{"id":99234,"date":"2026-06-25T18:05:27","date_gmt":"2026-06-25T18:05:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1480-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:27","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:27","slug":"stc1480-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1480-2017\/","title":{"rendered":"STC1480-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1480-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2016-00701-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el siete de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosana Herrera Gait\u00e1n contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jur\u00eddica, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, que estima vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al continuar el tr\u00e1mite de venta en subasta p\u00fablica de los inmuebles objeto de garant\u00eda real sin verificar la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones perseguidas, dentro del proceso ejecutivo promovido en su contra por el Banco Comercial AV Villas S.A.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin efecto la totalidad de lo actuado en el juicio referido y se ordene inadmitir la demanda ejecutiva a fin de que se acredite la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Rosana Herrera Gait\u00e1n adquiri\u00f3 los inmuebles ubicados en la calle 12 n.\u00b0 6-64, apartamento 403 y garaje 3, de Ibagu\u00e9, por medio de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1963 del 8 de noviembre de 1996 suscrita en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de esa ciudad, y adicionalmente constituy\u00f3 hipoteca abierta de primer grado a favor de la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Ahorramas.  <\/span><\/p>\n

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2. El 5 de diciembre de 1996, la deudora se comprometi\u00f3 a pagar a la entidad financiera la suma de 1.431,7112 UPAC, equivalentes a $13.833.418, en 180 cuotas mensuales, a la tasa del 16 % efectivo anual, mediante el pagar\u00e9 n.\u00b0 308551, para la adquisici\u00f3n de la vivienda referida.  <\/span><\/p>\n

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3. Posteriormente, la se\u00f1ora Herrera Gait\u00e1n suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 n.\u00b0 045070006585 a favor del Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras, por el monto de $2.925.894, pagadero el 5 de junio de 1999.  <\/span><\/p>\n

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4. Asimismo, la obligada constituy\u00f3 el pagar\u00e9 n.\u00b0 045070006580 el 29 de diciembre de 1999, por el cual cancelar\u00eda a Ahorramas la suma de 203.778,4391 UVR, equivalentes a $21.041.895,38, en 144 cuotas mensuales a partir del 5 de enero de 2000.  <\/span><\/p>\n

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5. En el a\u00f1o 2002, la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda AV Villas y el Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras promovieron demanda ejecutiva hipotecaria contra la aqu\u00ed quejosa, a fin de obtener el pago de los saldos insolutos de los t\u00edtulos valores mencionados atr\u00e1s, a los que les aplic\u00f3 retroactivamente alivios por los valores de $123.862 y $2.868.274, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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6. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago en la forma deprecada el 4 de marzo de 2002.  <\/span><\/p>\n

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7. La demandada se opuso a las s\u00faplicas de su contraparte y present\u00f3 las excepciones denominadas \u00abinconstitucionalidad de la obligaci\u00f3n incoada\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abpago o pago parcial\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, \u00abcontrato no cumplido\u00bb, \u00ababuso de derecho y abuso de la posici\u00f3n dominante\u00bb, \u00abdolo y mala fe\u00bb, \u00abfalta de prueba de la existencia y vigencia de la parte de obligaci\u00f3n incoada como primas de seguros\u00bb, \u00abcambio fundamental de la circunstancia\u00bb, \u00abfalsedad ideol\u00f3gica y\/o abuso de confianza\u00bb y \u00abprejudicialidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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8. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juzgador dict\u00f3 sentencia el 23 de mayo de 2011, en la que declar\u00f3 no probados los medios exceptivos propuestos y decret\u00f3 la venta en subasta p\u00fablica de los bienes ra\u00edces perseguidos.  <\/span><\/p>\n

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9. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en fallo adiado el 31 de enero de 2012, confirm\u00f3 la providencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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11. A partir del 16 de julio de 2014, el a quo ha fijado diversas fechas para la diligencia de remate, sin que la misma se lleve a cabo.  <\/span><\/p>\n

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12. El 8 de junio de 2016, la ejecutada solicit\u00f3 que se declarara ilegal todo el tr\u00e1mite procesal, a partir de la orden de apremio, al no acreditarse la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido.  <\/span><\/p>\n

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13. En auto fechado el 9 de junio siguiente, el a quo neg\u00f3 por improcedente la petici\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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14. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las obligaciones ejecutadas en el proceso adelantado en su contra no se ajustan a la Ley 546 de 1999 ni a la jurisprudencia constitucional relativa a la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios. [Folios 4-14, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 30 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las sedes judiciales querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieron sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 21, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 brevemente su actuaci\u00f3n dentro del juicio ejecutivo censurado por la quejosa. [Folio 25, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 se opuso a la prosperidad del resguardo deprecado, puesto que el litigio cuestionado fue tramitado de acuerdo con las normas adjetivas que lo regulan y a la promotora de la queja se le brindaron las garant\u00edas superiores. [Folio 26, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 7 de diciembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 concedi\u00f3 el amparo, dej\u00f3 sin efecto la sentencia dictada el 23 de mayo de 2011 y orden\u00f3 al juzgador de primera instancia que se pronunciara nuevamente frente a la petici\u00f3n formulada por la accionante el 8 de junio de 2016, debido a que no se efectu\u00f3 el procedimiento de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n perseguida en el proceso ejecutivo atacado, sin que el reajuste de la misma efectuado a fines de 1999 hubiera satisfecho los requisitos legales, en efecto, se impone verificar el cumplimiento de los presupuestos de exigibilidad de los documentos base de recaudo. [Folios 29-32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el Banco Comercial AV Villas S.A. la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que s\u00ed acat\u00f3 la Ley 546 de 1999, en raz\u00f3n a que redenomin\u00f3 la obligaci\u00f3n de UPAC a UVR y aplic\u00f3 el alivio respectivo, motivo por el cual no es procedente esta tutela. [Folios 41-42, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

       Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis del proceso ejecutivo adelantado contra la accionante por el Banco Comercial AV Villas S.A., la Corte advierte la incursi\u00f3n en un defecto sustantivo por indebida aplicaci\u00f3n de las normatividad, que transgrede los derechos fundamentales de esa persona y hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, como pasa a exponerse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, debe decirse que trat\u00e1ndose de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda, como requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, ha expresado la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados (\u2026) Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00)  <\/span><\/p>\n

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Este mismo criterio se expres\u00f3 en sentencias de 20 de mayo de 2013, rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, rad. 00884-01, 19 de septiembre de 2012, rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, rad. 2013-0645-01.  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que la falta de la realizaci\u00f3n del procedimiento mencionado, se convierte en una limitaci\u00f3n insuperable para que se presente una demanda y se contin\u00fae con la ejecuci\u00f3n del juicio hipotecario en el que espec\u00edficamente se cobran cr\u00e9ditos de vivienda.  <\/span><\/p>\n

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3. En estricta sujeci\u00f3n a los anteriores lineamientos, deviene evidente que la ejecuci\u00f3n adelantada inicialmente por el la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda AV Villas, hoy Banco Comercial AV Villas S.A., contra la censora no pod\u00eda llevarse a cabo, porque no se atendi\u00f3 el presupuesto de la reestructuraci\u00f3n, circunstancia que torna la obligaci\u00f3n en inexigible por desconocer la expresa condici\u00f3n impuesta por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, que previ\u00f3 que aplicada la reliquidaci\u00f3n, la entidad financiera deb\u00eda proceder en la forma explicada.  <\/span><\/p>\n

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Dest\u00e1quese que, si bien la entidad ejecutante manifest\u00f3 que hubiese agotado dicho procedimiento, de la revisi\u00f3n del proceso objeto de queja no se encuentra que con posterioridad a la aplicaci\u00f3n del alivio estatal y a la redenominaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de UPAC a UVR, se hubiera efectuado el procedimiento de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda insoluto, y mucho menos alleg\u00f3 prueba que as\u00ed lo demostrara.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se recuerda que la Corte Constitucional inclusive previ\u00f3 la posibilidad de que si el deudor y el acreedor no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificaci\u00f3n de las condiciones del cr\u00e9dito, y en atenci\u00f3n a ello, indic\u00f3 varias alternativas en la Sentencia SU-787 de 2012, dentro de las que se encuentran:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) reconstituir las condiciones del cr\u00e9dito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicar\u00eda que una vez reliquidado el cr\u00e9dito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligaci\u00f3n por lo que restase del tiempo inicialmente pactado. As\u00ed por ejemplo, en un cr\u00e9dito pactado, como en este caso, en 1996, a 15 a\u00f1os, a partir del 7 de julio de ese a\u00f1o, si el deudor entr\u00f3 en mora  en marzo 7 de 1999 y se le inici\u00f3 un proceso ejecutivo en el mes de julio de ese a\u00f1o, que por virtud de la ley deb\u00eda darse por terminado en el a\u00f1o 2000, para normalizar su situaci\u00f3n, una vez reliquidada la obligaci\u00f3n y realizados los abonos correspondientes, el deudor tendr\u00eda que pagar la cuotas vencidas, que ser\u00edan al menos 12, y luego seguir pagando las cuotas reliquidadas, por los restantes once a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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La anterior soluci\u00f3n, sin embargo, resulta insuficiente para el prop\u00f3sito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos.  <\/span><\/p>\n

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Una segunda posibilidad, entonces, ser\u00eda reestructurar la obligaci\u00f3n, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurri\u00f3 en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Aqu\u00ed cabr\u00eda, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la reestructuraci\u00f3n, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el deudor incurri\u00f3 en mora.   <\/span><\/p>\n

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Una tercera posibilidad ser\u00eda aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuraci\u00f3n se hiciese tomando para ello el plazo m\u00e1ximo previsto en la ley, que es de quince a\u00f1os, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuraci\u00f3n. Las dem\u00e1s condiciones ser\u00edan las del cr\u00e9dito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte m\u00e1s beneficioso para el deudor.  <\/span><\/p>\n

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4. En ese orden, es claro que los despachos accionados vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del extremo pasivo del juicio ejecutivo aludido, pues continuaron con el tr\u00e1mite del cobro compulsivo, sin que se reunieran los requisitos indispensables para que la deuda fuera exigible, de conformidad con la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia, pese a que, como lo ha referido esta Corte, el juez tiene el deber de volver sobre los presupuestos procesales, al momento de dictar sentencia, para examinar si los requisitos exigidos para que se librara el respectivo mandamiento de pago se encontraban presentes \u2013art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente al momento de proferirse las sentencias cuestionadas\u2013, y de ese modo verificar si existen las condiciones que le dan eficacia a los t\u00edtulos base del recaudo, sin que en tal caso se encuentre el fallador restringido por la orden de apremio proferida al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal, para optar por no continuar con la misma, si fuera el caso. (CSJ STC, 8 ago. 2012, rad. 00134-01).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto esta Colegiatura, en un caso de similares caracter\u00edsticas, precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Del contenido de la enunciaci\u00f3n anterior se deduce la procedencia de la protecci\u00f3n extraordinaria demandada en este caso, por cuanto del repaso de la sentencia aqu\u00ed cuestionada se establece, que ciertamente la Corporaci\u00f3n acusada incurri\u00f3 en un proceder opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, puesto que la interpretaci\u00f3n del Tribunal se aparta de los pronunciamientos que la Corte ha emitido sobre la exigencia de reestructurar el cr\u00e9dito cobrado en un juicio terminado en virtud del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar la nueva ejecuci\u00f3n. (CSJ STC 13 feb. 2013, Rad. 02956-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la protecci\u00f3n debe concederse, en la forma dispuesta por el a quo constitucional, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC1480-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2016-00701-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99234"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99234\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}