{"id":99153,"date":"2026-06-25T17:58:59","date_gmt":"2026-06-25T17:58:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1367-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:58:59","modified_gmt":"2026-06-25T17:58:59","slug":"stc1367-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1367-2017\/","title":{"rendered":"STC1367-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1367-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00184-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene a las accionadas \u00abredosificar las penas principales y accesorias impuestas al procesado, ubic\u00e1ndose la sanci\u00f3n m\u00ednima del primer cuarto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En contra del accionante se adelant\u00f3 un proceso penal en el cual se le acus\u00f3 de la comisi\u00f3n de los delitos de \u00abhomicidio (\u2026) en concurso sucesivo y homog\u00e9neo con homicidio tentado (\u2026), en concurso sucesivo y heterog\u00e9neo (\u2026) de porte ilegal de armas de fuego\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante sentencia del 27 de octubre de 2010, el juzgado accionado declar\u00f3 al actor, junto con otros sindicados, responsable \u00aba t\u00edtulo de coautor de las conductas punibles de HOMICIDIO, EN CONCURSO CON HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y CON EL PUNIBLE DE FABRICACI\u00d3N, TR\u00c1FICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES\u00bb, por lo que se le conden\u00f3 a 296 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n contra la cual interpuso apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        A trav\u00e9s de providencia del 3 de mayo de 2012, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la pena de prisi\u00f3n impuesta, determinaci\u00f3n contra la cual Diego Fernando Uribe Arbel\u00e1ez, otro de los procesados, formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, el cual fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, con prove\u00eddo del 28 de agosto de 2013.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Indic\u00f3 el quejoso que para la individualizaci\u00f3n de la pena se \u00abtuvo en cuenta la circunstancia de menor punibilidad \u2013carencia de antecedentes penales- pero tambi\u00e9n [se] dedujo, de manera oficiosa, dos circunstancias de mayor punibilidad\u00bb, esto es, \u00abejecutar la conducta punible por motivo abyecto, f\u00fatil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria (\u2026) y obrar en coparticipaci\u00f3n criminal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Agreg\u00f3 que la Fiscal\u00eda no le \u00abimput\u00f3 ninguna circunstancia de mayor punibilidad (\u2026) y por tanto en la sentencia no podr\u00eda sorprender[sele] con la atribuci\u00f3n de causales gen\u00e9ricas de agravaci\u00f3n\u00bb, como en efecto aconteci\u00f3 en las providencias criticadas.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Por \u00faltimo se\u00f1al\u00f3 que el defensor de oficio que le fue designado actu\u00f3 como un \u00abconvidado de piedra\u00bb, por lo que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 30 de enero de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que \u00abno efectuar\u00e1 ning\u00fan pronunciamiento\u00bb, como quiera que la queja constitucional \u00abse refiere al proceso de dosificaci\u00f3n de la pena de presi\u00f3n, respecto de lo cual no intervino ese Juzgado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Penal del Circuito de El L\u00edbano (Tolima) indic\u00f3 que \u00ablos derechos fundamentales del sentenciado, aqu\u00ed accionante, se garantizaron en todas las instancias\u2026\u00bb y que la inconformidad planteada por el gestor \u00abdebi\u00f3 ser tema de debate en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Fiscal 41 Seccional hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso penal en el proceso penal objeto de reproche.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha en que se inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que, valga anotar, no interpuso el quejoso (28 de agosto de 2013), con la que cobr\u00f3 ejecutoria la pena a \u00e9l impuesta, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 26 de enero de 2017, transcurrieron m\u00e1s de tres a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En la materia, se ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual   debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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3.        Aunado a lo anterior, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n resulta inviable, por cuanto al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que ac\u00e1 alega, mecanismo al que no acudi\u00f3, seg\u00fan \u00e9l mismo lo reconoce.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual es improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el gestor del amparo  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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