{"id":99220,"date":"2026-06-25T18:04:30","date_gmt":"2026-06-25T18:04:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1465-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:30","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:30","slug":"stc1465-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1465-2017\/","title":{"rendered":"STC1465-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1465-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00224-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lu\u00eds Carlos Movilla Pacheco contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Octavo Civil del Circuito y Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed mismo, a todas las dem\u00e1s autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo conocido con radicado 1998-00017.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante mediante apoderado solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso  que considera vulnerado por la accionada con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida el primero de diciembre de 2016 por cuanto a su juicio no se pronunci\u00f3 sobre lo realmente pedido en el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Civil \u2013 Familia de Barranquilla, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia.  <\/span><\/p>\n

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\u2026DECRETAR a la accionada en su calidad de Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior\u2026Que le reconozca los derechos que tiene mi poderdante o que el Juez conocedor adecue el proceso.\u00bb [Folio 6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Fundaci\u00f3n para el Fomento de Iniciativa Empresarial \u201cFundaempresa\u201d promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra del accionante y otro, a fin de que \u00e9ste le cancelara unas sumas de dinero.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, autoridad que el 7 de abril de 1999, una vez notificado el actor y evacuadas las etapas correspondientes, profiri\u00f3 sentencia sin oposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El asunto fue remitido al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad  y el 31 de agosto de 2010, el ejecutado solicit\u00f3 se declarara el desistimiento del juicio de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1194 de 2008.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En auto de 21 de septiembre de 2010, se neg\u00f3 la petici\u00f3n, con sustento en que ya se hab\u00eda logrado el enteramiento de la orden de pago al ejecutado, adem\u00e1s que de haberse proferido fallo y aprobado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo que no era posible aplicar el precepto normativo antes citado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 9 de julio de 2013, el reclamante inst\u00f3 para que se declarara la perenci\u00f3n del proceso de conformidad con lo regulado en la Ley 1285 de 2009.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En prove\u00eddo de 28 de agosto de 2013, se neg\u00f3 lo pedido, con sustento en que el art\u00edculo 209A de la norma en precitada, el cual establec\u00eda la figura a la que el ejecutado se refer\u00eda, fue derogada por el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme el demandado, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. En providencia de 2 de octubre de ese a\u00f1o, se resolvi\u00f3 no reponer el auto y denegar la alzada, \u00e9ste \u00faltimo por ser improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 22 de octubre siguiente, nuevamente, el quejoso solicit\u00f3 que se decretara el desistimiento t\u00e1cito, en virtud de lo preceptuado en el art\u00edculo 317 de la Ley 1564 de 2012, por cuanto el expediente hab\u00eda permanecido por m\u00e1s de doce meses en la secretar\u00eda del Despacho.  <\/span><\/p>\n

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10. En determinaci\u00f3n de 14 de noviembre de 2013, se decidi\u00f3 no acceder a la rogativa del actor, toda vez  que como el proceso ya ten\u00eda sentencia, el t\u00e9rmino fijado por el legislador para que tuviera lugar la terminaci\u00f3n del proceso era de dos a\u00f1os, lo cuales se contaban a partir de la entrada en vigencia del mencionado ordenamiento, esto es, el 14 de octubre de 2012, complet\u00e1ndose el 1 de octubre de 2014, fecha que no ha tenido ocurrencia, por lo que tampoco no era viable declarar la reclamada figura. Contra dicho prove\u00eddo no se interpuso recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

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11. Posteriormente el 14 de octubre de 2014  el actor solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares impuestas al inmueble objeto de la litis utilizando como soporte normativo el Decreto 1778 de 1954, que en lo referente al tema en su art\u00edculo 88 regul\u00f3 que \u00abEl registro de embargos, demandas y dem\u00e1s ordenes emanadas de autoridad, que de alguna manera se refieran a inmuebles, podr\u00e1 cancelarse cuando pasados cinco (5) a\u00f1os a partir de la inscripci\u00f3n, no se halle la actualizaci\u00f3n en que tales disposiciones se dictaron\u2026\u00bb teniendo de presente, que a su juicio, el t\u00e9rmino se\u00f1alado por la norma en comento, ya se hallaba cumplido a le fecha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. El 1\u00ba de agosto de 2016 el despacho neg\u00f3 la solicitud, tras se\u00f1alar que a la fecha de resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n impetrada por el tutelante no se encontraba en vigencia del art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954, pues la Ley 1564 de 2012, en su art\u00edculo 626, literal C, derog\u00f3 tal disposici\u00f3n, por lo que mal har\u00eda el despacho en cancelar tales medidas sin fundamento jur\u00eddico que lo respaldara. [Folios 53-56, c.1]  <\/span><\/p>\n

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13. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n con \u00e9nfasis en el hecho, que la solicitud fue presentada antes del tiempo de entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012  y que la demora presentada por el juzgado para pronunciarse en torno a su pretensi\u00f3n, no puede endilg\u00e1rsele a \u00e9l, cort\u00e1ndole la posibilidad de hacer uso de la figura que al momento de su solicitud se encontraba vigente.  <\/span><\/p>\n

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14. El 15 de septiembre de ese a\u00f1o el juzgado no repuso su decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. [Folios 66-67,c.1]  <\/span><\/p>\n

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15. El 1\u00ba de diciembre siguiente el Tribunal Superior de esa ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por el A Quo tras advertir que \u00abindependientemente de que \u00e9sta solicitud haya sido resuelta en el presente a\u00f1o, para la fecha de su radicaci\u00f3n, el fundamento jur\u00eddico invocado ya se encontraba derogado\u00bb. [Folios 20-23, c.1]   <\/span><\/p>\n

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16. En criterio del peticionario del amparo, se vulner\u00f3 su derecho al debido proceso por cuanto en la decisi\u00f3n adoptada por la Corporaci\u00f3n accionada no se hizo pronunciamiento \u00absobre lo realmente dicho por el suscrito como recurrente\u00bb y \u00abcomo si fuera poco, dice que el art\u00edculo 88 del decreto 1778 de 1.954, no se encontraba vigente, pues la ley 1564 del 2012 en el art\u00edculo 626 literal c, derog\u00f3 tal disposici\u00f3n\u2026pero para el momento del recurso, el decreto de mi fundamento si estaba vigente.\u00bb [Folios 74-81, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A. El tr\u00e1mite de la instancia    <\/span><\/p>\n

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2. La Magistrada sustanciadora de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que el escrito del accionante \u00abluce confuso\u00bb puesto que realiza in extenso una descripci\u00f3n de las actuaciones que tuvieron lugar al interior del proceso ejecutivo adelantado en su contra, sin embargo las ideas infines del reclamo dejan entrever que ha utilizado el instrumento judicial de la tutela para controvertir su decisi\u00f3n emitida el 1\u00ba de diciembre de 2016 que confirm\u00f3 la negativa a una cancelaci\u00f3n de medida cautelar de embargo en el marco de lo estatuido en el Decreto 1778 de 1954, art\u00edculo 88.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que el prove\u00eddo censurado se fund\u00f3 en las normas vigentes, acogi\u00e9ndose sin mayores elucubraciones lo resuelto por el A Quo. [Folio 95, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para confirmar la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad que neg\u00f3 la solicitud de cancelaci\u00f3n de medidas cautelares libradas dentro del proceso ejecutivo seguido por la Fundaci\u00f3n para el Fomento de Iniciativa Empresarial \u201cFundaempresa\u201d contra el accionante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n el Ad Quem se\u00f1al\u00f3 que el accionante el 14 de octubre de 2014, solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares impuestas al inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 040-91654, utilizando como soporte normativo el Decreto 1778 de 1954, que en lo referente al tema en su art\u00edculo 88 preceptu\u00f3 que: \u00ab…El registro de embargos, demandas y dem\u00e1s \u00f3rdenes emanadas de autoridad, que de alguna manera se refieran a inmuebles, podr\u00e1 cancelarse cuando pasados cinco (5) a\u00f1os a partir de la inscripci\u00f3n, no se halle la actualizaci\u00f3n en que tales disposiciones se dictaron…\u00bb, teniendo de presente, que a su juicio, el t\u00e9rmino se\u00f1alado por la norma en comento, ya se hallaba cumplido a la fecha.  <\/span><\/p>\n

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Que el A Quo  mediante auto de primero de  agosto de 2016, resolvi\u00f3 negar la solicitud tomando como argumento que a la fecha de resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n impetrada por el actor, no se encontraba en vigencia el art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954, pues la Ley 1564 de 2012, en su art\u00edculo 626 literal C, derog\u00f3 tal disposici\u00f3n, por lo que mal har\u00eda ese despacho en cancelar tales medidas sin fundamento jur\u00eddico que lo respaldara; sin embargo, el ejecutado recurrente, en su escrito de impugnaci\u00f3n hizo especial \u00e9nfasis en el hecho, de que su pretensi\u00f3n fue presentada antes del tiempo de entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, y que la tardanza presentada por el juzgado  para pronunciarse al respecto de la solicitud, no puede endilg\u00e1rsele a \u00e9l, quit\u00e1ndole  la posibilidad de hacer uso de una figura que al momento de su solicitud se encontraba reinante.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal  que  \u00abEl art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el ad 624 de la Ley 1564 de 2012, en atenci\u00f3n a los conflictos de aplicaci\u00f3n de la Ley en el tiempo establece que: \u00ab…Las leves concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de su iniciaci\u00f3n….\u00bb  <\/span><\/p>\n

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La Honorable Corte Constitucional, en sentencia de tutela C-619 de 2001, reafirma la norma precedente ampliando que: \u00ab…La norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los t\u00e9rminos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales contin\u00faan rigi\u00e9ndose por la ley antigua…\u00bb siendo claro, que desde la entrada en vigencia de alguna norma, cualquier situaci\u00f3n jur\u00eddica que se presente con posterioridad a la misma, se regir\u00e1 por la nueva Ley.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, advirti\u00f3  que el art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954, efectivamente, qued\u00f3 derogado seg\u00fan el literal C del art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012, que entr\u00f3 en vigencia bajo los t\u00e9rminos del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 627 de la norma en comento, es decir, el 1\u00b0 de enero de 2014, y comoquiera que, la solicitud fue fundada en el art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954, y esta se radic\u00f3 el 14 de octubre de 2014, fecha para la cual ya se encontraba derogada tal disposici\u00f3n, era deber de esa Sala unitaria, confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, ya que, \u00abluce coruscante, que independientemente de que \u00e9sta solicitud haya sido resuelta en el presente a\u00f1o, para la fecha de su radicaci\u00f3n, el fundamento jur\u00eddico invocado ya se encontraba derogado.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del  gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1465-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00224-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero  de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Lu\u00eds […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99220\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}