{"id":99167,"date":"2026-06-25T18:00:19","date_gmt":"2026-06-25T18:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1393-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:00:19","modified_gmt":"2026-06-25T18:00:19","slug":"stc1393-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1393-2017\/","title":{"rendered":"STC1393-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1393-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2016-00671-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Emma Torres contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora pretende protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,  \u00abvivienda digna de la poblaci\u00f3n desplazada\u2026 y bienestar de los ni\u00f1os\u00bb, que dice vulnerados por el estrado judicial encausado.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene al accionado \u00abla suspensi\u00f3n del remate y desalojo programado para el 29 de [n]oviembre del 2016\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan:  <\/span><\/p>\n

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2.1. La accionante hizo parte de un \u00abplan de vivienda para el municipio de Ibagu\u00e9 donde se pretend\u00eda dar soluci\u00f3n de vivienda a 503 familias\u00bb, pero que por problemas dentro de la Asociaci\u00f3n creada para esos efectos, \u00absolamente se realiz\u00f3 la entrega de los lotes con obras de urbanismos (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En el a\u00f1o 1994, Mario Ricardo Bol\u00edvar Gait\u00e1n promovi\u00f3 proceso ejecutivo singular contra Ingenier\u00eda Civil e Hidr\u00e1ulica Ltda., en el que se dispuso el embargo y secuestro de varios de los lotes destinados para el referido proyecto de vivienda, entre \u00e9stos, el que habita la gestora del amparo junto con su familia, incluidos dos menores de edad.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo la promotora que tiene 83 a\u00f1os, \u00abno cuent[a] con pensi\u00f3n o ingresos, [es] una persona en alto grado de vulnerabilidad, v\u00edctima de la violencia por desplazamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Agreg\u00f3 que no est\u00e1 \u00abde acuerdo con la decisi\u00f3n del remate, consider[a] que debe aplazarse hasta tanto no se [le] garantice\u2026 una soluci\u00f3n de vivienda temporal y definitiva\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, comunic\u00f3 que la quejosa \u00abno es parte del ejecutivo\u00bb y que \u00abdesconoce de la vulneraci\u00f3n de derechos de la accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.        La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Tolima, expres\u00f3 que en virtud de una petici\u00f3n elevada por un \u00abgrupo determinado de personas entre ellas la se\u00f1ora Mar\u00eda Emma Torres\u00bb, design\u00f3 un defensor p\u00fablico en el \u00e1rea civil \u00abpara que adelantara todas las gestiones tendientes a satisfacer los requerimientos impetrados por la comunidad\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.        La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas indic\u00f3 que \u00abha realizado, dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales de la solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       4.        Mario Ricardo Bol\u00edvar Gait\u00e1n, tras hacer un recuento de los hechos que consider\u00f3 relevantes para la definici\u00f3n del asunto bajo an\u00e1lisis, solicit\u00f3 que se declare \u00abla inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abla actora no est\u00e1 legitimada para solicitar el amparo\u00bb, toda vez que \u00abno es parte en el proceso ejecutivo singular en el cual se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n censurada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que a la peticionaria \u00able subsiste como medio de defensa de sus intereses la oportunidad de ejercer oposici\u00f3n a la entrega\u2026\u00bb, por lo que no se cumple el requisito de \u00absubsidiariedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora indic\u00f3 que el juzgado accionado no le ha permitido intervenir en el proceso y reiter\u00f3 que de llevarse a cabo \u00abel remate y desalojo\u00bb, se ver\u00eda perjudicada, \u00abya que [su] vivienda est[\u00e1] sobre dicho predio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que la accionante, tal y como lo indic\u00f3 el a quo, tiene a su alcance otro mecanismo de defensa, como lo es la oposici\u00f3n a la entrega del bien rematado (art\u00edculo 309 C\u00f3digo General del Proceso), una vez \u00e9sta se disponga, a fin de ventilar las circunstancias que alega a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, relacionadas con los derechos que dice tener sobre el predio cautelado en el proceso ejecutivo al que se contrae su inconformidad.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la promotora, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora, si bien la actora destac\u00f3 que es una persona de avanzada edad (83 a\u00f1os) y v\u00edctima de desplazamiento, contingencias por las cuales, sin duda, debe ser objeto de especial protecci\u00f3n, no advierte la Corte la existencia de una situaci\u00f3n concreta que comprometa sus garant\u00edas fundamentales y que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues lo cierto es que a\u00fan no se le ha desalojado de su vivienda y, adicionalmente, viene siendo asistida jur\u00eddicamente por la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Tolima, entidad que habr\u00e1 de suministrarle la asesor\u00eda necesaria para su defensa.  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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