{"id":99213,"date":"2026-06-25T18:04:02","date_gmt":"2026-06-25T18:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1457-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:02","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:02","slug":"stc1457-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1457-2017\/","title":{"rendered":"STC1457-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1457-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00182-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Berm\u00fadez Escobar  contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal adelantado contra el accionante.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso  que considera vulnerado por la accionada con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida el 27 de julio de 2016 al rechazar por improcedente la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2008 y neg\u00f3 su adici\u00f3n en la decisi\u00f3n mencionada al interior del proceso penal de \u00fanica instancia adelantado en su contra, bajo una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la sentencia C-792 de 2014.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene revocar el resuelve de la providencia fechada 27 de julio de 2016, por medio de la cual la autoridad demandada rechaz\u00f3 por improcedente la impugnaci\u00f3n interpuesta por el actor contra el fallo fechado 2 de diciembre de 2008.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab…ordenar\u2026para que dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas a la notificaci\u00f3n de esta providencia constitucional, proceda mediante auto a conceder la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia condenatoria\u2026  <\/span><\/p>\n

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\u2026.ordenar se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al inciso segundo del art\u00edculo 412 de la Ley 600 de 2000, en cuanto a la adici\u00f3n por omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva al derecho fundamental de defensa a impugnar la sentencia condenatoria del 2 de diciembre de 2008\u2026derogando la prohibici\u00f3n de recurrir en la misma sentencia.  <\/span><\/p>\n

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\u2026En consecuencia, se ordenar\u00e1 que la impugnaci\u00f3n de la sentencia se tramitar\u00e1 ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sin la presencia con voz y voto de los Magistrados que suscribieron el fallo\u2026\u00bb [Folios 107-108, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El  accionante fue condenado en \u00fanica instancia el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n junto con otro por los delitos de Contrato sin Cumplimiento de los requisitos legales y Peculado por Apropiaci\u00f3n, por conductas realizadas cuando se desempe\u00f1\u00f3 como Gobernador de Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2. Por consiguiente fue condenado a la pena principal de 11 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa por $240.935.393 a favor del Tesoro Nacional, as\u00ed mismo, se le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. [Folios 4-91, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. Posteriormente, el actor el 27 de abril de 2016 \u00abinterpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria, de conformidad a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014\u00bb y as\u00ed mismo, solicit\u00f3 se ordenara adicionar el fallo condenatorio, indicado los recursos que proceden contra ella, de conformidad con el numeral 10 del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. [Folios 99-103, c.1]   <\/span><\/p>\n

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4. El 27 de julio siguiente, la autoridad accionada rechaz\u00f3 por improcedente la impugnaci\u00f3n interpuesta por el tutelante. [Folios 1-3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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5. En criterio del reclamante con la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por cuanto al negar sus pretensiones se constituy\u00f3 en una v\u00eda de hecho, lo que hace procedente el amparo para conjurar la irregularidad cometida. [Folios 104-117, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 1\u00ba de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 120, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado 12 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el proceso adelantado contra el accionante y otro fue remitido el 25 de septiembre de 2014 a su hom\u00f3logo Sexto de descongesti\u00f3n, desconoci\u00e9ndose la situaci\u00f3n jur\u00eddica actual del condenado. [Folio 136, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n al rechazar por improcedente la impugnaci\u00f3n interpuesta por Edgar Ignacio Sainea Escobar y el accionante contra la sentencia condenatoria del 2 de diciembre de 2008, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n el accionado se\u00f1al\u00f3 que dado que las conductas punibles perpetradas  por el actor se ejecutaron en el a\u00f1o 2002, el proceso adelantado en su contra se surti\u00f3 bajo el procedimiento regulado por la ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo advirti\u00f3 que conforme lo expresado en la \u00abAP.CSJ, 18 de mayo de 2016. Radicaci\u00f3n 39156\u00bb, lo dispuesto en la sentencia C-792 de 2014, solamente ser\u00eda aplicable a los fallos que no hubieran cobrado ejecutoria para el 24 de abril de 2016, situaci\u00f3n que no se presenta con el actor, por cuanto la sentencia de la cual se pretende la impugnaci\u00f3n data del 2 de diciembre de 2008 y cobr\u00f3 ejecutoria el 11 de diciembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 que la posibilidad de impugnar fallos proferidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no es viable, por cuanto la impugnaci\u00f3n debe surtirse ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la condena, y esa Sala, dada la estructura de la rama judicial, en la cual es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal, no tiene un superior que revise sus decisiones, de modo que no es dable impugnarlas.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del  gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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