{"id":99189,"date":"2026-06-25T18:02:10","date_gmt":"2026-06-25T18:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1426-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:02:10","modified_gmt":"2026-06-25T18:02:10","slug":"stc1426-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1426-2017\/","title":{"rendered":"STC1426-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1426-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02147-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo Salvador Zambrano Acu\u00f1a contra el Juzgado 16 Laboral del Circuito, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Bogot\u00e1, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y el Banco Popular S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El actor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales, a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, a la igualdad, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso aplicable a los trabajadores y a la favorabilidad laboral en relaci\u00f3n \u00abcon [el] equilibrio en las relaciones de trabajo\u00bb, que aduce conculcados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral instaurado por \u00e9l en contra del Banco Popular S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efecto las sentencias que se emitieron en el juicio ordinario de indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional y, en su lugar, ordenar directamente a la entidad bancaria indexe la primera mesada pensional \u00abcon la f\u00f3rmula explicada por la Corte Constitucional en las sentencias T-095 de 2005, T-425 de 2007, T-815 de 2007 y T-1055 de 2007\u00bb, o la de la \u00abSala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia radiada 31222 de 2007\u00bb, con vista en el \u00faltimo salario recibido por el reclamante, \u00abpagando igualmente el valor del retroactivo que corresponda desde el momento en que se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, y haciendo los reajustes anuales a que haya lugar[,] de conformidad con el orden jur\u00eddico vigente en esta materia y pag\u00e1ndo[le] la pensi\u00f3n hacia el futuro\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El peticionario como sustento de las s\u00faplicas expres\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Ante el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra del anotado ente financiero, en orden a que fuera reconocido su derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, al igual que el derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada. El 21 de febrero de 2003 el referido despacho concluy\u00f3 la instancia accediendo al reconocimiento de la asignaci\u00f3n, a partir del 25 de marzo de 1999 en cuant\u00eda de 222 mil 175 pesos con 70 centavos, esto es, en equivalencia a 1,2 salarios m\u00ednimos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Inconforme con las determinaciones de instancia, el quejoso propuso casaci\u00f3n pidiendo casar parcialmente la sentencia del ad-quem; el 2 de febrero de 2005, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la providencia confutada, lo que conllev\u00f3 a que al accionante se le entregara una pensi\u00f3n depreciada en el 70% de su valor real, de acuerdo a los ingresos que \u00e9ste devengaba cuando se produjo su retiro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Tales prove\u00eddos ocasionaron un perjuicio vitalicio al desconocer que el Estado debe garantizar el pago oportuno y el reajuste peri\u00f3dico de las pensiones legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n mediante fallo de 20 de abril de 2007, radicado n\u00ba 29470, recogi\u00f3 el precedente relativo a negar la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, admitiendo lo sostenido por la Corte Constitucional en las sentencias C-862 y C-891A de 2006, al declarar tal derecho como una garant\u00eda derivada del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; posteriormente, en la decisi\u00f3n radicada n\u00ba 31222 dispuso recoger todo pronunciamiento que resulte contrario a la f\u00f3rmula que se hubiere empleado en casos similares donde no se consagr\u00f3 la forma de actualizar la mesada pensional; as\u00ed mismo, dict\u00f3 la sentencia 47709 de 2013 en la que estableci\u00f3 que \u00abel derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de la pensi\u00f3n\u2026, cobija por igual a todos los pensionados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Dichos cambios jurisprudenciales fueron posteriores a las decisiones del proceso ordinario que el gestor instaurara contra el Banco Popular, por lo que su caso se resolvi\u00f3 en una \u00e9poca en la que no se acced\u00eda a indexar las pensiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Se doli\u00f3 de que siga padeciendo los efectos negativos de unas sentencias que fueron expresamente recogidas por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en lo laboral, por lo que pidi\u00f3 le sea aplicado el criterio que se adopt\u00f3 en la sentencia de tutela de esta c\u00e9lula de casaci\u00f3n con radicado n\u00ba 2016-04909. Aleg\u00f3 que su caso trata de un tema de pura indexaci\u00f3n pensional y que busca la protecci\u00f3n del derecho que, en su justa dimensi\u00f3n, se le ha protegido a cientos de pensionados por no haberse ordenado la indexaci\u00f3n pensional, por no haber operado la materializaci\u00f3n de la prerrogativa a mantener el poder adquisitivo de la pensi\u00f3n como lo indica el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte pidi\u00f3 negar el amparo por improcedente, pues no existe vulneraci\u00f3n de los derechos del actor dado que la sentencia dictada en sede de casaci\u00f3n el 2 de febrero de 2005 fue emitida bajo la vigencia del criterio que para ese momento sosten\u00eda esa c\u00e9lula, seg\u00fan el cual no proced\u00eda la indexaci\u00f3n de la primera mesada, de suerte que aplicar el nuevo precedente ser\u00eda desconocer los principios de independencia y autonom\u00eda judicial, cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica (folios 158 a 159, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de todas las actuaciones surtidas en el juicio laboral que origina el reparo actual, adicionalmente manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, en su momento, lo fue con fundamento en los mandatos constitucionales y legales vigentes para esa \u00e9poca. Agreg\u00f3 que en el expediente obra copia del fallo de tutela dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que neg\u00f3 el amparo solicitado por el hoy accionante y otros contra las decisiones de instancia y casaci\u00f3n emitidas al interior del juicio ordinario laboral por \u00e9l promovido contra el Banco Popular S.A., atinentes a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional (folios 162 a 164, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Banco Popular S.A. solicit\u00f3 rechazar por improcedente la tutela dado que no se ha vulnerado derecho alguno del actor, as\u00ed como no es instancia adicional para controvertir lo dicho por el \u00f3rgano de cierre; aunado a que un cambio de precedente judicial no debe influir en una decisi\u00f3n adoptada en la jurisdicci\u00f3n ordinaria con apego a la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que existe temeridad por parte del quejoso, en la medida en que con anterioridad formul\u00f3 acciones de tutela por los mismos hechos y derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pidi\u00f3 que, en caso de llegarse a ordenar la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, se le autorice para descontar los valores pagados, aplicar la figura de la compartibilidad con la pensi\u00f3n de vejez y los valores prescritos (folios 179 a 194, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo por estimar que no se cumpl\u00eda el requisito de inmediatez, dado que la \u00faltima de las sentencias atacadas data del 2 de febrero de 2005, y revisados los pronunciamientos judiciales de primera y segunda instancia, as\u00ed como el casaci\u00f3n, \u00abse advierte que los referidos estadios, al resolver los asuntos objeto de pronunciamiento, de manera clara y precisa expusieron las razones de tipo f\u00e1ctico, probatorio y jur\u00eddico\u00bb, concluyendo que las determinaciones se aprecian razonables, pues se soportaron en los presupuestos legales y jurisprudenciales vigentes en esa \u00e9poca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s las providencias de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n como m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en tal especialidad no gozan de \u00abla posibilidad de revisi\u00f3n cuando adquieren la firmeza de cosa juzgada que les da el car\u00e1cter de \u201cintangible e inmutable\u201d, como lo se\u00f1ala la propia Constituci\u00f3n, y en tal condici\u00f3n, esos fallos han superado la presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb (folios 356 a 374, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El actor apel\u00f3 el fallo que viene de rese\u00f1arse manifestando que en los casos de indexaci\u00f3n pensional no es posible hablar de inmediatez como requisito de procedibilidad de la tutela, por cuanto el perjuicio es permanente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte alleg\u00f3 copia de la sentencia de unificaci\u00f3n SU-367\/16 de la Corte Constitucional, en la que se aclar\u00f3 que el pago retroactivo de las mesadas pensionales se hace obligatorio desde el 13 de diciembre de 2007, data en que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia unific\u00f3 el criterio al respecto (folios 3 a 6, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Cumple reiterar que la acci\u00f3n de tutela es limitada frente a providencias o actuaciones judiciales, pues s\u00f3lo procede cuando \u00e9stas son el fruto de una indiscutible oposici\u00f3n al orden jur\u00eddico, que la jurisprudencia constitucional actual clasifica en varios defectos1, y siempre que cause desmedro en los derechos fundamentales, sin que el afectado tenga otro medio procesal de resguardo, toda vez que el juez de este mecanismo no puede inmiscuirse en los procesos judiciales en curso o terminados, para dictar decisiones paralelas a las all\u00ed proferidas o desconocer estas, lo que dejar\u00eda sin efectos los principios de autonom\u00eda, desconcentraci\u00f3n e independencia funcional de los administradores de justicia, reconocidos por los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el presente caso, el accionante acude a la tutela al considerar que se transgreden sus prerrogativas esenciales, pues pese a que fue reconocida la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 aplic\u00f3 a \u00e9sta una f\u00f3rmula restrictiva, que vulnera su derecho a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional, determinaci\u00f3n que no fue casada sobre ese punto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la suya de 2 de febrero de 2005.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En primer lugar, habr\u00e1 de precisarse que esta petici\u00f3n tuitiva no deviene temeraria, pues si bien es cierto que el aqu\u00ed reclamante en anterior oportunidad formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela por hechos an\u00e1logos a los de ahora, lo cierto es que esta nueva petici\u00f3n est\u00e1 fundada en una nueva circunstancia, cual es el cambio de jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n, ocurrido en sentencia SL 30602. 13 dic. 2007, en punto de adoptar la f\u00f3rmula m\u00e1s ben\u00e9fica para el trabajador para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, al igual que la sentencia de SL 736-2013, 16 oct., rad. 47709, que reconoci\u00f3 el derecho universal que les asiste a los trabajadores de que su asignaci\u00f3n de retiro sea actualizada monetariamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A ese respecto, esta Sala ha precisado que el cambio de la jurisprudencia sentada constituye un hecho nuevo, en raz\u00f3n a que se ponen en juego la prerrogativa a la igualdad de quienes acudieron a la jurisdicci\u00f3n cuando estaba vigente la primera interpretaci\u00f3n normativa. As\u00ed lo expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026en efecto, para la fecha en que se interpuso la primera acci\u00f3n de tutela no exist\u00eda certeza del derecho reclamado, pues la jurisprudencia de la Sala Laboral no hab\u00eda admitido la posibilidad de indexar la primera mesada en los casos en que el derecho a la pensi\u00f3n se hab\u00eda causado con anterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991; de ah\u00ed que la negaci\u00f3n del amparo por criterio razonable fuese justificado\u2026 (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 00166-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.        En segundo lugar, necesario resulta explicar que en este caso aun cuando se cuestionan las sentencias de instancia y de casaci\u00f3n dictadas al interior de un proceso ordinario laboral, siendo la \u00faltima de ellas proferida el 2 de febrero de 2005 por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al tratarse de un derecho pensional, el cual goza de car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, vitalicio y de tracto sucesivo, \u00e9ste puede reclamarse en cualquier tiempo.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       En torno a la oportunidad en el planteamiento de estas acciones, la Corte Constitucional dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 hay casos en los no es procedente alegar la inmediatez en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constituci\u00f3n no ha previsto la caducidad de la acci\u00f3n en el art\u00edculo 86.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, y de acuerdo con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneraci\u00f3n a dicho derecho del se\u00f1or Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negaci\u00f3n al incremento de su mesada pensional por concepto de compa\u00f1era permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso b\u00e1sico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (CC T-217\/13).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.        La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 con sentencia de 16 de mayo de 2003 reconoci\u00f3 al interesado la pensi\u00f3n de retiro a partir del 15 de marzo de 1999, por valor de 404 mil 761 pesos con 50 centavos, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026[acorde con] las operaciones aritm\u00e9ticas de rigor, se tendr\u00e1 como salario promedio devengado por el demandante durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, la suma de $101.166,98, que aparece registrada en la conciliaci\u00f3n celebrada entre las partes y en la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales\u2026, as\u00ed como la certificaci\u00f3n expedida por el DANE\u2026  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el ingreso base de liquidaci\u00f3n equivale a $101.166,98, se actualizar\u00e1 anualmente desde el 1\u00ba de agosto de 1982, d\u00eda siguiente al de su desvinculaci\u00f3n, hasta el 5 de abril de 1999, fecha a partir de la cual fue pensionado, de acuerdo a la f\u00f3rmula que estos efectos ha venido acogiendo esta Sala y que a continuaci\u00f3n se copia: \u00abf\u00f3rmula S.B.C. x IPC de 1982 a 1997 x n\u00famero de d\u00edas a indexar por a\u00f1o dividido por el n\u00famero de d\u00edas contados desde la fecha de la desvinculaci\u00f3n hasta la fecha a partir de la cual le fue convida la pensi\u00f3n\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, al aplicar esta tesis al caso de autos, acogiendo el criterio mayoritario de la H. Corte Suprema de Justicia, advirtiendo que el total de demandantes liquidadas en este proceso es de 11\u2026 al aplicarse la indexaci\u00f3n del salario a los demandantes conforme a la tesis de la H. Corte\u2026 [resolviendo condenar] a la entidad Banco Popular S.A. \u2026., a pagarles como pensi\u00f3n inicial\u2026 las sumas que cada caso se indican\u2026 Hugo Salvador Zambrano Acu\u00f1a c.c. n\u00ba 2.911.485, la suma de cuatrocientos seis mil setecientos sesenta y un pesos con cincuenta centavos (folios 34 y 58, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en providencia de 2 de febrero 2005 no cas\u00f3 la anotada sentencia del ad-quem, en lo tocante a la aplicaci\u00f3n de la f\u00f3rmula m\u00e1s favorable para liquidar la indexaci\u00f3n de la mesada pensional, estimando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 \u00abSobre el punto de cu\u00e1l debe ser la f\u00f3rmula que procede aplicar para obtener el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de una persona beneficiada por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, que no cotiz\u00f3 ni prest\u00f3 servicios subordinados durante el tiempo que le faltaba para obtener tal prestaci\u00f3n, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en el sentido seg\u00fan el cual el prop\u00f3sito del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 es la actualizaci\u00f3n anual de la base salarial que ha de servir para tasar la mesada pensional, esto es garantizar que los ingresos para establecer esa base de liquidaci\u00f3n mantengan su valor real, lo que se logra adecuando esta preceptiva a todas las situaciones cuya actualizaci\u00f3n sea procedente en los t\u00e9rminos de la precitada ley.  <\/span><\/p>\n

Criterio reiterado recientemente en sentencia de 10 de diciembre de 2004, radicada con el n\u00famero 21690, en la que se anot\u00f3, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026El cometido del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 es actualizar anualmente la base salarial que ha de servir para tasar la mesada pensional, valga decir, garantizar que los ingresos para establecer esa base de liquidaci\u00f3n mantengan su valor real, lo que se logra adecuando la aludida disposici\u00f3n a todas las situaciones cuya actualizaci\u00f3n sea procedente, entre ellas la que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, que no es otra que en el evento de no haberse cotizado ni recibido salario entre el retiro del servicio o la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social y la fecha en que se cumpli\u00f3 la edad o requisitos para acceder al derecho pensional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con el inciso tercero de la disposici\u00f3n en comento, la actualizaci\u00f3n debe hacerse a\u00f1o por a\u00f1o o por fracci\u00f3n de a\u00f1o, tomando la variaci\u00f3n del IPC de cada una de esas anualidades y aplic\u00e1ndolo al salario promediado, sin que sea dable como lo sostiene el censor, que para la casu\u00edstica del examine se suponga que continu\u00f3 el demandante devengando un salario superior para cada lapso, pues aqu\u00ed no se trata de actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios peri\u00f3dicos sino un salario promedio que no tuvo modificaci\u00f3n con posterioridad a la vigencia de la Ley 100, m\u00e1xime cuando esa base de liquidaci\u00f3n se remonta es al promedio devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de prestaci\u00f3n de servicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y si se le diera la raz\u00f3n al recurrente, lo que se estar\u00eda actualizando ser\u00eda el salario del a\u00f1o anterior ya indexado, lo cual ir\u00eda en contrav\u00eda del esp\u00edritu de la norma que no prev\u00e9 que esos montos se acumulen, conllevando una doble revaluaci\u00f3n, siendo que lo pertinente es tomar como punto de partida el mismo promedio y aplicarle el incremento del \u00edndice respecto de cada una de las anualidades conforme a la ley, en la forma reflejada en la f\u00f3rmula que viene utilizando la Corte, que es igual a la acogida por los sentenciadores, al igual que la desarrollada por el propio demandante en su escrito de alegaci\u00f3n de folios 83 a 88 y que extra\u00f1amente luego la cambi\u00f3 en su memorial de apelaci\u00f3n  obrante de folios 166 a 169, tratando de obtener un mayor valor de la mesada…\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, es claro entonces que el sentenciador de segundo grado no incurri\u00f3 en el error de hermen\u00e9utica denunciado por la censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese contexto, debe advertirse que sobre la primera mesada pensional, esta Sala ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La indexaci\u00f3n es un m\u00e9todo econ\u00f3mico que se usa para reajustar el valor de una suma de dinero por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo que ha sufrido la moneda en virtud del fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La correcci\u00f3n del valor del dinero no es un hecho jur\u00eddico sino econ\u00f3mico, pues depende de la pol\u00edtica monetaria y de las leyes del mercado. Por ello, su reconocimiento por parte del derecho no es m\u00e1s que una consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad, pues de lo contrario se estar\u00eda afectando el poder adquisitivo de las personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en providencia de 8 de agosto de 1982, acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder de compra de las personas frente al fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. La misma Corporaci\u00f3n, en fallo de 15 de septiembre de 1992, reconoci\u00f3 expresamente que la indexaci\u00f3n proced\u00eda cuando  transcurr\u00eda un tiempo considerable entre la fecha de desvinculaci\u00f3n del trabajador por cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, y la fecha en que tal prestaci\u00f3n se hac\u00eda exigible, toda vez que el \u00faltimo salario recibido no pod\u00eda ser tomado como base del ingreso de la liquidaci\u00f3n, debido a su evidente devaluaci\u00f3n. En similares t\u00e9rminos se dict\u00f3 la sentencia de 11 de diciembre de 1996.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En fallo de 18 de agosto de 1999 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambi\u00f3 su jurisprudencia luego de estimar que la indexaci\u00f3n s\u00f3lo procede en los casos previstos por el legislador, es decir para las pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta posici\u00f3n fue declarada contraria a los postulados constitucionales en sentencia SU-120 de 2003, la cual se sustent\u00f3, entre otros, en los principios de favorabilidad y efectividad de las garant\u00edas laborales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El derecho universal a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada, por su parte, fue reconocido en sede de control abstracto en los fallos C-826 y C-891A de 2006, al pronunciarse la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 171 de 1961 y 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En sentencia de 31 de julio de 2007, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estableci\u00f3 una nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, seg\u00fan la cual la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional se debe reconocer no solo a las pensiones de car\u00e1cter legal sino tambi\u00e9n a las de origen convencional. Sin embargo, limit\u00f3 ese derecho a las pensiones reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificaci\u00f3n SU 1073 de 2012, reiter\u00f3 que el derecho a la indexaci\u00f3n cobija a todos los pensionados, sea que hayan adquirido su derecho con anterioridad o con posterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991, pues no existe ninguna raz\u00f3n jur\u00eddica para establecer una distinci\u00f3n odiosa y que afecta el derecho a la igualdad entre ambas clases de pensionados. En esa providencia se precis\u00f3 que tal derecho se hace exigible a partir del proferimiento de tal fallo (12 de diciembre de 2012), pues antes de esa fecha no exist\u00eda un criterio claro y unificado en torno al tema de la actualizaci\u00f3n de la base salarial, por lo que no se puede exigir al demandado el pago del retroactivo con anterioridad a ese momento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En fallo de 16 de octubre de 2013, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adopt\u00f3 una nueva postura doctrinal, en la que consider\u00f3 su orientaci\u00f3n al respecto, y retom\u00f3 su jurisprudencia anterior a 1999, en el sentido de aceptar que la indexaci\u00f3n de la primera mesada procede \u201crespecto de todo tipo de pensiones, causadas a\u00fan con anterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la sentencia T-448 de 2013 se reiter\u00f3 que \u00abnegar el derecho a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada de un pensionado \u2013sin distinci\u00f3n del origen de la pensi\u00f3n\u2013 que consolid\u00f3 su derecho antes de la Constituci\u00f3n de 1991 o de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contrar\u00eda el mandato Superior del derecho a percibir una pensi\u00f3n m\u00ednima vital calculada teniendo en consideraci\u00f3n los fen\u00f3menos inflacionarios y la consecuente p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero. As\u00ed como tambi\u00e9n compromete los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.\u00bb  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Esta sentencia destac\u00f3, de igual modo, la obediencia que todas las autoridades deben al precedente de unificaci\u00f3n, de suerte que su desconocimiento implica una grave vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales: \u00abUna vez ha sido sentado por parte del respectivo m\u00e1ximo \u00f3rgano, no es dado que se realice una interpretaci\u00f3n distinta o alterada de la efectuada por la jurisprudencia de unificaci\u00f3n, en tanto que si en un caso dis\u00edmil se aceptara su aplicaci\u00f3n, se avalar\u00eda una relativizaci\u00f3n de lo dispuesto en el precedente mediante estructura de regla.\u00bb [Se subraya]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, la sentencia T-182 de 2014 retom\u00f3 en su integridad las razones en que se sustent\u00f3 el fallo de unificaci\u00f3n SU-1073\/12 para reconocer el derecho universal a la indexaci\u00f3n de la primera mesada, el cual \u2013asever\u00f3\u2013 \u00abes predicable de todas las personas pensionadas y, por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situaci\u00f3n y, por tanto, deben recibir igual tratamiento.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta \u00faltima providencia enfatiz\u00f3, de igual manera, la regla contenida en la sentencia SU-1073\/12 con relaci\u00f3n a que \u00abpese al car\u00e1cter universal del derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1994, hace que s\u00f3lo a partir de esta decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n se genere un derecho cierto y exigible\u00bb. (Negrilla en el texto original). (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 2014-00166-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, con miramiento en los anotados lineamientos, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues fue desconocida por los estrados judiciales que tramitaron el proceso laboral objeto de la solicitud de amparo, la jurisprudencia constitucional y relativa a la forma de calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, dado que aplicaron una f\u00f3rmula restrictiva y desfavorable, que desconoce la que ha sido utilizada por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones pasaron inadvertido que el fen\u00f3meno inflacionario es una figura que afecta a toda la sociedad, que la indexaci\u00f3n es una herramienta para combatir los efectos de la inflaci\u00f3n que produce la p\u00e9rdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, y que su no aplicaci\u00f3n desconoce diferentes principios constitucionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es de destacar que la indexaci\u00f3n es un derecho de car\u00e1cter universal que debe ser garantizado a todos los pensionados, comoquiera que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026no existir\u00eda raz\u00f3n alguna para dar un trato diferenciado a las personas que consolidaron su situaci\u00f3n pensional bajo la Carta Pol\u00edtica anterior, cuando tambi\u00e9n ellas se ven perjudicadas en su m\u00ednimo vital, al recibir una suma significativamente inferior a la que percibieron inicialmente y a la que recibieron durante su vida laboral activa\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

la universalidad del derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada es predicable de todas las personas pensionadas, y por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situaci\u00f3n y por tanto, deben recibir igual tratamiento (CC T-182\/14).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, es de advertirse que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026son inconstitucionales todas aquellas situaciones que a pesar de haberse consolidado bajo la \u00e9gida de la Carta anterior, sus efectos se proyectan en futuro y generan vulneraci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales, tal y como ser\u00eda el caso de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior por cuanto resulta evidente que la negativa de la indexaci\u00f3n en la primera mesada pensional se encuentra produciendo graves efectos en el m\u00ednimo vital de los pensionados que mes por mes reciben una suma significativamente inferior a la que tienen derecho y que no se compadece con el esfuerzo laboral que realizaron en su vida productiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto, como se desarroll\u00f3 anteriormente, desconoce los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que consagran el deber de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, as\u00ed como los principios de favorabilidad y de in dubio pro operario a favor del trabajador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma manera, negar el derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional a aquellos cuyo derecho fue reconocido con anterioridad a la expedici\u00f3n de 1991 dejar\u00eda sin protecci\u00f3n a personas que por su avanzada edad y en raz\u00f3n a su especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, son sujetos de especial protecci\u00f3n del Estado. Adem\u00e1s, al ser adultos mayores, debe presumirse que la pensi\u00f3n en su \u00fanico ingreso, m\u00e1s cuando existen enormes dificultades en el ingreso al mercado laboral (CC SU-1073\/12).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En lo ata\u00f1edero a la f\u00f3rmula que debe emplearse para liquidar la primera asignaci\u00f3n de retiro, la Corte Constitucional explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se configura el defecto denominado violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n cuando un juez ordinario laboral se niega a reconocer la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional o accede a ella pero con base en una formula restrictiva, ya que vulnera el derecho de las personas a mantener el poder adquisitivo de su pensi\u00f3n de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 48 y 53 superiores, tal y como lo estableci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en las sentencias SU-1073 de 20122, T-1086 de 20123, T-1095 de 20124, T-007 de 20135 y T-255 de 20136.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026En efecto, al revisar las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral cuestionado, este Tribunal encuentra que si bien en las mismas se hizo alusi\u00f3n en forma correcta al precepto normativo que sirve de fundamento para el reconocimiento de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional y de la indexaci\u00f3n del salario base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, esto es el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, tambi\u00e9n lo es que se utiliz\u00f3 una f\u00f3rmula para su liquidaci\u00f3n diferente a la adoptada por esta Corte, la cual resulta desfavorable para el goce de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n del demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Espec\u00edficamente, la f\u00f3rmula utilizada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 fue la actualizaci\u00f3n anual del promedio del \u00faltimo a\u00f1o de salario devengado por el trabajador, con base en la variaci\u00f3n del indicie de precios al consumidor, seg\u00fan certificaci\u00f3n que expide el DANE, teniendo en cuenta los d\u00edas a indexar y los d\u00edas del tiempo servido; en contraste de la usada reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n, a saber R= RH x (IPC final \/ IPC inicial), donde \u00abel valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor hist\u00f3rico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el \u00edndice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificaci\u00f3n de esta sentencia, entre el \u00edndice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.\u201d7 (CC T-529\/14).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, entonces, se concluye que el juez de tutela forzosamente debe intervenir en el caso bajo estudio, habida cuenta que en las decisiones emitidas al interior del juicio ordinario laboral iniciado por el gestor del amparo y otros en contra del Banco Popular S.A., no se efectu\u00f3 la actualizaci\u00f3n de la primera mesada con base en la f\u00f3rmula establecida por la Corte Constitucional en sentencia T-098\/05, reiterada en la SU-1073\/12 y T-529\/14, la que fuera adoptada igualmente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n en SL, 13 dic. 2007, rad. 30602; lo que devino en afectaci\u00f3n de los derechos del actor, dado que si bien utiliz\u00f3 una ecuaci\u00f3n aritm\u00e9tica aceptada por la jurisprudencia de la \u00e9poca, que era razonable, \u00e9sta result\u00f3 ser la menos favorable al trabajador, contrariando el principio constitucional pro operario, en raz\u00f3n de lo cual se otorgar\u00e1 el resguardo deprecado en este excepcional escenario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones, la \u00faltima Corporaci\u00f3n citada, en sentencia SU-637\/2016 explic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026encuentra necesario hacer algunas consideraciones sobre las reglas que utilizar\u00e1 para determinar el retroactivo que deber\u00e1 pag\u00e1rsele al accionante, ahora que se ha establecido que procede la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional utilizando una nueva f\u00f3rmula. Sin embargo, como se indic\u00f3 en consideraciones precedentes, debe tenerse en cuenta que con esto no se pretende establecer una regla de prescripci\u00f3n de mesadas, en tanto que la jurisprudencia constitucional ha afirmado que para pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991 y en las cuales la prescripci\u00f3n no fue alegada dentro del proceso ordinario por alguna de las partes, la Corte no tiene competencia para declarar de oficio dicha prescripci\u00f3n8.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Hecha la anterior precisi\u00f3n y siguiendo con el asunto objeto de controversia, debe recordarse que en este caso no existe duda acerca del derecho que tiene el accionante a que su pensi\u00f3n sea indexada, sino sobre la f\u00f3rmula utilizada para realizar esa indexaci\u00f3n. En ese sentido, vale decir que en el a\u00f1o en que termin\u00f3 el proceso ordinario laboral (2004), el Banco Popular ten\u00eda la leg\u00edtima expectativa de que la f\u00f3rmula usada por los jueces era la correcta, toda vez que hasta ese momento no exist\u00edan pronunciamientos acerca de la idoneidad de la misma. De hecho, como puede verse en las consideraciones precedentes, el consenso en torno a la f\u00f3rmula utilizada originalmente por el Consejo de Estado s\u00f3lo se cristaliz\u00f3 en 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia adopt\u00f3 definitivamente esa forma de actualizar el valor del salario base de liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

51. Debido a esto \u00faltimo, esta Corporaci\u00f3n tomar\u00e1 el 13 de diciembre de 2007 (fecha de la sentencia de la Corte Suprema) como el momento en el cual se consolid\u00f3 la posici\u00f3n jurisprudencial acerca de que lo m\u00e1s adecuado en t\u00e9rminos de equidad y justicia material es utilizar la f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n que m\u00e1s beneficie al trabajador, siendo \u00e9sta, generalmente, la definida originalmente por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y luego adoptada por las otras Altas Corporaciones. Por ende, ordenar\u00e1 el pago del retroactivo a favor del accionante desde esa fecha, equivalente a la diferencia resultante entre lo que el ente accionado deb\u00eda pagar al haberse aplicado la f\u00f3rmula correcta de indexaci\u00f3n y lo que efectivamente pag\u00f3 como consecuencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n. La Sala considera que esta manera de determinar el retroactivo, si bien novedosa, atiende a la justicia material en este caso concreto, porque compensa adecuadamente al accionante por el tiempo durante el cual recibi\u00f3 una pensi\u00f3n liquidada con la f\u00f3rmula menos favorable y, por otro lado, reconoce que el Banco accionado ha venido pagando la mesada seg\u00fan las determinaciones originales de los jueces ordinarios. Otros casos similares podr\u00edan no requerir de este tipo de determinaciones, ya sea porque la f\u00f3rmula utilizada s\u00ed era la m\u00e1s favorable para el trabajador o porque las providencias laborales fueron proferidas con posterioridad al 2007, por ejemplo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas esta Sala refiri\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Desde luego que por v\u00eda de tutela no es posible declarar la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas, pero s\u00ed es posible -en acatamiento de los par\u00e1metros realizados por la jurisprudencia- concluir que el t\u00e9rmino prescriptivo previsto en el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible\u00bb (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 2014-00166-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.        De manera que se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo impetrado por Hugo Salvador Zambrano Acu\u00f1a, dejando sin efecto las sentencias de 2 de febrero de 2005 y 16 de mayo de 2003, proferidas, en su orden, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00fanicamente en lo relativo al accionante, as\u00ed como las decisiones que de \u00e9stas dependan, ordenando al Tribunal accionado que profiera una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el asunto puesto a su conocimiento, se repite, s\u00f3lo en relaci\u00f3n con Hugo Salvador Zambrano Acu\u00f1a, con base en la jurisprudencia nacional vigente en materia de la f\u00f3rmula para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas sobre sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones y, concretamente, las sentencias T-098\/05, SU-1073\/12, T-448\/13, T-182\/14, T-529\/14 y SU-637\/16.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Revocar la sentencia de tutela objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Tutelar los derechos fundamentales de Hugo Salvador Zambrano Acu\u00f1a a que se aplique la f\u00f3rmula m\u00e1s favorable para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, conforme a las consideraciones que se acaban de exponer.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Dejar sin efectos las sentencias proferidas el 2 de febrero de 2005 y 16 de mayo de 2003, en su orden, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Hugo Salvador Zambrano Acu\u00f1a y otros contra el Banco Popular S.A., pero \u00fanicamente en lo concerniente al aqu\u00ed accionante, y en su lugar, se ordena a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, dentro del mes siguiente a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n o a la fecha en que reciba el expediente contentivo del proceso judicial atacado, dicte una nueva sentencia que resuelva la controversia jur\u00eddica que fue materia de esta acci\u00f3n, con sustento en la jurisprudencia vigente en materia de la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas de sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones. Para lo pertinente, deber\u00e1 tenerse en cuenta la doctrina constitucional prevista en las sentencias T-098\/05, SU-1073\/12, T-448\/13, T-182\/14, T-529\/14 y SU-637\/16.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 para que de inmediato remita el expediente cuestionado a la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta misma ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Entre muchas, sentencia T-125 de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub    <\/span><\/p>\n

3 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.    <\/span><\/p>\n

4 MP. Luis Ernesto Vargas Silva.    <\/span><\/p>\n

5 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    <\/span><\/p>\n

6 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    <\/span><\/p>\n

7 Sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda).    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado Ponente      STC1426-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02147-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}