{"id":99229,"date":"2026-06-25T18:05:10","date_gmt":"2026-06-25T18:05:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1475-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:10","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:10","slug":"stc1475-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1475-2017\/","title":{"rendered":"STC1475-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC1475-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02081-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo Andr\u00e9s Alba Romero frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, al negarse aplicar el beneficio de rebajar la pena que se le impuso, por haberse allanado a los cargos que se le imputaron.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 351 de la Ley 906 de 2004 y se le conceda la rebaja de pena hasta en un 50%, que en su sentir es merecedor, o redosificar la pena con una disminuci\u00f3n de una tercera (1\/3) parte, por haber aceptado su responsabilidad tal y como lo dicta el art\u00edculo 40 de la Ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de julio de 2013 el Juzgado Cuarenta y nueve Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de Bogot\u00e1, conden\u00f3 al accionante a la pena principal de 182 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo autor responsable del delito de homicidio.  <\/span><\/p>\n

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2. La decisi\u00f3n fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal accionado, el 20 de agosto de esa anualidad.  <\/span><\/p>\n

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3. El tutelante en la actualidad se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Picota de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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4. La vigilancia de la pena le correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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5. El 31 de mayo de 2016, el sentenciado pidi\u00f3 concederle la rebaja del 50% de la pena de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. Dicho pedimento fue denegado por el juzgado ejecutor el 23 de junio de 2016, tras considerar que en esa fase de la ejecuci\u00f3n, \u00abno es posible modificar la decisi\u00f3n definitiva para incluir una rebaja de pena\u00bb, pues se trataba de una sentencia ejecutoriada.  <\/span><\/p>\n

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7. El penado, apel\u00f3 la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 14 de julio de 2016, la continuidad del asunto, lo asumi\u00f3 el hom\u00f3logo Juzgado Veintinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas.  <\/span><\/p>\n

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9. Concedido el recurso por la \u00faltima oficina mencionada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 confirmar lo resuelto por el inferior.   <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario del amparo, se vulneraron sus garant\u00edas deprecadas, por no rebajar la pena en el porcentaje permitido por la ley penal, m\u00e1s si se tiene en cuenta que se allan\u00f3 a los cargos imputados, con el prop\u00f3sito de hacerse merecedor de ese beneficio.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y, se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 17, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Veintinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, relat\u00f3 brevemente lo sucedido dentro del proceso penal N\u00b0 2013-00540, y tras indicar que avoc\u00f3 conocimiento de asunto por una medida de redistribuci\u00f3n de procesos por carga laboral, expres\u00f3 que no ha emitido ning\u00fan pronunciamiento en lo aqu\u00ed revelado, motivo por el cual solicita su desvinculaci\u00f3n a la queja constitucional. [Folio 26, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota, indic\u00f3 que su conocimiento se circunscribi\u00f3 al recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que deneg\u00f3 redosificar la sanci\u00f3n impuesta, la que confirm\u00f3 en auto de 27 de octubre de 2016, prove\u00eddo que pone en conocimiento de esta Corporaci\u00f3n. [Folio 31, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 24 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo suplicado al considerar que las decisiones cuestionadas gozan de una motivaci\u00f3n razonada que no se muestra violatoria de las garant\u00edas fundamentales invocadas y que no es susceptible de revisi\u00f3n por esta v\u00eda, pues la tutela no puede erigirse en una instancia adicional de la justicia ordinaria. [Folios 36 -46, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el reclamante impugn\u00f3 el fallo;   reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito de tutela y enfatiz\u00f3 que no se puede desconocer la imputaci\u00f3n de cargos que acept\u00f3 para beneficiarse de la rebaja de su condena. [Folios 50 -53, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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       Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub examine, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de decisiones proferidas por el a quo y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al ad quem para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia a trav\u00e9s de la cual se deneg\u00f3 la petici\u00f3n del  accionante tendiente a redosificar y disminuir la pena sobre la cual est\u00e1 cumpliendo una condena, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se adopt\u00f3, no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se avizora que las determinaciones censuradas estuvieron fundadas en una razonable hermen\u00e9utica de la normatividad aplicable al asunto y de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que qued\u00f3 acreditada en el proceso, tras el estudio de las pruebas recaudadas, lo que llev\u00f3 al Tribunal accionado a estimar que deb\u00eda confirmar la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Al resolver la alzada, abord\u00f3 la petici\u00f3n consistente en rebajar de pena impuesta en un 50% por ser el tope que permite el art\u00edculo 351 de la Ley 906 de 2004;  sobre dicho pedimento, le explic\u00f3 que el allanarse a los cargos, no era una situaci\u00f3n que por s\u00ed sola lo hiciera merecedor del beneficio en esa cantidad, pues no puede pasar por alto el censor, que fue capturado en flagrancia y por ende, el trabajo del ente acusador para desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia se hac\u00eda m\u00ednimo, de ah\u00ed que, tan solo el juez de conocimiento reconociera la disminuci\u00f3n de la pena en un 12.5% y no 50% como se pretende.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, el Tribunal acusado, con miramiento a lo ya tratado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, consign\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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       \u00ab(\u2026) En los casos de allanamiento en flagrancia, la rebaja solo es de la cuarta parte del monto fiado en la ley para el respectivo momento procesal. Esta decisi\u00f3n, tomada de forma un\u00e1nime, en ejercicio de la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia y no con calidad de obiter dicta sino de ratio decidendi, es vinculante para los jueces y Tribunales y debe respetarse.  Con mayor raz\u00f3n si la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-645 del 23 de agosto de 2012, se pronunci\u00f3 en el mismo sentido al declarar la constitucionalidad condicionada del art\u00edculo 57 ya aludido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el instituto de allanamiento a los cargos, as\u00ed como los preacuerdos y negociaciones, se han situado en dos perspectivas de tratamiento diferentes: una, la que tiene que ver con las personas objeto de imputaci\u00f3n como resultado de la actividad investigativa de la Fiscal\u00eda, que ha conducido a tomar la determinaci\u00f3n de abrir investigaci\u00f3n y vincularlas formalmente, en el desarrollo de un plan metodol\u00f3gico;  la otra, es aquella en la que se formula imputaci\u00f3n en respuesta a una situaci\u00f3n de urgencia que otorga elementos de juicio suficientes para hacerlo, que es la captura en flagrancia;  es frente a ello que el sistema penal acusatorio otorga un trato diferenciado que, a juicio del legislador y la Corte Constitucional, es proporcional y justo, ya que en esos contextos  las cargas argumentativa y probatoria para desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia son menos exigentes, y por ende, las ventajas para el Estado en la aceptaci\u00f3n de cargos son igualmente menores\u00bb. Se resalta  <\/span><\/p>\n

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La pretensi\u00f3n del actor, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la autoridad acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales.  <\/span><\/p>\n

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       4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado a no prosperar, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y fecha se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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