{"id":99169,"date":"2026-06-25T18:00:39","date_gmt":"2026-06-25T18:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1396-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:00:39","modified_gmt":"2026-06-25T18:00:39","slug":"stc1396-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1396-2017\/","title":{"rendered":"STC1396-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1396-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02689-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Salom\u00f3n Mosquera Hinestroza contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad, debido proceso, petici\u00f3n, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y a cargos p\u00fablicos\u00bb, que acusa vulnerados por la autoridad encausada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pidi\u00f3 que se \u00abproceda a publicar las vacantes de Magistrados de Restituci\u00f3n de tierras, permiti\u00e9ndo[l]e optar por las mismas, teniendo en cuenta que su vacancia se produjo en vigencia del registro Sala Civil Familia de la convocatoria 18\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n expuso la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que as\u00ed se compendia:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El gestor del amparo hace parte del registro de elegibles \u00abpara el cargo de magistrado de Tribunal sala (sic) Civil-Familia, conforme al proceso de selecci\u00f3n dentro del concurso efectuado en los a\u00f1os 2008-2009\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Adujo el actor que, en el a\u00f1o 2012, solicit\u00f3 a la accionada \u00abser tenido en cuenta para las vacantes de Magistrado Sala de Restituci\u00f3n de Tierras, petici\u00f3n que fue despachada en forma negativa\u00bb, argumentando que la especialidad Civil-Familia era diferente a la Civil especializada en Restituci\u00f3n de Tierras.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Agreg\u00f3 que al considerar que dicha decisi\u00f3n compromet\u00eda sus garant\u00edas fundamentales, interpuso una primera acci\u00f3n de tutela, la cual fue negada en primera instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, determinaci\u00f3n confirmada por esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        El 31 de agosto de 2016, \u00abel Consejo Superior de la Judicatura, decidi\u00f3 ofertar los cargos vacantes Jueces Civiles de Restituci\u00f3n de Tierras a los concursantes de la convocatoria 20 (Jueces Civiles Laborales)\u00bb, por lo que el quejoso reclam\u00f3 nuevamente a la accionada que se le permitiera optar por las Magistraturas vacantes de la prenombrada especialidad de restituci\u00f3n de tierras, a lo que no accedi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.5.         Indic\u00f3 el peticionario que \u00abel registro de elegibles de la convocatoria 18 perdi\u00f3 vigencia en el mes de marzo de 2016, empero los cargos de Magistrados de Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta y Medell\u00edn, que no se han provisto por falta de aspirantes se encuentran vacantes desde el a\u00f1o 2015\u2026, en vigencia del registro de elegibles Sala Civil Familia de la convocatoria 18\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL CONVOCADO  <\/span><\/p>\n

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La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura indic\u00f3 que \u00ablos derechos fundamentales invocados por el accionante no han sido vulnerados\u2026, porque el concurso de m\u00e9ritos se adelant\u00f3 conforme a las reglas se\u00f1aladas en el acuerdo convocante y para todos los aspirantes en igualdad de condiciones\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo al concluir, en lo medular, que no se observaba \u00abun proceder absurdo o arbitrario\u00bb por parte de la enjuiciada y, adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abel actor cuent[a] con otros medios ordinarios para procurar la defensa de los derechos que aduce vulnerados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Expres\u00f3 el accionante que el a quo desconoci\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Constitucional, seg\u00fan la cual, la acci\u00f3n de tutela \u00abes la v\u00eda eficaz para reclamar derechos desconocidos a los participantes de los concursos de m\u00e9ritos\u00bb, reiter\u00f3 que las vacantes a las que pretende optar se generaron en vigencia del registro de elegibles del que form\u00f3 parte y se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[n]o hubo an\u00e1lisis sobre los derechos invocados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Por regla general, la solicitud de amparo no resulta viable para censurar decisiones judiciales o administrativas, salvo que se estructure el evento excepcional y extremo, que de tiempo atr\u00e1s se ha considerado id\u00f3neo para abrirle paso a la acci\u00f3n de tutela frente a ellas, esto es \u00abcuando se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del fallador\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 1999, rad. 6621).  <\/span><\/p>\n

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2.        El promotor se queja de que no se le permiti\u00f3 optar a las vacantes que se generaron en vigencia del registro de elegibles conformado con ocasi\u00f3n de la convocatoria 018, del cual hizo parte, seg\u00fan lo resolvi\u00f3 la entidad accionada el 29 de septiembre de 2016 (folios 9 y 10).   <\/span><\/p>\n

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3.        As\u00ed las cosas, la Corte estima que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse, habida cuenta que el gestor al interponer el resguardo, no atendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que enmarca su procedibilidad, toda vez que como la actuaci\u00f3n mencionada a espacio constituye un acto administrativo, no puede ser censurado por medio de este mecanismo excepcional, toda vez que para cuestionar su legalidad el ordenamiento jur\u00eddico contempla acciones espec\u00edficas, destinadas a buscar su anulaci\u00f3n ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, conforme lo consagran los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que denota que a su alcance tiene un medio judicial id\u00f3neo de defensa.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos con una leve simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, ha dejado dicho la Corte que:  <\/span><\/p>\n

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De manera que el promotor del amparo debe o debi\u00f3 acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa por v\u00eda de la acci\u00f3n de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos para establecer si la actuaci\u00f3n censurada se ajusta a los mandatos de las normas superiores y las que el legislador estableci\u00f3, escenario en el que tambi\u00e9n est\u00e1 prevista la posibilidad de obtener como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del supuesto acto ilegal, raz\u00f3n por la que, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, puede concluirse que \u00abno se cumplen los elementos determinantes del perjuicio irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acci\u00f3n como mecanismo transitorio\u00bb, ya que \u00abdentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, (\u2026) [se] tiene la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto que presuntamente vulnera [los] derechos, con lo cual se desvirt\u00faa tambi\u00e9n la inminencia del perjuicio\u00bb (CSJ STC, 24 ene. 2007, rad. 2006-00227-01; criterio reiterado en STC7077-2014 y STC16698-2015). (STC4676-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00039-01)  <\/span><\/p>\n

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Por esa l\u00ednea resulta pertinente enfatizar que en la acci\u00f3n de nulidad el demandante cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia\u00bb, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, lo que hace inviable la tutela a\u00fan como mecanismo transitorio. (CSJ STC, 31 jul. 2014, rad. 2014-00269-01; y CSJ STC, 13 ago. 2014, rad. 2014-00292-01)  <\/span><\/p>\n

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4.        Respecto a la alegaci\u00f3n del quejoso seg\u00fan la cual el a quo desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional, conforme al cual es la tutela el medio id\u00f3neo para ventilar este tipo de controversias, baste con decir que el supuesto f\u00e1ctico que se analiz\u00f3 en las sentencias invocadas en el escrito de impugnaci\u00f3n (SU-613 de 2002 y SU-913 de 2009), difiere del que ac\u00e1 se examina, por lo que no se impon\u00eda su aplicaci\u00f3n al caso sub lite.  <\/span><\/p>\n

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5.        Lo considerado exigeconfirmar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed condensadas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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       Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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