{"id":99192,"date":"2026-06-25T18:02:29","date_gmt":"2026-06-25T18:02:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1429-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:02:29","modified_gmt":"2026-06-25T18:02:29","slug":"stc1429-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1429-2017\/","title":{"rendered":"STC1429-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1429-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2016-00558-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 21 de octubre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Arturo Garc\u00eda Mej\u00eda contra los Juzgados Once Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dijo vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Entonces, pidi\u00f3 dejar sin efectos los autos de 30 de junio de 2016 del Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla y el de 16 de agosto siguiente, del Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa localidad (folio 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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       2.        El quejoso hizo consistir la censura constitucional en los siguientes supuestos f\u00e1cticos:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Olga Coronado Viuda de Mafiol, pretendiendo el levantamiento de un gravamen hipotecario, instaur\u00f3 contra el accionante ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, despacho que el 9 de junio de 2015 resolvi\u00f3 no dictar el mandamiento ejecutivo, por cuanto lo buscado no deb\u00eda discutirse a trav\u00e9s de ese juicio sino por medio de un declarativo.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Tal determinaci\u00f3n la recurri\u00f3 la ejecutante en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, la cual fue mantenida por el estrado municipal en auto de 9 de febrero de 2016, concediendo la alzada ante el superior.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El Juzgado Once Civil del Circuito de la capital del Atl\u00e1ntico el 30 de junio siguiente desat\u00f3 el recurso revocando la providencia cuestionada, al efecto se\u00f1al\u00f3 que la escritura p\u00fablica n\u00ba 294 de 31 de enero de 2002 y las sentencias judiciales provenientes del Juzgado 12 Civil del Circuito y de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa urbe corroboran \u00abla existencia de la obligaci\u00f3n ejecutiva\u00bb, por lo que estim\u00f3 que no exist\u00edan motivos para que el a-quo se abstuviera de librar la orden ejecutiva.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        El promotor censur\u00f3 el anterior prove\u00eddo porque consider\u00f3 que era \u00abvago [y] abstracto\u00bb, en cuanto el ad-quem se alej\u00f3 de los requisitos previstos en los art\u00edculos 488 y 501 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que \u00abla demanda carece de t\u00edtulo ejecutivo y no existe fecha cierta y determinada para la cancelaci\u00f3n de dicho gravamen\u00bb; agreg\u00f3 que nunca se opuso a firmar la cancelaci\u00f3n de la garant\u00eda real, que simplemente quien la constituy\u00f3 deb\u00eda pagar los derechos notariales y notificar a qu\u00e9 notar\u00eda ten\u00eda que acudir a suscribir el acto de cancelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        El solicitante sostuvo que se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable al verse obligado a acudir a un proceso que \u00ablegalmente no corresponde\u00bb, comoquiera que el que debiera seguirse es el verbal. Adicionalmente, lo constituye el hecho de que pueda ser condenado en costas y agencias en derecho en un juicio \u00abque carece de la debida adecuaci\u00f3n procesal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Finalmente, reiter\u00f3 que la autoridad de circuito no examin\u00f3 si los documentos aportados como anexos del libelo configuran la obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible, que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o que se trate de d\u00e9bitos provenientes de sentencias emitidas por autoridades judiciales.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LA VINCULADA  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla explic\u00f3 que el auto de 9 de junio de 2015, que resolvi\u00f3 abstenerse de proferir mandamiento ejecutivo se edific\u00f3 en que la documental que se anex\u00f3 a la demanda no daba cuenta de la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, acorde con el art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues de all\u00ed no se derivaba que el ejecutado deb\u00eda cancelar el gravamen ni c\u00f3mo ni cu\u00e1ndo ni d\u00f3nde ello deb\u00eda ocurrir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que la ejecutante s\u00f3lo aport\u00f3 \u00abla minuta\u00bb hasta la interposici\u00f3n de la reposici\u00f3n contra el referido prove\u00eddo, lo que imped\u00eda tenerla en forma retroactiva como prueba. Y, en todo caso, ese acto no supli\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo extra\u00f1ado. De manera que el auto de 16 de agosto de 2016, que libr\u00f3 la orden ejecutiva, \u00fanicamente se produjo en acatamiento de la disposici\u00f3n del superior.  <\/span><\/p>\n

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Concluy\u00f3 manifestando que la petici\u00f3n tutelar era improcedente por no cumplirse el principio de subsidiariedad, dado que el quejoso cuenta con medios de defensa al interior del juicio; sin embargo, advirti\u00f3 que \u00e9ste no puede discutir los requisitos del t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, porque no lo cuestion\u00f3 mediante reposici\u00f3n contra la orden de apremio (folios 12 y 13, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Once Civil del Circuito del mismo distrito se opuso a la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto ese estrado valor\u00f3 las pruebas allegadas y con base en ello resolvi\u00f3 la alzada disponiendo que se emitiera el mandamiento ejecutivo (folios 14 y 15, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Olga Coronado Viuda de Mafiol, ejecutante en el proceso que origina la censura constitucional, dijo que pretendi\u00f3 que el actor suscribiera la cancelaci\u00f3n de hipoteca abierta constituida por escritura p\u00fablica n\u00ba 294 de 31 de enero de 2002, en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Barranquilla, respecto del predio de su propiedad de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 040-84007, a favor de Mariluci Sosa Navarro acreedora inicial, quien le cedi\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario a Jaime Arturo Garc\u00eda Mej\u00eda el 12 de julio de 2012.  <\/span><\/p>\n

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El accionante la demand\u00f3 ejecutivamente ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla para obtener el pago del d\u00e9bito hipotecario cedido, proceso que termin\u00f3 por pago total de la deuda el 29 de julio de 2011. M\u00e1s adelante, ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de esa misma ciudad el quejoso present\u00f3 cobro singular en su contra, reclamando la satisfacci\u00f3n de una letra de cambio por 50 millones de pesos, t\u00edtulo valor \u00e9ste que exigi\u00f3 suscribir adicionalmente a la constituci\u00f3n de la garant\u00eda real, para tener una doble garant\u00eda del pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia de 24 de enero de 2013 declarando que la deuda se hab\u00eda extinguido por el pago efectuado ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de esa localidad, providencia confirmada el 12 de junio de 2014 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

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La interviniente asever\u00f3 que no tiene ninguna obligaci\u00f3n pendiente con el accionante ni con Mariluci Sosa Navarro, no obstante el gravamen contin\u00faa vigente; que su hijo \u00c1lvaro Mafiol Cororano acudi\u00f3 a la Notar\u00eda S\u00e9ptima de la capital del Atl\u00e1ntico solicitando la elaboraci\u00f3n de la minuta, pero le informaron que el \u00fanico habilitado para elevar esa petici\u00f3n era el cesionario de la hipoteca (folios 18 a 21, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo neg\u00f3 el resguardo al considerar que la queja constitucional era improcedente, dado que no satisfizo el requisito de subsidiariedad en la medida en que al interior del proceso ejecutivo pod\u00eda exponer las defensas que aleg\u00f3 en este tr\u00e1mite a trav\u00e9s de las excepciones de m\u00e9rito, al igual que contaba con la posibilidad de interponer el recurso de reposici\u00f3n contra la orden librada, en el que pudo invocar el tr\u00e1mite inadecuado del cual se quej\u00f3 (folios 25 a 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el interesado indicando que su tutela s\u00f3lo fue dirigida contra el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla, con el fin de que se revocara el auto de 30 de junio de 2016; la tutela simplemente se hizo extensiva al despacho municipal \u00abpor deber legal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explic\u00f3 \u00abque hay situaciones que por econom\u00eda procesal no deben hacerse como es el caso\u00bb de proponer excepciones e interponer recursos frente al mandamiento ejecutivo, pues en el caso resultaban in\u00fatiles dado que no hay prueba de que se hubiese negado a suscribir la escritura de cancelaci\u00f3n de la hipoteca, \u00abque se trata de una retaliaci\u00f3n o venganza de la demandante y por estas razones no hay motivos para oponerse a las pretensiones de la demanda\u00bb; su inconformidad se edifica frente al prove\u00eddo del estrado de circuito que sin raz\u00f3n jur\u00eddica determin\u00f3 la existencia de la obligaci\u00f3n ejecutiva (folios 120 a 124, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Circunscrita la Corte al motivo de impugnaci\u00f3n planteada por el quejoso, resulta menester precisar que, si bien es cierto \u00e9ste alega que su reproche s\u00f3lo lo dirigi\u00f3 a enervar el prove\u00eddo proferido el 30 de junio de 2016 por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla, que revoc\u00f3 el de 9 de junio de 20151 del Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa capital, porque, en su sentir, carece de fundamento legal; tambi\u00e9n lo es que de aquella determinaci\u00f3n dependi\u00f3 el auto del inferior de 16 de agosto de 2016, dado que \u00e9ste se dict\u00f3 en acatamiento de lo dispuesto por el superior. Por consiguiente, forzosamente debe entenderse que la censura tambi\u00e9n se hace extensiva a esta \u00faltima decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En esas condiciones, examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo en esta sede, se advierte la improcedencia de la salvaguarda rogada comoquiera que el reclamante desperdici\u00f3 los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la existencia del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, al igual que el tr\u00e1mite inadecuado. Ello por cuanto no present\u00f3 reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo alegando tales circunstancias, por el contrario, \u00abcontest\u00f3 la demanda\u00bb aduciendo que nunca se ha negado a suscribir el acto escritural, \u00abpues, basta\u2026 que la demandante cancele los derechos notariales de la cancelaci\u00f3n de la hipoteca y\u2026 le comunique la notar\u00eda donde debe acudir para este efecto\u00bb, es decir, pr\u00e1cticamente se allan\u00f3 al cumplimiento de la obligaci\u00f3n aducida por la ejecutante como insatisfecha.  <\/span><\/p>\n

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De suerte que el actor ech\u00f3 por la borda el mecanismo adecuado dispuesto al interior del juicio para controvertir la orden ejecutiva, la cual, se repite, fue emitida en cumplimiento del auto de 30 de junio de 2016, decisi\u00f3n \u00e9sta que era susceptible de ser controvertida por el ejecutado mediante reposici\u00f3n, pues obs\u00e9rvese que \u00e9ste s\u00f3lo fue vinculado al proceso cuando se notific\u00f3 por aviso del mandamiento de apremio.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el reclamo actual resulta improcedente, habida cuenta que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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En suma, como el accionante cont\u00f3 con otro medio judicial id\u00f3neo de defensa para obtener lo pretendido por v\u00eda de tutela, es improcedente la petici\u00f3n de amparo de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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La Sala ha dicho que si el promotor de la s\u00faplica \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0241-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 2 mar. 2011, rad. 00380-01; CSJ STC, 29 jul. 2011, rad. 00582-01; CSJ STC, 20 feb. 2013, rad. 00295-01; CSJ STC, 17 oct. 2013, rad. 01535-01; entre otros).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En consecuencia, se respaldar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, pero por lo aqu\u00ed indicado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 En el auto de 30 de junio de 2016, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla dijo que \u00abrevisado el expediente se considera que la demanda presentada por el actor cumple con todos los requisitos formales exigidos por el art\u00edculo 75 del C. de P. Civil y que adem\u00e1s la parte actora, en cumplimiento a lo ordenado por el legislador en el art. 501 del C. de P. Civil, aport\u00f3 la escritura p\u00fablica n\u00ba 294 de enero 31 de 2002 como t\u00edtulo ejecutivo aunado a otras documentaciones \u2013 sentencias judiciales emanadas del Juzgado 12 Civil del Circuito y Honorable Tribunal Superior de Barranquilla Sala Civil Familia, documentos estos que vienen a corroborar la existencia de la obligaci\u00f3n ejecutiva que hoy se pretende enervar (sic) a trav\u00e9s del proceso que ocupa nuestra atenci\u00f3n, por lo que esta instancia considera que no existen motivos para que esa instancia judicial se abstuviera de librar orden de pago\u00bb (folio 63, cuaderno Corte).      <\/span><\/p>\n

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      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1429-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2016-00558-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}