{"id":99216,"date":"2026-06-25T18:04:17","date_gmt":"2026-06-25T18:04:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1460-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:17","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:17","slug":"stc1460-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1460-2017\/","title":{"rendered":"STC1460-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1460-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02798-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Humberto Vel\u00e1squez Fuentes contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, la Universidad de la Sabana y la Unidad Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia  <\/span><\/p>\n

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1. El actor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abtrabajo en condiciones dignas y justas\u00bb, a la \u00abigualdad frente a la posibilidad de acceder a un cargo p\u00fablico\u00bb y a la \u00ablibre escogencia de profesi\u00f3n y oficio\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se suspenda \u00abel proceso de concurso abierto de m\u00e9ritos convocado a trav\u00e9s del acuerdo 548 del 13 de agosto de 2015,\u2026 identificado como convocatoria No. 331 de 2015 \u2013 Migraci\u00f3n Colombia\u2026, [y] se orden[e] [e]l an\u00e1lisis de la totalidad de los cuestionarios aplicados en los diferentes cargos ofertados\u00bb (folios 99 a 111, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo 548 de 13 de agosto de 2015, convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para proveer vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia, a trav\u00e9s de la convocatoria No. 331 de 2015.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Atendiendo lo anterior, el promotor se inscribi\u00f3 al Cargo de Oficial de Migraci\u00f3n Grado 15, OPEC211915, siendo convocado a las pruebas de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Sostuvo el quejoso que \u00abel protocolo de acceso a [las] pruebas escritas\u00bb fue desarrollado con \u00abirregularidades\u00bb, a m\u00e1s que el cuestionario de preguntas era inconsistente, por lo que \u00abno tuv[o] tiempo suficiente para revisar toda la prueba\u00bb; agreg\u00f3 que la Universidad \u00abutiliz\u00f3 normas derogadas en varias de las preguntas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Expuso que posteriormente fueron publicados los resultados de las pruebas escritas \u00abcompetencias b\u00e1sicas y funcionales\u00bb, recibiendo una puntuaci\u00f3n de 68.64, situaci\u00f3n que evidenci\u00f3 una \u00abmanipulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n\u2026 [pues] en una primera consulta\u2026, encontr[\u00f3] puntajes entre 95 y 85 puntos; no obstante, pasado el tiempo, al hacer una nueva consulta, los puntajes hab\u00edan sido modificados, asignando valores inferiores, que incluso, determinaron la exclusi\u00f3n de muchos de los aspirantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 reclamaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n referida a espacio, pero la Universidad de la Sabana al resolver tal censura ratific\u00f3 en todos sus apartes la calificaci\u00f3n inicial, sin acceder a sus peticiones.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Agreg\u00f3 que \u00abla Universidad de la Sabana no debi\u00f3 suscribir el contrato con la CNSC cuyo objeto era implementar en todas sus fases la convocatoria para proveer cargos de carrera en Migraci\u00f3n Colombia, ya que se encontraba inhabilitada para hacerlo al haber suscrito contratos anteriores con Migraci\u00f3n Colombia cuyo fin fue capacitar al personal \u2026 en actividades propias de las funciones y responsabilidades a cargo de la entidad y por lo tanto no pod\u00eda entrar a evaluar las condiciones y competencias de los aspirantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Universidad de la Sabana se refiri\u00f3 a las etapas de la convocatoria N\u00ba 331 de 2015, explic\u00f3 que para la calificaci\u00f3n de las pruebas utiliz\u00f3 \u00abun procedimiento de verificaci\u00f3n que garantiza cero errores e inconsistencias entre la lectura y los datos registrados por el participante en su hoja de respuestas. Es decir, cada hoja de respuestas se ha verificado contra los datos registrados, garantizando su exactitud\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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En s\u00edntesis, pidi\u00f3 negar la salvaguarda por improcedente, pues a m\u00e1s de no haber vulnerado las prerrogativas alegadas, el promotor pod\u00eda \u00abcontrovertir el acto administrativo que determina su suscripci\u00f3n a un solo cargo\u00bb ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa (folios 125 a 141, cuaderno 1)   <\/span><\/p>\n

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1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil pidi\u00f3 negar la solicitud supralegal porque lo cuestionado era el Acuerdo N\u00ba 548 de 2015 que dio inicio a la convocatoria N\u00b0 331 de 2015, el cual es un acto administrativo de \u00abcar\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb, que no ha sido declarado nulo, ni suspendido por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, en consecuencia, no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados.    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que para el caso en concreto el actor al inscribirse acept\u00f3 los t\u00e9rminos y condiciones de la referida convocatoria, en especial los relativos a los tipos de pruebas y su calificaci\u00f3n; a\u00f1adi\u00f3 que \u00ablas modificaciones realizadas al Acuerdo N\u00ba 548 de 2015, se\u2026 realiza[ron]  con ocasi\u00f3n a incorporaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia, en atenci\u00f3n a la instrucci\u00f3n impartida por la Presidencia de la Rep\u00fablica, en cumplimiento de la sentencia radicada N\u00ba\u2026 2014-00759-02 de\u2026 3 de agosto de 2015, proferida por la Sala de lo Contenciosos Administrativo \u2013 Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado\u00bb (folios 164 a 170, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La Unidad Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia \u2013UAEMC se refiri\u00f3 a la convocatoria cuestionada, inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo al considerar que los encargados de atender la solicitud elevada por el accionante eran la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad de la Sabana, pues eran las encargadas de \u00abadelantar el proceso meritorio para proveer las vacantes que se ofertaron\u2026 dentro de su planta de personal\u00bb (folios 196 a 200, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la solicitud de amparo deviene improcedente, por cuanto lo atacado era un \u00abacto administrativo calificatorio\u00bb, por lo que la v\u00eda adecuada para controvertirlo era la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa; a m\u00e1s en el caso concreto no \u00abse avizora la inminencia de un perjuicio irremediable\u00bb (folios 120 a 123, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando lo expuesto en el libelo inicial, a lo que adicion\u00f3 que si bien existe otro mecanismo para atacar el acto administrativo tambi\u00e9n lo era que la acci\u00f3n contenciosa no era la id\u00f3nea para garantizar sus derechos fundamentales, pues \u00abel proceso administrativo tiene tiempos de respuesta muy amplios derivados de la congesti\u00f3n judicial y amplia carga laboral\u00bb   (folios 206 a 207, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el promotor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar el Acuerdo No. 548 de 2015, \u00abpor el cual se convoca a concurso abierto de m\u00e9ritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia UAEMC, Convocatoria N\u00ba 331 de 2015 \u2013 Migraci\u00f3n Colombia\u00bb, y los dem\u00e1s actos administrativos emitidos con ocasi\u00f3n de la convocatoria, espec\u00edficamente el calificatorio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, esta acci\u00f3n excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar el tr\u00e1mite del concurso, incluidos los tipos de pruebas y su respectiva calificaci\u00f3n para el cargo de Oficial de Migraci\u00f3n Grado 15, OPEC211915, pues el gestor tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar la nulidad de los actos administrativos que aqu\u00ed critica, conforme a los art\u00edculos 1371 y 1382  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir la legalidad de la convocatoria y las decisiones adoptadas al interior de la misma, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de similares contornos, esta Sala indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos deben discutirse\u2026 a trav\u00e9s de los mecanismos legales previstos para el efecto, no siendo la tutela el escenario adecuado para arrogarse facultades que no le competen, como aqu\u00ed acontece, pues es indiscutible que la accionante, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, pretende que se revise la legalidad de varias decisiones \u2026[Entonces,] a la luz de lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991, no es viable la protecci\u00f3n deprecada, dado que si el ordenamiento legal ha dispuesto los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de tales derechos, ha de acudirse a ellos y no a la acci\u00f3n de tutela, la que no ha sido consagrada para sustituir los procedimientos ordinarios o especiales, ni modificar las reglas de competencia de los jueces y, menos, crear instancias adicionales, pues su prop\u00f3sito estricto y espec\u00edfico es el de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales que la Carta reconoce(\u2026) (CSJ STC, 16 abr. 2012, rad. 00425-01, reiterado STC, 5 mar. 2014, rad. 00018-01; y STC6216-2014, 16 may. 2014, rad. 2014-00250-01).  <\/span><\/p>\n

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1. Por otro lado, se pone de presente al accionante que la acci\u00f3n de tutela del ep\u00edgrafe no procede como mecanismo transitorio porque dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos cuestionados, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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En ese sentido reiteradamente ha dicho la Corte que: \u00abla alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Art\u00edculo 137, Ley 1437 de 2011: Nulidad. Toda persona podr\u00e1 solicitar por s\u00ed, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de car\u00e1cter general. (\u2026) Tambi\u00e9n puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificaci\u00f3n y registro. (\u2026)    <\/span><\/p>\n

2 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior.  <\/span><\/p>\n

Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel.      <\/span><\/p>\n

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