{"id":99209,"date":"2026-06-25T18:03:46","date_gmt":"2026-06-25T18:03:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1452-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:03:46","modified_gmt":"2026-06-25T18:03:46","slug":"stc1452-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1452-2017\/","title":{"rendered":"STC1452-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1452-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2016-00678-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 29 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Freddy Hirney Garc\u00eda Sarmiento contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal – Tolima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes en el proceso n\u00ba 2011-00038.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        Actuando directamente, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, igualdad, vivienda digna y \u00aba una estabilidad emocional y financiera para mi familia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, por incurrir en \u00abdefecto material o sustantivo\u00bb al disponer la adjudicaci\u00f3n de bienes del deudor en un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como soporte de su demanda, expuso que a ra\u00edz de un accidente ocurrido el 24 de abril de 2009, en el cual perdi\u00f3 el veh\u00edculo y la mercanc\u00eda que transportaba y comercializaba, sufri\u00f3 un \u00abperjuicio econ\u00f3mico del cual no me he podido recuperar\u00bb, pues a\u00fan no ha recibido la reparaci\u00f3n del da\u00f1o ocasionado \u00abpor la empresa propietaria del veh\u00edculo que me envisti\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Inform\u00f3 que ante la imposibilidad de asumir las obligaciones adquiridas con \u00ablos numerosos acreedores que como comerciante ten\u00eda\u00bb, se vio precisado a instaurar \u00abdemanda de insolvencia econ\u00f3mica, hoy reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb, en cuyo proceso se cumplieron los requisitos de ley \u00abpara convocar a los acreedores a fin de poder cumplir con estas obligaciones sin desmedro de mi casa pues este es mi \u00fanico patrimonio\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que a trav\u00e9s de su apoderada judicial solicit\u00f3 al juez de la causa la ampliaci\u00f3n de los t\u00e9rminos, \u00abprecisamente ante la falta de promoci\u00f3n del citado proceso por parte de los acreedores, quienes como el banco de Bogot\u00e1, no se hab\u00edan presentado\u00bb, como tampoco \u00abhab\u00edan aceptado el acuerdo de pago\u00bb, frente a lo cual el juzgado le atribuy\u00f3 falta de inter\u00e9s, sin observar que \u00abyo he estado pendiente del proceso\u2026 hasta lograr el acuerdo de pago\u00bb, en aras a atender las obligaciones con el Banco de Bogot\u00e1, la Alcald\u00eda Municipal de Flandes y la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transportes de Girardot.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que pese a que el convenio de pago suscrito el 30 de agosto de 2016, lo present\u00f3 al juzgado el 13 de septiembre de la misma anualidad, \u00abdonde los acreedores aceptan la f\u00f3rmula\u2026 all\u00ed plasmada y donde se establecer\u00eda el tiempo en el cual se saldar\u00eda la totalidad de lo adecuado\u00bb, el pasado 1\u00ba de noviembre, el Despacho \u00abniega el acuerdo de pago suscrito entre las partes y ordena el embargo y secuestro de mi casa\u00bb, cuando su inter\u00e9s no ha sido desconocer las obligaciones a su cargo, sino \u00absaldar lo adeudado, pero sin el desamparo y desarraigo de mi propiedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que \u00abse modifique\u00bb la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal (fls. 2 y 3, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El funcionario acusado remiti\u00f3 al Tribunal el expediente contentivo del proceso en comento, para su respectiva inspecci\u00f3n (fl. 34, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Secretaria de Hacienda Municipal de Flandes \u2013 Tolima, inform\u00f3 que la acreencia a favor de esa entidad territorial corresponde a impuesto predial por valor de $982.700, y aunque en la base de datos figura por el mismo concepto una deuda a nombre de otro bien, \u00abel 24 de noviembre de 2016, el se\u00f1or Fredy Garc\u00eda\u2026 inform\u00f3 que el otro inmueble no era de \u00e9l y qued\u00f3 de corregir la informaci\u00f3n en el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb (fls. 36 a 38, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Banco de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que habi\u00e9ndose adelantando el tr\u00e1mite judicial conforme a la ley, se le inform\u00f3 al demandante \u00abque el acuerdo propuesto ten\u00eda algunas falencias las cuales impedir\u00edan el cumplimiento del mismo\u00bb y que por ello deb\u00eda presentar \u00abuna propuesta m\u00e1s acorde a la realidad de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb, pero al no haberse presentado antes del vencimiento del t\u00e9rmino legalmente previsto, conllev\u00f3 a \u00abvotar en forma negativa al acuerdo presentado\u00bb, sin que ello implique vulneraci\u00f3n de los derechos invocados (fls. 43 a 46, id.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Municipio de Girardot \u2013 Cundinamarca, a trav\u00e9s de la Jefe de la Oficina Jur\u00eddica, se\u00f1al\u00f3 que ese ente fue vinculado al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, como acreedor en virtud a \u00abun cr\u00e9dito que fue objeto de graduaci\u00f3n por un valor de $1.131.000,oo\u00bb, en cuyo tr\u00e1mite que ha sido \u00abce\u00f1ido estrictamente a lo preceptuado en la ley 1116 de 2006\u00bb, el se\u00f1or Garc\u00eda Sarmiento, en su doble condici\u00f3n de promotor y deudor \u00abno ha cumplido con su obligaci\u00f3n de presentar dentro del t\u00e9rmino legal al Juzgado el acuerdo de reorganizaci\u00f3n debidamente aprobado por los acreedores, super\u00e1ndose ampliamente el t\u00e9rmino para ello\u00bb. Pidi\u00f3 la negaci\u00f3n de lo pretendido y en \u00faltimas invoc\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva (fls. 54 a 57, cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Neg\u00f3 el resguardo implorado al no encontrar de la actuaci\u00f3n desplegada por el querellado, defecto que posibilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, precisando respecto de la providencia calendada el 1\u00ba de noviembre de 2016, que la decisi\u00f3n se ajusta a las disposiciones aplicables, pues luego de ampliar t\u00e9rminos y no haberse aprovechado por el actor, no proced\u00eda dar tr\u00e1mite al nuevo acuerdo de pago \u00abpor cuanto la oportunidad para ello ya hab\u00eda fenecido\u00bb, y en su lugar, deb\u00eda darse la adjudicaci\u00f3n de bienes, y como esta carga tampoco la cumpli\u00f3 el interesado, la dispuso el juzgado en aplicaci\u00f3n al ordenamiento legal (fls. 47 a 53, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante censur\u00f3 el fallo anterior, reiterando los argumentos esbozados en la demanda e insistiendo en que se modifique la determinaci\u00f3n del juez de conocimiento, por cuanto los acreedores \u00abya han aceptado el acuerdo y forma de pago\u00bb que no fue aprobado por la autoridad accionada aduciendo el \u00abvencimiento de t\u00e9rminos para ser presentado\u00bb (fl. 66, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso objeto de cuestionamiento, prontamente establece la Sala que el fallo impugnado deber\u00e1 respaldarse, en la medida en que no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n censurada, y en esas condiciones no est\u00e1n dadas las condiciones para la concurrencia del juez excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque el problema jur\u00eddico a resolver, se limita a establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales que invoca el peticionario, al haber dispuesto la adjudicaci\u00f3n de los bienes en el marco de un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial (rad. 2011-00038), luego de que el demandante dej\u00f3 transcurrir las oportunidades legalmente previstas sin cumplir las cargas que a \u00e9l le correspond\u00eda asumir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ante ese cuestionamiento, el procedimiento claramente descrito por el Tribunal a-quo, obtenido tras la inspecci\u00f3n judicial al original del expediente contentivo del asunto en cuesti\u00f3n, y que se corrobora con las manifestaciones realizadas por los vinculados, dan al traste con la aspiraci\u00f3n del querellante, pues se concluye que en particular el prove\u00eddo dictado por el accionado el 1\u00ba de noviembre de 2016, lejos est\u00e1 de constituir una resoluci\u00f3n arbitraria, ya que se soporta en un criterio jur\u00eddico razonable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, aceptada la demanda incoada con sujeci\u00f3n a lo preceptuado en la Ley 1116 de 2006, en la cual se tuvieron como acreedores del demandante a la Alcald\u00eda de Flandes \u2013 Tolima, a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transportes del municipio de Girardot \u2013 Cundinamarca, y al Banco de Bogot\u00e1, quienes corroboraron en este tr\u00e1mite su concurrencia para los fines a los que fueron convocados por el se\u00f1or Garc\u00eda Sarmiento, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 31 de la norma en cita, modificado por el canon 38 de la Ley 1429 de 2010, el Juzgado, mediante auto proferido el 19 de agosto de 2014, reconoci\u00f3 los cr\u00e9ditos y se\u00f1al\u00f3 el plazo de cuatro (4) meses para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, lapso del cual dicha norma advierte \u00abno podr\u00e1 prorrogarse en ning\u00fan caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicha norma, en su inciso 2\u00ba, advierte que \u00abDentro del plazo para la celebraci\u00f3n del acuerdo, el promotor con fundamento en el plan de reorganizaci\u00f3n de la empresa y el flujo de caja elaborado para atender el pago de las obligaciones, deber\u00e1 presentar ante el juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, un acuerdo de reorganizaci\u00f3n debidamente aprobado con los votos favorables de un n\u00famero plural de acreedores que representen, por lo menos la mayor\u00eda absoluta de los votos admitidos\u00bb, y para ello deben observarse las reglas que describe, de la que se destaca la enunciada en el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba, seg\u00fan la cual: \u00abSi el acuerdo de reorganizaci\u00f3n debidamente aprobado no es presentado en el t\u00e9rmino previsto en este art\u00edculo, comenzar\u00e1 a correr de inmediato el t\u00e9rmino para celebrar el acuerdo de adjudicaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante la perentoriedad de dicha disposici\u00f3n, el expediente da cuenta que por haberse presentado el acuerdo de pago en la oportunidad indicada pero sin la aprobaci\u00f3n de los acreedores, tal cual lo evidencia la copia del documento allegado a este asunto (fls. 7 a 21, cd. 1), con auto del 22 de mayo de 2015, el estrado concedi\u00f3 un t\u00e9rmino adicional de quince d\u00edas para que se cumpliera ese requisito, sin que ello lograra verificarse, como tampoco se hizo en la audiencia programada para los efectos de la \u00abconfirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 35 ib\u00eddem, la cual, tras ser aplazada, finalmente tuvo lugar el   24 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed como ante la presentaci\u00f3n del referido documento pero sin que contara con el asentimiento de los acreedores, el Despacho dispone continuar el curso procesal aplicando lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, que refiere a la adopci\u00f3n de decisiones judiciales, cuando, vencido el t\u00e9rmino para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, tal acto no se ha dado o se ha surtido de manera incompleta y por ende falta la confirmaci\u00f3n del juez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, obvi\u00e1ndose la designaci\u00f3n de liquidador ya que el proceso se adelant\u00f3 con promotor (que en dicho caso correspondi\u00f3 al mismo deudor), se concedi\u00f3 al interesado el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas para que confeccionara el acuerdo de adjudicaci\u00f3n, empero, tal carga procesal tampoco fue atendida por el demandante, ampli\u00e1ndose luego por veinte (20) d\u00edas m\u00e1s, al cabo de los cuales la situaci\u00f3n no tuvo variaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que estos acreedores, quienes suman m\u00e1s del 95% del total de acreencias, adujeron el desaprovechamiento de los t\u00e9rminos legales para viabilizar el proceso de reorganizaci\u00f3n promovido judicialmente por el accionante, pues desde el comienzo, como lo se\u00f1al\u00f3 la entidad bancaria, se suscitaron \u00abfalencias\u00bb en la propuesta para cancelar la deuda, conduciendo a \u00e9sta a \u00abvotar en forma negativa al acuerdo presentado\u00bb, raz\u00f3n de m\u00e1s para truncar la aspiraci\u00f3n del reclamante, a quien le corresponde estarse a lo resuelto por el juez de concurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto, en  tanto la facultad para adjudicar los bienes para pagar los cr\u00e9ditos, bajo las condiciones ya anotadas, la prev\u00e9 el inciso 5\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 37 de la precitada Ley 1116, al se\u00f1alar que \u00abSi el acuerdo de adjudicaci\u00f3n no es presentado ante el Juez del concurso en el plazo previsto en la presente norma, se entender\u00e1 que los acreedores aceptan que la Superintendencia o el juez adjudiquen los bienes del deudor, conforme a las reglas de adjudicaci\u00f3n de bienes previstas en la presente ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En este orden, el razonamiento realizado por el juez de instancia para adoptar las cautelares por las que se duele el accionante, reflejan la consecuencia de los actos de responsabilidad atribuidos a cada uno de los sujetos de una relaci\u00f3n procesal, y con tales determinaciones, dirigidas a hacer efectivo el pago de las acreencias a cargo del promotor del concurso, no se est\u00e1n afectando sus prerrogativas superiores, y el cuestionamiento concreto que hace el impugnante, no conlleva la configuraci\u00f3n de defecto sustantivo que merezca reproche en sede constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Obs\u00e9rvese que una decisi\u00f3n es el resultado de la incursi\u00f3n en un yerro material o sustantivo, cuando surge de err\u00f3nea la interpretaci\u00f3n y por ende, de una inadecuada aplicaci\u00f3n de las disposiciones que contemplan la situaci\u00f3n abordada por el juzgador, o porque \u00abel contenido de la disposici\u00f3n no tiene conexidad material con los presupuestos del caso\u00bb, y tambi\u00e9n cuando \u00abse le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-774\/04, SU-1185\/01 y T-781).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala reitera que la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n de los convocados no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y en esas condiciones esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En consecuencia, con las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante la cual se deneg\u00f3 el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC1452-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2016-00678-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}