{"id":99221,"date":"2026-06-25T18:04:33","date_gmt":"2026-06-25T18:04:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1466-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:33","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:33","slug":"stc1466-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1466-2017\/","title":{"rendered":"STC1466-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1466-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00171-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Limpieza Urbana S.A. EPS., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular al Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa localidad y a los intervinientes en el proceso objeto de la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al condenarlo a pagarle a su contraparte la suma total de $115.267.200, tras declarar la existencia del contrato de agencia comercial y su incumplimiento, en el proceso ordinario promovido en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se \u00ab\u2026ordene revocar la sentencia del 7 de septiembre de 2016 y (\u2026) que se dicte la sustitutiva que en derecho corresponda, tomando en consideraci\u00f3n el cumplimiento del contrato\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 28 de junio de 2012, Wolfang Salvador Guio D\u00edaz, promovi\u00f3 demanda ordinaria contra la compa\u00f1\u00eda tutelante para que se declarara la existencia del contrato de agencia comercial y su terminaci\u00f3n por incumplimiento, as\u00ed como para que se reconociera el pago de $115.267.200, por concepto de vinculaciones, desistimientos, clausula penal y perjuicios ocasionados con el incumplimiento.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 9 Civil del Circuito de Bucaramanga, que lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante auto de 31 de julio de 2012.  <\/span><\/p>\n

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3. Notificada, la pasiva manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad de las pretensiones del demandante, para lo cual propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201ccarencia de objeto litigioso e inexistencia de obligaci\u00f3n por extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u201d, \u201causencia de incumplimiento de contrato de fundamento legal y contractual, y desconocimiento de las cl\u00e1usulas contractuales para exigir el pago de la cl\u00e1usula penal que conlleva a probar mala fe de parte del demandante\u201d. En escrito separado, formul\u00f3 como excepciones previas las de \u201cineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales\u201d e \u201cineptitud de la demanda por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4. El 15 de julio de 2013 se declararon no probadas los \u00faltimos medios defensivos mencionados.  <\/span><\/p>\n

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5. El 9 de mayo de 2014, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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6. El 27 de noviembre del mismo a\u00f1o se abri\u00f3 a pruebas la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 7 de diciembre de 2015, tras agotarse la actuaci\u00f3n procesal pertinente, el juzgado declar\u00f3 la existencia del contrato de agencia comercial y el incumplimiento por parte de la demandada; sin embargo, hall\u00f3 demostradas parcialmente las excepciones de la pasiva, por lo que la conden\u00f3 a cancelar \u00fanicamente la suma de $1.230.000, correspondientes al valor de los desistimientos reportados extempor\u00e1neamente al demandante.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme, el extremo activo impugn\u00f3 la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El 7 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Bucaramanga, revoc\u00f3 parcialmente la sentencia impugnada, porque adem\u00e1s de encontrar acreditada la relaci\u00f3n contractual alegada y el incumplimiento de la firma comercial accionante, estim\u00f3 que sus argumentos defensivos fueron desvirtuados a trav\u00e9s de las pruebas arrimadas a la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. La sociedad gestora de la queja acude a este excepcional tr\u00e1mite, por considerar que el juzgador de la segunda instancia incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales invocados, al valorar \u00ab\u2026un documento que no es \u00fatil\u2026\u00bb para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n y con base en \u00e9l, concluir que ella incumpli\u00f3 el contrato suscrito con el demandante, por comunicar extempor\u00e1neamente los desistimientos comunicados por la empresa REDIBA.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita el amparo de sus garant\u00edas en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, del examen de la providencia en la cual se origina el reproche, esto es, la sentencia de segunda instancia emitida el 7 de septiembre de 2016 por el Tribunal Superior de Bucaramanga y de los argumentos en que el accionante funda su inconformidad, no se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que el fallador accionado realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos sometidos a su an\u00e1lisis y en las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adoptando una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la sede plural cuestionada al desatar el recurso de apelaci\u00f3n promovido por el extremo accionante, valor\u00f3 en conjunto los medios probatorios obrantes en el proceso y concluy\u00f3 que de los mismos derivaba una conclusi\u00f3n diferente a la expuesta por el tutelante, porque estos permit\u00edan establecer que se reun\u00edan los presupuestos requeridos para que prosperara la totalidad de las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto, seg\u00fan explic\u00f3 \u00ab\u2026contrario a lo que argument\u00f3 la juez a quo en el sentido de que el actor no acredit\u00f3 el incumplimiento de LIMPIEZA URBANA S.A. ESP, la afirmaci\u00f3n del demandante de que la empresa demandada no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de comunicarle los desistimientos de los usuarios en el t\u00e9rmino estipulado, es una negaci\u00f3n indefinida, por ello, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C. P. C., no requiere prueba, correspondiendo a la contraparte, sobre la cual pesaba la obligaci\u00f3n de comunicar en tiempo, demostrar que s\u00ed lo hizo, hecho que brilla por su ausencia.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, demostrado con el contrato el valor que deb\u00eda pagarse por cada usuario vinculado, que la fecha de pago era el 15 del mes calendario siguiente, si el empresario quer\u00eda descontar lo correspondiente al n\u00famero de usuarios que desistieran de mantener la vinculaci\u00f3n, deb\u00eda cumplir primero con la obligaci\u00f3n de comunicar dentro del t\u00e9rmino estipulado los desistimientos al agente, conducta que era muy importante en este caso, pues dada la forma de competencia, era vital informarle r\u00e1pidamente para poder intentar convencer a los clientes de que no desistieran de su vinculaci\u00f3n a la empresa, lo que llaman en el contrato proceso de recomercializaci\u00f3n, antes de que la sociedad competidora los persuadiera de hacerlo, como lo explicaron el mismo demandante en su interrogatorio y los testigos OLGA LUC\u00cdA ORT\u00cdZ, JOS\u00c9 ABRAHAM SU\u00c1REZ CELY [y] ELIZABETH BARAJAS OVIEDO,  quienes formaban parte de las 25 personas que contrat\u00f3 WOLFANG GU\u00cdO D\u00cdAZ para llevar a cabo la labor de promoci\u00f3n del servicio ofrecido por LIMPIEZA URBANA S.A. ESP., y de inscripci\u00f3n de usuarios; por tanto, en estas circunstancias, no naci\u00f3 la obligaci\u00f3n consecuencial del agente de hacer la recomercializaci\u00f3n, y mucho menos, las encuestas.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed como por ejemplo, de los 25 desistimientos a que se refiere la empresa de aseo REDIBA S.A. ESP en la comunicaci\u00f3n de fecha 23 de marzo de 2010, contenida en el documento obrante a folios 16 y siguientes del cuaderno 1, allegado con el libelo genitor, no prob\u00f3 la demandada cu\u00e1ndo tuvo conocimiento, como era su obligaci\u00f3n, a efectos de poder establecer a partir de qu\u00e9 fecha le comenz\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas que ten\u00eda para comunic\u00e1rselos al agente WOLFANG GU\u00cdO D\u00cdAZ, pero est\u00e1 claro que se dirigi\u00f3 al se\u00f1or HUGO ANDR\u00c9S HUGUET L\u00d3PEZ, quien oficiaba como mandatario de los usuarios que se quer\u00edan vincular a LIMPIEZA URBAJA S.A. ESP y desvincular de REDIBA, y quien actuaba por cuenta de aqu\u00e9lla, como bien lo explic\u00f3 la testigo ANA CATALINA RINC\u00d3N GODOY, quien se desempe\u00f1aba por esa \u00e9poca como asesora jur\u00eddica y jefe de peticiones, quejas y reclamos de la sociedad demandada, lo que hace suponer que la pasiva lo supo desde esa fecha, habi\u00e9ndose informado al actor hasta el 6 de abril de 2010 seg\u00fan el recibido que en dicho documento aparece. Adem\u00e1s, la citada declarante manifest\u00f3 que no sab\u00eda si se le hab\u00edan informado al actor o no.  <\/span><\/p>\n

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De los 810 escritos de desistimiento presentados por los usuarios de la empresa REDIBA, manifestando su voluntad de continuar vinculados a ella, lo que implica la determinaci\u00f3n de no vincularse con la empresa LIMPIEZA URBANA S.A. ESP, a que se refiere el documento de fecha 5 de abril de 2005, obrante a folios 27 y siguientes del cuaderno 1, recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n la sociedad demandada el 9 de abril de 2010, tal como aparece en el sello de recibido, mientras que al agente, aqu\u00ed demandante, se le inform\u00f3 hasta el d\u00eda 20 de ese mismo mes y a\u00f1o, es decir por fuera del t\u00e9rmino de 3 d\u00edas a que se ha venido haciendo alusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De esa manera, la sede judicial dio valor probatorio a aquellos medios de conocimiento, los cuales no fueron tachados por la accionante, que daban cuenta de la fecha de comunicaci\u00f3n de algunos desistimientos a la firma contratante y el momento en que \u00e9sta hizo lo propio respecto de su agente comercial.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que con base en el ejercicio de apreciaci\u00f3n probatoria efectuado, la autoridad judicial accionada consider\u00f3 que no estaba acreditado el cumplimiento contractual de la firma tutelante, en cuanto hace al plazo en el cual se deb\u00edan comunicar los desistimientos al agente para que \u00e9ste iniciara el proceso de recomercializaci\u00f3n y, adicionalmente, que no se prob\u00f3 que todos los desistimientos descontados al demandante, se hubiesen producido.  <\/span><\/p>\n

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A m\u00e1s de lo dicho, el Tribunal encontr\u00f3 demostrado que el extremo activo de aquel litigio, realiz\u00f3 labores de vinculaci\u00f3n de clientes para la sociedad reclamante, durante el periodo comprendido entre los meses de abril y mayo de 2010 y que su contraparte no le cancel\u00f3 los emolumentos a que ten\u00eda derecho por los usuarios que consigui\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPor otra parte, con la planilla de recepci\u00f3n de vinculaciones allegada con la demanda, obrante a folio 24 del cuaderno 1, se prob\u00f3 que el agente realiz\u00f3 para LIMPIEZA URBANA S.A. ESP durante los meses de abril y mayo de 2010, 3.713 vinculaciones o suscripciones de usuarios, pues este documento no fue objetado ni tachado de falso. Desde otra arista, es muy diciente de la veracidad de lo afirmado por la parte actora sobre este punto, el hecho de que la defensa de la demandada se haya basado \u00fanicamente en que no se las deb\u00eda porque hab\u00eda descontado del monto a pagar por las mismas, lo atinente a los desistimientos de vinculaci\u00f3n efectuados por los clientes, agregando adem\u00e1s que hab\u00eda pagado la suma de 5 millones, lo que seg\u00fan afirma, arrojaba el saldo obtenido una vez hecho el aludido descuento.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, puntualiz\u00f3 el juzgador Ad quem que, en oposici\u00f3n a la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el A quo, la pretensi\u00f3n segunda de la demanda es distinta a la tercera, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a negar esta \u00faltima con fundamento en el reconocimiento de la primera:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026debe quedar clara una cosa, en la pretensi\u00f3n segunda de la demanda se reclama el pago de las vinculaciones o suscripciones de usuarios que el actor hizo para la demandada en los meses de abril y mayo de 2010; mientras que en la tercera pretensi\u00f3n se demanda el pago del resultado exitoso de lo que las partes llamaron proceso de recomercializaci\u00f3n, que no es m\u00e1s que lograr convencer a los usuarios que hubiesen manifestado su intenci\u00f3n de no seguir con la suscripci\u00f3n a la empresa, de no retirarse (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Se hace esta precisi\u00f3n, pues la Juez a quo se confundi\u00f3 y revolvi\u00f3 las dos pretensiones, por esta raz\u00f3n en la parte resolutiva no hizo alusi\u00f3n sino a una. En realidad si ella consideraba que no le fueron comunicados a tiempo por la empresa al agente 593 desistimientos realizados por los usuarios, para que \u00e9ste entonces iniciara el proceso de recomercializaci\u00f3n, ha debido condenar al pago de 593 vinculaciones a raz\u00f3n de $12.000 cada una. Esto, porque en esas circunstancias el demandante ya no estaba obligado a iniciar gesti\u00f3n alguna para convencer a esos usuarios de que permanecieran vinculados a la empresa, pero la Juez se confundi\u00f3 y trasmut\u00f3 la pretensi\u00f3n segunda en la tercera, y como en esta solamente se hac\u00eda referencia a 205 desistimientos, enti\u00e9ndase resultados exitosos del proceso de recomercializaci\u00f3n, conden\u00f3 al pago de la suma all\u00ed solicitada, es decir $1.230.000.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, adem\u00e1s del saldo de las vinculaciones ya anotado, se debe analizar si la empresa demandada debe pagar al demandante las sumas correspondientes a los \u00e9xitos que haya tenido en el proceso de recomercializaci\u00f3n (\u2026). La respuesta es que s\u00ed, pues si bien es cierto no se probaron los presupuestos para que surgiera para el agente la obligaci\u00f3n de iniciar el proceso de recomercializaci\u00f3n (\u2026) lo cierto es que en parte realiz\u00f3 la labor, y convenci\u00f3 a 27 usuarios de continuar afiliados a la empresa, cantidad en la que est\u00e1n de acuerdo las partes (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo a lo expuesto, por cada \u201cdesistimiento\u201d, o \u00e9xito en la labor de recomercializaci\u00f3n se le debi\u00f3 pagar al agente $6.000, seg\u00fan lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1 de la cl\u00e1usula sexta del contrato de agencia comercial, que se debe interpretar en concordancia con el par\u00e1grafo 3 de la misma, lo que en este caso arroja la suma de $162.000, que es el resultado de multiplicar 27 por 6.000.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. La decisi\u00f3n adoptada, como se precis\u00f3, no se evidencia infundada ni irrazonable, pues se sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis detenido de las pruebas obrantes en el juicio, no un solo escrito de la firma Rediba S.A. EPS, como lo argumenta el tutelante, el cual, dicho sea de paso, fue aportado por el demandante con su libelo introductor y no fue objeto de tacha alguna por la firma reclamante, circunstancia por la cual el sentenciador de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir, pues constitucional y legalmente dicha actividad le compete a los jueces en su funci\u00f3n privativa de administrar justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, es incontestable que no se transgreden los derechos fundamentales del accionante, y en ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n de \u00e9ste se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito de la acci\u00f3n constitucional, dada la naturaleza residual de este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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Como ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, que configurar\u00edan defecto f\u00e1ctico por error en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios de prueba se advierten en la apreciaci\u00f3n del accionado, no puede la Corte interferir en la labor que acometi\u00f3 con respaldo en la independencia que le reconoce la Carta Pol\u00edtica.     <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1466-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00171-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Limpieza Urbana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99221","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99221"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99221\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}