{"id":99236,"date":"2026-06-25T18:05:41","date_gmt":"2026-06-25T18:05:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1484-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:41","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:41","slug":"stc1484-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1484-2017\/","title":{"rendered":"STC1484-2017"},"content":{"rendered":"

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1484-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00766-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, corregido mediante prove\u00eddo de 6 de diciembre del mismo a\u00f1o, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Andr\u00e9s Silva Oviedo contra la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Junta de Calificaci\u00f3n Laboral de la Cl\u00ednica Regional de Oriente, la Direcci\u00f3n de Sanidad de Polic\u00eda Nacional, el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, el Jefe de Sanidad Regional Santander y el Jefe de Asuntos Jur\u00eddicos de Derechos Humanos de la Polic\u00eda Nacional  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abvida digna, la salud, al m\u00ednimo vital y remuneraci\u00f3n, trabajo, estabilidad laboral reforzada e igualdad y seguridad social\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada (folios 1 a 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la entidad accionada:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i)        El \u00abreintegro inmediato y transitorio al cargo que desempe\u00f1aba [\u2026] u otra \u00e1rea en la cual pueda desempe\u00f1ar [sus] servicios, teniendo en cuenta las recomendaciones m\u00e9dicas\u2026 dadas por los m\u00e9dicos tratantes de la Polic\u00eda Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii)        la activaci\u00f3n al sistema de seguridad social a trav\u00e9s de la Polic\u00eda Nacional, para el titular y sus beneficiarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(iii)        El pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento del retiro de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        El accionante ingres\u00f3 a la Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga prestando sus servicios por m\u00e1s de 10 a\u00f1os en el Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios \u2013ESMAD-, y fue retirado del servicio el 10 de octubre de 2016 mediante resoluci\u00f3n 06456.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Sostuvo que debido a una afectaci\u00f3n en su rodilla derecha, el d\u00eda 16 de mayo de 2015 le fue diagnosticada \u00abuna condromalacia de r\u00f3tula con ruptura de menisco derecho\u00bb, la que hizo necesaria una intervenci\u00f3n quir\u00fargica de \u00absutura de menisco medio o lateral por artroscopia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Indic\u00f3 que el d\u00eda 03 de julio de 2015, mediante acta de Junta M\u00e9dico Laboral de la Polic\u00eda Nacional, se estableci\u00f3 \u00abcapacidad permanente parcial-no apto por art\u00edculo 61 literal C decreto 1796 de 2000, [\u2026] reubicaci\u00f3n laboral -no\u00bb (folios 24 a 26, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Aleg\u00f3 que el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda mediante acta n\u00famero TML16-2-151 TML16-2-199 del 30 de junio de 2016 lo declar\u00f3 con \u00abincapacidad permanente parcial -no apto- para actividad policial [\u2026], recomendaci\u00f3n de reubicaci\u00f3n laboral negativa, disminuci\u00f3n de capacidad laboral 21.25% […], imputabilidad al servicio por causa y raz\u00f3n del mismo, -enfermedad profesional-\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Destac\u00f3 que frente a la evaluaci\u00f3n de \u00abactitud del servicio\u00bb el Tribunal indic\u00f3 que \u00abno ha [habido] compromiso al servicio y labor institucional, [existe] falta de vocaci\u00f3n [\u2026], actitud displicente en comportamiento [\u2026], objeto de constantes llamados de atenci\u00f3n por falta de profesionalismo\u00bb (folios 30 a 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Se\u00f1al\u00f3 que las anteriores decisiones no tuvieron en cuenta, al momento de resolver sobre su posibilidad de reubicaci\u00f3n, los cursos aprobados en el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, tales como \u00abb\u00e1sico en salud ocupacional; b\u00e1sico de seguridad y salud en el trabajo; contabilidad b\u00e1sica; b\u00e1sico en electricidad automotriz\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.7.        Agreg\u00f3 que en la Instituci\u00f3n de Unidades T\u00e9cnicas de Colombia recibi\u00f3 el t\u00edtulo de \u00abT\u00e9cnico laboral en seguridad ocupacional\u00bb, adem\u00e1s hab\u00eda adelantado estudios en la Universidad Minuto de Dios, hasta 4\u00ba semestre en \u00abadministraci\u00f3n en salud ocupacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Por lo anterior, sostuvo que pod\u00eda desempe\u00f1arse en cargos administrativos donde la instituci\u00f3n requiriera sus servicios de conformidad a sus capacitaciones, sin menoscabar su estabilidad laboral y m\u00ednimo vital, lo que no fue sopesado al momento de disponer su retiro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9.        Expres\u00f3 que su desvinculaci\u00f3n del ente castrense vulner\u00f3 sus garant\u00edas de primer orden, m\u00e1xime porque pas\u00f3 por alto la enfermedad profesional que padece, la que demanda la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos para su tratamiento; adem\u00e1s asume la totalidad de los gastos de su n\u00facleo familiar; su incapacidad le impide conseguir otro empleo en la vida civil; y en todo caso, exist\u00eda la posibilidad de ser reubicado en un cargo acorde con su capacidad laboral actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Secretar\u00eda General de la Polic\u00eda Nacional manifest\u00f3 que, efectivamente, mediante resoluci\u00f3n N\u00ba 06456 del 7 de octubre de 2016 el actor fue retirado del servicio por la causal de \u00abdisminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica\u00bb; sostuvo que para controvertir dicha resoluci\u00f3n el quejoso contaba con las acciones de ley, ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, a trav\u00e9s del control de nulidad y restablecimiento de derecho, por lo que la salvaguarda carec\u00eda del presupuesto de la subsidiariedad y, por ende, deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que la desvinculaci\u00f3n del censor se fund\u00f3 en un concepto pericial desfavorable, en el que result\u00f3 \u00abno apto para actividad policial\u00bb, de conformidad con lo considerado por la Junta M\u00e9dica Laboral de la Polic\u00eda Nacional, lo que imped\u00eda su reubicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional adujo que no era la entidad encargada de resolver lo referente al traslado o la reubicaci\u00f3n del accionante; que la cesaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de los servicios de salud se dio con ocasi\u00f3n de la \u00abresoluci\u00f3n de retiro\u00bb, acto administrativo que no ha sido objetado por el tutelante; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que el gestor cuenta con los mecanismos para acceder al servicio de salud bajo los lineamientos del sistema de seguridad social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior solicit\u00f3 el despacho adverso del resguardo reclamado y su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que si bien el actor no hab\u00eda agotado las acciones correspondientes ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para controvertir el acto administrativo que dispuso retirarlo del servicio activo de la Polic\u00eda Nacional, tambi\u00e9n era cierto que se evidenciaba una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, comoquiera que, a pesar de su disminuci\u00f3n f\u00edsica, pod\u00eda desempe\u00f1ar funciones administrativas de conformidad con su capacitaci\u00f3n acad\u00e9mica, acreditada con los certificados y t\u00edtulos de estudios aportados por el peticionario, mismos que no fueron valorados por el Tribunal M\u00e9dico Laboral de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, orden\u00f3,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a los accionados que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, realicen las diligencias necesarias para definir si es viable o no la reincorporaci\u00f3n al servicio del se\u00f1or GUILLERMO ANDR\u00c9S SILVA OVIEDO, en un cargo que su estado de salud mental y f\u00edsico le permita desempe\u00f1ar cabalmente, con la advertencia que, en caso afirmativo, la reincorporaci\u00f3n del polic\u00eda no podr\u00e1 ser posterior a quince (15) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia y que la no reincorporaci\u00f3n, si esa fuere la determinaci\u00f3n, debe estar objetivamente justificada, en la calificaci\u00f3n de sus servicios y no \u00fanicamente con las funciones propias de un suboficial de la Polic\u00eda Nacional, miembro del Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios, experto en el restablecimiento del orden p\u00fablico, sino tambi\u00e9n en distintas dependencias con funciones, por ejemplo, de manera enunciativa y no taxativa, de oficina, secretar\u00eda, archivo, log\u00edstica, entre otras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Secretar\u00eda General de la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la misma instituci\u00f3n, impugnaron la decisi\u00f3n que viene de rese\u00f1arse reiterando los argumentos expuestos al dar contestaci\u00f3n a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se censura la Resoluci\u00f3n No. 06456 de 7 de octubre de 2016, por medio de la cual la Polic\u00eda Nacional orden\u00f3 el retiro del gestor del servicio activo por disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, sin derecho a reubicaci\u00f3n laboral; decisi\u00f3n fundada en las conclusiones contenidas en el acta No. TML 16- 2-151- TML16- 2-199 de 30 de junio de 2016, emanada por del Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se tiene que el ante nombrado Tribunal ratific\u00f3 los resultados de la Junta M\u00e9dico Laboral No. 5792 de 3 de julio de 2015 que determin\u00f3 que el actor padece de \u00abDiscopat\u00eda lumbar de L3 L4 y L4 L5 con estenosis foraminal leve\u00bb, lo cual le produjo una disminuci\u00f3n de la capacidad laboral equivalente a veintiuno punto veinticinco por ciento (21.25%), declar\u00e1ndolo no apto para la actividad policial, negando su reubicaci\u00f3n en otra dependencia, esto \u00faltimo, con fundamento en que \u00ab(\u2026) ha estado vinculado en la Instituci\u00f3n 8 a\u00f1os, de los cuales ha estado con alg\u00fan tipo de incapacidad, aunado a un concepto de idoneidad negativo\u00bb (folio 34, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese contexto, para la Sala no cabe duda de que el organismo referido desatendi\u00f3 los medios probatorios aportados por el accionante respeto a su formaci\u00f3n acad\u00e9mica, que permit\u00edan el estudio de una posible reubicaci\u00f3n laboral, conforme lo dispuesto por el Decreto 1796 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        As\u00ed las cosas, y comoquiera que la aludida circunstancia, en principio, puede ser ventilada en proceso ante la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, se dilucidar\u00e1 si en este asunto es procedente o no la exigencia del presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        La jurisprudencia constitucional ha considerado que una persona con discapacidad es,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026aquella que sufre limitaciones sustanciales en la cantidad y calidad de actividades que debe realizar cotidianamente, o que enfrenta barreras en su participaci\u00f3n social como persona debido a una condici\u00f3n de salud f\u00edsica o mental. De lo dicho hasta ahora se concluye que la discapacidad se hace manifiesta en las limitaciones que encuentra una persona al desempe\u00f1ar sus labores cotidianas. De este modo, una limitaci\u00f3n en la actividad puede provenir de discapacidades (i) leves: cuando la reducci\u00f3n de la capacidad del individuo para desempe\u00f1ar sus actividades cotidianas es m\u00ednima y no interfiere en su productividad; (ii) moderadas: cuando limita parcialmente sus actividades cotidianas y su productividad; o (iii) graves: cuando la reducci\u00f3n de la capacidad es tal que lo hace completamente dependiente y poco productivo [\u2026] (CCT-440A\/12).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante actualmente tiene una disminuci\u00f3n permanente que interfiere en su diario vivir y en sus labores cotidianas, tal y como se deduce del Acta de la Junta M\u00e9dico Laboral de 3 de junio de 2016, seg\u00fan la cual aquel presenta \u00abIncapacidad Permanente Parcial\u00bb, raz\u00f3n por la que padece de una discapacidad f\u00edsica (folio 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que las personas con discapacidad f\u00edsica o mental son sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado. A ese respecto se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026La categor\u00eda de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional surge como emanaci\u00f3n directa de la cl\u00e1usula de Estado social de derecho consagrada por nuestra Carta Pol\u00edtica en su art\u00edculo 1\u00ba, de la inclusi\u00f3n de la igualdad como principio rector de nuestro sistema jur\u00eddico y particularmente del mandato contenido en el inciso segundo del art\u00edculo 13 superior, al tenor del cual:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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\u2026Se trata entonces, de grupos poblacionales identificados en algunos casos por el constituyente (mujeres en estado de embarazo, madres cabeza de familia, adultos mayores, ni\u00f1os, adolescentes y discapacitados) y en otros por el juez constitucional (grupos \u00e9tnicos, personas privadas de la libertad, desplazados, defensores de derechos humanos, reinsertados, etc.) que, en atenci\u00f3n a sus especiales circunstancias, reclaman a la luz del texto constitucional una protecci\u00f3n particularmente vigorosa de sus derechos fundamentales\u2026(CCT-253\/08).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Bajo las anteriores premisas, surge di\u00e1fano que en el presente asunto resulta excesiva la exigencia del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que Guillermo Andr\u00e9s Silva Oviedo es un sujeto de especial protecci\u00f3n y, adem\u00e1s, la decisi\u00f3n del Tribunal M\u00e9dico de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda encierra una anomal\u00eda protuberante en grado tal que produce un menoscabo grave de su derecho al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Es as\u00ed que la Corte no puede dejar de lado que el gestor adelant\u00f3 estudios compatibles con el desempe\u00f1o de funciones administrativas, y toma en consideraci\u00f3n que si bien puede desarrollar labores de apoyo dentro de la Polic\u00eda Nacional, entidad a cuyo servicio se produjo la merma de su capacidad laboral, esta misma disminuci\u00f3n de aptitudes -fundamentalmente f\u00edsicas- limitar\u00eda su posibilidad de competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral, en caso de optarse por la subsidiariedad, con la consecuente afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        En ese contexto, como la entidad accionada al analizar el recurso vertical, desconoci\u00f3 los dem\u00e1s certificados de estudios aportados por el gestor con el fin de analizar su reubicaci\u00f3n laboral, se modificara el fallo de tutela de primer grado en el sentido que el resguardo no se concede como mecanismo transitorio sino definitivo, ordenando que tras dejar sin efecto el Acta No. TML 16- 2-151- TML 16- 2-199 de del Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda de 30 de junio de 2016 y la Resoluci\u00f3n No. 06456 de 7 de octubre de 2016, por medio de la cual la Polic\u00eda Nacional dispuso el retiro del Guillermo Andr\u00e9s Silva Oviedo, se emitan los actos administrativos correspondientes, motivando adecuadamente la decisi\u00f3n, atendiendo lo aqu\u00ed expuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior de no perder de vista que si bien la Secretar\u00eda General de la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la misma impugnaron la salvaguarda, lo cierto es que, como se tiene dicho, en las acciones de tutela no aplica el principio de la \u00abno reformatio in pejus\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al efecto, ha sostenido la Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el amparo est\u00e1 basado en principios y reglas especiales, que propenden por la defensa de garant\u00edas esenciales, el juez de segunda instancia cuenta siempre con plenas facultades para revisar y reformar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, cuando \u00e9sta contraviene lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica; de lo anterior, se colige que tal autoridad no se encuentra limitada por la no reformatio in pejus y tiene el deber de adoptar una determinaci\u00f3n que se acompase con los lineamientos superiores, aunque con su pronunciamiento agrave la situaci\u00f3n de quien apel\u00f3 (CSJ STC, 1 feb. 2012, rad. 00164-01, reiterada 7 feb. 2014, rad. STC1220-2014).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, en el sentido de ORDENAR al Director General de la Polic\u00eda Nacional, que en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la Resoluci\u00f3n No. 06456 de 7 de octubre de 2016, por medio de la cual dispuso el retiro del se\u00f1or Guillermo Andr\u00e9s Silva Oviedo, y, como consecuencia de ello, proceda a reincorporarlo, sin soluci\u00f3n de continuidad, al \u00faltimo cargo y funciones que ven\u00eda desempe\u00f1ando en la instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una vez cumplido lo anterior, el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda deber\u00e1, dentro de los (20) d\u00edas contados tambi\u00e9n a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, dejar sin efecto la parte resolutiva del Acta No. TML 16- 2-151- TML 16- 2-199 de 30 de junio de 2016, y proceder a estudiar nuevamente la posibilidad de reubicar al se\u00f1or Guillermo Andr\u00e9s Silva Oviedo, teniendo en cuenta el porcentaje de la disminuci\u00f3n de su capacidad y sus aptitudes declaradas antes y durante el respectivo tr\u00e1mite, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente y las consideraciones expuestas en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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   AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1484-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00766-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., ocho   (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}