{"id":99194,"date":"2026-06-25T18:02:40","date_gmt":"2026-06-25T18:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1431-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:02:40","modified_gmt":"2026-06-25T18:02:40","slug":"stc1431-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1431-2017\/","title":{"rendered":"STC1431-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

STC1431-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-002-2016-00289-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 24 de noviembre de 2016, dentro de las acciones acumuladas de tutela promovidas por Armando Alfonso Amaya Sardoth, Alba Araminta Amaya Sardoth, Annie Aracely Amaya Deluque y Miriam Barbosa N\u00fa\u00f1ez contra el Ministerio del Interior y Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural \u2013 Incoder \u2013 en liquidaci\u00f3n, Agencia Nacional de Tierras, Gobernaci\u00f3n de la Guajira, municipio de Barrancas y la Comunidad de Negros Afrodescendientes de los corregimientos de Chancleta y Patilla, incluidas las dos familias way\u00fau, quienes son beneficiarios de la sentencia T-256\/15.  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los accionantes, quienes dicen ser miembros de la Comunidad \u00c9tnica Afrodescendientes de Patilla (Guajira), reclaman el amparo de los derechos fundamentales \u00aba la Igualdad, Debido Proceso, Consulta Previa, Derechos Colectivos, \u2026Propiedad Colectiva, Diversidad \u00c9tnica y Cultural, y Derechos al Tejido Social\u00bb, presuntamente vulnerados por los convocados, al no haberlos involucrado en el tr\u00e1mite de consulta previa y dem\u00e1s medidas adoptadas en la sentencia T-256 de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.        En s\u00edntesis, expusieron que como nativos \u00abdel Asentamiento Afrodescendientes Ancentral de Patilla\u00bb, para no ser expropiados de sus bienes, debieron vend\u00e9rselos a la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n \u00abpor un Valor Inferior al Precio Comercial\u00bb, con lo cual el Estado colombiano y dicho particular, omitieron la protecci\u00f3n del tejido social y la conservaci\u00f3n de los \u00abusos y costumbres\u00bb de un grupo \u00e9tnico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aducen que en raz\u00f3n a esa cesi\u00f3n, se violaron los derechos humanos, dado que ese proceso \u00abdebe efectuarse dentro del marco jur\u00eddico de la Consulta Previa\u00bb con los miembros de la comunidad \u00e9tnica de Patilla, la cual, seg\u00fan lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional, \u00abexiste desde 1530\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indicaron que ellos, al contrario de \u00abmuchos miembros de la Comunidad\u2026 reasentados en Patilla el Nuevo\u00bb, no han recibido indemnizaci\u00f3n ni los beneficios de programadas sociales en educaci\u00f3n, salud, agricultura ni generaci\u00f3n de ingresos, a pesar de que el fallo constitucional reconoce iguales derechos a quienes tengan diez a\u00f1os de asentamiento en esa regi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3. Pretenden que se ordene al Ministerio del Interior \u00abEfectuar el Proceso de Consulta Previa\u00bb entre la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n y los demandantes; a la compa\u00f1\u00eda en menci\u00f3n para que reubique a los directos afectados con la explotaci\u00f3n minera y los indemnice \u00abpor los perjuicios materiales, morales y fisiol\u00f3gicos, por el Desplazamiento Involuntario de su Territorio Ancestral de Patilla\u00bb, y a implementar programas sociales en \u00abEducaci\u00f3n, Salud, Proyectos Productivos y el Auxilio Econ\u00f3mico\u00bb (fls. 2 a 12, cd. 1; 2 a 12, cd. 4; 3 a 13, cd. 5; y, 2 a 14, cd. 6).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto la situaci\u00f3n objeto de la acci\u00f3n es ajeno a las funciones asignadas a esa Cartera (fls. 59 y 60, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La empresa Carbones del Cerrej\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 la negaci\u00f3n del amparo al considerar que conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, \u00abactualmente se adelanta un proceso de Consulta Previa con las Comunidades de Patilla y Chancleta\u00bb, el cual fue ordenado en la sentencia T-256 de 2015, previa identificaci\u00f3n de las personas con quienes deb\u00eda surtirse, de donde surge que no sea viable el ingreso de personas distintas a las indicadas en dicho fallo.  <\/span><\/p>\n

Respecto de los demandantes, dijo que algunos resid\u00edan en lugares distintos, no obstante, recibieron un incentivo por las cesi\u00f3n de la posesi\u00f3n de predio deshabitado y venta de mejoras, todo lo cual se hizo mediante contratos celebrados \u00abde manera libre y aut\u00f3noma\u00bb. Agreg\u00f3 que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica tra\u00edda mediante esta tutela, ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada  constitucional en virtud al fallo denegatorio que confirm\u00f3 la Corte Suprema de Justicia el 29 de septiembre de 2016 (fls. 64 a 67; 218 a 223, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior,  propuso a su favor la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto la discusi\u00f3n \u00abse concentra en una compraventa\u00bb, y que trat\u00e1ndose de la supuesta omisi\u00f3n de consulta previa, la premisa principal para el enfoque diferencial es que sea respecto de una comunidad \u00e9tnica, lo que ac\u00e1 no se demuestra ya que refiere a pretensiones individuales (fls. 446 a 458, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo al establecer que para el presente caso se configuran los presupuestos de la cosa juzgada constitucional, en tanto se trata de un nuevo proceso, adelantando luego de la ejecutoria de un fallo anterior, existiendo en \u00e9stos identidad jur\u00eddica de partes, de objeto y de causa, es decir, se trata de la misma pretensi\u00f3n bajo los supuestos de hecho que fueron objeto de debate judicial a trav\u00e9s de la sentencia T-256\/15 (fls. 411 a 421, cd. 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 el apoderado judicial de los accionantes, reiterando lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario (fls. 442 a 445, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. Por ello, este instrumento no es sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s mecanismos de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan esta Corporaci\u00f3n, se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Para el caso bajo estudio, los accionantes, individualmente considerados, como poseedores de terrenos vendidos para facilitar la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, pretenden que se les brinde la oportunidad de entrar a un proceso de consulta previa frente al proyecto minero que adelanta la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, y consecuencia de ello que la compa\u00f1\u00eda proceda a reasentarlos o reubicarlos y, del mismo modo, a proporcionarles una indemnizaci\u00f3n \u00abpor los perjuicios materiales, morales y fisiol\u00f3gicos, por el Desplazamiento Involuntario de su Territorio Ancestral de Patilla\u00bb, y que implemente los programas sociales en educaci\u00f3n, salud y proyectos productivos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En lo atinente a la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales derivadas de la omisi\u00f3n del derecho a la consulta previa, es preciso recordar que el reconocimiento multicultural que existe en nuestro pa\u00eds, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica estableci\u00f3 mecanismos que permiten la preservaci\u00f3n de las comunidades locales, en orden a salvaguardar sus costumbres, cultura, modelos de gesti\u00f3n, entre otros factores propios de su identidad colectiva (CC  C-622\/13).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed como el ordenamiento jur\u00eddico ha establecido, entre otros instrumentos de protecci\u00f3n, la consulta previa, elevada \u00aba derecho fundamental en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los (\u2026) grupos \u00e9tnicos y tribales\u00bb (CSJ STC, 27 ago. 2012, rad. 2012-00200-01), de cuya trascendencia tambi\u00e9n se ocupa el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, que hace parte del bloque de constitucionalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La finalidad de dicha consulta es \u00ab\u2026analizar el impacto econ\u00f3mico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad ind\u00edgena o afrodescendiente\u2026\u00bb (CSJ STC, 14 jun. 2012, rad. 60870), con ocasi\u00f3n de cualquier medida legislativa, administrativa o de hecho que las afecte directamente, incluyendo, pero sin limitarse, la explotaci\u00f3n de recursos naturales en sus territorios y la delimitaci\u00f3n de sus entidades territoriales (art\u00edculos 330 y 329 de la Carta Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante el car\u00e1cter preventivo de la consulta, \u00e9sta puede suscitarse cuando el proyecto ya est\u00e9 en ejecuci\u00f3n, pero se advierte que \u00abdichas consultas no pueden desnaturalizarse convirti\u00e9ndose \u00fanicamente en mecanismos de compensaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os causados a los miembros de la comunidad individualmente considerados. Esto debilitar\u00eda la autoridad de las instituciones y las formas organizativas propias de dichas comunidades. Las consultas en tales casos deben ir encaminadas, principalmente, a corregir los impactos debidamente identificados, que hayan sido causados a los derechos colectivos de la comunidad\u00bb (CC T-969\/14).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Expuesto lo anterior, encuentra la Sala que la salvaguarda implorada se torna improcedente, no s\u00f3lo porque desborda la naturaleza jur\u00eddica del instrumento invocado, en tanto no se legitima para buscar la protecci\u00f3n del derecho fundamental a favor de una \u00e9tnica, y lo pretendido se concreta en un provecho econ\u00f3mico para los demandantes por un supuesto incumplimiento contractual, sino porque el tema de la consulta previa puesto a consideraci\u00f3n de la Sala ya fue materia de discusi\u00f3n en similar escenario jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) si se parte de que ancestralmente los promotores de la queja constitucional han estado asentados en la regi\u00f3n, ocupando los territorios a donde se pretende extender la actividad minera desplegada por la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n, no deviene consecuente esa versi\u00f3n con la realidad procesal que evidencia el expediente, pues en ese proceso tutelar fueron invisibles las 350 familias aqu\u00ed concurrentes, quienes debieron concurrir para opinar y hacer valer sus derechos e intereses, y pese a ello, guardaron silencio hasta ahora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, no obstante que la referida acci\u00f3n de tutela, tramitada desde mayo de 2014 por los Juzgados Promiscuo Municipal de Barrancas y Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar \u2013 Guajira, alcanz\u00f3 el acucioso estudio por parte de la Corte Constitucional, y en \u00e9l, luego de un amplio debate jur\u00eddico que incluy\u00f3 labor de campo, concluy\u00f3 qui\u00e9nes eran las personas y familias beneficiadas con el ejercicio del derecho de consulta previa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n se hubiera dejado de vincular en esa actuaci\u00f3n a una extensa comunidad como la que en esta oportunidad se queja, es ostensible la incuria de su representante y miembros individuamente considerados, al no mostrar su posici\u00f3n pese al llamado que dentro de la misma se hizo, las diligencias que oficiosamente se practicaron, principalmente en sede de revisi\u00f3n, donde  su duraci\u00f3n y despliegue fue amplio y suficiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) El comportamiento que se endilga a la ahora accionante tambi\u00e9n se refleja cuando, proferido el tantas veces citado fallo T-256 del 5 de mayo de 2015, no intent\u00f3 que se hubiera formulado ante esa Alta Corporaci\u00f3n, la solicitud para que se estudiara su posible nulidad, alegando falta de integraci\u00f3n del contradictorio con quienes, a su juicio, tienen leg\u00edtimo inter\u00e9s en ser escuchados y podr\u00edan resultar afectados con la orden constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Por lo dem\u00e1s, la Corte proh\u00edja la decisi\u00f3n del Tribunal de primera instancia en cuanto a que la protecci\u00f3n solicitada tambi\u00e9n es improcedente, en la medida en que estando ya resuelto el caso en virtud a la sentencia T-256\/15, no es posible que esta instancia vuelva a estudiar la situaci\u00f3n que ya se tiene como cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto ha sostenido la jurisprudencia que \u00abdecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb. CC SU-1219\/01, reiterada, entre otras, T-218\/12\u00bb (CSJ STC13837-2016, 29 sep. 2016, rad. 00040-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En este orden, deviene n\u00edtida la inviabilidad del amparo, toda vez que el motivo de inconformidad para la presente acci\u00f3n, se resolvi\u00f3 en las instancias sin que con posterioridad se haya suscitado variaci\u00f3n alguna que permita poner en entredicho el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada constitucional, cuya funci\u00f3n \u00abes otorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, la Sala se estar\u00e1 a lo resuelto en la sentencia de tutela referida, y se abstendr\u00e1 de realizar un nuevo pronunciamiento sobre los hechos aqu\u00ed expuestos ya que se impone id\u00e9ntica soluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia mediante el cual se neg\u00f3 el resguardo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente             STC1431-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-002-2016-00289-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99194\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}