{"id":99183,"date":"2026-06-25T18:01:34","date_gmt":"2026-06-25T18:01:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1415-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:01:34","modified_gmt":"2026-06-25T18:01:34","slug":"stc1415-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1415-2017\/","title":{"rendered":"STC1415-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1415-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00125-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Yoly Mu\u00f1oz Enciso y Alfonso Alfredo Montes Anaya, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por los Magistrados Jhon Freddy Saza Pineda, Ram\u00f3n Alfredo Correa Ospina y Omar Alberto Garc\u00eda Santamar\u00eda, as\u00ed como contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 2009-00225.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Solicitan, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia de 19 de agosto de 2016, y ordenar \u00abQue le reconozca el derecho que tiene mi poderdante a las pruebas aportadas en el expediente\u00bb (f. 25).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de lo anterior, el apoderado aduce en s\u00edntesis, que la entidad crediticia nombrada inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de sus representados, solicitando el pago de $65\u2019824.818.00 m\u00e1s los intereses corrientes y de mora, juicio del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9; notificados personalmente del mandamiento de pago el 15 de marzo de 2010 propusieron las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y que a la fecha de su solicitud la entidad Bancolombia S.A., no hab\u00eda presentado demanda ejecutiva, ni ten\u00eda que presentarla debido a que se viola el debido proceso\u00bb, (sic), que reconoci\u00f3 el a quo en sentencia de 2 de marzo de 2016 y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que apelado el fallo por la demandante lo revoc\u00f3 el Tribunal Superior de Cartagena el 19 de agosto de 2016, \u00abincurriendo en errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas y a la no debida notificaci\u00f3n de la audiencia y fallo por correo electr\u00f3nico, al no tener en cuenta que mis poderdantes gozan al derecho de ser notificados y a la igualdad de derecho a la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explica que \u00abla indebida notificaci\u00f3n viol\u00f3 el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, porque no se asisti\u00f3 a la conciliaci\u00f3n de sustentaci\u00f3n y al fallo para apelar al recurso de casaci\u00f3n o al de queja, si el de casaci\u00f3n fuese negado, porque nunca se nos notific\u00f3, a sabiendas que conoc\u00edan nuestros correos electr\u00f3nicos\u00bb (sic), y que adem\u00e1s, \u00abel art\u00edculo 203 ib. regla que las sentencias se notificar\u00e1n dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su fecha, mediante env\u00edo de su texto a trav\u00e9s de mensaje al buz\u00f3n electr\u00f3nico para notificaciones judiciales y agrega que a quienes no se les deba o pueda notificar por v\u00eda electr\u00f3nica, se les notificar\u00e1 por medio de edicto en la forma prevista en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente reitera que \u00abse desconoce como ya se hab\u00eda indicado que fue probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y dar por terminado el proceso y que diera origen a la apelaci\u00f3n del proceso que curso en el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena-Sala Civil-Familia en el sentido, de falta de arreglo, an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n en el estudio de todas las pruebas aportadas en la demanda y las existentes en el proceso\u00bb (ff. 25 a 30).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1.  El Magistrado Ponente de la sentencia proferida en la audiencia de 19 de agosto de 2016, manifest\u00f3 atenerse a los argumentos y decisiones adoptadas a lo largo del tr\u00e1mite cuestionado por los accionantes (f. 62).  <\/span><\/p>\n

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2.  La apoderada General  de la Central de Inversiones  <\/span><\/p>\n

S.A. solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, en raz\u00f3n a que no ha vulnerado ninguna prerrogativa a los accionantes (ff.71 a 75)   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Hasta el momento de radicar el proyecto de sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.  De cara a los argumentos planteados por el apoderado de los tutelantes y conforme a los documentos que allegaron a este tr\u00e1mite constitucional, observa la Sala, en cuanto interesa al asunto alegado, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1  Proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 (Bol\u00edvar) sentencia el 2 de marzo de 2016 en el proceso ejecutivo hipotecario que Bancolombia S.A. promovi\u00f3 contra Yoly Mu\u00f1oz Enciso y Alfonso Alfredo Montes Anaya, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y en consecuencia decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio (ff. 13 a 19), la apoderada judicial de la parte demandante apel\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.2 Admitido el recurso por el Tribunal, se program\u00f3 mediante auto de 9 de agosto de 2016, – que se notific\u00f3 en estrado del 10 siguiente y se public\u00f3 en la p\u00e1gina de la rama judicial -, la audiencia de alegaciones y fallo para el 19 de ese mes (ff. 4 y 68 a 69).  <\/span><\/p>\n

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2.3 El 18 de agosto, el apoderado judicial de los ejecutados manifest\u00f3 v\u00eda electr\u00f3nica a la secretaria del Tribunal, \u00abEn virtud de la actuaci\u00f3n fechada 09 de agosto, muy respetuosamente me dirijo a usted para pedirle se sirva notificarme la fecha programada para dicha audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo del proceso de la referencia\u00bb (f. 2), audiencia que se llev\u00f3 a cabo en la fecha programada y a la que \u00fanicamente se hizo presente la apoderada de la parte demandante (ff. 9 y 10), y en la que se revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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El 23 de agosto posterior, la ejecutada Yoly Mu\u00f1oz Enciso, solicit\u00f3 al Tribunal Superior de Cartagena que v\u00eda electr\u00f3nica le fueran remitidas \u00abcopias completas de dicho fallo (\u2026) para poder defenderme en apelar mediante mi apoderado judicial\u00bb (f. 8), y el 26 del mismo mes, el apoderado judicial de los ejecutados solicit\u00f3 por esa misma v\u00eda \u00abnotificarme en cumplimiento a lo establecido por el art\u00edculo 201 inciso 3 del CPACA\u00bb, la sentencia proferida el 19 de agosto de 2016 (f. 3); por otra parte, el 1\u00ba de septiembre la demandada solicit\u00f3 le fuera aclarado \u00abporque no han subido a la p\u00e1gina de la Rama Judicial, el listado consecutivo de la actuaci\u00f3n registrada el 19 de agosto de 2016 con su correspondiente archivo PDF para tener acceso a la administraci\u00f3n de justicia en poder tener acceso a lo resuelto en el proceso, en verme forzada en interponer Recurso de casaci\u00f3n sin poder obtener por parte de dicho despacho notificaci\u00f3n electr\u00f3nica de dicho Estado\u00bb (sic) (f. 5).  <\/span><\/p>\n

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En respuesta a tales peticiones la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n, respondi\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico \u00abse dict\u00f3 el fallo el pasado 19 de agosto durante AUDIENCIA, es esa la raz\u00f3n por la que dicha providencia qued\u00f3 notificada en ESTRADOS y no se publica mediante ESTADO, siguiendo las normas consagradas en nuestra legislaci\u00f3n procesal. Y es por ello que dicha sentencia no est\u00e1 publicada en PDF en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, pues se supone que su abogado debi\u00f3 asistir a dicha diligencia programada en auto del 9 de agosto de 2016 (providencia que se notific\u00f3 en ESTADO del 10 de agosto pasado y se public\u00f3 en la p\u00e1gina de la Rama Judicial en dicha fecha).  <\/span><\/p>\n

Incluso, tal como le informamos a su apoderado el d\u00eda de hoy v\u00eda e-mail, el expediente ya fue devuelto al juzgado de origen mediante oficio N\u00b0 1898 fechado el 23 de agosto de los corrientes. No obstante lo anterior, el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por su abogado, ser\u00e1 pasado al despacho del H.M. Dr. John Freddy Saza Pineda\u00bb (f. 4, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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Recurso que, por lo dem\u00e1s, fue negado por improcedente mediante auto de 15 de diciembre de 2016 (f. 68), prove\u00eddo frente al que el apoderado solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n que se neg\u00f3 el 19 de enero de 2017 (f. 68).  <\/span><\/p>\n

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2.4  Ahora, en cuanto a la sentencia proferida en la audiencia de 19 de agosto de 2016, por la que el Tribunal Superior de Cartagena revoc\u00f3 la proferida el 2 de marzo de 2016 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 (Bol\u00edvar), declar\u00f3 \u00abNO PROBADAS las excepciones de \u00abReestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb y \u00abSuspensi\u00f3n provisional al embargo y secuestro del Inmueble hipotecado\u00bb, propuestas por la parte ejecutada\u00bb y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos indicados en el mandamiento de pago (ff. 9 a 11 y 64 a 66), observa la Sala que tuvo fundamento en el hecho que en el material probatorio, no obraba ninguna evidencia que permitiera concluir que los recursos recibidos por los demandados hubieran sido destinados para la adquisici\u00f3n o financiaci\u00f3n de una vivienda, por cuanto,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) No otra cosa se sigue de la literalidad de los t\u00edtulos valores sometidos a recaudo, los cuales fueron otorgados en moneda corriente (pesos), entre los a\u00f1os 2006 y 2009, y sin que se dejara consignado en su texto de que los dineros entregados a los deudores ten\u00edan como prop\u00f3sito la compra de un inmueble para vivienda. La hipoteca constituida mediante Escritura P\u00fablica No. 216 de 14 de junio de 2006 de la Notar\u00eda \u00danica de Magangu\u00e9, tampoco refiere una circunstancia semejante, pues hace referencia a que se garantiza el pago de las obligaciones que el hipotecante \u00abdebe actualmente y llegare a deber\u00bb, sin mencionar que se trataba de cr\u00e9ditos para vivienda.  <\/span><\/p>\n

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Por el contrario, a partir de las pruebas obrantes en el proceso es posible inferir que los dineros recibidos por los demandados, devienen de diversos cr\u00e9ditos de libre inversi\u00f3n que, por su naturaleza y caracter\u00edsticas, no cuentan con los beneficios de la Ley 546 de 1999, la cual, entre otras cosas, constituye una normatividad que en su momento ampar\u00f3 cr\u00e9ditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999, circunstancia que aqu\u00ed tampoco se evidencia.  <\/span><\/p>\n

Esa circunstancia, justamente, que deja sin piso el argumento bacilar de la sentencia de primera instancia, adem\u00e1s conduce a la desestimaci\u00f3n de las excepciones de m\u00e9rito propuestas, en las cuales se reclama, precisamente, la suspensi\u00f3n y terminaci\u00f3n del proceso en virtud de que no se realiz\u00f3 la referida reestructuraci\u00f3n, cuando lo cierto es que, como qued\u00f3 dicho, los cr\u00e9ditos objeto de recaudo no se contrajeron para adquirir vivienda y, por lo mismo, tal prerrogativa no era obligatoria en este evento\u00bb (ff. 64 a 67). Explicaciones que soportan en forma consistente que la obligaci\u00f3n ejecutada en el aludido juicio hipotecario no fue adquirida para comprar una vivienda.  <\/span><\/p>\n

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Dicho lo anterior, es evidente que la conducta del Tribunal no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, puesto que lo resuelto fue justificado y soportado en debida forma por el conjunto de medios de convicci\u00f3n obrantes en el proceso, la doctrina y la jurisprudencia aplicable a la materia, lo que llev\u00f3 a establecer a trav\u00e9s de una hermen\u00e9utica razonable, que la decisi\u00f3n de primera instancia no fue acertada, porque la obligaci\u00f3n que se estaba cobrando judicialmente a los ejecutados no fue contra\u00edda para adquirir una vivienda, circunstancia que entonces impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n frente a la misma por parte del Juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Corte en sentencia STC6431-2016 de 19 de mayo, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAl respecto, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, puntualizando:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026Este mismo Tribunal ha enfatizado, en las sentencias T-105 y T-1225 de 2005 y SU-813 de 2007, que acciones de tutela presentadas por la negativa de los jueces civiles a suspender y dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios que persegu\u00edan el pago de obligaciones distintas a las originadas en cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo pactadas en UPAC resultan improcedentes por carecer del criterio general de relevancia constitucional. En efecto, en dichas providencias la Corte concluy\u00f3 que aquellas hip\u00f3tesis, a diferencia de las relacionadas con cr\u00e9ditos de vivienda, \u201cno re\u00fanen las condiciones que la Ley 546 de 1999 exig\u00eda para su terminaci\u00f3n\u201d y en consecuencia, la decisi\u00f3n de continuar la ejecuci\u00f3n forzada no vulnera el derecho al debido proceso. En estos espec\u00edficos casos constituye un requisito indispensable para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela que la controversia gire en torno a cr\u00e9ditos destinados a la financiaci\u00f3n de vivienda, porque es en aquellos en donde la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 puede comprometer intereses de rango constitucional de los peticionarios. Lo anterior no implica, de manera alguna, que los procesos ejecutivos hipotecarios adelantados para el cobro de obligaciones diferentes a las adquiridas en virtud de cr\u00e9ditos de vivienda, o incluso disputas de car\u00e1cter netamente patrimonial est\u00e9n, per se, desprovistas de relevancia constitucional y, en consecuencia, fuera de la \u00f3rbita de control del juez de tutela. La regla jur\u00eddica reproducida por la sentencia antes citada est\u00e1 circunscrita exclusivamente a las solicitudes de la tutela que busquen el amparo del derecho al debido proceso por la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 que ordena, previo el lleno de los requisitos se\u00f1alados por la jurisprudencia constitucional y reiterados en la parte motiva de esta sentencia, la suspensi\u00f3n y terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda. As\u00ed, por ejemplo, tendr\u00eda relevancia constitucional una solicitud de tutela elevada por la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso cuando se dicta sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n sin conceder oportunidad alguna para formular excepciones al mandamiento de pago. Para la Corte, las consideraciones dejan sin piso alguno la procedencia de la acci\u00f3n de tutela ejercida por la peticionaria, pues su precisa solicitud, con fundamento en el par\u00e1grafo 3\u00b0 de la Ley 546 de 1999, de suspender y declarar nulo el proceso ejecutivo hipotecario en el cual fue demandada para el cobro de las obligaciones derivadas del cr\u00e9dito de construcci\u00f3n que adquiri\u00f3, no tiene relevancia constitucional desde esta espec\u00edfica \u00f3rbita\u2026\u00bb (Corte Constitucional, T-328 de 2010)  <\/span><\/p>\n

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\u2018De suerte, que la decisi\u00f3n del sentenciador tutelado de denegar la aplicaci\u00f3n de las figuras invocadas, no vulnera las garant\u00edas fundamentales del promotor de la queja, porque a su cr\u00e9dito no le eran aplicables las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destinadas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, tal como de vieja data lo ha explicado esa Corporaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, para lo cual el Estado fijar\u00e1 las condiciones necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promover\u00e1 planes de vivienda de inter\u00e9s social, sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo y formas asociativas de ejecuci\u00f3n de estos programas de vivienda. Este derecho fundamental se encuentra enmarcado por los principios de interpretaci\u00f3n favorable de las normas, buena fe, confianza leg\u00edtima y prevalencia del derecho sustancial y, dentro del mismo, dar prioridad al sector poblacional que se encuentra en estado de debilidad manifiesta. Ahora bien, respecto de las normas que regularon la adquisici\u00f3n de vivienda, la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999, expuso la necesidad de que existiera una regulaci\u00f3n del sistema de financiaci\u00f3n de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional, fue entonces promulgada la Ley 546 de 1999. La Ley 546 de 1999 incluy\u00f3 expresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en UPAC al nuevo sistema de UVR. Con esta normativa, no solo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla.\u00bb (Corte Constitucional, T-753 de 2014)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que no es posible resolver este asunto con base en la normativa y jurisprudencia que el accionante alude en su escrito tutelar, pues aquellas \u00fanicamente benefician a los titulares de cr\u00e9ditos para \u201cfinanciaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo\u201d, adquiridas en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 546 de ese a\u00f1o\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.  Ahora en cuanto a la alegada falta de notificaci\u00f3n de la parte ejecutada \u00abde la audiencia y fallo por correo electr\u00f3nico\u00bb, basta decir, que como qued\u00f3 visto en los antecedentes narrados, \u00e9stas se realizaron conforme lo se\u00f1alan los art\u00edculos 294 y 295 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores consideraciones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1415-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00125-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}