{"id":99224,"date":"2026-06-25T18:04:43","date_gmt":"2026-06-25T18:04:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1469-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:43","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:43","slug":"stc1469-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1469-2017\/","title":{"rendered":"STC1469-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

               Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1469-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2016-00647-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 2 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Sonia Ayala Camargo frente al Juzgado Sexto Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n Segunda Especializada de Polic\u00eda Urbana, ambos de esa ciudad; siendo citados los intervinientes en la restituci\u00f3n de inmueble dado en arrendamiento financiero n\u00ba 2014-00655.     <\/span><\/p>\n

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                       ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, la actora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al no resolver la nulidad que plante\u00f3 dentro del referido juicio instaurado por el Banco Davivienda SA contra los herederos indeterminados de Alfredo Yesith Bossio Ayala.   <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que la notificaci\u00f3n a los demandados se surti\u00f3 a trav\u00e9s de curadora ad-litem, quien \u00abse limit\u00f3 a se\u00f1alar que no le constaban los hechos y\u2026que se le fijara el valor de sus honorarios\u00bb, por lo que el Despacho dict\u00f3 sentencia el 11 de junio de 2015 en la que accedi\u00f3 a las pretensiones y dispuso la entrega del bien ra\u00edz.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que el 27 de mayo de 2016 pidi\u00f3 que se  invalidara el pleito y se suspendiera el desalojo,   argumentando que la entidad financiera conoc\u00eda su domicilio y no la notific\u00f3 como progenitora del arrendatario, memorial que hasta el momento no ha sido resuelto.          <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, en consecuencia, suspender la diligencia en comento hasta que se defina la nulidad y que esta \u00faltima abarque todo lo actuado en la contienda (fls. 1 a 5, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Sexta Civil del Circuito de Barranquilla dijo que le dio el impulso legal al incidente radicado por la quejosa y el 24 de noviembre de 2016 lo abri\u00f3 a pruebas y libr\u00f3 las comunicaciones pertinentes (fls. 24 y 25, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Banco Davivienda SA adujo que el litigio est\u00e1 en curso y ese es el escenario para dirimir la problem\u00e1tica planteada por la actora, sin que el juez constitucional pueda suplantar la actividad propia del funcionario competente (fls. 31 a 33, ib).  <\/span><\/p>\n

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3. La Inspectora Segunda Especializada de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla remiti\u00f3 copia del despacho comisorio (fls. 52 a 83, cit).         <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla le dio tr\u00e1mite al incidente de nulidad propuesto por la querellante y no se evidencia una situaci\u00f3n de mora judicial que sea susceptible de resguardo (fls. 84 a 87, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante reiter\u00f3 que no se ha resuelto de fondo su petici\u00f3n de invalidaci\u00f3n y que en cualquier momento podr\u00eda ser desalojada del inmueble (fls. 97 a 100, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde establecer si el Juzgado censurado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por no decidir la solicitud de nulidad presentada por la inconforme dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble dado en arrendamiento financiero del Banco Davivienda SA contra los herederos indeterminados de Alfredo Yesith Bossio Ayala.  <\/span><\/p>\n

2. En lo atinente a la mora judicial, valga destacar que solo resultar\u00eda procedente la injerencia del juez constitucional cuando resulte ostensible la desidia o negligencia de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando se est\u00e9n agotando las etapas propias del asunto o la tardanza obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas.  <\/span><\/p>\n

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Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC. T-357\/07, citada en STC13061 de dic. 9 de 2016).  <\/span><\/p>\n

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Entre tanto esta Sala, al abordar la misma tem\u00e1tica en sede de tutela indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015).  <\/span><\/p>\n

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3. Al revisar el caso planteado encuentra esta Corporaci\u00f3n que la accionante radic\u00f3 el escrito contentivo de la nulidad el 27 de mayo de 2016 y el Despacho le dio el tr\u00e1mite incidental. Luego, el 24 de noviembre de ese a\u00f1o lo abri\u00f3 a pruebas y el 16 de enero de 2017 orden\u00f3 oficiar al Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla, siendo esa  la \u00faltima actuaci\u00f3n que registra el expediente (fls. 3 y 4 cd. de la Corte).  <\/span><\/p>\n

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De esta forma, se advierte que el juzgado accionado le imprimi\u00f3 a la petici\u00f3n el procedimiento que por ley correspond\u00eda y si bien no la ha ingresado al Despacho para adoptar una determinaci\u00f3n definitiva es porque se encuentra en el per\u00edodo probatorio, vencido el cual, comenzar\u00e1n a correr los t\u00e9rminos para proferir el interlocutorio respectivo; sin que a juicio de la Sala el lapso transcurrido hasta el momento luzca irrazonable o desproporcionado.      <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, de entenderse que la queja interpuesta se extiende a las supuestas irregularidades en la notificaci\u00f3n surtida en el pleito civil, cabe se\u00f1alar que la salvaguarda se torna prematura, pues, esos hechos fueron expuestos ante el juez de conocimiento por v\u00eda de la nulidad que est\u00e1 pendiente de resolverse dentro del mismo juicio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el ejercicio anticipado de este medio la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado (\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado el 3 sep. 2015, STC11800).  <\/span><\/p>\n

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No es viable, entonces, acudir al juez de tutela para que sustituya la actividad de los funcionarios judiciales, cuando estos son los legalmente habilitados para desatar la controversia puesta a su consideraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, no es viable acceder a la suspensi\u00f3n de la entrega, ya que dicha diligencia se orden\u00f3 luego de agotadas todas las etapas del juicio de restituci\u00f3n y su cumplimento obedece a un mandato judicial leg\u00edtimo, sin que se advierta un perjuicio irremediable o una situaci\u00f3n especial que impida su pr\u00e1ctica, incluso, en el evento de que con ocasi\u00f3n de la nulidad se llegare a retrotraer la actuaci\u00f3n a una etapa anterior, le corresponder\u00e1 al juez restablecer el status quo o devolver las cosas a su estado inicial. Esta Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales \u2026(\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016).  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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