{"id":99225,"date":"2026-06-25T18:04:56","date_gmt":"2026-06-25T18:04:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1470-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:04:56","modified_gmt":"2026-06-25T18:04:56","slug":"stc1470-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1470-2017\/","title":{"rendered":"STC1470-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1470-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02059-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Eneil P\u00e9rez Calder\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n, ambos de C\u00facuta, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad y favorabilidad, que considera vulnerados por las autoridades judiciales encausadas al condenarlo en primera instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y rebeli\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se absuelva de responsabilidad penal o, en subsidio, se conceda el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 31 de diciembre de 2007, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 investigaci\u00f3n previa, siendo vinculados Eneil P\u00e9rez Calder\u00f3n, Neider Carrascal Pedroza, H\u00e9ctor Sa\u00fal Carrascal y Alirio Ib\u00e1\u00f1ez Robles, por la supuesta comisi\u00f3n de los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y rebeli\u00f3n como miembros del grupo alzado en armas denominado FARC-EP.  <\/span><\/p>\n

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2. Posteriormente, se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n contra las personas mencionadas, como presuntos coautores de las conductas punibles referidas, el 13 de julio de 2012, la cual fue confirmada por el superior el 13 de marzo de 2013.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de C\u00facuta dict\u00f3 sentencia el 27 de julio de 2015, en la que declar\u00f3 a los procesados responsables de los delitos endilgados y los conden\u00f3 a las penas de 192 meses de prisi\u00f3n, multa de 2.050 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte pasiva interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. En auto de septiembre 15 de 2015, el a quo declar\u00f3 desierto el medio de impugnaci\u00f3n interpuesto por el defensor del se\u00f1or P\u00e9rez Calder\u00f3n, por no sustentarlo oportunamente.  <\/span><\/p>\n

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6. Contra esta decisi\u00f3n, el aqu\u00ed quejoso present\u00f3 el recurso de queja ante el superior.  <\/span><\/p>\n

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7. El 12 de enero de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta se abstiene de resolver el recurso de queja.  <\/span><\/p>\n

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8. En marzo de la anualidad mencionada, el accionante promovi\u00f3 una acci\u00f3n de la misma naturaleza contra los jueces de conocimiento, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, la nulidad de la providencia emitida por el despacho colegiado y la revocatoria de la sentencia condenatoria.  <\/span><\/p>\n

9. La Hom\u00f3loga Penal, en sentencia STP2233-2016 de febrero 25 de 2016, neg\u00f3 el resguardo solicitado por no agotarse los medios de defensa judicial al alcance del promotor de la queja y porque el prove\u00eddo del juzgador superior no fue arbitrario o caprichoso.  <\/span><\/p>\n

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10. Esta Corporaci\u00f3n, mediante fallo STC4905-2016 proferido el 21 de abril siguiente, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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11. En fallo adiado el 19 de octubre de 2016, el ad quem revoc\u00f3 parcialmente la providencia apelada y absolvi\u00f3 a Neider Carrascal Pedroza, H\u00e9ctor Sa\u00fal Carrascal y Alirio Ib\u00e1\u00f1ez Robles de las conductas punibles aludidas.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que propuso en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia dictada en primera instancia y adicionalmente en esta providencia se valoraron err\u00f3neamente las pruebas, puesto que no se demostr\u00f3 su responsabilidad penal en los delitos acusados, m\u00e1xime que los restantes procesados fueron absueltos por el ad quem en el fallo de segundo grado, motivos por los cuales \u00e9l tambi\u00e9n debe ser absuelto de aquellas conductas punibles. [Folios 1-5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los estrados judiciales querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 231-232, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta indic\u00f3 que esta acci\u00f3n no es el mecanismo para revivir oportunidades procesales fenecidas a causa de la falta de diligencia del apoderado del actor al tramitar el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria de primer grado, motivo por el cual se opone a la prosperidad del resguardo. [Folios 240-242, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Secretar\u00eda de la Colegiatura accionada inform\u00f3 que contra el fallo dictado en segunda instancia no se hab\u00eda interpuesto el recurso de casaci\u00f3n. [Folio 248, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 24 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, debido a que el procedimiento realizado por el juzgado accionado al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia cuestionada se ci\u00f1\u00f3 a la legalidad, de modo que si las inconformidades del accionante no fueron debatidas en sede apelaci\u00f3n porque no se interpuso oportunamente ese recurso, no pueden ser atribuidas al fallador de primer grado y, por tanto, aquella actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. [Folios 248-260, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 239-241, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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El abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad. (CSJ STC, 3 may. 2002, rad 2002-00010-00, reiterada en STC, 8 may. 2012, rad. 2012-00017-01).  <\/span><\/p>\n

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2. En este asunto se observa, con toda claridad, que el accionante present\u00f3 con anterioridad una acci\u00f3n de tutela contra las mismas sedes judiciales aqu\u00ed acusadas, en donde aleg\u00f3 los mismos hechos y pretensiones aqu\u00ed expuestos, respecto a la sentencia condenatoria de primera instancia y el auto proferido por el ad quem, en el que se abstuvo de resolver el recurso de queja contra la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n contra aquel fallo, dentro del proceso penal seguido en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, mediante la sentencia STP2233-2016 de febrero 25 de 2016, neg\u00f3 el resguardo deprecado por el aqu\u00ed quejoso contra la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, en donde se reproch\u00f3 que el juzgador de primer grado \u00abno [supo] lo ocurrido en la audiencia de juzgamiento, quien no practic\u00f3 las pruebas y valor\u00f3 incorrectamente las recaudadas\u00bb, ni \u00abvalor\u00f3 la cantidad y calidad de los [testigos] que declararon en beneficio suyo\u00bb, y que el fallador de segunda instancia debi\u00f3 decidir el recurso de queja.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, la protecci\u00f3n constitucional fue denegada, debido a que \u00abel accionante pudo atacar, oportunamente, la citada sentencia condenatoria, por intermedio del recurso ordinario de apelaci\u00f3n, para reclamar el respeto de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela\u00bb y, adicionalmente esa persona \u00abtuvo a su alcance la posibilidad para poner de presente sus desavenencias adecuadamente, a trav\u00e9s del aludido recurso, y ante la incuria cometida al respecto, el juez de tutela no puede adentrarse en el an\u00e1lisis de fondo de esa pretensi\u00f3n planteada en la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la segunda inconformidad del impulsor de la salvaguarda, se indic\u00f3 que \u00abla Colegiatura accionada, a trav\u00e9s del prove\u00eddo proferido el 12 de enero de 2016, arguy\u00f3 que el recurso de queja no aplica en los casos en que ha sido declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 179A de la Ley 906 de 2004 y la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SP, 14 sept. 1999, rad. 16.088)\u00bb, y que esa providencia \u00abdescansa sobre criterios de interpretaci\u00f3n razonable y son fruto de un serio y juicioso an\u00e1lisis respecto de la abstenci\u00f3n en resolver de fondo el referido dispositivo de protecci\u00f3n, no resulta dable pregonar que con esa determinaci\u00f3n se desconocieron los derechos del actor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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La determinaci\u00f3n anterior fue impugnada por el promotor de la queja, no obstante, esta Corporaci\u00f3n la confirm\u00f3, en el fallo STC4905-2016 proferido el 21 de abril de la anualidad precedente, en donde sostuvo, respecto a la inconformidad con la sentencia condenatoria, que \u00absi el accionante no agot\u00f3 todos los medios que ten\u00edan a su alcance, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes\u00bb, y frente al reproche contra el segundo prove\u00eddo atacado se indic\u00f3 que esta \u00abestuvo fundada en una razonable hermen\u00e9utica de la normatividad aplicable al asunto y las pruebas recaudadas, las cuales llevaron al Tribunal accionado a estimar que deb\u00eda abstenerse de resolver el recurso de queja interpuesto por el accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, el tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional se\u00f1alando que se afectaron sus derechos fundamentales porque el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de C\u00facuta incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al valorar el acervo probatorio del proceso penal adelantado en su contra, entre tanto la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad se abstuvo de resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra aquella sentencia, pese a que interpuso en debida forma ese medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

En ese orden, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte no guarda sustanciales diferencias con las estudiadas en los fallos citados anteriormente, pues la petici\u00f3n de protecci\u00f3n se fund\u00f3 igualmente en su inconformidad con la apreciaci\u00f3n de las pruebas que sustentan los delitos endilgados al actor y la falta de resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. Circunstancias que no justifican que se acudiera nuevamente a este mecanismo excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, es patente que el censor busca que nuevamente se examinen las decisiones tomadas en el juicio penal, reiterando las inconformidades citadas atr\u00e1s, esto es, con el fin de reabrir un debate que ya fue definido en sede constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha se\u00f1alado que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma referida l\u00edneas atr\u00e1s, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Por lo anotado, la petici\u00f3n del tutelante comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio en sede constitucional y es imperioso que la tutela se emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime cuando no puede pretender por este medio oponerse a las determinaciones contra las cuales dirige la acci\u00f3n por no encontrarse de acuerdo con los planteamientos y decisiones all\u00ed adoptadas, presentando un nuevo amparo, el cual, como se dijo en precedencia, ya fue objeto de pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

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Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar otra determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que la actora incurri\u00f3 en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo anterior, el quejoso tambi\u00e9n expuso que la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, en la sentencia emitida el 19 de octubre de 2016, revoc\u00f3 parcialmente el fallo emitido por el a quo y absolvi\u00f3 a Neider Carrascal Pedroza, H\u00e9ctor Sa\u00fal Carrascal y Alirio Ib\u00e1\u00f1ez Robles de los delitos por los que fueron condenados inicialmente, por lo cual \u00e9l tambi\u00e9n deber\u00eda ser absuelto, dado que todos fueron procesados por los mismos hechos y pruebas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala recuerda que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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5. Pues bien, en este caso se advierte que no se atendi\u00f3 el presupuesto en menci\u00f3n, pues el impulsor del resguardo tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda, que no fue utilizado en raz\u00f3n a que no manifest\u00f3 oportunamente las inconformidades que ac\u00e1 expone mediante la interposici\u00f3n oportuna y adecuada del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio de primera instancia, el cual fue declarado desierto por el a quo, cuando dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en el escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed quejoso no hizo uso de la herramienta que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1470-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02059-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99225","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99225\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}