{"id":99191,"date":"2026-06-25T18:02:23","date_gmt":"2026-06-25T18:02:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1428-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:02:23","modified_gmt":"2026-06-25T18:02:23","slug":"stc1428-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1428-2017\/","title":{"rendered":"STC1428-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1428-2017  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Joan Fabi\u00e1n Gracia contra el Juzgado 18 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, la cual se hizo extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, vincul\u00e1ndose al Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, as\u00ed como a las partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El actor, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la libertad, que adujo conculcados por el despacho accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 anular la sentencia del Juzgado 18 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, ordenar la libertad inmediata de Joan Fabi\u00e1n Vargas Gracia y reanudar el proceso desde la audiencia preparatoria (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de sus pedimentos expres\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        El estrado referido a espacio mediante sentencia de 2 de agosto de 2010, conden\u00f3 a Joan Fabi\u00e1n Vargas Gracia a 21 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo coautor responsable de los delitos de homicidio tentado en concurso con hurto calificado y agravado en la persona y bienes del menor J.I.P.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        El accionante se doli\u00f3 de que el funcionario criticado no haya reparado en que los testimonios recaudados en el proceso, entre los cuales se cuenta el de la v\u00edctima, informaron que quien ocasion\u00f3 la herida al menor fue Michael Chac\u00f3n S\u00e1nchez y que Joan Fabi\u00e1n \u00able hab\u00eda pedido una moneda y tocado los bolsillos\u00bb a aqu\u00e9l, acotando que esa era una \u00abconducta at\u00edpica a la imputada por la Fiscal\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        El promotor censur\u00f3 que fuera condenado con fundamento en declaraciones ambiguas, dado que no estuvo claro el nexo causal entre el hecho y el da\u00f1o, toda vez que \u00abel simple hecho de pedir una moneda o tocarle los bolsillos a un sujeto\u2026 no\u2026 le causan heridas, incurriendo de esta manera en ausencia de motivaci\u00f3n\u00bb al concluir su responsabilidad en la conducta reprochable en el grado de coautor\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        La defensa de oficio asignada por la autoridad de conocimiento \u00abse sustrajo durante todo el proceso de ejercer la m\u00e1s m\u00ednima actividad probatoria o argumentativa a favor de los intereses de su defendido\u00bb, no interpuso recursos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        El solicitante afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n de instancia no se dict\u00f3 en audiencia, lo que impidi\u00f3 que interpusiera la alzada. Agreg\u00f3 que no se tuvo en cuenta como atenuante de la sanci\u00f3n impuesta que pag\u00f3 2 millones de pesos a la v\u00edctima.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Finaliz\u00f3 diciendo que ha descontado 7 a\u00f1os y 7 meses de una condena adoptada por una conducta at\u00edpica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado 13 de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad de esta ciudad pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, inform\u00f3 que tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento de la pena de 260 meses de prisi\u00f3n fijada a Joan Fabi\u00e1n Vargas Gracia, as\u00ed como la accesoria de inhabilitaci\u00f3n por el t\u00e9rmino de 15 a\u00f1os para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, las cuales fueran impuestas por el Juzgado 18 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la capital, al encontrarlo culpable de los punibles de homicidio tentado en concurso con hurto agravado y calificado tentado, despacho que le neg\u00f3 el subrogado penal de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decisi\u00f3n que tras ser apelada por la defensa y por la v\u00edctima fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, modific\u00e1ndola en lo relativo a la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda pagarse al sujeto pasivo del injusto. Indic\u00f3 que para que hubiese procedido una rebaja de pena era necesario efectuar la reparaci\u00f3n integral del perjuicio, lo que no ocurri\u00f3 porque el actor manifest\u00f3 que pag\u00f3 2 millones de pesos cuando la condena ascendi\u00f3 a la suma de 6 por perjuicios materiales y 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales (folios 23 y 24, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal cuestionado se opuso a la concesi\u00f3n del amparo manifestando que en el tr\u00e1mite se respetaron las prerrogativas constitucionales de las partes; que el actor s\u00ed apel\u00f3 la sentencia de primera instancia y sus cr\u00edticas relativas a la calificaci\u00f3n de los hechos fueron examinadas y resueltas; y que Vargas Gracia interpuso casaci\u00f3n pero se declar\u00f3 desierto el remedio al no presentar la demanda (folios 28 y 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Procuradur\u00eda 367 Judicial I Penal pidi\u00f3 negar la salvaguarda suplicada al considerar que la providencia censurada no tiene visos de arbitrariedad (folios 56 a 58, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        El juzgado acusado dijo que la petici\u00f3n tuitiva es improcedente porque no se conculc\u00f3 ning\u00fan derecho del gestor del amparo. Hizo un recuento de la actuaci\u00f3n surtida resaltando que contra la sentencia de primer grado tanto la defensa del actor como la parte civil propusieron apelaci\u00f3n, la cual fue desatada por el superior confirm\u00e1ndola y modificando \u00fanicamente lo relacionado con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a la v\u00edctima; que el 14 de septiembre de 2010 el ad-quem declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n propuesto por Vargas Gracia al no presentar la demanda sustentatoria (folios 73 a 75, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo por estimar que no se cumpl\u00eda el requisito de inmediatez, dado que la censura se produc\u00eda seis a\u00f1os despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de la sentencia controvertida.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo afirmado por el quejoso su defensa s\u00ed apel\u00f3 la sentencia de primer grado, siendo confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2010; de suerte que pudo controvertir tal decisi\u00f3n mediante casaci\u00f3n, alegando los argumentos atinentes a la deficiente e inadecuada valoraci\u00f3n probatoria, pero guard\u00f3 silencio. Por lo tanto, como no agot\u00f3 ese remedio extraordinario de defensa, la tutela se torna improcedente.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor y su apoderado judicial apelaron el fallo que viene de rese\u00f1arse, este \u00faltimo reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial y explic\u00f3 que no puede contarse el t\u00e9rmino de inmediatez desde el pronunciamiento de la sentencia de condena, dado que \u00e9sta a\u00fan contin\u00faa irradiando efectos, al tiempo que el accionante no interpuso la tutela en forma inmediata por desconocimiento, pues no cont\u00f3 con un defensor de confianza que lo asesorara, dada su situaci\u00f3n econ\u00f3mica; insisti\u00f3 en la falta de defensa t\u00e9cnica del actor en el juicio penal; que \u00e9l mismo interpuso el recurso de casaci\u00f3n, pero no lo sustent\u00f3 por la falta de defensa de un profesional del derecho y de conocimientos especializados (folios 98 a 101, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Cumple reiterar que la acci\u00f3n de tutela es limitada frente a providencias o actuaciones judiciales, pues s\u00f3lo procede cuando estas son el fruto de una indiscutible oposici\u00f3n al orden jur\u00eddico, que la jurisprudencia constitucional actual clasifica en varios defectos1, y siempre que cause desmedro en los derechos fundamentales, sin que el afectado tenga otro medio procesal de resguardo, toda vez que el juez de este mecanismo no puede inmiscuirse en los procesos judiciales en curso o terminados, para dictar decisiones paralelas a las all\u00ed proferidas o desconocer estas, lo que dejar\u00eda sin efectos los principios de autonom\u00eda, desconcentraci\u00f3n e independencia funcional de los administradores de justicia, reconocidos por los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Descendiendo al caso bajo examen de la Sala, el actor se queja de la sentencia de 12 de octubre de 2010, mediante la cual el Tribunal criticado confirm\u00f3 la del 2 de agosto del mismo a\u00f1o, que lo conden\u00f3 a la pena de prisi\u00f3n de 260 meses, 15 a\u00f1os de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, modificando la condena en perjuicios aument\u00e1ndola a 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, al encontrarlo responsable penalmente como coautor de la conducta punible de homicidio agravado tentado, en concurso con hurto calificado y agravado en grado de tentativa; por cuanto en su criterio, tales determinaciones reflejan una v\u00eda de hecho al realizar una indebida valoraci\u00f3n probatoria y ajustar el delito a uno diferente al que refieren los hechos que \u00e9l cometi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Delimitado lo anterior, la Sala observa que acertada resulta la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que el amparo deprecado no cumple el requisito de la inmediatez, como quiera que entre el momento en que fue declarado desierto el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra las decisiones ac\u00e1 criticadas, esto es, 14 de diciembre de 20102, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -9 de noviembre de 20163-, transcurrieron m\u00e1s de seis a\u00f1os, es decir, un t\u00e9rmino por lejos muy superior al de seis meses, fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional, sin que sea de recibo el argumento esbozado por el inconforme para excusar su tardanza en accionar este medio supralegal de protecci\u00f3n, atinente a que no interpuso la tutela en forma inmediata por desconocimiento, pues no cont\u00f3 con un defensor de confianza que lo asesorara, dada su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, por cuanto bien pudo acudir a la acci\u00f3n constitucional en nombre propio explicando los motivos de inconformidad con las decisiones de instancia, a m\u00e1s de que pudo acudir a los servicios de la defensor\u00eda del Pueblo en orden a obtener asesor\u00eda legal al efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

4.        Ahora bien, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n resulta inviable en cuanto al reproche de la falta de defensa t\u00e9cnica, en la medida en que debe puntualizarse que no hubo la carencia denunciada por el inconforme, visto que fue asistido por profesional del derecho asignado de oficio, quien particip\u00f3 en todas las actuaciones y apel\u00f3 la sentencia de primera instancia; de manera que la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales no desdice del despliegue defensivo verificado por su representante judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como ha se\u00f1alado esta Corporaciones en casos que guardan similitud con este:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en cuanto hace referencia a la precaria intervenci\u00f3n de quien tuvo a su cargo la defensa t\u00e9cnica del actor ha de decirse que la pretensi\u00f3n formulada a partir de dicho aspecto se opone por completo a los fines de la acci\u00f3n de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como \u00faltimo recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por v\u00eda de tutela no puede disponerse la revisi\u00f3n indiscriminada del proceso y la consecuente repetici\u00f3n de actuaciones v\u00e1lidamente cumplidas, m\u00e1xime que la observancia de dicha garant\u00eda se alcanza no s\u00f3lo a partir de la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, pues ella tambi\u00e9n recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los l\u00edmites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses\u201d (CSJ STC, 1\u00ba nov. 2007, rad. 33558; reiterado en STC17544, 18 dic 2015, rad. 11-2015-01701-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal virtud, los apoderados o defensores de oficio cuentan con discrecionalidad para planear la manera y los medios que cimentaran la defensa judicial de sus representados en cada caso particular, ello sin desmedro de la facultad que le asiste al quejoso en punto de que si estima que la labor profesional del defensor fue inapropiada, pueda poner ese aspecto en conocimiento de las autoridades competentes.  <\/span><\/p>\n

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\u2026[e]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues,\u2026seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente\u2026 por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (CSJ STC, 9 jun. 2004, rad. 00448-01 y 21 mar. 2006, rad. 00228-01; reiteradas en providencias CSJ, 23 oct. 2012, rad. 62803-02; STC9510-2016, 13 jul., rad. 11-2016-00905-01; y STC18187-2016, 14 dic., 11-2016-01365-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed las cosas, la sentencia de primer grado ser\u00e1 respaldada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Entre muchas, sentencia T-125 de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 Conforme a lo informado por el Juzgado 18 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 (folio74, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

3 Folio 7, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado Ponente      STC1428-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99191","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99191"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99191\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}