{"id":99217,"date":"2026-06-25T18:04:21","date_gmt":"2026-06-25T18:04:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1461-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:21","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:21","slug":"stc1461-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1461-2017\/","title":{"rendered":"STC1461-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1461-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00205-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Berta Isabel Beltr\u00e1n Luque contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerados por la autoridad judicial encausada con ocasi\u00f3n de la falta de levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre un inmueble de su propiedad, dentro del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras promovido en su contra por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, a favor de Fray Jos\u00e9 Aparicio Rodr\u00edguez y Miriam Meneses Vargas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene la cancelaci\u00f3n de las cautelas ordenadas en el asunto referido.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Fray Jos\u00e9 Aparicio Rodr\u00edguez y Miriam Meneses Vargas obtuvieron el dominio del predio rural denominado \u00abParcela 26 Mi Ranchito\u00bb, ubicado en la vereda San Isidro del municipio de San Alberto, Cesar, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1333 de julio 17 de 1992, emitida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.  <\/span><\/p>\n

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2. Posteriormente, la entidad p\u00fablica extinta revoca el acto administrativo por medio de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 0017 de febrero 5 de 1996 y adjudic\u00f3 esa unidad agr\u00edcola familiar a Tilcia Pacheco Ramos y Joselin Zangu\u00f1a.  <\/span><\/p>\n

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3. Berta Isabel Beltr\u00e1n Luque adquiri\u00f3 el inmueble referido atr\u00e1s, mediante compraventa el 9 de junio de 2010, la cual fue registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria respectivo.  <\/span><\/p>\n

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4. En el a\u00f1o 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas promovi\u00f3 demanda, a favor de los se\u00f1ores Aparicio Rodr\u00edguez y Meneses Vargas, contra la se\u00f1ora Beltr\u00e1n Luque, con la finalidad de obtener la restituci\u00f3n del predio rural aludido.  <\/span><\/p>\n

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5. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, la admiti\u00f3 y dispuso acumularla con otros procesos.  <\/span><\/p>\n

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6. A fines del a\u00f1o 2012, el juez de la causa decret\u00f3 las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda y sustracci\u00f3n provisional del comercio del bien ra\u00edz, las cuales fueron inscritas el 16 de enero de 2013 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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7. La demandada se opuso a las s\u00faplicas, en su condici\u00f3n de propietaria y poseedora actual de la parcela referida.  <\/span><\/p>\n

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8. Vencido el t\u00e9rmino probatorio, el juzgador instructor remiti\u00f3 esas controversias al superior.  <\/span><\/p>\n

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9. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena dict\u00f3 sentencia el 30 de noviembre de 2015, en la que neg\u00f3 las pretensiones de la parte actora frente al predio rural mencionado.  <\/span><\/p>\n

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10. El 7 de abril de 2016, la aqu\u00ed quejosa solicit\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

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11. En auto de 6 de septiembre de 2016, la Colegiatura accedi\u00f3 a la petici\u00f3n anterior y mediante oficio n.\u00b0 4493 de 15 de septiembre siguiente comunic\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica la cancelaci\u00f3n de las cautelas sobre la \u00abParcela No. 2 \u2013 Mi Ranchito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio de la peticionaria del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho colegiado acusado no ha cancelado las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble de su propiedad, a pesar de que la sentencia neg\u00f3 las pretensiones de la parte actora, situaci\u00f3n que le est\u00e1 causando perjuicios por la desidia y la demora anotadas.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1\u00b0 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad judicial accionada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa.  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicaron que los hechos y las pretensiones de la solicitud de amparo de la reclamante no recaen en esas entidades, sino en la autoridad judicial encausada y, por ende, carecen de legitimaci\u00f3n por pasiva.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Alberto, Cesar, manifest\u00f3 que no existe ninguna actuaci\u00f3n relacionada con el proceso objeto de queja y, en efecto, no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la impulsora de la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional. (CSJ STC, 13 abr. 2010, exp. 00135-01, reiterada en CSJ STC, 24 oct. 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba ag. 2012, exp. 00497-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso objeto de estudio, se avizora que la queja constitucional dirigida a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, radica en que no se levantaron las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda y sustracci\u00f3n provisional del comercio del inmueble objeto del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, a favor de Fray Jos\u00e9 Aparicio Rodr\u00edguez y Miriam Meneses Vargas, en contra de la aqu\u00ed quejosa, a pesar de que en la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2015 en ese asunto, se negaran las pretensiones de la parte actora, y que adem\u00e1s la demandada solicitara el 7 de abril de 2016 la cancelaci\u00f3n de esas cautelas.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, de la revisi\u00f3n del expediente referido, se evidencia que la colegiatura accionada, en auto de 6 de septiembre de 2016, hab\u00eda accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de la promotora de la queja y mediante oficio n.\u00b0 4493 de 15 de septiembre siguiente comunic\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica el levantamiento de las medidas cautelares sobre la \u00abParcela No. 2 \u2013 Mi Ranchito\u00bb, en el que se incluy\u00f3 un error en la denominaci\u00f3n del predio rural correspondiente, por tal motivo, en la providencia de 3 de febrero de 2017, emitida con posterioridad a la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, la sede judicial acusada requiri\u00f3 nuevamente a la autoridad oficiada para que informara el tr\u00e1mite impartido a la orden anterior, en el que precis\u00f3 correctamente el nombre del predio rural respectivo.  <\/span><\/p>\n

Significa lo anterior, que los hechos que originaron la petici\u00f3n de resguardo y en los cuales se sustent\u00f3 la s\u00faplica de la accionante, se encuentran superados y, en esa medida, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n al respecto, pues antes de emitirse la sentencia de primera instancia en la presente tutela, el estrado judicial querellado resolvi\u00f3 el asunto invocado, en la forma antes expuesta.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para negar la tutela deprecada ante la configuraci\u00f3n de un hecho superado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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