{"id":99211,"date":"2026-06-25T18:03:52","date_gmt":"2026-06-25T18:03:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1455-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:03:52","modified_gmt":"2026-06-25T18:03:52","slug":"stc1455-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1455-2017\/","title":{"rendered":"STC1455-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

               Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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       STC1455-2017          <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00795-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C, nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 30 de noviembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela promovida por el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Santander, en representaci\u00f3n de la ni\u00f1a AMPQ, frente al Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, siendo citados el Agente del Ministerio P\u00fablico y los intervinientes en el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos de la menor.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de los ni\u00f1os, supuestamente vulneradas por la autoridad judicial acusada al no homologar la resoluci\u00f3n n\u00ba 001 de octubre 5 de 2016 que \u00abdeclar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a\u2026y se otorg\u00f3 su custodia provisional al se\u00f1or Harvey Ernesto Pimiento Otero, en calidad de t\u00edo paterno\u00bb y, en su lugar, anul\u00f3 todo lo actuado desde la citaci\u00f3n y emplazamiento de fecha 14 de abril  2016 y dispuso la ubicaci\u00f3n de la menor \u00aben el lugar de domicilio de la se\u00f1ora ANA IN\u00c9S QUIROGA\u2026t\u00eda abuela materna\u00bb.       <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que luego de que las Defensor\u00edas de Familia de Medell\u00edn y Bucaramanga le remitieron las actuaciones administrativas por competencia, estableci\u00f3 que esas dependencias \u00abno fueron rigurosas en el recaudo y an\u00e1lisis probatorio\u00bb sobre la crianza y entorno familiar de la ni\u00f1a afectada, quien tiene 3 a\u00f1os de edad, y por ello, orden\u00f3 vincular \u00aba la abuela materna y a los abuelos y t\u00edos paternos\u00bb llamados por ley a suplir la ausencia de sus padres fallecidos.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que con los informes de seguimiento presentados por los profesionales de las \u00e1reas de psicolog\u00eda y trabajo social del ICBF se comprob\u00f3 la realidad y actualidad en que se desenvolv\u00eda la menor dentro del contexto de su abuela materna, encontrando que si bien esta \u00faltima estuvo atenta a su cuidado personal, influy\u00f3 \u00aben la confusi\u00f3n emocional que ten\u00eda\u2026.respecto a la realidad de su familia paterna, aunado a ello, el apego negativo existente en la relaci\u00f3n cuidadora-ni\u00f1a, observ\u00e1ndose dependencia afectiva, miedo e inestabilidad emocional, aspectos que la ten\u00edan en una posici\u00f3n de vulnerabilidad y no como lo pretendi\u00f3 ver su cuidadora manipulando a todos\/as con su historia de crianza (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que Ana In\u00e9s Quiroga Velasco, t\u00eda abuela de la menor de edad, fue diagnosticada por la EPS Salud Total y por la ARL Sura con \u00abTRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESI\u00d3N. CALIFICACI\u00d3N ENFERMEDAD DE ORIGEN PROFESIONAL (\u2026) tratamiento y control que no fue acatado por la cuidadora\u00bb lo que origin\u00f3 un concepto psiqui\u00e1trico en el que se dijo los pacientes que abandonan dichos tratamientos \u00abno est\u00e1n exentos de presentar un episodio depresivo mayor que dependiendo de la severidad del mismo podr\u00eda  implicar la presencia de riesgo de suicidio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Expone que el juzgado censurado estim\u00f3 para no homologar la decisi\u00f3n que el asunto debi\u00f3 tramitarse como verbal sumario; no se emiti\u00f3 auto de pruebas; no se tuvo en cuenta el grado de afectaci\u00f3n que implic\u00f3 la medida decretada; en la resoluci\u00f3n \u00abse alude a comprobaciones vagas\u2026ambiguas y descalificadoras\u00bb y dej\u00f3 de valorarse un dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y el concepto del psic\u00f3logo Pablo Antonio V\u00e1squez.                           <\/span><\/p>\n

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Aduce que el accionado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho porque la actuaci\u00f3n de la Defensor\u00eda de Familia  se rige por la Ley 1098 de 2006 y no por el C\u00f3digo General del Proceso; respet\u00f3 la igualdad y el derecho de defensa de los intervinientes a quienes se les cit\u00f3 a las diferentes audiencias y apoy\u00f3 la resoluci\u00f3n en las pruebas recaudadas.    <\/span><\/p>\n

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3. Pide \u00abla suspensi\u00f3n de lo resuelto por el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga en la sentencia n\u00ba 135 de noviembre 11 de 2016\u2026hasta que se realice una valoraci\u00f3n completa del material probatorio recaudado dentro de la investigaci\u00f3n administrativa\u00bb (fls. 1 a 20, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. Ana In\u00e9s Quiroga Velasco, Orlando Le\u00f3n Ortega, Ana Karietna Le\u00f3n Quiroga, Mar\u00eda Adelita Quiroga Velasco y Andr\u00e9s Mauricio Galvis Quiroga manifestaron que la resoluci\u00f3n con la que culmin\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo no se le notific\u00f3 a todos los interesados y a pesar de eso el Defensor de Familia declar\u00f3 su firmeza; agregaron que no se tuvo en cuenta la contradicci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales y las apreciaciones del accionante se centraron en \u00abexaltar y exagerar las condiciones \u00f3ptimas de la familia PIMIENTO OTERO y, por la otra, descalificar en grado sumo a la familia materna de\u2026observ\u00e1ndose una posici\u00f3n personal del fallador que desconoce las pautas de imparcialidad, objetividad e igualdad de las partes que deben primar en toda intervenci\u00f3n de un servidor p\u00fablico\u00bb y que \u00abest\u00e1n totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Juzgado\u00bb (fls. 36 a 43, ib\u00eddem).             <\/span><\/p>\n

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2. La Juez Octava de Familia de Bucaramanga defendi\u00f3 su proceder y dijo que la vinculaci\u00f3n de los parientes consangu\u00edneos de la ni\u00f1a dentro del procedimiento administrativo fue tard\u00eda, ya que para ese momento \u00abya se hab\u00edan practicado y allegado varias pruebas sin previo decreto\u00bb, quienes tomaron el caso en el estado en que se encontraba; a\u00f1adi\u00f3 que el Defensor de Familia valor\u00f3 de manera sesgada la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 Ana In\u00e9s Quiroga, porque ella reconoci\u00f3 que era quien cuidaba a la ni\u00f1a cuando sus padres por cuestiones laborales no pod\u00edan atenderla \u00abpor tanto no se puede tildar de mentirosa a la se\u00f1ora Ana In\u00e9s Quiroga pues de acuerdo al resto del material recaudado se prob\u00f3 que en la ausencia de los padres de AMPQ era quien asum\u00eda su cuidado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que el convocante dio por acreditado un apoyo  fundamental de la familia paterna hac\u00eda los padres de la ni\u00f1a, \u00abcuando de las pruebas se encuentra que el se\u00f1or Harvey Pimiento quien pretende la custodia de la menor ni siquiera viv\u00eda en Bucaramanga y de los seguimientos realizados a la menor se destaca la reacci\u00f3n de la ni\u00f1a cuando es recogida en el colegio por la familia paterna rehus\u00e1ndose a irse con ellos, por el contrario pregunta y reclama a \u201cita\u201d como suele llamar a la se\u00f1ora Ana In\u00e9s\u00bb. Asimismo, que los informes de Psicolog\u00eda y Trabajo Social del ICBF contienen una \u00abconclusi\u00f3n desacertada\u00bb al hacer alusi\u00f3n a una \u00abmanipulaci\u00f3n\u00bb con una historia de crianza que pretenden hacer ver como irreal, \u00abcuando todo lo recaudado probatoriamente indica que en realidad fue la persona que cri\u00f3 a la menor en las ausencias laborales de los progenitores, en segundo lugar, se les olvid\u00f3 que\u2026es s\u00f3lo una ni\u00f1a de tres a\u00f1os que acaba de perder a sus padres y lo m\u00e1s l\u00f3gico y humano es que se apegue al ser m\u00e1s cercano a ella\u00bb, siendo \u00ababsurda\u00bb la calificaci\u00f3n de dependencia afectiva que describen las profesionales.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, igualmente, que analiz\u00f3 \u00abminuciosamente\u00bb la patolog\u00eda de raigambre laboral de Ana In\u00e9s Quiroga y que los informes \u00abdescriben que la ni\u00f1a se encontraba bien cuidada y con comportamientos acordes a su edad durante el tiempo que la se\u00f1ora Ana In\u00e9s se dedic\u00f3 a su cuidado exclusivo con ocasi\u00f3n de la muerte de sus progenitores. Nada de esto fue tenido en cuenta por el Defensor para declararla en estado de vulnerabilidad y entregarla al t\u00edo paterno\u00bb (fls. 46 a 51 ib.).  <\/span><\/p>\n

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3. Enrique Pimiento, Harvey Ernesto Pimiento Otero y Henry Pimiento Otero expusieron que en el tr\u00e1mite administrativo se respet\u00f3 el ordenamiento legal y \u00abla citaci\u00f3n se realiza con nombres y personas determinadas hasta en ese momento procesal de aquellas que se conocen como ya vinculadas y de forma indeterminada para aquellas que se relacionen o vinculen posteriormente\u00bb; se\u00f1alaron que no deb\u00eda ventilarse como verbal sumario y que la decisi\u00f3n fue motivada (fls. 60 a 64 y 67, cit.).   <\/span><\/p>\n

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4. La  Procuradora 6 Judicial II de Familia se opuso a la prosperidad de la tutela porque no se evidencia la v\u00eda de hecho denunciada y los argumentos de la juez son \u00ableg\u00edtimos y razonables\u00bb (fls. 65 y 66, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la providencia reprochada se fundament\u00f3 en que el Defensor de Familia al momento de iniciar el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos de la menor en cuyo nombre acciona, omiti\u00f3 citar a la familia extensa de ella, a fin de que participaran activamente en el proceso y decret\u00f3 pruebas que no fueron sometidas a ninguna contradicci\u00f3n y, ante las irregularidades advertidas, \u00abno quedaba m\u00e1s camino que el de ordenar rehacer el tr\u00e1mite\u00bb (fls. 68 a 76, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado de Enrique Pimiento, Harvey Ernesto Pimiento Otero y Henry Pimiento Otero sin motivaci\u00f3n adicional (fl. 87, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado enjuiciado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por no homologar la resoluci\u00f3n n\u00ba 001 de octubre 5 de 2016 de la Defensor\u00eda de Familia del ICBF que \u00abdeclar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a\u2026y se otorg\u00f3 su custodia provisional al se\u00f1or Harvey Ernesto Pimiento Otero, en calidad de t\u00edo paterno\u00bb y, en su lugar, invalid\u00f3 lo actuado y orden\u00f3 la ubicaci\u00f3n de la menor en el domicilio de Ana In\u00e9s Quiroga.       <\/span><\/p>\n

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2. La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo estas premisas, con vista en los fundamentos f\u00e1cticos y el definido objetivo de la protecci\u00f3n invocada, observa la Sala que la postura del Tribunal de primera instancia debe ser respaldada por cuanto la decisi\u00f3n judicial objeto de cr\u00edtica por el accionante, cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, y su apreciaci\u00f3n lejos est\u00e1 de tenerse como arbitraria para de ese modo abrirle paso el mecanismo excepcional interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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En lo que respecta al restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os y adolescentes, el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006, la contempla como \u00abla restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados\u00bb, advirtiendo el art\u00edculo 51 de la misma obra que frente al punto, \u00abes responsabilidad del Estado en su conjunto a trav\u00e9s de las autoridades p\u00fablicas, quienes tienen la obligaci\u00f3n de informar o conducir ante la Polic\u00eda, las Defensor\u00edas de Familia, las Comisar\u00edas de Familia o en su defecto, los Inspectores de Polic\u00eda o las Personer\u00edas Municipales o Distritales a todos los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Siendo variadas las circunstancias que pueden suscitarse para determinar una situaci\u00f3n irregular que amerite la intervenci\u00f3n estatal, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 53 ib\u00eddem, concordante con lo descrito en los c\u00e1nones 56, 57 y 59 de la misma obra, se encuentran estatuidas medidas de restablecimiento que, seg\u00fan el caso, se implementan con car\u00e1cter temporal o definitivo.  <\/span><\/p>\n

Esas medidas corresponden a: (i) amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico; (ii) retiro inmediato del menor de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar, y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada; (iii) ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar, la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo, en hogar de paso cuando no aparezcan esas personas, o en hogar sustituto, es decir en una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atenci\u00f3n necesaria en sustituci\u00f3n a sus parientes de origen  ; (iv) ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicaci\u00f3n en los hogares de paso; (v) adopci\u00f3n; y (vi) las dem\u00e1s que est\u00e9n se\u00f1aladas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice su protecci\u00f3n integral.  <\/span><\/p>\n

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4. En el caso que se analiza, la Defensor\u00eda de Familia Regional Santander del ICBF concluy\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos ordenando la tercera medida antes enunciada al disponer que la custodia provisional de la menor estuviera en cabeza de \u00abHarvey Ernesto Pimiento Otero, en calidad de t\u00edo paterno (resoluci\u00f3n n\u00ba 001 de octubre 5 de 2016).  <\/span><\/p>\n

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Como fundamento de esa decisi\u00f3n expuso, b\u00e1sicamente, que el referido familiar cumpl\u00eda las condiciones para hacerse cargo de la ni\u00f1a, mientras que la t\u00eda abuela Ana In\u00e9s Quiroga, quien tambi\u00e9n reclamaba la custodia, no era apta para ello seg\u00fan los informes presentados por los profesionales de las \u00e1reas de psicolog\u00eda y trabajo social del ICBF, aunado a que la EPS Salud Total y la ARL Sura la calificaron con \u00abTRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESI\u00d3N. CALIFICACI\u00d3N ENFERMEDAD DE ORIGEN PROFESIONAL\u00bb y no hab\u00eda seguido el tratamiento.   <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, mediante providencia de noviembre 11 de 2016, decidi\u00f3 no homologar la determinaci\u00f3n administrativa al advertir que la Defensor\u00eda de Familia vulner\u00f3 los derechos de defensa y contradicci\u00f3n durante el diligenciamiento del asunto, en raz\u00f3n a que no cit\u00f3 oportunamente a la familia extensa de la infante; adem\u00e1s, dej\u00f3 de apreciar algunos elementos demostrativos y concluy\u00f3 que Ana In\u00e9s Quiroga no era id\u00f3nea para cuidar a la menor, cuando las pruebas recaudadas daban cuenta de lo contrario, por lo que invalid\u00f3 el procedimiento desde la notificaci\u00f3n y orden\u00f3 rehacerlo, dejando la custodia de la ni\u00f1a en cabeza de la t\u00eda abuela.  <\/span><\/p>\n

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Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala la determinaci\u00f3n aludida conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarla de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, la juez analiz\u00f3 las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, como fueron los distintos informes, testimonios y dict\u00e1menes periciales para concluir que el entorno familiar y de protecci\u00f3n que le brindaba Ana In\u00e9s Quiroga a AMPQ, era el m\u00e1s adecuado para su desarrollo, siempre propendiendo por el inter\u00e9s superior de la menor, por lo que no puede pretenderse por esta v\u00eda desvirtuar la valoraci\u00f3n que hizo la funcionaria judicial, pues:   <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (sentencia de 29 de junio de 2011, exp. 01252-00, reiterada el 25 feb. de 2016, STC2275).  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, resta anotar que las determinaciones adoptadas dentro de un tr\u00e1mite administrativo o judicial sobre custodia de menores, como el de restablecimiento de derechos que adelanta el ICBF o el promovido por Ana In\u00e9s Quiroga ante el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, que seg\u00fan ella culmin\u00f3 el 6 de diciembre de 2016 con sentencia favorable a sus intereses (fls. 89 y 90, cd. 1), no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, si el accionante o alg\u00fan miembro de la familia extensa de la menor estiman que hubo variaci\u00f3n de las circunstancias que dieron lugar a esas decisiones, podr\u00e1n acudir a la autoridad competente para se resuelva la pretensi\u00f3n que promuevan en tal sentido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Con fundamento en lo expuesto, esta Corporaci\u00f3n confirmar\u00e1 la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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   LUIS ALONSO RICO PUERTA                  Magistrado ponente             STC1455-2017           Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00795-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C, nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}