{"id":99182,"date":"2026-06-25T18:01:30","date_gmt":"2026-06-25T18:01:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1414-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:01:30","modified_gmt":"2026-06-25T18:01:30","slug":"stc1414-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1414-2017\/","title":{"rendered":"STC1414-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1414-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-22-14-000-2016-00489-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Mario Fl\u00f3rez Salcedo contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Coordinaci\u00f3n del Grupo de Apoyo a la Gesti\u00f3n Meritocr\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a cargos p\u00fablicos y al principio de la buena fe, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene a los accionados \u00absuspender como medida provisional la convocatoria\u2026 para proveer el empleo de libre nombramiento y remoci\u00f3n de Director Regional del Departamento del Guaviare mediante el cual se pretende la conformaci\u00f3n de la lista de la cual se seleccionara una terna para el cargo\u2026\u00bb; que dicha suspensi\u00f3n perdure hasta que los convocados \u00abprocedan a darle aplicaci\u00f3n a lo reglamentado por la Ley 962 de 2005, art\u00edculo 14\u2026\u00bb o, en su defecto, \u00abprocedan a calificar la experiencia relacionada a partir de la fecha de terminaci\u00f3n de materias se\u00f1alada en el formato \u00fanico de inscripci\u00f3n conforme las certificaciones de experiencia laboral relacionada\u00bb, con el fin de que  \u00abde forma l\u00f3gica y razonada recalifiquen la prueba de antecedentes concediendo 10 puntos en vez de 5 toda vez que existen pruebas para decidir razonablemente que\u2026 contaba con la experiencia solicitada dentro del par\u00e1metro de m\u00e1s de 60 meses\u00bb (folios 18 y 19, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que se inscribi\u00f3 en la Convocatoria No. BF\/16-004 del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, para proveer el cargo de Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Guaviare.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 18 de noviembre de 2016 present\u00f3 la prueba de conocimientos, en la que obtuvo 30 puntos, calificaci\u00f3n necesaria para continuar el proceso de elecci\u00f3n; posteriormente, en el examen de competencias tuvo 8,60 sobre 10 y en el de habilidades gerenciales 12.42 sobre 15. Sin embargo, cuando se valor\u00f3 la prueba de antecedentes, le fueron otorgados 8 de 15 puntos.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adujo que present\u00f3 reclamaci\u00f3n, pues al calificar sus documentos se tom\u00f3 como fecha de partida la del grado para optar al t\u00edtulo de abogado, pese a que el concurso estableci\u00f3 que \u00abla experiencia relacionada se tomar\u00eda a partir de la adquirida desde la terminaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de todas las materias y pr\u00e1cticas que conforman el pensum acad\u00e9mico de la respectiva formaci\u00f3n universitaria\u00bb, y en su caso, termin\u00f3 materias en el a\u00f1o 1988 (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.4. Sostuvo que en el formulario \u00fanico de inscripci\u00f3n consign\u00f3 la fecha de terminaci\u00f3n de materias, informaci\u00f3n que \u00abse puede probar acudiendo al registro \u00fanico de abogados, mediante consulta p\u00fablica,  y\/o al Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, siendo aplicable el art\u00edculo 14 de la Ley 962 de 2005, \u00abley anti tr\u00e1mites que obliga a las entidades a consultar este tipo de documentos sin exigirlos al interesado\u00bb (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.5. Refiri\u00f3 que el operador que calific\u00f3 esa prueba, contaba con la posibilidad de conocer la fecha de terminaci\u00f3n de materias, lo cual no valor\u00f3, pues solo apreci\u00f3 el acta de grado; y no present\u00f3 la constancia de terminaci\u00f3n de materias, ya que dentro de las exigencias del concurso no aparec\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Asever\u00f3 que existe un vac\u00edo en la reglamentaci\u00f3n y exigencia de documentos adicionales en las bases del concurso, por lo que se debe aplicar el principio de favorabilidad; y nadie cuestion\u00f3 los datos consignados en el formulario \u00fanico de inscripci\u00f3n, por lo que partiendo de la buena fe se debe aceptar la informaci\u00f3n brindada, reconoci\u00e9ndole el puntaje sobre los m\u00e1s de 60 meses que cuenta de experiencia relacionada, pues fue Inspector de Polic\u00eda en Villavicencio, trabaj\u00f3 en la Comisar\u00eda Especial de Vaup\u00e9s, fue asesor jur\u00eddico de la Gobernaci\u00f3n de Guain\u00eda y Jefe de Contrataci\u00f3n de la Alcald\u00eda de Villavicencio.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Afirm\u00f3 que su experiencia relacionada desde la terminaci\u00f3n de materias es de 96.2 meses, lo que le da derecho a acceder a 10 puntos y no a los 5 que le asign\u00f3 la entidad calificadora, los que sumados a los diplomas de grado y de especializaci\u00f3n dar\u00edan 13 puntos, pero solo se le tuvieron en cuenta 58.2 meses de experiencia relacionada, desconociendo las certificaciones del Departamento de Guain\u00eda anteriores al grado.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Manifest\u00f3 que el 21 de noviembre de 2016 fue contestada su reclamaci\u00f3n negativamente, aduciendo que no se encontr\u00f3 documento que certifique la terminaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de las materias y pr\u00e1cticas que conforman el pensum acad\u00e9mico.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Anot\u00f3 que se le deber\u00edan reconocer los 12 meses de la judicatura previos al grado; la convocatoria no fue clara en los documentos que se deb\u00edan presentar; y la decisi\u00f3n del calificador no se fund\u00f3 en criterios razonables, toda vez que no solo indica que cuenta con la experiencia, sino que tambi\u00e9n respalda su dicho con constancias de cargos que solo los pueden ocupar abogados o personas que hayan terminado materias.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Agreg\u00f3 que se le causa un perjuicio irremediable; y  no solo lo afectan a \u00e9l, sino a todos los interesados en la conformaci\u00f3n de la terna para el cargo al que aspira, en la que solo habr\u00eda dos personas con 64 puntos.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indic\u00f3 que en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad adelanta los procesos de selecci\u00f3n con el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, el que es el encargado de la valoraci\u00f3n de antecedentes de formaci\u00f3n acad\u00e9mica y experiencia laboral, raz\u00f3n por la cual debe ser eximido de responsabilidad en la decisi\u00f3n que se emita; que la respuesta a la reclamaci\u00f3n formulada, puede ser debatida en la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho; y no ha vulnerado derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

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2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social refiri\u00f3 que si bien el ICBF se encuentra adscrito a esa entidad, goza de personer\u00eda jur\u00eddica y autonom\u00eda administrativa y patrimonial, por lo que no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. El Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica adujo que ha actuado con estricta sujeci\u00f3n al marco normativo vigente y atendiendo las condiciones generales del ICBF para el desarrollo del concurso; que la experiencia acreditada deb\u00eda cumplir con los requisitos establecidos; que revisada la hoja de vida del promotor no se encontr\u00f3 ning\u00fan documento en el que la Universidad Innca certificara la terminaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de todas las materias y pr\u00e1cticas que conforman el pensum acad\u00e9mico, con base en la que se pudiera acreditar la experiencia para el ejercicio del empleo; que el peticionario no tiene claridad de la fecha en que concluy\u00f3 materias, pues en su hoja de vida registra como tal junio de 1987 y en la reclamaci\u00f3n indica el a\u00f1o 1988, sin precisar el mes; que procedi\u00f3 a analizar la educaci\u00f3n formal y la experiencia laboral relacionada a partir del 26 de julio de 1991, tal como aparece en el acta de grado y tarjeta profesional; que fue \u00abimposible determinar la fecha de terminaci\u00f3n de materias\u00bb; que el an\u00e1lisis de antecedentes se llev\u00f3 a cabo conforme a las reglas de la convocatoria; y no se evidencia la transgresi\u00f3n de prerrogativas esenciales o la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, sino que se pretende la inaplicaci\u00f3n de unos actos administrativos de naturaleza general y particular (folio 77 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que mediante esta acci\u00f3n es improcedente modificar la metodolog\u00eda, dise\u00f1o y t\u00e9rminos del proceso de selecci\u00f3n reglado por la convocatoria BF\/2016-004, pues el accionante puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad para reclamar la legalidad de la convocatoria y\/o la de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos definitivos que culminen el proceso de selecci\u00f3n; incluso puede solicitar su suspensi\u00f3n; y no acredit\u00f3 la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable que lograra quebrantar la inviabilidad de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregando que el concurso sigue en tr\u00e1mite, por lo que una decisi\u00f3n por la v\u00eda ordinaria no ser\u00eda id\u00f3nea \u00abpues cuando la acci\u00f3n de nulidad se res[uelva], ya habr[\u00e1n] nombrado gerente en la Direcci\u00f3n Regional\u00bb; que por no otorgarle el puntaje correspondiente, no puede continuar en la convocatoria; y en diferentes tutelas de la Corte Constitucional se han amparado derechos fundamentales en los concursos de m\u00e9ritos (folio 87, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que el gestor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar la calificaci\u00f3n otorgada en el concurso, as\u00ed como las reglas del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, el peticionario cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, bien puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para cuestionar las reglas de la Convocatoria No. BF\/16-004 del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, as\u00ed como los actos generales, impersonales y abstractos que se desprendan de ella, y la respuesta de 21 de noviembre de 2016 a la reclamaci\u00f3n formulada por la valoraci\u00f3n de antecedentes; concretamente, a trav\u00e9s de las acciones de nulidad y\/o nulidad y restablecimiento del derecho dispuestas en los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3. Es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de dichos actos, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, raz\u00f3n por la que no es de recibo el argumento del accionante de que este mecanismo no es eficaz ni id\u00f3neo.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, respecto de las providencias citadas, se le recuerda que las determinaciones all\u00ed adoptadas son \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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