{"id":99215,"date":"2026-06-25T18:04:14","date_gmt":"2026-06-25T18:04:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1459-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:14","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:14","slug":"stc1459-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1459-2017\/","title":{"rendered":"STC1459-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1459-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Roa Torres, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria en el que se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante, solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, al admitir y resolver recursos y solicitudes presentadas por sus acreedores en el proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria en el que fungi\u00f3 como demandado, pese a que mediante providencia de octubre 6 de 2014, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de aquella actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concretamente, cuestiona que en auto del pasado 23 de noviembre de 2016, se accediera a poner a disposici\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, los t\u00edtulos judiciales consignados en desarrollo de aquella tramitaci\u00f3n, cuando en pret\u00e9ritas oportunidades se hab\u00eda dejado claro que esos dineros deb\u00edan serle devueltos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se declare \u00ab\u2026nula toda la actuaci\u00f3n procesal (\u2026) a partir de la ejecutoria del prove\u00eddo del seis (6) de octubre de dos mil catorce (2014), debidamente notificada, ejecutoriado y terminado (sic), al decidir los recursos presentados (\u2026) por algunos de los acreedores\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En el a\u00f1o 2000, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, admiti\u00f3 la solicitud de concordato presentada por el tutelante contra sus acreedores, a fin de lograr acuerdos de pago para el cumplimiento gradual de sus obligaciones como comerciante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 6 de septiembre de 2006, se declar\u00f3 fracasada la audiencia p\u00fablica de cumplimiento y concluido el tr\u00e1mite concordatario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 28 del mismo mes y a\u00f1o, se dispuso la apertura del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n obligatoria.  <\/span><\/p>\n

4. El 3 de noviembre tom\u00f3 posesi\u00f3n el liquidador designado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 27 de abril de 2007, el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, realiz\u00f3 la audiencia de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y orden\u00f3 posesionar al liquidador y conformar la junta asesora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 2 de julio de 2009 se design\u00f3 nuevo liquidador y desde esa fecha hasta el 21 de noviembre de 2011, se dej\u00f3 constancia acerca de las reiteradas ocasiones en que se intent\u00f3 posesionar a los miembros de la junta asesora del liquidador, sin \u00e9xito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 23 de agosto de 2013 se agreg\u00f3 a las diligencias comunicaci\u00f3n proveniente de la DIAN.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 6 de octubre de 2014, el juez cognoscente declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso, por encontrar que desde la \u00faltima actuaci\u00f3n, el expediente permaneci\u00f3 en secretar\u00eda por m\u00e1s de un a\u00f1o sin impulso alguno. La decisi\u00f3n no fue impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 23 de enero de 2015 el tutelante otorg\u00f3 poder a un profesional del derecho para que ejerciera su representaci\u00f3n en el juicio, memorial que fue desestimado por encontrarse el proceso archivado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 28 siguiente, la apoderada solicit\u00f3 al juzgado cancelar las medidas cautelares sobre los bienes del deudor y la entrega de los bienes cuya tenencia fue entregada a terceros por cuenta de la actuaci\u00f3n, as\u00ed como el pago de los dep\u00f3sitos judiciales consignados a \u00f3rdenes de esa autoridad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El 4 de febrero de 2015 se accedi\u00f3 a lo pedido.  <\/span><\/p>\n

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12. El 11 de febrero posterior, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN, comunic\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n No. 313-17, dispuso el embargo de los t\u00edtulos judiciales por valor de $110.000.000 y $1.400.000, y todos los que se encontraren constituidos en ese juzgado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. En la misma fecha, el acreedor Jes\u00fas Mar\u00eda Navarro Var\u00f3n, formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y la devoluci\u00f3n de bienes al concordado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. En providencia de 9 de abril de 2015, el juzgador decidi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la providencia por medio de la cual declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del tr\u00e1mite y concedi\u00f3 la censura vertical.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. El 16 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n a partir del prove\u00eddo referido a espacio, por referirse a un auto diferente al realmente impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

16. En obedecimiento a lo dispuesto por su superior funcional, en providencia de marzo 10 de 2016, el juzgado neg\u00f3 la reposici\u00f3n del auto a trav\u00e9s del cual orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y la devoluci\u00f3n de bienes y dineros al deudor y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n subsidiariamente interpuesto. Adicionalmente, dispuso no tener en cuenta la comunicaci\u00f3n de la DIAN, \u00abpor encontrarse terminado el proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

17. El 27 de julio posterior, el Tribunal declar\u00f3 inadmisible tal medio de impugnaci\u00f3n, dada la naturaleza del auto cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

18. El 31 de octubre de 2016 el fallador cuestionado reiter\u00f3 a la DIAN que deb\u00eda estarse a lo resuelto el 10 de marzo de 2016, frente a la solicitud de embargo de t\u00edtulos judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

19. El 3 de noviembre siguiente, la instituci\u00f3n requirente interpuso recurso de reposici\u00f3n y advirti\u00f3 al juzgador que \u00ab\u2026los cr\u00e9ditos con la DIAN est\u00e1n considerados como de primera categor\u00eda y tienen prelaci\u00f3n legal de acuerdo al art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, por lo que le corresponde a su Despacho el deber legal de salvaguardar los intereses del estado representados por la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagu\u00e9\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

20. El 23 de noviembre de 2016, se accedi\u00f3 a reponer las determinaciones adoptadas con antelaci\u00f3n frente a la medida cautelar dispuesta por la DIAN y, en consecuencia, se orden\u00f3 la conversi\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales all\u00ed existentes a favor de esa entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

21. El peticionario del amparo acude a este mecanismo constitucional para solicitar la invalidez de toda la actuaci\u00f3n judicial adelantada con posterioridad a la ejecutoria del auto que dispuso la terminaci\u00f3n anormal de su proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria, porque considera que poner a disposici\u00f3n de la DIAN, dineros cuya devoluci\u00f3n ya hab\u00eda sido ordenada a su favor en virtud del desistimiento t\u00e1cito decretado, vulnera su prerrogativa fundamental invocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia, de manera invariable, ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que la queja del reclamante est\u00e1 dirigida a cuestionar el auto por medio del cual el Juzgado accionado accedi\u00f3 a reponer la decisi\u00f3n adoptada el 31 de octubre de 2016, que hab\u00eda ordenado a la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagu\u00e9, estarse a lo resuelto en providencias de abril 9 de 2015 y marzo 10 de 2016, donde se dispuso no atender el embargo de los t\u00edtulos judiciales dispuesto por esa instituci\u00f3n, por encontrarse terminado el proceso y, en su lugar, ordenar la conversi\u00f3n de aquellos dep\u00f3sitos a favor de la entidad solicitante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque si bien la sede tutelada tramit\u00f3, como era debido, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que uno de los acreedores impetr\u00f3 contra el auto que orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, la decisi\u00f3n no result\u00f3 adversa a los intereses del reclamante, toda vez que el juez mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n inicial y el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, declar\u00f3 inadmisible la censura subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, las solicitudes elevadas antes del recurso de reposici\u00f3n planteado por la DIAN contra el auto del 31 de octubre de 2016, fueron despachadas desfavorablemente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, la Corte entiende que el disenso del actor constitucional, se suscita en el prove\u00eddo de noviembre 23 de 2016, que fue el que accedi\u00f3 a poner a disposici\u00f3n de la DIAN los t\u00edtulos judiciales existentes en ese despacho y que fueron constituidos con el producto de la venta de un bien inmueble de propiedad del deudor en liquidaci\u00f3n, pues las dem\u00e1s determinaciones adoptadas no van en contrav\u00eda del desistimiento t\u00e1cito decretado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bien, a partir del examen de la providencia en comento, no se advierte la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas, toda vez fue emitida con base en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso de manera coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la autoridad accionada puso de presente que la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 Seccional Ibagu\u00e9, adelant\u00f3 un proceso de cobro coactivo contra el tutelante y en \u00e9l dispuso el embargo de los t\u00edtulos existentes en ese despacho, orden que no le era dable desconocer:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026la DIAN con oficios No 1.09.242-448-1860 del 11 de febrero de 2015, (fls. 505 a 507 de la presente encuadernaci\u00f3n), No. 1-09-242-488-3763 del 15 de abril de 2015 (fls. 532 a 536), el 31 de marzo del a\u00f1o que avanza, reitera la solicitud pluricitada (fls. 544 a 548), No. 1.09.242.448-7537 del 6 de septiembre de 2016, solicita dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 846 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art. 2945 del C\u00f3digo Civil, como juez fiscal para que se tenga en cuenta la medida de embargo de los dep\u00f3sitos judiciales consignados en el proceso de la referencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el sub \u2013 judice, tenemos en el caso concreto que la Dian seg\u00fan Resoluci\u00f3n No. 17 del 11 de febrero de 2015 por valor de $110.000.000 mcte., producto de la venta del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-90052 y por valor de $1.400.000 mcte, que posea o pudiere poseer en el que sea titular o beneficiario el se\u00f1or Roa Torres Luis Fernando (\u2026), de conformidad con lo establecido en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 839-1 del Estatuto Tributario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego entonces, el embargo de dichos dep\u00f3sitos judiciales se considera perfeccionado desde el d\u00eda 17 de febrero de 2015, fecha en la cual la Dian elev\u00f3 comunicaci\u00f3n al juzgado en tal sentido (fls. 505 a 507 de la presente encuadernaci\u00f3n, en consecuencia, se tendr\u00e1 en cuenta. Lo anterior, en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 593 del C. G. P. en concordancia con el art. 2495 del C.C. y el art. 837 y ss del Estatuto Tributario.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acto seguido, explic\u00f3 con detalle el fundamento para variar la postura jur\u00eddica inicialmente expuesta:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora si bien es cierto, en providencia del 4 de febrero de 2015 se orden\u00f3 la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales en cita, tambi\u00e9n lo es, que en aplicaci\u00f3n al control de legalidad previsto en el art\u00edculo 132 de la Ley 1564 de 2012 (c\u00f3digo general del proceso) como principio rector del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho y, la tesis jurisprudencial emitida por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil -, consistente en que \u201clos autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez \u2013 antiprocesalismo -, al juzgado le resulta imperioso cumplir la orden de embargo pluricitada\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se repondr\u00e1 el numeral 2\u00ba de la providencia calendada 31 de octubre de 2016, para tener en cuenta el embargo de los dep\u00f3sitos judiciales existentes en el presente proceso. En consecuencia, se ordena por secretar\u00eda efectuar orden de conversi\u00f3n de \u00e9stos, a favor de la Administraci\u00f3n Local de Impuestos Nacionales \u2013 Dian \u2013 con sede en esta ciudad, para que formen parte del proceso que por jurisdicci\u00f3n coactiva de acreencia fiscal tramite dicha entidad contra el se\u00f1or Luis Fernando Roa Torres\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro entonces que lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al del funcionario judicial que se pronunci\u00f3 sobre su pedimento y, atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera, lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios y tr\u00e1mites ordinarios a instancias del juez natural del proceso.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. En tal orden, y como quiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada por la parte actora, se impone negar el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1459-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Roa Torres, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}