{"id":99199,"date":"2026-06-25T18:03:05","date_gmt":"2026-06-25T18:03:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1438-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:03:05","modified_gmt":"2026-06-25T18:03:05","slug":"stc1438-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1438-2017\/","title":{"rendered":"STC1438-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1438-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02719-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Apoyos Financieros Especializados \u2013 Apoyar S.A., contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil Municipal de esta capital, as\u00ed como los demandados en el proceso Ejecutivo Mixto n\u00ba 2012-1388.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, en tanto dispuso, en sede de apelaci\u00f3n, modificar el auto que decidi\u00f3 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En s\u00edntesis, como soporte de su demanda expuso que con ocasi\u00f3n de una acci\u00f3n ejecutiva que impetr\u00f3 contra Jairo Enrique Ni\u00f1o Pe\u00f1a y Gladys Consuelo Romero Rend\u00f3n, el Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad, libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $19\u00b4470.205, m\u00e1s los intereses causados a partir del 3 de junio de 2012 cuando se hizo exigible el pagar\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que el 4 de octubre de 2013, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme a la orden de pago, tras haber determinado \u00abextempor\u00e1neas\u00bb las excepciones propuestas por uno de los demandados quien no acredit\u00f3 su calidad de abogado para actuar dentro de \u00abun proceso de menor cuant\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asever\u00f3 que superados los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos por el apoderado de los demandados, present\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito atendiendo la orden de pago y el auto que dispuso seguir con la ejecuci\u00f3n, \u00abaplicando los abonos que se efectuaron a la obligaci\u00f3n con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, arrojan do un saldo a favor de la sociedad demandante por la suma de $1.115.261, al 15 de agosto de 2014\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo que como la referida operaci\u00f3n contable fue objetada por su contraparte, el juzgado la modific\u00f3 con auto del 16 de abril de 2015, para determinar que exist\u00eda un saldo insoluto a cargo de los demandados por valor de $850.301,91, frente a lo cual nuevamente el demandado mostr\u00f3 inconformidad impetrando los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El 10 de agosto de 2015 el juez a-quo mantuvo su decisi\u00f3n, al estimar que esos razonamientos debieron plantearse a trav\u00e9s de excepciones, y concedi\u00f3 el recurso subsidiario ante el Juez de Circuito quien lo desat\u00f3 el 27 de octubre de 2016, para revocar el auto atacado y ordenar que en la liquidaci\u00f3n se tengan en cuenta como abonos, los pagos que se hicieron a la obligaci\u00f3n con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, previa publicidad de la prueba que para ese efecto aport\u00f3 el demandado, a efectos de que fuera \u00abmateria de controversia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que se ordene al Despacho accionado, abstenerse \u00abde revivir t\u00e9rminos y oportunidades procesales\u00bb, pues los pagos anteriores a la demanda ya fueron aplicados al cr\u00e9dito ejecutado (fls. 7 a 14, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que el asunto que fue de su conocimiento en  segunda instancia, fue devuelto al inferior (fl. 20, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Juez Quinta Civil Municipal de esta ciudad, luego de describir la actuaci\u00f3n procesal surtida en la respectiva ejecuci\u00f3n, para cuya inspecci\u00f3n remiti\u00f3 copia integral del expediente (fls. 28 a 204, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El Tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al observar que no se cumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto \u00abdentro del t\u00e9rmino de traslado de la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el demandante guard\u00f3 silente conducta, pese a que era en dicha oportunidad cuando deb\u00eda controvertir la legalidad y oportunidad para aducir pruebas\u00bb; adicionalmente, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n no es \u00abarbitraria ni abusiva\u00bb, pues trat\u00e1ndose de un pagar\u00e9 para llenarse seg\u00fan una carta de instrucciones, el monto que indic\u00f3 el acreedor en la demanda correspond\u00eda a la deuda causada a esa fecha, \u00aby cualquier pago que se hiciera por el obligado sobre dicha suma con posterioridad a esa data y que estuviera debidamente acreditado tiene que ser tomado en consideraci\u00f3n para la efectividad del derecho sustancial, sin desconocer, l\u00f3gicamente, el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb (fls. 209 a 214, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La impetr\u00f3 el apoderado judicial de la querellante, se\u00f1alando que el juzgador de segundo grado desatendi\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, pues frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debi\u00f3 pronunciarse para impartirle aprobaci\u00f3n o modificarla, en lugar de \u00abcorrer traslado\u00bb de la objeci\u00f3n, porque con ello se permite contabilizar doblemente los abonos, y se le otorga a los demandados la posibilidad de controvertir lo que no hicieron en su oportunidad mediante excepciones, afectando as\u00ed lo determinado en el mandamiento de pago y en la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n (fls. 224 a 226, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Corresponde a la Sala decidir si el juzgador de segundo grado, como lo censura la accionante en su calidad de actora en un proceso de ejecuci\u00f3n, al proferir el auto del 27 de octubre de 2016, incurri\u00f3 en sendos yerros de procedibilidad de la tutela, particularmente en cuanto a la inobservancia del ordenamiento legal aplicable, en lugar de aprobar o modificar la liquidaci\u00f3n que fuera objeto de objeci\u00f3n, dispuso rehacer esa contabilidad, previa publicidad de las pruebas aducidas por el demandado para demostrar la existencia de abonos realizados con anterioridad y durante el curso procesal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

3.  Bajo tales premisas, de la revisi\u00f3n que la Sala realiza a las piezas procesales objeto de cuestionamiento y con vista en la queja constitucional, prontamente se establece que la denegaci\u00f3n del amparo deber\u00e1 respaldarse, comoquiera que al no configurarse defecto alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n censurada, no est\u00e1n dadas las condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la actora, la cual al 20 de febrero de 2014 se\u00f1alaba un saldo a cargo por $12\u00b4883.653 (fls. 133 y 134, cd. 1), el demandado Jairo Enrique Ni\u00f1o Pe\u00f1a, a trav\u00e9s de su mandataria judicial, present\u00f3 objeci\u00f3n, aduciendo que la obligaci\u00f3n no s\u00f3lo se encontraba totalmente cancelada sino que arrojaba un saldo a su favor por la suma de $12\u00b4397.954,29 (fls. 159 a 161, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Mediante prove\u00eddo del 16 de abril de 2015, el Juzgado Quinto Civil Municipal declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n, empero, seg\u00fan la contabilidad que en esa oportunidad realiz\u00f3, lo adeudado correspond\u00eda a la suma de $850.301,91 (fls. 168 y 169, ib\u00edd.), ante lo cual el Ejecutado cuestion\u00f3 mediante recursos que el estrado declarara improcedente tener en cuenta los pagos efectuados con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, y concluy\u00f3 que \u00absin tener en cuenta los pagos realizados anteriores al vencimiento de la fecha de la obligaci\u00f3n\u00bb, persist\u00eda saldo a su favor, esta vez por valor de $2\u00b4418.344,96 (fls. 170 a 175, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por cuanto el Juzgado Municipal se mantuvo inc\u00f3lume en su postura, en el sentido de que los razonamientos para atacar la providencia debieron enfilarse contra las pretensiones, y que para ello el instrumento v\u00e1lido era la proposici\u00f3n de excepciones, se abri\u00f3 paso la apelaci\u00f3n que desat\u00f3 el Juzgado de Circuito en prove\u00eddo del 27 de octubre de 2016, que ahora es objeto de censura por quien al interior del litigio funge como ejecutante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para revocar el auto mediante el cual el a-quo aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n, luego de modificar su monto consecuencia de la prosperidad parcial de la objeci\u00f3n, el a-quem consider\u00f3 que \u00abdesconocer la realidad de unos pagos, bajo el argumento de que ello debi\u00f3 proponerse como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, constituye un exceso ritual manifiesto que desconoce la funci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y tras recordar que \u00abla labor del juez, m\u00e1s all\u00e1 de las formas de cada tr\u00e1mite, debe propender por hacer justicia de forma real\u00bb, recab\u00f3 que \u00absi el juez de la causa observa que el ejecutado ha pagado sobre la acreencia reclamada determinada suma de dinero, ya sea de forma previa al inicio del tr\u00e1mite o durante el mismo, no puede ignorar tales pagos, puesto que al estar entra\u00f1ablemente relacionados con la obligaci\u00f3n materia de la Litis, es apenas l\u00f3gico que ello repercutir\u00eda en el monto de la liquidaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pese a lo anterior, en vez de variar el auto para adecuar  la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con soporte en tales abonos, opt\u00f3 disponer que de \u00abla prueba del pago aportada por el extremo demandado\u00bb, se diera el \u00abrespectivo traslado\u00bb, de manera que cumplida su publicidad fueran \u00abmateria de controversia\u00bb, y en tales condiciones devolvi\u00f3 el expediente al inferior \u00abpara que tome los correctivos a que haya lugar\u00bb (fls. 201 a 203, cit.).  <\/span><\/p>\n

4. La determinaci\u00f3n anterior cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, que la mantiene lejos de ser arbitraria y con ello abrir paso al mecanismo excepcional interpuesto, por cuanto refiere una carga argumentativa que obedece a un criterio razonable.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Lo anterior porque no es de recibo pretender que el juez a-quem tenga que resolver la apelaci\u00f3n del auto que defini\u00f3 una objeci\u00f3n, aprobando o modificando la liquidaci\u00f3n como lo contempla el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando del estudio del caso surge una posibilidad de diferir tal decisi\u00f3n en espera de m\u00e1s y mejores elementos de juicio. Es m\u00e1s, la decisi\u00f3n del accionado resulta conveniente, en la medida en que no se valora el material documental sino hasta que se surta su contradicci\u00f3n, garant\u00eda \u00e9sta que inclusive posibilita su ataque mediante las figuras del desconocimiento y la tacha de falsedad de los documentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese tambi\u00e9n que la terminaci\u00f3n de los procesos compulsivos, no coincide con la providencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, sino con la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada, por tanto, a esta etapa culminante se llega luego de que se establece con certeza, que todos los abonos realizados por el obligado, fueron recogidos para ese espec\u00edfico resultado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese mismo orden, en un caso de similares contornos jur\u00eddicos al que ahora se analiza, esta Corporaci\u00f3n respald\u00f3 la exhortaci\u00f3n que realizara el Tribunal a la funcionaria accionada \u00aben el sentido de que en el evento de que se haya pasado por alto alg\u00fan abono previamente reconocido, analice la factibilidad de aplicarlo al cr\u00e9dito muy a pesar de la firmeza de la liquidaci\u00f3n\u00bb (STC11497-2016, 18 ago. 2016, rad. 01376-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Esta Sala ha se\u00f1alado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que: \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, esta Corte ha dicho que al juez constitucional:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada en STC17004-2016, 24 nov. 2016, rad. 01565-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que el juez de tutela no est\u00e1 llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez probatoria es o no el acertado, pues ese reproche solo ser\u00eda aceptable en la medida que tal proceder constituyera un defecto f\u00e1ctico por no valorar un medio de prueba o por haberlo realizado indebidamente, lo cual ac\u00e1 no acontece, como tampoco se abre paso un eventual yerro sustantivo o procedimental, pues la decisi\u00f3n censurada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico y al respecto la Corte ha reiterado que no constituye causal del auxilio \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 00106-01, citada en STC9182-2015 y STC18376-2016, 15 dic. 2016, rad. 00653-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Corolario de lo antes discurrido, se impone ratificar el fallo denegatorio de primera instancia, pero por considerar que la decisi\u00f3n obedece a un criterio razonable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC1438-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02719-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}