{"id":99227,"date":"2026-06-25T18:05:03","date_gmt":"2026-06-25T18:05:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1473-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:03","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:03","slug":"stc1473-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1473-2017\/","title":{"rendered":"STC1473-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1473-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00589-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia- Laboral del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Jim\u00e9nez C\u00e1rdenas contra la Inspecci\u00f3n Central Urbana de Polic\u00eda de Lorica – C\u00f3rdoba, actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de esa localidad y a las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia que all\u00ed se adelanta.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, vida, \u201ctercera edad\u201d y debido proceso, que estima vulnerados por la autoridad accionada, al fijar fecha para diligencia de entrega, a trav\u00e9s de la cual ser\u00e1 despojado del inmueble donde ha residido desde su juventud y donde vio nacer y crecer a sus hijos, a pesar de la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n y desamparo en que se encuentra, dada su avanzada edad y delicado estado de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita que se ordene suspender la pr\u00e1ctica de tal acto procesal. [Folios 2-4, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2012, el actor promovi\u00f3 demanda de pertenencia contra los herederos determinados e indeterminados de Estebana Pinto (q.e.p.d.), para que se declarara que adquiri\u00f3 el bien ubicado en la calle 2 No. 15-36 del barrio Remolino del municipio de Lorica (C\u00f3rdoba), identificado con c\u00e9dula catastral No. 010300070006000 por prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de aquella localidad, que mediante auto de 25 de octubre de 2002 lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y dispuso las notificaciones y emplazamientos de rigor.  <\/span><\/p>\n

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3. Notificados, Emiro \u00c1ngel, Carmen Elena y Yennys Pinto P\u00e9rez, Martha Tu\u00f1on Pitalua y Luzmila, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles y Lourdes Palomo Nu\u00f1ez, presentaron demanda de reconvenci\u00f3n contra el tutelante, para que les fuera restituido el predio. A los dem\u00e1s emplazados, les fue nombrado curador ad litem.  <\/span><\/p>\n

4. Superadas las fases procesales pertinentes, el 7 de octubre de 2014 se dict\u00f3 sentencia de primera instancia, a trav\u00e9s de la cual se desestimaron las pretensiones del usucapiente y se accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n pedida por los titulares del derecho de dominio. La decisi\u00f3n no fue objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ejecutoriado el fallo, el extremo demandado solicit\u00f3 comisionar al inspector de polic\u00eda del lugar, a efectos de que se materializara la orden de entrega, a lo cual accedi\u00f3 el juez cognoscente mediante auto de 29 de mayo de 2015.  <\/span><\/p>\n

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6. El 25 de agosto de 2016 se libr\u00f3 el respectivo exhorto.  <\/span><\/p>\n

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7. El funcionario comisionado, en acato a la orden de la sede judicial referida, se\u00f1al\u00f3 como fecha para llevar a cabo el objeto del encargo, el 8 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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8. En criterio del peticionario del amparo, el acto procesal cuya suspensi\u00f3n implora, transgrede sus garant\u00edas fundamentales, pues en virtud de su avanzada edad y delicado estado de salud, no cree posible soportar el desalojo del \u00fanico lugar de residencia con el que cuenta.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad convocada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n Urbana de Polic\u00eda de Lorica y dem\u00e1s partes e intervinientes dentro del proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n para que se pronunciaran sobre el asunto. En el mismo auto se dispuso acceder a la medida provisional de suspensi\u00f3n invocada. [Folios 53-54, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, remiti\u00f3 el expediente en calidad de pr\u00e9stamo para su inspecci\u00f3n, sin exponer su postura de cara a la solicitud de amparo. [Folio 72, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Inspector de Polic\u00eda vinculado, puso de presente que su actuaci\u00f3n estaba limitada al cumplimiento de la comisi\u00f3n conferida por el mencionado juzgador. [Folio 75, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 18 de noviembre de 2016, la Sala Civil-Familia -Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda deneg\u00f3 por improcedente el amparo, tras considerar que so pretexto de proteger las garant\u00edas e intereses del adulto mayor, no era posible desconocer los derechos de los leg\u00edtimos propietarios del bien, m\u00e1xime cuando no estaba acreditado que ellos no se encontrasen en situaciones apremiantes para exigir la devoluci\u00f3n de su predio y, por el contrario, hay certeza de que el actor cuenta con hijos mayores de edad a quienes, en virtud del principio de solidaridad, les corresponde velar por el bienestar de su padre.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, consider\u00f3 inexistente el perjuicio irremediable alegado, pues la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega, es consecuencia de \u00f3rdenes leg\u00edtimas de las autoridades jurisdiccionales competentes, emanadas al interior de un proceso adelantado con observancia de la normatividad pertinente.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, en atenci\u00f3n a las particulares condiciones del tutelante, orden\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n brindar asesor\u00eda, acompa\u00f1amiento y orientaci\u00f3n al actor, en el momento de la diligencia de entrega. Por \u00faltimo, levant\u00f3 la suspensi\u00f3n ordenada provisionalmente. [Folios 76-80, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, si exponer los motivos de su disenso, limit\u00e1ndose a insistir en la concesi\u00f3n del amparo. [Folio 87, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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       II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que la queja constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, pues el querellante tuvo a su alcance y no utiliz\u00f3 otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por la v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se encuentra que el promotor del resguardo cuestiona que la Inspecci\u00f3n Urbana de Polic\u00eda de Lorica fijara fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega del bien inmueble objeto del litigio, en cumplimiento a la comisi\u00f3n que le fue conferida por el Juzgado Civil del Circuito de la misma localidad, en consonancia con la orden de restituci\u00f3n dispuesta mediante sentencia del 7 de octubre de 2014, pues en su sentir, el desalojo vulnerar\u00eda sus derechos, al desconocer que se trata del predio donde ha vivido desde muy joven y donde forj\u00f3 una familia con su fallecida esposa y sus hijos, quienes, dice, tienen derecho a heredar el bien, as\u00ed como su delicado estado de salud y avanzada edad \u2013 84 a\u00f1os, porque de practicarse, quedar\u00eda totalmente desprotegido ante la carencia de otros bienes a donde pueda mudarse.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, conviene precisar inicialmente, que la orden de entrega discutida es la consecuencia natural de la decisi\u00f3n adoptada en el proceso censurado, luego de agotadas las etapas pertinentes, la que, por ende, contrario a lo expuesto por el tutelante, no puede considerarse conculcadora de derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, ha sostenido esta Corte que la acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01; reiterada en STC, 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01).  <\/span><\/p>\n

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Si ello es as\u00ed, resulta l\u00f3gico que el promotor del resguardo no puede pretender acudir al mecanismo de amparo para evitar que se concrete la orden de entrega dictada en la sentencia, cuando contra esa determinaci\u00f3n no expuso ning\u00fan reparo, pese a que para ello contaba con el recurso de apelaci\u00f3n, herramienta jur\u00eddica id\u00f3nea que el legislador ha previsto para que quienes no est\u00e9n conformes con las decisiones del juez de primera instancia, puedan controvertirlas ante su superior funcional.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al fallador natural en escenarios procesales que no se suscitaron porque el pretenso usucapiente no hizo uso de los medios de impugnaci\u00f3n que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su desidia.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el contexto natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Por los mismos motivos, es evidente que el amparo tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues como ya lo ha dicho la Sala:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01). (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01).  <\/span><\/p>\n

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De modo que, no le es dable al actor pretender evitar la consecuencia jur\u00eddica mentada, bajo el argumento de prevenir, mediante el mecanismo transitorio, un perjuicio que dice ser irremediable, cuando ciertamente tuvo conocimiento de la orden de restituci\u00f3n dictada en su contra a trav\u00e9s de sentencia del 7 de octubre de 2014 y que por motivos que esta Sala desconoce, no controvirti\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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4. Los argumentos consignados en precedencia se estiman suficientes para concluir que la impugnaci\u00f3n formulada est\u00e1 destinada al fracaso, por lo que se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n revisada, dejando inc\u00f3lumes las medidas de protecci\u00f3n adoptadas por el A quo constitucional, por encontrarlas ajustadas a derecho y necesarias en el caso objeto de estudio, dada la avanzada edad del tutelante y su delicado estado de salud.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y fecha se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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