{"id":99198,"date":"2026-06-25T18:03:02","date_gmt":"2026-06-25T18:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1437-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:03:02","modified_gmt":"2026-06-25T18:03:02","slug":"stc1437-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1437-2017\/","title":{"rendered":"STC1437-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1437-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02095-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dimas Tola Cardozo en contra del Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, fueron vinculadas al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, honra y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas.  <\/span><\/p>\n

2.        Se extrae de la demanda y sus anexos que el actor fue procesado y condenado el 19 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia a una pena de 84 meses de prisi\u00f3n y multa de 108,5 salarios m\u00ednimos legales mensuales, por el delito Tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes.  <\/span><\/p>\n

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Se queja de no haber sido \u00abnotificado oportunamente\u00bb de la audiencia de lectura de fallo, quebrant\u00e1ndose su derecho a la defensa y debido proceso.  Aduce adem\u00e1s, que la sentencia careci\u00f3 de motivaci\u00f3n \u00ab(\u2026) frente al punto central del debate (\u2026)\u00bb pues no se tuvieron en cuenta al momento de proferirla circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva como \u00ab(\u2026) la inexistencia de un medio de subsistencia diferente al tipo penal imputado y la forzosa obligaci\u00f3n impuesta por los actores armados ilegales a los campesinos pobres de trabajar solo en dicho medio en esa parte selv\u00e1tica de Colombia\u00bb, por lo tanto debe ser anulada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Reclama que se anule la decisi\u00f3n del 19 de septiembre de 2013, mediante la cual fue condenado por el ya referido delito, y en su lugar se ordene la libertad inmediata del actor (ff. 1 a 9, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, se\u00f1al\u00f3 que el 22 de junio de 2016, fue recibida una demanda de acci\u00f3n de revisi\u00f3n frente a la sentencia cuestionada, la cual fue negada mediante auto del 15 de septiembre del mismo a\u00f1o (f. 48, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad Florencia, inform\u00f3 que actualmente tiene a cargo la vigilancia de la pena de 84 meses prisi\u00f3n y 108,5 smlmv de multa que fuere impuesta al condenado Tola Cardozo (ff. 90 y 91, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3.        La titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia, precis\u00f3 que la providencia que dict\u00f3 el 19 de septiembre de 2013, fue el resultado de la aprobaci\u00f3n del allanamiento a cargos que hiciere el procesado en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. Se impuso una sanci\u00f3n de 84 meses de prisi\u00f3n y multa de 108,5 salarios m\u00ednimos legales mensuales y le fueron negados los subrogados penales, ordenando librar la correspondiente orden de captura.  <\/span><\/p>\n

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Frente al reclamo que hace el accionante de no haber sido notificado de la diligencia manifest\u00f3 que se envi\u00f3 comunicaci\u00f3n a la direcci\u00f3n se\u00f1alada en la primera diligencia de legalizaci\u00f3n de captura, la cual resulta ser una vereda con dif\u00edcil acceso por problemas de orden p\u00fablico, tal como fue rese\u00f1ado por el Fiscal encargado del caso y que en todo caso fue debidamente representado por defensor p\u00fablico (f. 172, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Fiscal 20 Seccional de Florencia, sostuvo que el procesado fue advertido que quedaba vinculado a la investigaci\u00f3n penal y que, la consecuencia de la aceptaci\u00f3n de los cargos ser\u00eda necesariamente una sentencia condenatoria, y que tendr\u00eda que acudir a las diligencias subsiguientes (f. 173, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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4.        El Ministerio P\u00fablico se refiri\u00f3 al requisito de la inmediatez respecto de la demanda de tutela, toda vez que la sentencia atacada data de hace tres (3) a\u00f1os; finalmente agreg\u00f3 que la audiencia para su validez no requer\u00eda de la presencia del acusado en libertad, quien de todas formas sab\u00eda del proceso penal que estaba en curso y debi\u00f3 averiguar sobre \u00e9l, y no esperar a que el Juzgado lo citara (ff. 175 y 176, cit.).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante refut\u00f3 el fallo reiterando los argumentos del escrito inicial, solo agregando que, la decisi\u00f3n de primera instancia no se ajust\u00f3 a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela y que se fund\u00f3 en valoraciones inexactas (ff. 222 a 226, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que cuando el fallador profiere una trascendente providencia en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda del resguardo deviene id\u00f3nea para desecharlo, conjurar o prevenir el perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al sublite, se anuncia desde ya la confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado por cuanto se ajusta al criterio que en sede de tutela la jurisprudencia de esta Corte ha venido sosteniendo desde la perspectiva de la finalidad de la salvaguarda frente al presupuesto de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Bien podr\u00eda reprocharse al actor tambi\u00e9n no haber instaurado los recursos ordinarios y extraordinarios contra la decisi\u00f3n de primera instancia que le puso fin a la actuaci\u00f3n o el tiempo transcurrido desde el fallo de primera instancia a la fecha, por cuanto justamente su disenso se contrae a su ausencia \u2013involuntaria- dentro de la causa, pues afirma haber sido adelantada sin su conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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Empero lo anterior, y toda vez que su captura para el cumplimiento de la sentencia condenatoria se produjo por lo menos desde el mes de julio de 2015, seg\u00fan pudo establecer el A quo, de acuerdo a lo reflejado por el sistema de Gesti\u00f3n judicial Siglo XXI, dentro del radicado 18001-60-00-553-2012-0150, y lo que tambi\u00e9n puede colegirse del Certificado de calificaci\u00f3n de conducta del INPEC, Establecimiento Penitenciario Heliconias de Florencia \u2013 Regional Central (f. 137 vto, ib.), no puede pretender el penado revivir una actuaci\u00f3n a trav\u00e9s del mecanismo subsidiario de la acci\u00f3n de tutela cuando no activ\u00f3 tempestivamente su ejercicio como puede apreciarse.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, si al momento de la captura, al enterarse de la existencia de la condena y frente al quebrantamiento de su derecho al debido proceso, se le impon\u00eda accionar el instrumento constitucional en forma oportuna y no dieciocho (18) meses m\u00e1s tarde, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Y es que abundante y reiterada se ha tornado la jurisprudencia de la Sala en cuanto a que si bien no existe un t\u00e9rmino de caducidad, s\u00ed se ha se\u00f1alado un plazo razonable para acceder a la tutela, que se ajuste al prop\u00f3sito y esp\u00edritu de la acci\u00f3n, en el sentido que, una vez lesionado el derecho o inminentemente amenazado el agredido invoque oportunamente el amparo ante el juez constitucional, ello por cuanto no es dable desatender el apremio que representa la eventual afecci\u00f3n de un derecho fundamental.   <\/span><\/p>\n

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Al respecto se dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01).  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, en el expediente no se asomaron motivos que justificaran la inactividad del libelista, tan solo desidia y desatenci\u00f3n es dable predicar de su actuar, por lo que se ofrece campante la ruptura con el principio delimitante que gobierna esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Si se desatiende el criterio se\u00f1alado, la tutela inevitablemente se convertir\u00eda en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo del resguardo es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de lo rogado, motivo por el cual no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Los razonamientos precedentes se imponen id\u00f3neos, para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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