{"id":99218,"date":"2026-06-25T18:04:23","date_gmt":"2026-06-25T18:04:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1463-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:23","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:23","slug":"stc1463-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1463-2017\/","title":{"rendered":"STC1463-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1463-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2016-88555-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 1 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maura Yolanda, Edgar Edmundo y Am\u00e9rico Yesid Jaimes Arias, contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta y las Fiscal\u00edas Primera Especializada de la misma ciudad y Novena Delegada ante el Tribunal Superior, Eje Tem\u00e1tico de Corrupci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.- Obrando a trav\u00e9s de apoderado, los accionantes  reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales demandadas.  <\/span><\/p>\n

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Denuncian varias irregularidades al interior del proceso acusando de manera directa a la Fiscal\u00eda encargada.  Sobre el particular exponen, y concretamente Maura Yolanda Jaimes Arias, que siempre ha tenido la voluntad de declarar sobre otras v\u00edctimas no consideradas dentro de la investigaci\u00f3n, situaci\u00f3n evadida en todo momento por la Delegada Fiscal, impidiendo que se sumen a la juicio para que se emita una sola condena por los delitos cometidos.  <\/span><\/p>\n

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Relat\u00f3 que existen otras personas comprometidas con las conductas que se le endilgan, entre los que figuran jueces de la Rep\u00fablica, abogados litigantes y tramitadores, a quienes deben vincular, situaci\u00f3n que expuso ante la Fiscal\u00eda Novena Delegada del Eje Tem\u00e1tico de Corrupci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia, donde s\u00ed encontraron eco sus manifestaciones y surtido efecto, en la medida que se han ordenado capturas gracias a la informaci\u00f3n que ella brind\u00f3 pero, a pesar de la colaboraci\u00f3n voluntariamente ofrecida, ella y sus hermanos no han recibido ning\u00fan tipo de beneficios.  <\/span><\/p>\n

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Se duele tambi\u00e9n de la revocatoria de la medida de detenci\u00f3n domiciliaria que ven\u00eda cumpliendo Maura Yolanda por orden del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Especializado de C\u00facuta, debido a que es madre cabeza de hogar a cargo de tres hijas menores de edad, adem\u00e1s alega que no era dicho juzgado el competente para tomar esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Con su anterior defensor, se present\u00f3 a la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante el Tribunal, Eje Tem\u00e1tico de Corrupci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, solicitud de aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad, el cual se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite respectivo, en el que adem\u00e1s de se\u00f1alar a otros posibles autores de los il\u00edcitos, descarta la participaci\u00f3n de sus hermanos Edgar Edmundo y Am\u00e9rico; sin embargo, este procedimiento se ha visto entorpecido por la Fiscal del caso de quien afirman que \u00ab(\u2026) se ha podido evidenciar un af\u00e1n de (\u2026) condenarlos sin que ellos puedan reconocer las dem\u00e1s v\u00edctimas que no est\u00e1n relacionadas en el escrito de acusaci\u00f3n (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.         En consecuencia, piden que se permita a Maura Yolanda Jaimes Arias, declarar sobre la totalidad de afectados con los punibles investigados y se ordene la conexidad de los procesos que ya se adelantan en contra de varios funcionarios, empleados judiciales y abogados por los mismos, con el caso que se sigue en su contra (ff. 1 a 13, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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4.        Inicialmente la demanda fue avocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que admiti\u00f3 el auxilio el 2 de septiembre de 2016 (ff. 43 ib\u00eddem) y lo comunic\u00f3 a los extremos de la acci\u00f3n constitucional; posteriormente, neg\u00f3 la protecci\u00f3n el 16 de septiembre de \u00e9se a\u00f1o (ff. 161 a 168 ib.).  <\/span><\/p>\n

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5.        El 3 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n invalid\u00f3 la sentencia proferida  en primera instancia por falta de competencia de ese cuerpo colegiado (ff. 188 a 196 \u00eddem), ordenando el reparto de la demanda como primera instancia para esa misma Sala.   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, relat\u00f3 las incidencias del proceso que ha tenido a su cargo (ff. 47 y 48, \u00edd.); luego, en la adici\u00f3n a la respuesta, en el tr\u00e1mite seguido ante esta Corporaci\u00f3n, manifest\u00f3 que no comprende por qu\u00e9 la demanda se dirige contra ese despacho, pues la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos se atribuyen es a la Fiscal\u00eda Primera Especializada de C\u00facuta.  Informa que dict\u00f3 sentencia condenatoria en contra de los procesados, el 27 de septiembre de 2016, la cual fue apelada (f. 275, cit.).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Fiscal Primera Especializada de C\u00facuta, admiti\u00f3 que en efecto, la defensa de los procesados present\u00f3 solicitud de aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad, el que se ha visto truncado porque la procesada ha sido enf\u00e1tica respecto a su insolvencia para indemnizar las v\u00edctimas, requisito ineludible para acceder a dicha alternativa de interrupci\u00f3n del ejercicio de la acci\u00f3n penal.   <\/span><\/p>\n

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Finalmente indic\u00f3 que dentro de la causa ya se profiri\u00f3 sentencia de primer grado, llevada a cabo el 27 de septiembre de 2016, conden\u00e1ndose a los enjuiciados a la pena de 123 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n y multa de cuatro mil doscientos catorce millones de pesos; decisi\u00f3n que fue impugnada y se halla actualmente en el Tribunal Superior de C\u00facuta sin resolverse a\u00fan (ff. 211 a 217, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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3.        La Fiscal\u00eda Novena Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1-Eje Tem\u00e1tico de Corrupci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia acept\u00f3 que ciertamente la procesada Maura Yolanda Jaimes Arias pretendi\u00f3 tramitar el principio de oportunidad ante la Fiscal\u00eda encargada del asunto, pero no se concret\u00f3 por la multiplicidad de v\u00edctimas y la imposibilidad de la mencionada de resarcir los perjuicios ocasionados.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que, en efecto, ha sido relevante su aporte e informaci\u00f3n a la hora de identificar otros implicados, motivo por el cual dicha petici\u00f3n de principio de oportunidad fue sometida a estudio ante el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Jur\u00eddico de la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas que emiti\u00f3 el aval para que se presente ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n (ff. 276 a 278, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la salvaguarda por cuanto al tratarse de un proceso que se encuentra en curso, la acci\u00f3n constitucional deviene en improcedente \u00ab(\u2026) porque ello desconoce la independencia de que est\u00e1n revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual de defensa de los derechos superiores y no para su declaraci\u00f3n\u00bb (ff. 282 a 292, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, tambi\u00e9n se ha instituido que excepcionalmente, puede acudirse a esta herramienta, en los casos en los que el funcionario respectivo adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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       2. Desde ya debe indicarse que el amparo constitucional deprecado resulta improcedente, a causa del car\u00e1cter subsidiario que comporta la presente acci\u00f3n, y es que por supuesto que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear y las mismas se est\u00e1n cursando, como as\u00ed ocurre en el caso en estudio, en el que las pruebas incorporadas a la actuaci\u00f3n permiten advertir que a\u00fan no se ha despachado el recurso de apelaci\u00f3n concedido a los accionantes dentro del proceso penal respecto de la sentencia de 27 de septiembre de 2016 donde se impuso a los aqu\u00ed accionantes por parte de la Juez Segunda Penal del Circuito Especializada de C\u00facuta, la pena de 123 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n, por los delitos de estafa agravada (delito masa), enriquecimiento il\u00edcito y concierto para delinquir agravado, providencia que fue objetada por la defensa, encontr\u00e1ndose actualmente en estudio en el Tribunal Superior Judicial de \u00e9se mismo Distrito, diligencias que se avocaron desde el 24 de octubre de 2016 (f. 274, ib.); igualmente, tampoco ha concluido lo relacionado con el tr\u00e1mite de la aplicaci\u00f3n y refrendaci\u00f3n del  principio de oportunidad aludido por los actores y que seg\u00fan la respuesta de la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante el Tribunal de Bogot\u00e1, reci\u00e9n cursa el estudio y aprobaci\u00f3n ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Lo anteriormente descrito impone la aplicaci\u00f3n de la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba, del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, se advierte abiertamente prematuro acudir ante el Juez Constitucional a reclamar un pronunciamiento que a \u00e9ste le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede actuar como si fuera el juzgador de la causa, desplaz\u00e1ndolo, m\u00e1xime que la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia paralela a las actuaciones judiciales, pues, it\u00e9rase, por su apuntado car\u00e1cter residual.  <\/span><\/p>\n

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       Efectivamente, bajo la \u00f3ptica trazada, la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n referida convierte, como se viene se\u00f1alando, en anticipado esta acci\u00f3n; lo que quiere decir que no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que, en un evento como el aludido, los interesados deben someterse al desarrollo del proceso pertinente, para que sea all\u00ed donde se decidan sus pedimentos, ante el juez competente y mediante el procedimiento legal de rigor, tr\u00e1mite judicial que le brinda suficientes garant\u00edas para la protecci\u00f3n de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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       Sobre el particular, ha expuesto esta Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 22 de feb. de 2010, Rad. 00312-01, citado el 5 de feb. de 2014, STC-818).  <\/span><\/p>\n

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3.        En esa medida entonces, mal puede solicitarse al juez de tutela que se pronuncie sobre aspectos de fondo que se hallan en manos del juez ordinario pendientes de resoluci\u00f3n, como ya se indic\u00f3, raz\u00f3n suficiente para confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1463-2017      Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2016-88555-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017)         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}