{"id":99195,"date":"2026-06-25T18:02:47","date_gmt":"2026-06-25T18:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1432-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:02:47","modified_gmt":"2026-06-25T18:02:47","slug":"stc1432-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1432-2017\/","title":{"rendered":"STC1432-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1432-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2016-02735-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Jhon Jairo Quiroga M\u00e1rquez frente a los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Diecis\u00e9is Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad; siendo vinculados los intervinientes en el ejecutivo 2012-01324.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades judiciales acusadas al negar en ambas instancias el incidente de nulidad que propuso por indebida notificaci\u00f3n dentro del cobro que instaur\u00f3 el Banco Davivienda S.A. en contra suya y de Sandra Milena Grajales Castro.     <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, en s\u00edntesis, que pidi\u00f3 la invalidaci\u00f3n del recaudo porque el citatorio y el aviso con los que se le enter\u00f3 el mandamiento de pago \u00abno son eficaces porque no son suficientemente claros en su contenido respecto de lo que se pretende y el lugar donde se debe comparecer\u00bb; aunado a que este \u00faltimo \u00abno se expidi\u00f3 por el funcionario competente y autorizado por la ley\u00bb, ya que no est\u00e1 suscrito por el secretario del Juzgado.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que \u00abse tutele el derecho aqu\u00ed invocado y en consecuencia profiera el fallo que en derecho corresponde\u00bb (fls.  1 a 4, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 su proceder y dijo que la acci\u00f3n promovida no cumple el requisito de inmediatez (fl 10, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Juez Diecis\u00e9is Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, expuso que la notificaci\u00f3n a los ejecutados  se efectu\u00f3 de acuerdo con los art\u00edculos 315 y 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y guardaron silencio dentro del t\u00e9rmino para excepcionar, por lo que el 3 de julio de 2014 dispuso seguir con el recaudo. Luego, el 25 de agosto de 2015, no accedi\u00f3 a la nulidad presentada por los obligados, siendo ratificado por el ad-quem (fls. 13 y 14, \u00edb).    <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el interesado se demor\u00f3 casi nueve meses en interponerla y no refiri\u00f3 alguna circunstancia excepcional que le hubiera impedido ejercerla con prontitud (fls. 21 a 26, cd. 1).     <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El demandante manifest\u00f3 que present\u00f3 la tutela dentro de un plazo razonable porque s\u00f3lo pudo ver el expediente en noviembre de 2016 y no le fue posible hacerle seguimiento al asunto porque el Juzgado Cuarto Civil del Circuito no lo radic\u00f3 en \u00abla p\u00e1gina de la Rama\u00bb y tampoco aparecen registradas all\u00ed las actuaciones del a-quo (fls. 35 a 40, cit).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron la prerrogativa denunciada por negar la nulidad que plante\u00f3 el actor por indebida notificaci\u00f3n dentro del cobro que origina el reclamo.  <\/span><\/p>\n

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2. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema de la oportunidad, esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01).  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada.  <\/span><\/p>\n

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3. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el auxilio resulta improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal constitucional, ya que para cuando se present\u00f3 el escrito inicial, el 5 de diciembre de 2016 (fl. 4, cd. 1), hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los seis meses establecidos como razonables, contados desde que se confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n la negativa de la nulidad (17 de marzo de 2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, los argumentos que expone el accionante en la impugnaci\u00f3n referentes a las supuestas anomal\u00edas en que incurrieron los convocados al no comunicar los autos censurados a trav\u00e9s de \u00abla p\u00e1gina de la Rama\u00bb corresponden a hechos nuevos que no se alegaron en la primera instancia y por ello no pueden ser analizados en esta sede, ya que los Juzgados acusados no tuvieron la oportunidad de defenderse sobre esas presuntas irregularidades.  <\/span><\/p>\n

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Sobre los supuestos f\u00e1cticos anunciados ante el funcionario que decide la apelaci\u00f3n, la Corte ha indicado que: (\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC 15 marzo de 2011, exp. 00003-01, ratificada el 7 de febrero de 2014, exp. STC-1214).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha dicho lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) no es aceptable que las publicaciones que de los procesos se realizan en Internet, en modo alguno, puedan suplir las formas de enteramiento legal, toda vez que aqu\u00e9llas \u00fanicamente constituyen una herramienta de informaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que aunque aduzca el quejoso que estuvo atento al sistema de gesti\u00f3n judicial y que en \u00e9l no se registr\u00f3 la emisi\u00f3n de la providencia de segundo grado, esa circunstancia no genera la v\u00eda de hecho alegada, pues la omisi\u00f3n en la que pudo incurrir la autoridad tutelada, respecto a las anotaciones en el referido programa, no tiene el alcance de quebrantar las garant\u00edas reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el ordenamiento procesal prev\u00e9 la forma en que debe surtirse tal enteramiento y a ella deben atenerse las partes, sin perjuicio de que las autoridades judiciales hagan uso del programa virtual de gesti\u00f3n judicial para alimentar la base de datos de cada proceso con las actuaciones surtidas, ya que esta herramienta tecnol\u00f3gica a\u00fan no ha sido autorizada para sustituir los procedimientos previstos en la normatividad vigente, de modo que los sujetos intervinientes deben asumir la carga de examinar y hacer el seguimiento de rigor al respectivo expediente (CSJ STC2150, 25 feb. 2016).  <\/span><\/p>\n

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5. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la providencia censurada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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