{"id":99190,"date":"2026-06-25T18:02:14","date_gmt":"2026-06-25T18:02:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1427-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:02:14","modified_gmt":"2026-06-25T18:02:14","slug":"stc1427-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1427-2017\/","title":{"rendered":"STC1427-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1427-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2016-00712-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 19 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Olga Robertina Moya de Su\u00e1rez, Clara Elizabeth y Ra\u00fal Honorio Moya Rueda contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca \u2013Oficina Provincial de Chiquinquir\u00e1-, la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda de San Miguel de Sema, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes de la querella que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la paz, a la igualdad, a la vida digna, a la buena fe y confianza leg\u00edtima, al acceso a la \u00ablibre justicia material\u00bb y a la propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en el tr\u00e1mite de la querella policiva por perturbaci\u00f3n de posesi\u00f3n de servidumbre promovido en su contra por Blanca Idaly Vega de Pineda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En consecuencia, solicitaron: (i) dejar sin efecto las decisiones proferidas en ese tr\u00e1mite policivo dado que la querellante no ten\u00eda \u00abderecho a promover es[a] acci\u00f3n\u2026 por no haber aportado prueba que permit[iera] hacer valer sus pretensiones\u00bb; (ii) declarar que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de San Miguel de Sema no puede imponerles sanci\u00f3n al dejarse \u00absin valor las decisiones de la querella\u00bb; (iii) Prevenir a la CAR sobre la necesidad de exigir como requisito para conceder concesiones de agua a quienes no son propietarios del inmueble, la constituci\u00f3n de servidumbre o haberla obtenido con el consentimiento de los titulares del dominio; y (iv) ordenar a Blanca Idaly Vega de Pineda abstenerse de ingresar al predio de los quejosos a \u00abefectuar cualquier acto que afecte\u2026 [su] derecho de propiedad\u00bb (folio 8, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.        Del escrito de tutela se infieren los siguientes supuestos f\u00e1cticos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.        Los actores son propietarios del inmueble denominado \u00abEsperanza Miravalles\u00bb, identificado con folio n\u00ba 072-70297 y localizado en la vereda Hato Viejo del municipio de San Jos\u00e9 de Sema.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.        Ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la anotada municipalidad, Blanca Idaly Vega instaur\u00f3 querella policiva en contra de los solicitantes, buscando amparar una \u00abconcesi\u00f3n de aguas\u00bb que fuera concedida a su progenitora Silvia del Esp\u00edritu Santo Vega Forero por parte de la CAR.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.        La querellante nunca obtuvo permiso de los padres de los gestores del amparo ni de \u00e9stos para establecer una servidumbre de tr\u00e1nsito o de acueducto, la cual viene ejerciendo desde el 2014 de manera \u00ababusiva, destruyendo cercas de protecci\u00f3n del inmueble\u00bb, contando con el apoyo de las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.4.        No desconocen que el agua es un recurso natural de uso p\u00fablico, sin embargo, el suelo en el que se encuentra es privado. Por lo tanto, la autoridad administrativa al conferir la concesi\u00f3n o licencia de explotaci\u00f3n debi\u00f3 verificar la existencia del permiso de los propietarios o la constituci\u00f3n de la servidumbre ya sea de tr\u00e1nsito ora de acueducto, requisitos que brillaron por su ausencia en el tr\u00e1mite policivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.        Las decisiones pronunciadas en dicho asunto se edificaron desconociendo \u00abprincipios de imparcialidad y transparencia\u00bb en la pr\u00e1ctica de las pruebas, dado que no se tuvieron en cuenta los cuestionamientos planteados por ellos frente a los interrogatorios, a los testigos, a los documentos aportados por Blanca Idaly Vega de Pineda y la objeci\u00f3n al dictamen pericial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        La Alcald\u00eda de San Miguel de Sema no tuvo en cuenta los reparos expresados en la alzada, cohonest\u00f3 el \u00ababuso de poder, la ilegalidad de los actos de la Inspecci\u00f3n Municipal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Se duelen de que si la CAR otorg\u00f3 la concesi\u00f3n de aguas a Silvia del Esp\u00edritu Santo Vega Forero, no tiene por qu\u00e9 exigir a Vega de Pineda efectuar la siembra de \u00e1rboles en el predio de los quejosos, situaci\u00f3n que ha generado conflictos entre \u00e9stos y aquella, m\u00e1xime cuando ni siquiera ha pagado una indemnizaci\u00f3n por la servidumbre que supuestamente ostenta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Finalmente, manifestaron que dirigieron contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional \u2013Oficina Provincial de Chiquinquir\u00e1- la presente tutela porque concedi\u00f3 una licencia de aguas a Silvia del Esp\u00edritu Santo Vega, sin exigir el permiso de los propietarios del lote denominado \u00abEsperanza Miravalles\u00bb; adicionalmente, para que le fuera ordenado \u00abpedir como requisito a futuros concesionarios, por lo menos el permiso de los propietarios de inmuebles para evitar conflictos\u00bb; y para que aclare qu\u00e9 sucede cuando los licenciatarios son requeridos para levantar obras en predios ajenos, afectando el derecho de dominio (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Inspector Municipal de Polic\u00eda de San Miguel de Sema hizo un recuento de la actuaci\u00f3n adelantada solicitando negar el resguardo porque no cumple el requisito de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con la acci\u00f3n civil prevista en el art\u00edculo 376 del C\u00f3digo General del Proceso, a m\u00e1s de que en el tr\u00e1mite policivo se respetaron las garant\u00edas procesales de las partes y la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con fundamento en las pruebas legal y oportunamente aportadas (folios 45 a 65, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Alcald\u00eda de San Miguel de Sema tras realizar similar s\u00edntesis del caso a la efectuada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la dicha localidad, indic\u00f3 que en ese asunto no se discuti\u00f3 la propiedad del inmueble afectado con el gravamen, dado que el objeto de la querella fue determinar si hubo o no perturbaci\u00f3n a la servidumbre de agua; igualmente, insisti\u00f3 en la improcedencia de la tutela comoquiera que existe otro medio de defensa para establecer d\u00f3nde debe quedar la servidumbre (folios 67 a 82, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Blanca Idaly Vega de Pineda pidi\u00f3 no acceder al amparo explicando que los actores deben atacar las decisiones de las autoridades administrativas y\/o judiciales por las v\u00edas ordinarias dispuestas en el ordenamiento jur\u00eddico, pues lo que pretenden en esta acci\u00f3n constitucional es revivir la discusi\u00f3n definida en el proceso policivo (folios 84 a 87, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Neg\u00f3 el resguardo implorado se\u00f1alando que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, puesto que las decisiones emitidas por las autoridades cuestionadas corresponden a un tr\u00e1mite a prevenci\u00f3n, por lo que pueden trasladar el asunto al conocimiento de la justicia ordinaria, a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n del respectivo proceso de \u00abprotecci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb (folios 88 a 93, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La interpusieron los gestores del amparo arguyendo que el fallo de tutela no hizo un examen al expediente, con el fin de verificar si se efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria adecuada (folios 100 a 102, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte jurisprudencialmente ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso bajo estudio se advierte que los promotores del amparo erigen su reclamo frente a dos situaciones paralelas, una relativa al hecho de que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional \u2013Oficina Provincial de Chiquinquir\u00e1- mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 289 de 16 de febrero de 2011 otorg\u00f3 concesi\u00f3n de aguas superficiales, a favor de Silvia del Esp\u00edritu Santo Vega Forero, progenitora de Blanca Idaly Vega de Pineda, sin mediar permiso o autorizaci\u00f3n de los accionantes como propietarios del predio afectado con dicha concesi\u00f3n; y la otra, referente a la indebida valoraci\u00f3n probatoria realizada en la querella policiva de perturbaci\u00f3n a la servidumbre de agua instaurada contra los quejosos por Blanca Idaly Vega de Pineda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En primer lugar, habr\u00e1 de decirse que la queja formulada contra la resoluci\u00f3n n\u00ba 289 de 16 de febrero de 2011 dictada por la CAR est\u00e1 llamada al fracaso, toda vez que frente a ese acto administrativo particular, del cual se presume su legalidad, no aparece prueba en el expediente de que los gestores lo hubiesen cuestionado ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativa, circunstancia que de por s\u00ed torna improcedente la salvaguarda suplicada, en la medida en que los actores a\u00fan cuentan con un medio judicial id\u00f3neo de defensa para controvertir su validez, como es la acci\u00f3n de simple nulidad prevista en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese contexto, sabido es que la tutela no se torna viable cuando el afectado tuvo o tiene a su alcance los instrumentos de defensa para obtener sus pretensiones y, en consecuencia, la protecci\u00f3n de los derechos que estima vulnerados, lo cual impide acudir con \u00e9xito a esta acci\u00f3n constitucional, de car\u00e1cter eminentemente subsidiario y residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, el juzgador constitucional no puede usurpar las facultades conferidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y por la ley a los falladores naturales, por lo que, se reitera, los peticionarios deben acudir primero a los mecanismos contemplados en la normatividad, y de cumplir con los presupuestos exigidos, exponer sus pretensiones ante los jueces especializados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d1 (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01).  <\/span><\/p>\n

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       4.        Ahora bien, frente al reproche edificado contra las decisiones dictadas por la Inspecci\u00f3n Municipal y la Alcald\u00eda de San Miguel de Sema, porque no se encuentran conformes con la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n aducidos al interior del tr\u00e1mite policivo, destaca la Corte que en tal actuaci\u00f3n la CAR no fue parte ni interviniente; por consiguiente la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la demanda de tutela a ese respecto y frente a aquellas autoridades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de los sujetos pasivos de ese reclamo tutelar, la competencia para conocer del mismo en primera instancia corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel de Sema, por tratarse de autoridades del orden municipal, acorde con la regla consagrada en el inciso 3\u00ba, numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1382 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso an\u00e1logo al de ahora, la Corte dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se advierte que la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la demanda de tutela, pues si bien el gestor dirigi\u00f3 su queja constitucional contra el Municipio de Bucaramanga, el establecimiento de comercio \u00abMirador de la Cancha\u00bb y la Polic\u00eda Nacional, a m\u00e1s que esa Corporaci\u00f3n llam\u00f3 al tr\u00e1mite a la Corporaci\u00f3n Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga \u2013 CDMB; la vinculaci\u00f3n de las dos \u00faltimas autoridades es aparente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se observa que la Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al considerar que ha cumplido con el deber de mantener la seguridad, la tranquilidad, el goce de los derechos y las libertades p\u00fablicas; que \u00abno ha existido vulneraci\u00f3n por parte de la Instituci\u00f3n de los Derechos arg\u00fcidos por [el] tutelante\u00bb; y que acorde con el \u00abDecreto 1355 de 1970, ordenanza n\u00famero 017 del 27 de agosto del 2002 C\u00f3digo Departamental del (sic) Polic\u00eda de Santander\u00bb, esa instituci\u00f3n \u00abestar\u00e1 siempre atenta a realizar los acompa\u00f1amientos a las autoridades competentes (C.D.M.B., Secretar\u00eda de Salud, Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda o las que delegue la Alcald\u00eda Municipal)\u00bb\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior, se concluye que la Polic\u00eda no fue llamada a este tr\u00e1mite como autoridad del orden Nacional sino como la encargada de cumplir las \u00f3rdenes impartidas por el Alcalde de esa localidad, como primera autoridad de Polic\u00eda del municipio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, n\u00f3tese que la vinculaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga \u2013 CDMB, tambi\u00e9n luce aparente, pues en el libelo inicial no se plantea ninguna queja frente a ella (CSJ ATC6857-2016, 6 oct., rad. 68\/2016-00500-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        En consecuencia, el fallo proferido sobre este aspecto por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces  \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto. En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1  indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A  de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia  asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En id\u00e9ntico sentido, razones de trascendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean  constitucionales. (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        En atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte, de una parte, confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia en lo relativo al reproche enfilado contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca \u2013Oficina Provincial de Chiquinquir\u00e1-; y de otra, declarar\u00e1 la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja s\u00f3lo en lo ata\u00f1edero a la queja constitucional relativa a la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda de San Miguel de Sema y ordenar\u00e1 remitir copia del expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, para que asuma la asignaci\u00f3n respectiva e imprima al asunto el tr\u00e1mite correspondiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Confirmar el fallo impugnado \u00fanicamente en lo concerniente al reproche planteado contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional \u2013Oficina Provincial de Chiquinquir\u00e1-.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Declarar la nulidad del fallo dictado el 19 de diciembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la presente acci\u00f3n de tutela, \u00fanicamente en lo relativo a la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda de San Miguel de Sema, sin perjuicio de la validez de lo actuado, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En consecuencia, remitir de inmediato copia \u00edntegra del expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel de Sema, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de rigor, en lo relativo al reproche planteado contra la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda de San Miguel de Sema.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC, 31 mar. 2011, rad. 2011-00137-01.    <\/span><\/p>\n

2   \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]    <\/span><\/p>\n

3 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente   STC1427-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2016-00712-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99190","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99190\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}