{"id":99228,"date":"2026-06-25T18:05:07","date_gmt":"2026-06-25T18:05:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1474-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:07","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:07","slug":"stc1474-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1474-2017\/","title":{"rendered":"STC1474-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1474-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2016-00234-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintisiete de octubre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por John Plunkett contra el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, vida, salud, igualdad y debido proceso, que considera vulnerados por las autoridades p\u00fablicas acusadas al impedir su salida del pa\u00eds, en virtud de la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo de alimentos de mayores promovido en su contra por Claudia Fernanda Varela Guti\u00e9rrez.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene a los organismos querellados que se abstengan de imponer cualquier restricci\u00f3n para salir del Territorio Nacional.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Claudia Fernanda Varela Guti\u00e9rrez y John Phillip Plunkett contrajeron matrimonio civil el 5 de mayo de 2006 en la Notar\u00eda \u00danica de Dagua, Valle del Cauca.  <\/span><\/p>\n

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2. Posteriormente, esas personas contrajeron nuevamente nupcias por el rito cat\u00f3lico el 16 de septiembre siguiente, en la Parroquia Santa Mar\u00eda Estrella del Mar, ubicada en Santa Marta.  <\/span><\/p>\n

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3. En el a\u00f1o 2008, la c\u00f3nyuge present\u00f3 demanda contra su esposo, a fin de obtener la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal y el pago de los alimentos a su favor.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 9 de abril del a\u00f1o citado.  <\/span><\/p>\n

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5. Es demandado se opuso a las pretensiones de su contraparte y promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, con el objetivo de que se decrete el divorcio del matrimonio civil, la anulaci\u00f3n del registro del casamiento religioso, la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de este \u00faltimo y la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal.  <\/span><\/p>\n

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6. El juez de la causa admiti\u00f3 el libelo anterior, en auto de julio 9 de 2008, que fue contestado por la parte actora sin proponer medios exceptivos.  <\/span><\/p>\n

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7. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el fallador emiti\u00f3 sentencia el 28 de septiembre de 2010, en la que declar\u00f3: (a) el divorcio del matrimonio civil celebrado por las partes, (b) la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de las nupcias religiosas que contrajeron esas personas, (c) la culpabilidad del se\u00f1or Plunkett y su obligaci\u00f3n de suministrar alimentos a la c\u00f3nyuge inocente, (d) la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y (e) deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta confirm\u00f3 la providencia anterior, en fallo adiado el 3 de octubre de 2011.  <\/span><\/p>\n

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10. En el a\u00f1o 2012, la se\u00f1ora Varela Guti\u00e9rrez inco\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos contra el extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

11. El 12 de septiembre de la anualidad referida, se libr\u00f3 mandamiento de pago en la forma deprecada.  <\/span><\/p>\n

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12. Surtidas las etapas procesales correspondientes, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n el 15 de mayo de 2013.  <\/span><\/p>\n

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13. En auto de 1\u00b0 de agosto de 2014, el juzgador orden\u00f3 al ejecutado que prestara garant\u00eda suficiente para salir del pa\u00eds y dispuso comunicar a la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia el impedimento de salida del Territorio Nacional.  <\/span><\/p>\n

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14. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que padece de m\u00faltiples enfermedades, para las cuales requiere tratamiento en el exterior, que est\u00e1 siendo interrumpido a causa de la restricci\u00f3n impuesta en el proceso ejecutivo de alimentos de mayores, motivos por lo que es imperativo que se permita su salida permanente del pa\u00eds. [Folios 1-4, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades p\u00fablicas accionadas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieron sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 18, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta indic\u00f3 que el actor no interpuso ning\u00fan recurso contra la providencia que orden\u00f3 la constituci\u00f3n de una garant\u00eda suficiente para que \u00e9l pueda salir del pa\u00eds, sin embargo esa persona no ha realizado ninguna actuaci\u00f3n tendiente al levantamiento de esa medida.  [Folios 29-30, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia inform\u00f3 que existe un impedimento de salida contra el quejoso proveniente de un juzgado de familia, el cual no puede modificarse hasta que la autoridad competente disponga lo pertinente. [Folios 31-35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, Claudia Fernanda Varela Guti\u00e9rrez solicit\u00f3 que se negara la solicitud de resguardo, puesto que no se est\u00e1n transgrediendo las garant\u00edas superiores del reclamante. [Folios 46-54, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 27 de octubre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta neg\u00f3 el amparo, debido a que no se agotaron los medios de defensa judicial al alcance del accionante, dado que no se demostr\u00f3 que esa persona hubiera solicitado al despacho accionado lo pretendido por v\u00eda constitucional, es improcedente que el juez de tutela desplace la competencia del juez natural. [Folios 114-120, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que, en virtud de su estado de salud, no se debe exigir el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, ante la amenaza a su derecho fundamental a la vida. [Folios 126-127, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. La salvaguarda en el presente asunto no se aviene al principio de subsidiariedad, pues advierte la Sala que el accionante tiene a su alcance otros medios de defensa id\u00f3neos para el pleno ejercicio de las garant\u00edas que estima conculcadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el actor se duele del auto proferido el 1\u00b0 de agosto de 2014 por el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, dentro del proceso ejecutivo de alimentos de mayores promovido en su contra por Claudia Fernanda Varela Guti\u00e9rrez, en el que se le orden\u00f3 prestar garant\u00eda suficiente para salir del pa\u00eds y adem\u00e1s dispuso comunicar a la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia el impedimento de salida del Territorio Nacional para esa persona.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se tiene, que si el gestor considera que no es procedente la emisi\u00f3n de esa medida de restricci\u00f3n en atenci\u00f3n a su estado de salud, se observa que el peticionario no ha presentado los argumentos en los que funda la presente acci\u00f3n constitucional ante el juez natural, para que se pronuncie concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende, mediante los mecanismos previstos en la codificaci\u00f3n adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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Quiere ello decir, que contrario a lo aseverado por el impulsor de la salvaguarda, la v\u00eda ordinaria id\u00f3nea para exponer su s\u00faplica es la consagrada en la referida normatividad. De ah\u00ed, que resulte ostensible, que si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que el amparo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como un mecanismo que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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