{"id":99175,"date":"2026-06-25T18:00:59","date_gmt":"2026-06-25T18:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1405-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:00:59","modified_gmt":"2026-06-25T18:00:59","slug":"stc1405-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1405-2017\/","title":{"rendered":"STC1405-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1405-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 70001-22-14-000-2016-00157-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Emilio Enrique, Marta Luc\u00eda, Yolanda de Jes\u00fas, Javier Enrique y Amparo Isabel Montes Castillo, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Rafael Enrique Montes Bravo, Catherine, Lorena Patricia Chag\u00fci Montes y los herederos determinados e indeterminados de Lina de Jes\u00fas Montes de Chag\u00fci y de Eduardo Abraham Chag\u00fci Chaid.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicitan se ordene al estrado convocado que \u00abdecrete la ilegalidad del auto de fecha 22 de septiembre de 2014 mediante el cual aprueba en todas sus partes\u2026 el trabajo de partici\u00f3n material de los inmuebles \u2018El Socorro\u2019 y \u2018El Tr\u00e1nsito\u2019 o la Uni\u00f3n, adjudicados en com\u00fan y pro indiviso a Rafael Montes Bravo y [a ellos]\u00bb, y se conmine a dicho juzgador para que \u00abfalle de acuerdo a lo trabado en [la] Litis y\u2026 surt[a] la notificaci\u00f3n legal\u2026 dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 471 numeral 2\u00bb  (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Rafael Enrique Montes Bravo promovi\u00f3 un juicio divisorio en contra de Emilio Enrique, Marta Luc\u00eda, Yolanda de Jes\u00fas, Javier Enrique y Amparo Isabel Montes Castillo, los herederos determinados e indeterminados de Javier Montes Castillo y los de Lina de Jes\u00fas Montes Chag\u00fci: Odeth, Catherina y Lorena Patricia Chagui Montes, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9, despacho que admiti\u00f3 la demanda el 4 de mayo de 2011.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El proceso fue remitido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa localidad, estrado que mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 rechaz\u00f3 de plano la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la pretensi\u00f3n pretendida\u00bb y aprob\u00f3 en todas sus partes el trabajo de partici\u00f3n de los inmuebles \u00abEl Socorro\u00bb y \u00abEl Tr\u00e1nsito\u00bb o \u00abLa Uni\u00f3n\u00bb (folio 13, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Indicaron los accionantes que pese a que su apoderado fue reconocido en el proceso, fue ignorado cuando se emitieron las notificaciones para poner en conocimiento lo resuelto por el despacho acusado; y a los demandados que no ten\u00edan representaci\u00f3n \u00abconvencional o defensor\u00eda\u00bb, se les emplaz\u00f3 con el fin de que se surtiera su enteramiento, pero se desconoci\u00f3 a su abogado, quien en la contestaci\u00f3n de la demanda registr\u00f3 su direcci\u00f3n y celular.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Se\u00f1alaron que en el juicio se dispuso requerir a las partes para que designaran al partidor conforme con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 471 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin embargo, no se les envi\u00f3 ninguna comunicaci\u00f3n, por lo que fue nombrado un partidor que \u00abemit[i\u00f3] un concepto errado de los verdaderos aval\u00faos de los bienes inmuebles en disputa\u00bb (folio 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.5. Agregaron que el estrado acusado aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n pese a \u00abtodas las falencias\u00bb y a que no se ajustaba a la realidad, incurriendo as\u00ed en una v\u00eda de hecho, pues adem\u00e1s no tuvo en cuenta las pruebas aportadas con la demanda y la contestaci\u00f3n (folio 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9 realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido e indic\u00f3 que todas las actuaciones fueron notificadas en debida forma, sin que los gestores hubiesen demostrado su inconformidad recurriendo las decisiones; que despu\u00e9s de emitirse el fallo, el partidor cobr\u00f3 sus honorarios, a trav\u00e9s de demanda ejecutiva, por lo que los demandantes acudieron a notificarse personalmente de esa determinaci\u00f3n \u00abquedando sorprendidos pues no ten\u00edan conocimiento de la terminaci\u00f3n del proceso divisorio\u00bb; y que no ha conculcado las prerrogativas esenciales de los promotores (folio 22, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. Rafael Enrique Montes Bravo adujo que los hermanos Montes Castillo y ahora accionantes fueron notificados personalmente, quienes otorgaron poder a un abogado, el que contest\u00f3 la demanda y propuso una excepci\u00f3n previa; que como no fue posible notificar a los herederos determinados e indeterminados de Eduardo Abraham Chag\u00fci Chaid se les nombr\u00f3 curador ad – litem; que se le otorg\u00f3 a las partes la posibilidad de acudir a todas las audiencias; que el estrado dio la oportunidad para que nombraran al partidor \u00abpero fue imposible debido a que el representante de los demandados nunca m\u00e1s fue a la ciudad de Sinc\u00e9\u2026 a preguntar por el proceso\u00bb; que el despacho accionado no es responsable de la negligencia del apoderado de los peticionarios; que fueron adelantadas todas las notificaciones, se nombr\u00f3 al partidor, se dio traslado del dictamen pero no se objet\u00f3 el mismo, se ejerci\u00f3 el control de legalidad y se dict\u00f3 sentencia; y que el apoderado de los gestores no hizo uso de los recursos con los que contaba, sin que su descuido sea responsabilidad de la justicia (folio 39, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3. El curador de Odeth y Catherine Chag\u00fci Montes sostuvo que la notificaci\u00f3n de las actuaciones procesales se encuentra prevista en el C\u00f3digo General del Proceso, y es al juez constitucional al que le corresponde decidir si los derechos fueron o no vulnerados.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues los accionantes acudieron al resguardo dos a\u00f1os despu\u00e9s de haberse emitido el fallo de 22 de septiembre de 2014, sin que demostraran una circunstancia que les impidiera acudir previamente a la tutela, pues contaban con la asesor\u00eda de un apoderado judicial y la supuesta vulneraci\u00f3n no es permanente en el tiempo; que no interpusieron recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia cuestionada, \u00absupuestamente por indebida notificaci\u00f3n, situaci\u00f3n que puede ser objeto del recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, cumpliendo los requisitos correspondientes, entre ellos, que no hubiesen podido alegar el vicio en las instancias mediante incidente de nulidad, ni que se hubiese presentado el saneamiento de dicha invalidez (folio 59 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes impugnaron la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial e indicando que s\u00ed cumplen con el requisito de la inmediatez, ya que se enteraron de lo acontecido cuatro meses atr\u00e1s, cuando el auxiliar de la justicia promovi\u00f3 un juicio ejecutivo en su contra, puesto que no se les remiti\u00f3 documento alguno comunic\u00e1ndoles que deb\u00edan designar partidor y, por tanto, desconoc\u00edan el fallo emitido.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a dicho presupuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.  En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 2007-01316-00).  <\/span><\/p>\n

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3. En adici\u00f3n a lo anterior, se advierte que los accionantes no hicieron uso de los mecanismos de defensa con los que contaban para exponer sus inconformidades al interior del proceso criticado.  <\/span><\/p>\n

En efecto, los promotores, pese a que contaban con apoderado judicial, no interpusieron recurso de apelaci\u00f3n frente a la providencia de 22 de septiembre de 2014, que decret\u00f3 la divisi\u00f3n material cuestionada, raz\u00f3n por la que desperdiciaron el escenario id\u00f3neo para exponer sus inconformidades, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, sobre la manifestaci\u00f3n atinente a que desconoc\u00edan la decisi\u00f3n emitida porque no se les remiti\u00f3 ning\u00fan documento enter\u00e1ndolos que deb\u00edan designar partidor, se advierte que ello no es excusa para que no estuvieran pendientes del tr\u00e1mite adelantado, \u00abpues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb, m\u00e1s cuando el art\u00edculo 471 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no prev\u00e9 la notificaci\u00f3n personal de dicha determinaci\u00f3n (CSJ STC, 8 jun. 2011, rad. 00083 01).  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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