietario, poseedor o tenedor de la cosa a depositar la confianza en el sujeto agente, y por ende a esperar de \u00e9l que act\u00fae con honestidad frente a los bienes ajenos con los cuales tiene contacto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Necesario es se\u00f1alar, asimismo, que la confianza debe existir al momento en que el sujeto agente entre en contacto con la cosa, pues lo importante es que se aproveche de la confianza en \u00e9l depositada, con independencia de que \u00e9sta subsista o haya desaparecido al momento del apoderamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en esas premisas y analizando el caso concreto, encontr\u00f3 la Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El delito de hurto que se imputa a los procesados CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ y LUIS ALFREDO BAENA RIVIERE, se hace consistir, de acuerdo con la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y la sentencia impugnada, en el desconocimiento del abono por la suma de $108.000.000.00, realizado por Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara a nombre de Acociviles S.A., correspondiente al 60% de la capitalizaci\u00f3n que fuera autorizada por Superview, mediante una reversi\u00f3n contable para efectuar dos notas cr\u00e9dito a nombre de Bernier International Corporation.     <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

De acuerdo con estos hechos, que el Tribunal declar\u00f3 debidamente acreditados, se tiene que el propietario de los dineros sustra\u00eddos vendr\u00eda a ser, para efectos de la determinaci\u00f3n de los elementos descriptores del tipo, la sociedad Acociviles S.A., representada por el se\u00f1or Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara, y que los dineros los entreg\u00f3 a la empresa Superview S.A., de la que era por entonces representante legal el se\u00f1or CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ, con el fin de realizar una inversi\u00f3n por capitalizaci\u00f3n accionaria, donde fueron objeto de apoderamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte observa que ni en la acusaci\u00f3n ni en la sentencia se hace suficiente claridad sobre las razones por las cuales jur\u00eddicamente se configura esta circunstancia de agravaci\u00f3n, ni respecto de qui\u00e9n o qui\u00e9nes se predica en concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como puede claramente verse, en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n la agravante de la confianza pareciera derivarse de la amistad que preexist\u00eda entre LUIS ALFREDO BAENA RIVIERE y Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara, mientras en la sentencia condenatoria no s\u00f3lo se predica de esta amistad, sino, fundamentalmente, de la expectativa de imparcialidad que Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara ten\u00eda de CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ en condici\u00f3n de  representante legal de Superview, pues se hace especial  \u00e9nfasis en que Rinc\u00f3n Guevara \u201cconfiaba en que ISAZA como Representante Legal de Superview S.A. ser\u00eda imparcial y le dar\u00eda un uso adecuado a sus recursos\u201d  (se destaca).     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con lo dicho en ac\u00e1pites anteriores, la confianza estructurante de esta agravante debe presentarse entre el propietario, tenedor o poseedor de la cosa, y la persona que habiendo entrado en contacto con los bienes, por raz\u00f3n de la confianza, realiza el apoderamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso que se estudia, los dineros objeto de apoderamiento fueron entregados por Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara a la empresa Superview S.A., de la cual era representante CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ, quien, de acuerdo con los hechos declarados probados, habr\u00eda propiciado su desposesi\u00f3n en favor de LUIS ALFREDO BAENA RIVIERE, al trasladar la inversi\u00f3n realizada por Rinc\u00f3n Guevara a nombre de Acociviles S.A., a favor de la sociedad Bernier International Corporation, de la que BAENA RIVIERE fung\u00eda como representante legal.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto evidencia que la amistad que pudiera haber existido entre Rinc\u00f3n Guevara y BAENA RIVIERE para efectos de la deducci\u00f3n de la agravante por raz\u00f3n de la confianza, es jur\u00eddicamente intrascendente, porque BAENA RIVIERE no fue quien recibi\u00f3 los dineros objeto de apoderamiento  ni ten\u00eda la disponibilidad jur\u00eddica sobre ellos.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

En estas condiciones, la demanda resulta acertada en cuanto sostiene que la agravante por raz\u00f3n de la amistad entre Rinc\u00f3n y BAENA fue indebidamente deducida por el Tribunal, pero no por los motivos expuestos por el casacionista, quien afirma que debido a errores de apreciaci\u00f3n probatoria se omiti\u00f3 tener en cuenta el rompimiento de la amistad que entre ellos exist\u00eda, sino porque la confianza que tipifica la agravante debe predicarse entre el propietario, poseedor o  tenedor de la cosa, y quien realiza el apoderamiento, y en este caso, se insiste, BAENA RIVIERE no ten\u00eda a su cargo los dineros cuando se llev\u00f3 a cabo la reversi\u00f3n contable.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1.3.2. Existencia de la relaci\u00f3n de confianza entre Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara y CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como puede verse, tal como lo sostiene el demandante, de esta misiva no se concluye nada distinto a que las relaciones entre los representantes legales de Superview y Acociviles eran de \u00edndole estrictamente comercial, no de amistad, familiaridad o confianza. Lo \u00fanico que de su contenido se extracta, es un llamado vehemente a comprometerse en la soluci\u00f3n de los problemas econ\u00f3micos por los que la empresa pasaba en ese momento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1.3.2.2. Falso juicio de identidad por tergiversaci\u00f3n sobre la comunicaci\u00f3n de 15 de enero de 2001, enviada por CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ como representante legal de Superview S.A. a Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara, en condici\u00f3n de representante legal de Acociviles, en la cual le informa que se pusieron en circulaci\u00f3n 720.000 acciones para que fueran ofrecidas a los accionistas,  comunicaci\u00f3n en la cual no se evidencia ning\u00fan v\u00ednculo de orden personal entre CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ y Manuel Arturo Rinc\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En esta carta consta que CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ, en su condici\u00f3n de Representante Legal de Superview S.A., le informa al representante legal de Acociviles, se\u00f1or Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara, que la Junta Directiva, previa autorizaci\u00f3n de la Asamblea de Accionistas, puso en circulaci\u00f3n 720.000 acciones que ten\u00eda en reserva, con un valor nominal de un mil pesos cada una, para que fueran ofrecidas a los accionistas de la sociedad \u201ccon sujeci\u00f3n al derecho de preferencia\u201d en los t\u00e9rminos del respectivo reglamento, sin que de la misma se pueda deducir alg\u00fan tipo de trato personal entre los dos representantes legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y aunque es claro que se trat\u00f3 de una comunicaci\u00f3n de \u00edndole estrictamente comercial entre los representantes de dos sociedades mercantiles, de la cual no se deduce ning\u00fan tipo de vinculaci\u00f3n personal para efectos de establecer la existencia o no de confianza, surge obvio que el motivo de la entrega del dinero no se origin\u00f3 en sentimientos personales sino netamente mercantiles.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1.3.2.3. Error de identidad al apreciar la comunicaci\u00f3n de 15 de enero de 2001, enviada por Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara a CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ, en la que advierte que se notific\u00f3 del reglamento de emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de acciones, de cuyo contenido destaca que los pagos realizados no los hizo a Superview por raz\u00f3n de la confianza en el representante legal de dicha empresa, sino porque deb\u00eda efectuarlos en la forma dispuesta por la Junta Directiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esta comunicaci\u00f3n se establece que a pesar de dirigirse en el saludo en t\u00e9rminos afectuosos a su destinatario, del cuerpo de la misiva se colige que su naturaleza y fines no son de \u00edndole personal sino netamente comercial, en tanto Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara le informa al Representante Legal  de Superview S.A. el hecho de haber realizado un pago a la CNT y que con ello quer\u00eda significar su pretensi\u00f3n de suscribir, a t\u00edtulo personal y en nombre de Acociviles y Bernier International Corporation, todas las acciones que fueron ofrecidas en los porcentajes autorizados para cada cual, pero nada m\u00e1s.         <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1.3.2.4. Error de identidad sobre las ampliaciones de denuncia rendidas por Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara los d\u00edas 2 de septiembre y 1\u00ba de octubre de 2002, de las que no se evidencia ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n personal con el representante legal de Superview.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De estas piezas procesales tampoco se establece que el denunciante mantuviera una relaci\u00f3n personal de confianza con el representante legal de Superview S.A., CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ. De  su contenido lo \u00fanico que se advierte es la inconformidad de Rinc\u00f3n Guevara porque ISAZA RODR\u00cdGUEZ no le hubiera entregado los t\u00edtulos definitivos de las nuevas acciones adquiridas por Acociviles.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1.3.3. Lo expuesto permite concluir que para la \u00e9poca de los hechos, entre Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara y CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ, no se presentaba ning\u00fan tipo de vinculaci\u00f3n personal que permitiera afirmar la existencia de una expresi\u00f3n de confianza, determinante de la entrega de los dineros por parte de Rinc\u00f3n Guevara a la empresa Superview S.A., ni mucho menos que ISAZA RODR\u00cdGUEZ se hubiera aprovechado de dicha situaci\u00f3n para desposeer a Acociviles S.A. de los dineros objeto de la capitalizaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se sigue que el Tribunal dedujo la agravante por el solo hecho de ser el procesado ISAZA RODR\u00cdGUEZ el Representante Legal de Superview S.A., sin acreditar alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n personal con Rinc\u00f3n Guevara. Y, en consecuencia, que el demandante tiene raz\u00f3n cuando postula que la Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en los errores de hecho por falso juicio de identidad que denuncia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal, en un giro inesperado, pareciera deducir la agravante de la confianza a partir de las expectativas de imparcialidad que Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara albergaba del comportamiento de CARLOS HUMBERTO ISAZA RODR\u00cdGUEZ como representante legal de Superview S.A.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular baste con decir, como ya se advirti\u00f3 en el inicio de estas consideraciones, que la circunstancia agravante de la confianza debe probarse, y que de las simples expectativas de buen comportamiento de los directivos de una empresa, o del prestigio, buen cr\u00e9dito o buen nombre de \u00e9stas, no es posible deducirla.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la interpretaci\u00f3n que de los cargos propuestos hizo el despacho judicial cuestionado y la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3, concluyendo que la queja principal de los demandantes en casaci\u00f3n ata\u00f1\u00eda, en estrictez, a la configuraci\u00f3n de la circunstancia agravante del delito a ellos imputado, la cual no encontr\u00f3 demostrada, lo que determin\u00f3 la prosperidad de la demanda y, con ello, la declaratoria de prescripci\u00f3n de las acciones penales y civiles promovidas.  <\/span><\/p>\n

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En tal caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

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Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, niega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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Se reconoce personer\u00eda al abogado Alejandro Felipe S\u00e1nchez como apoderado judicial de Luis Alfredo Baena Riviere.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC1365-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00179-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mis diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}