{"id":99222,"date":"2026-06-25T18:04:36","date_gmt":"2026-06-25T18:04:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1467-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:36","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:36","slug":"stc1467-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1467-2017\/","title":{"rendered":"STC1467-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2016-00436-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de diciembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina Saldarriaga \u00c1lvarez en nombre propio y en representaci\u00f3n de Mar\u00eda Mercedes Acevedo Gaviria, contra el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Bello y Luis Antonio Medina Casas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita \u00abse deje sin valor y efecto la providencia dictada el 1\u00ba de noviembre de 2016 y\/o se decrete la nulidad desde las audiencias realizadas sin presencia del apoderado de la demandada\u00bb (folios 1 a 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. El 23 de septiembre de 2013 el Juzgado Primero de Familia de Bello decret\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial por discapacidad absoluta de Judith, Mar\u00eda Mercedes y Nora Elena Acevedo Gaviria, designando como guardadora dativa a Luz Marina Saldarriaga \u00c1lvarez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. En agosto de 2014, Mar\u00eda Teresa Gaviria, en calidad de t\u00eda de las discapacitadas, promovi\u00f3 proceso de remoci\u00f3n de curadur\u00eda contra Luz Marina Saldarriaga \u00c1lvarez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al despacho accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. La actora como guardadora de Mar\u00eda Mercedes Acevedo Gaviria1 solicit\u00f3 amparo de pobreza, deprecando se le designara un apoderado de oficio; a lo cual accedi\u00f3 la sede judicial, asign\u00e1ndole como mandatario al abogado Luis Carlos Buritic\u00e1, quien el 2 de octubre de 2015 contest\u00f3 la demanda y asisti\u00f3 a la primera audiencia; profesional que posteriormente renunci\u00f3 al cargo al haber sido nombrado en otro de naturaleza p\u00fablica que le imped\u00eda continuar en aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Como consecuencia de lo anterior, el estrado judicial criticado design\u00f3 al abogado Luis Antonio Medina Casas, como apoderado de la accionante, con el fin de continuar con el tr\u00e1mite judicial respectivo.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.5. El 2 de septiembre de 2016 se adelant\u00f3 audiencia de pruebas, en la que fueron sustentados los dict\u00e1menes decretados, sin que all\u00ed la gestora estuviera representada por mandatario judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Sostuvo la quejosa que el 1\u00ba de noviembre siguiente el despacho acusado dict\u00f3 fallo sin contar con la presencia de su abogado, removi\u00e9ndola del cargo de curadora y nombrando como tal a Mar\u00eda Mercedes Gaviria de Tabares, esto, al considerar que a \u00e9sta le asist\u00eda un mejor derecho por su parentesco con la interdicta sus condiciones econ\u00f3micas y profesionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Relat\u00f3 que al no tener derecho de postulaci\u00f3n no pudo recurrir tal determinaci\u00f3n, la que fue notificada al \u00abMinisterio P\u00fablico\u2026 que tampoco se pronunci[\u00f3] al respecto y no asisti[\u00f3] a ninguna de las audiencias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Agreg\u00f3 que \u00abel juzgador incurri\u00f3 en una protuberante v\u00eda de hecho, al decretar la terminaci\u00f3n del proceso sin que se permitiera a la parte demandada interponer ning\u00fan recurso, aduciendo que no estaba [el] apoderado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Bello se limit\u00f3 a remitir el expediente del juicio criticado en calidad de pr\u00e9stamo, al Tribunal constitucional (folio 98, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Personer\u00eda Municipal indic\u00f3 que revisado el asunto objeto de queja \u00abpudo constatar que existe violaci\u00f3n flagrante a los derechos fundamentales, como consecuencia de la decisi\u00f3n del juzgado accionado negando la posibilidad de ejercitar el derecho de contradicci\u00f3n, toda vez que se practican pruebas y se emite fallo sin garantizar la defensa t\u00e9cnica para la accionante\u00bb (folios 99 a 100, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Mar\u00eda Mercedes Acevedo Gaviria, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 negar la salvaguarda al considerar que lo pretendido por la actora era revivir, indebidamente, el juicio cuestionado, toda vez que la determinaci\u00f3n all\u00ed tomada la afect\u00f3 econ\u00f3micamente al despojarla de la pensi\u00f3n de la \u00abpupila\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el despacho criticado design\u00f3 \u00abun defensor de oficio a la CURADORA, a fin de que pudiere contestar la demanda y l[a] representar[a] en el proceso; con lo cual cumpli\u00f3 con lo que le fuere solicitado\u00bb; el mandatario asignado contest\u00f3 la demanda y \u00abel que asistiere o no a las audiencias no [era] responsabilidad del despacho sino del profesional que ejerce el derecho\u00bb (folios 112 a 114, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Alba Catalina Nore\u00f1a C\u00f3rdoba, como curadora ad-litem designada a Luis Antonio Medina Casas para este tr\u00e1mite constitucional, indic\u00f3 acogerse al an\u00e1lisis probatorio del Juez constitucional, resaltando que el amparo deb\u00eda negarse, habida cuenta que la actora contaba con otros mecanismos id\u00f3neos para que se investigara y sancionara la eventual negligencia profesional en la que pudo haber incurrido el abogado designado (folios 120 a 123, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que el estrado judicial accionado no le comunic\u00f3 el nombramiento al abogado Luis Antonio Medina Casas a fin de que representara a la actora, en virtud del amparo de pobreza concedido en el juicio censurado, por lo que se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho, pues se \u00abviolent\u00f3 [el] derecho a la defensa, habida cuenta que no tuvo oportunidad de controvertir las pruebas e interponer los recursos pertinentes contra las decisiones que se tomaron\u00bb; por lo que dispuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 DEJA[R] SIN EFECTOS las continuaciones de la[s] audiencia[s] realizadas, en septiembre dos (2) y noviembre primero (1\u00ba) del dos mil diecis\u00e9is (2016), por la jueza Primera de Familia de Oralidad de Bello, Antioquia, en proceso verbal de remoci\u00f3n de guardador, adelantado por Mar\u00eda Teresa Gaviria contra Luz Marina Saldarriaga \u00c1lvarez y\u2026 ORDEN[\u00d3] a dicha funcionaria que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, comunique su nombramiento al abogado designado en amparo de pobreza a la demandada para que la represente en dicho proceso y fije fecha y hora para continuar la audiencia, debiendo en todo caso reanudarla dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes al t\u00e9rmino anterior (folios 124 a 135, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 Mar\u00eda Teresa Gaviria argumentando que el proceso de remoci\u00f3n de curador fue debidamente adelantado y su fallo motivado con amparo en la norma aplicable y en el precedente jurisprudencial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que la actora no pod\u00eda alegar su propio error, pues era su deber notificar al abogado que le fue designado para su defensa (folio 152, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestionan las audiencias de 2 de septiembre y 1\u00ba de noviembre, ambas de 2016, mediante las cuales se adelant\u00f3 el juicio de remoci\u00f3n de curadur\u00eda contra la actora, sin presencia de su defensa t\u00e9cnica, a pesar de que oportunamente formul\u00f3 solicitud de amparo de pobreza para que se le designara un profesional de derecho que asumiera su representaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Delimitado lo anterior, de entrada, se muestra necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, en orden a salvaguardar los derechos al debido proceso y a la defensa de Luz Marina Saldarriaga \u00c1lvarez, destacando que la ausencia de mandatario judicial para salvaguardar sus derechos en el juicio criticado constituye una clara \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, lo que permite superar cualquier incuria derivada de la falta de ejercicio oportuno de los recursos pertinentes frente a las determinaciones cuestionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto la jurisprudencia ha considerado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 puede ocurrir que bajo circunstancias especial\u00edsimas, por causas extra\u00f1as y no imputables a la persona, \u00e9sta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026contra las decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales que sin fundamento objetivo y razonable contradigan los par\u00e1metros constitucionales con la consecuente vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, se podr\u00e1 formular el amparo de tutela con la debida demostraci\u00f3n del yerro en el que se incurri\u00f3 en la providencia judicial (CC T-1103\/04).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En el caso en concreto resulta de suma importancia resaltar que a la luz de los art\u00edculos 1512  <\/span><\/p>\n

2. , 1523  <\/span><\/p>\n

3.   y 1544 del C\u00f3digo General del Proceso, el amparo de pobreza busca asegurar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n a las partes que por carencia econ\u00f3mica no pueden asumir los costos que demandan los mismo, para lo cual bastar\u00e1 efectuar la petici\u00f3n correspondiente exponiendo la incapacidad de soportar tales gastos; al respecto la jurisprudencia ha sostenido que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026al rompe se infiere que el beneficio puede solicitarse por el demandante antes de la presentaci\u00f3n del libelo, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso, e incluso cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al mismo, siendo requisito sine qua non, seg\u00fan el art\u00edculo 161 ib\u00eddem [hoy art\u00edculo 152 del C\u00f3digo General del Proceso]\u2026 [A]firmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentaci\u00f3n de la solicitud, que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente, y si se trata de demandante que act\u00fae por medio de apoderado, deber\u00e1 formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado\u201d (STC3018-2015, 18 mar., rad. 00068-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 la exigencia de una solicitud formal del amparo de pobreza constituye una carga procesal que se encuentra conforme con la din\u00e1mica del tr\u00e1mite judicial. En este contexto, puede concluirse que en el desarrollo de un proceso, corresponde a la parte interesada poner en conocimiento de la autoridad judicial la solicitud correspondiente con el fin de que una vez la autoridad judicial conozca la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n de la parte por carencia de recursos econ\u00f3micos, proceda a reconocer el amparo\u201d (CSJ SC, 23 nov. 2012, rad. 00313-01, citada en STC3018-2015, 18 mar., rad. 00068-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El objeto de este instituto procesal es asegurar a las personas que por sus condiciones patrimoniales no pueden sufragar los gastos que requiere el proceso la defensa de sus derechos, merced que constituye el desarrollo del derecho constitucional a la justicia y del principio procesal de la igualdad de las partes en el litigio, lo que implica que su desconocimiento conlleve la vulneraci\u00f3n de los derechos esenciales (STC01375-2014, 26 sept., rad. 02068-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, se tiene que una vez designado el mandatario de oficio con ocasi\u00f3n de la concesi\u00f3n del amparo de pobreza, se debe proceder comunicarle a aqu\u00e9l tal nombramiento, conforme lo establece el art\u00edculo 49 \u00eddem, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

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Lo que se debe aplicar en concordancia con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 154 \u00eddem, el cual contempla que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El cargo de apoderado ser\u00e1 de forzoso desempe\u00f1o y el designado deber\u00e1 manifestar su aceptaci\u00f3n o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la comunicaci\u00f3n de la designaci\u00f3n; si no lo hiciere, incurrir\u00e1 en falta a la debida diligencia profesional, ser\u00e1 excluido de toda lista en la que sea requisito ser abogado y sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En el sub-lite, como se advirti\u00f3, se observa la presencia de irregularidades suficientes para confirmar la decisi\u00f3n del a quo constitucional, que accedi\u00f3 a la salvaguarda invocada por la accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el yerro principal en el que incurri\u00f3 el Juzgado, fue continuar con las audiencias de 2 de septiembre y 1\u00ba de noviembre de 2016, sin que Luz Marina Saldarriaga \u00c1lvarez estuviera debidamente representada, pues si bien es cierto Luis Carlos Buritic\u00e1 renunci\u00f3 al cargo de abogado de oficio en representaci\u00f3n de la gestora y el despacho nombr\u00f3 como reemplazo a Luis Antonio Medina Casas, tambi\u00e9n lo es que para los d\u00edas en los que se adelantaron las referidas diligencias, el despacho accionado no hab\u00eda comunicado dicho nombramiento al apoderado designado para continuar con la representaci\u00f3n de la amparada por pobre y mucho menos dicho profesional hab\u00eda aceptado el cargo, a fin de salvaguardar los derechos de la demandada, sin que resulte acertado considerar que era carga de la actora surtir tal notificaci\u00f3n, como err\u00f3neamente lo asegur\u00f3 la impugnante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por otro lado, se hace un llamado a los agentes del Estado, en el caso en concreto a los Procuradores Delegados o los Personeros Municipales5  <\/span><\/p>\n

, para que sean m\u00e1s activos en procesos como el aqu\u00ed cuestionado, donde fue debidamente notificado el agente del Ministerio P\u00fablico y \u00e9ste no se\u00f1al\u00f3 al fallador ordinario la anterior situaci\u00f3n; resaltando que en el desarrollo de los juicios donde se busca la protecci\u00f3n de personas con discapacidad mental, dichos funcionarios no pueden ser convidados de piedra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, se insta al juzgador criticado para que al momento de desatar de fondo el asunto puesto en su conocimiento, tenga en cuenta la totalidad del acervo probatorio de cara a la configuraci\u00f3n de alguna causal v\u00e1lida para la remoci\u00f3n de la curadora designada a la interdicta, la que debe ser de car\u00e1cter objetivo, con apoyo en la normatividad que regula la materia, especialmente la Ley 1346 de 2009 que incorpor\u00f3 la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre Protecci\u00f3n de Derechos a Personas con Discapacidad, cuyo prop\u00f3sito es \u00abproteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente\u00bb, a m\u00e1s de incluir aquellas \u00abque tengan deficiencias f\u00edsicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participaci\u00f3n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Para ese entonces, las incapaces Nora Elena y Judith Acevedo Gaviria hab\u00edan fallecido.    <\/span><\/p>\n

2 Amparo de Pobreza. Procedencia. Se conceder\u00e1 el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a t\u00edtulo oneroso.    <\/span><\/p>\n

3 Oportunidad, competencia y requisitos. El amparo podr\u00e1 solicitarse por el presunto demandante antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

El solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente, y si se trata de demandante que act\u00fae por medio de apoderado, deber\u00e1 formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.  <\/span><\/p>\n

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que act\u00fae por medio de apoderado, y el t\u00e9rmino para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deber\u00e1 presentar, simult\u00e1neamente la contestaci\u00f3n de aquella, el escrito de intervenci\u00f3n y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el t\u00e9rmino para contestar la demanda o para comparecer se suspender\u00e1 hasta cuando este acepte el encargo.    <\/span><\/p>\n

4 Efectos. \u2026 En la providencia que conceda el amparo el juez designar\u00e1 el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad l\u00edtem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta.    <\/span><\/p>\n

5 C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculo 45, Ministerio P\u00fablico, Las funciones de Ministerio P\u00fablico se ejercen\u2026 2. Ante los jueces del circuito, municipales y de familia, por los procuradores delegados. Tambi\u00e9n podr\u00e1 hacerlo a trav\u00e9s de los personeros municipales del respectivo municipio, como delegados suyos y bajo su direcci\u00f3n.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2016-00436-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}